La movilización de la red contra una reforma constitucional sin pasar por las urnas, que el catedrático de Derecho Constitucional Francesc de Carreras ha calificado de "menosprecio a la Constitución" ha solapado, en parte, el fondo ideológico (izquierda-derecha) de la propuesta, para dar alas a todos aquellos que quieren cambiar la forma de hacer política.
Como viene demandando Eduard Punset "no basta con cambiar de una política socialista a una conservadora (o viceversa) sino que hay que cambiar la forma de hacer política ampliando la participación directa de los ciudadanos".
Más ahora que es del todo patente la ruptura entre el mundo de la política, un sistema blindado a la innovación, y el profundo cambio cultural que se ha producido en la sociedad española.
Pero como explica hoy el catedrático Francesc de Carreras "con el anuncio de ayer se ha devaluado la Constitución al dar la sensación de que sus preceptos son de usar y tirar, casi tan fáciles de cambiar, si se cuenta con los votos necesarios para ello, como aprobar un decreto ley, que tiene constitucionalmente vedado regular determinadas materias precisamente porque sólo puede utilizarse en casos excepcionales".
Aunque quizás constitucionalizar el límite de déficit sea una medida adecuada, cualquier cambio en la Constitución, precisamente porque significa cambiar nuestra norma básica de convivencia, requiere un debate público previo que permita a los ciudadanos asumir la necesidad y conveniencia del cambio. Con la urgencia de la aprobación, y más todavía en pleno agosto, nada de eso será posible. Un menosprecio a una norma que, más que ninguna otra, es la máxima expresión de la voluntad de un pueblo, no de las necesidades electorales de los políticos.
No entender el "profundo cambio cultural" que está en la calle es grave pero más lo es que se haga tan evidente en estos momentos en los que todavía se escuchan los ecos de las demandas democráticas del 15-M, modificando la carta magna en un despacho del Congreso de los Diputados. ¿No hay nadie en el búnker, un lúcido veterano de la transición, que les diga al PSOE y PP que pueden convertir la Constitución España en diana de la indignación ciudadana?.
Un ejemplo del deseo de participar es la espectacular respuesta de los miles de ciudadanos digitales que en unas horas han firmado la iniciativa del profesor Vicenç Navarro en Actuable, un apoyo que trasciende, como en el caso de las multitudinarias manifestaciones del 15-M, el debate ideológico (izquierda-derecha) para expresar una demanda transversal de participación frente al déficit de cultura democrática de una casta que juega con fuego. Lo ha advertido en un magnífico artículo 2.0 el siempre lúcido Antoni Gutiérrez Rubí:
Hurtar el debate (los argumentos) y la decisión (el referéndum) a los ciudadanos puede ser una decisión equivocada. Pero sobre todo puede significar una ruptura - ¿definitiva? - de la legitimidad democrática de un sistema de representación política cuestionado seriamente por la opinión pública. Los partidos que hoy son considerados el segundo problema de la sociedad van a tomar una decisión legal, y legítima desde el punto de vista de su tramitación parlamentaria, pero que difícilmente será percibida como democrática.
Cuando el 70% de los españoles simpatizan con las demandas de "más democracia" del 15-M encerrarse en el "búnker normativo" del artículo 167 para reformar la Constitución en dos semanas sólo puede traer a medio plazo malas consecuencias.
Saber diferenciar entre los anhelos de reforma política de la ciudadanía y la algarada callejera es lo que diferencia a un estadista de dos politicastros que abusan del injusto superávit de representación que les concede, en perjuicio de minorías como Izquierda Unida, la ley electoral, una estafa en palabras de Cayo Lara.
"Hay que elevar a la categoría política de normal, lo que a nivel de calle es normal", dijo el primer presidente constitucional después del 20-N. Las comparaciones son odiosas.
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