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Internet


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Carlos Sánchez Almeida es abogado del Bufet Almeida, además de ser uno de los juristas más activos en la defensa de los derechos civiles en Internet. Escribe habitualmente en el blog Jaque Perpetuo.


Ahora también es colaborador de Nación Red.


Ponencia impartida por Carlos Sánchez Almeida en el Curso “Libertad en Internet: garantías y amenazas”, UIMP – Valencia, 28-30 de septiembre de 2011

1.- Hackers, grietas y burocracia

El título de esta conferencia, según el programa, tenía que ser “¿Por qué el legislador defiende la propiedad antes que la libertad?”. Era un título más ilustrativo que el elegido finalmente, que he tomado prestado de la novela de ciencia ficción de Richard Morgan, traducida en España por Jesús Gómez, publicada por Gigamesh, y disponible gratuitamente en las redes de intercambio y servidores de descarga de Internet que quiere cerrar la Ley Sinde.

Sí, el título original era más ilustrativo. Pero “Leyes de Mercado” resume a la perfección la situación actual de nuestro Parlamento en lo que se refiere a la autoría de su producción legislativa, muy particularmente en lo relativo a las leyes destinadas a proteger la propiedad. Y también refleja la Realidad contra la que intentan en vano lucha los legisladores y los que les dictan las leyes. La novela de ciencia-ficción Leyes de Mercado, que tengo en las manos en este momento en su versión papel, seguirá disponible en su forma binaria en internet mañana, pasado, y dentro de un año. Diga lo que diga la Ley Sinde, el reglamento de la Ley Sinde, y cuantas leyes de mercado quiera dictar el próximo Gobierno delegado de los Mercados. Porque esa y no otra es en Internet la verdadera Ley impuesta por sus verdaderos ciudadanos.

Cuando me invitaron a estas jornadas los organizadores me remitieron una lista de normas impuestas por la burocracia universitaria, una burocracia necesaria para organizar la vida académica, pero absolutamente incompatible con la agitada vida de plazos, juicios y recursos que hemos de sobrellevar los abogados. De hecho, me consta que hay compañeros de profesión que han tenido que renunciar a dar conferencias universitarias para no tener que sufrir la burocracia. Yo hago lo que la mayor parte de abogados hacen con las leyes: me comprometo a cumplir con lo establecido, y luego aprovecho las grietas de la letra pequeña.

Me pedían un abstract de la conferencia, y que remitiese el texto por anticipado. Algo imposible: ni yo mismo sé de qué voy a hablar cuando me pongo a escribir: el abstract solo lo puedo hacer como resumen, cuando ya he acabado de escribir, si el teléfono y el twitter me han dejado tranquilo. A veces envidio a aquellos que pueden trabajar de forma estructurada, con arreglo a un Orden inmutable. Yo convivo a diario con el Caos, y no sabría vivir de otra forma. Posiblemente por eso me gusta tanto Internet.

2.- Islas en la Red

El segundo título de ciencia ficción que citaré hoy: Islas en la Red fue una novela publicada por Bruce Sterling, pionero del ciberpunk y también autor de The Hacker Crackdown (“La caza de hackers. Ley y desorden en la frontera electrónica”). Dos obras publicadas en 1988 y 1992, respectivamente, que auguraban lo que iba a ser Internet. Como diría el mismo Bruce en el prólogo a Quemando Cromo, de William Gibson, los escritores de ciencia ficción son payasos sabios:

Somos Payasos Sabios que podemos saltar, dar cabriolas, hacer profecías y rascarnos en público. Podemos jugar con Grandes Ideas porque el extravagante colorido de nuestros orígenes de revista barata nos hacen parecer inofensivos.

El futuro profetizado por Bruce Sterling ya está aquí. Mercados conectados a la velocidad de la luz que chantajean a diario a sus Gobiernos delegados. Unos Gobiernos que han dejado de defender incluso a sus burguesías locales, ya que a su pueblo no lo defendieron nunca. Unos Gobiernos que debían encarnar el Orden, y que están genuflexos ante el Caos de los parqués bursátiles. Gobiernos de estados-nación, celosos guardianes de sus fronteras físicas, en un mundo donde el capital ya no tiene fronteras.

Bruce Sterling no fue el único profeta de la Hacker Revolution. Antes de que los vendedores de chatarra electrónica usurpasen el título, ser gurú era otra cosa. Y si hay que hablar de un gurú entre gurús, necesariamente tendré que citar a Hakim Bey, considerado por algunos como padre ideológico de los hackers, y auténtica autoridad en las leyes de las redes del Caos. Títulos estos un tanto pretenciosos: un verdadero hacker no reconocería autoridad patriarcal alguna ni a su propio padre.

Mucho antes de que la ley de los mercados contaminase las redes, mucho antes de que Internet llegase al gran público, en aquellos oscuros tiempos de BBS y módems ruidosos, Hakim Bey ya establecía las bases de la ciberutopía. Su ensayo de 1991, Zona Temporalmente Autónoma, anunciaba el #15M hace ya 20 años:

El TAZ es un campamento de guerrilleros ontológicos: golpean y corren. Mantén en movimiento a la tribu entera, aunque sólo se trate de datos en el Web. El TAZ tiene que ser capaz de defensa: pero tanto su ataque como su defensa deben, siempre que puedan, eludir la violencia del Estado, que es una violencia sin sentido. El ataque se hace contra estructuras de control, esencialmente contra las ideas; y la defensa es la invisibilidad un arte marcial y la invulnerabilidad -un arte oculto entre los marciales. La «máquina de guerra nomádica» conquista antes de ser notada, y se desplaza antes de que el mapa pueda ser reajustado. Por lo que concierne al futuro, sólo los autónomos podrán planificar la autonomía, organizarla, crearla. Es una operación que se autoinicia, fundacional. El primer paso tiene algo de satori: la realización del TAZ comienza con el simple acto de su realización.

A lo largo de estos últimos 20 años, la red ha mantenido el pulso frente al Estado. Cada vez que el poder político ha intentado establecer fronteras legales en el territorio de la frontera electrónica, la red ha mutado para eludir la agresión. En la mayor parte de las ocasiones los hackers han actuado como tribus nómadas, como una ciberguerrilla siempre en movimiento. Para eludir la vigilancia tuvieron que echarse al monte de la Red, hasta que las condiciones objetivas permitiesen que la revuelta cristalizase en el mundo físico.

Cada vez que enemigos de las libertades y defensores del Estado utilizan la palabra “pirata” en relación a la red me hacen reír, precisamente porque con ello le dan la razón a Hakim Bey, que citaba la utopía pirata de Libertalia como paradigma de la Zona Temporalmente Autónoma. Las verdaderas repúblicas de los piratas eran sus barcos: para los nuevos nómadas, la única utopía posible era la República Internet.

Así fueron las islas en la red, reductos de libertad frente al pensamiento único impuesto por Estados y Mercados. Así fue hasta la primavera de 2011.

3.- España: revolución, reacción y resistencia

La revolución de las telecomunicaciones en España corre pareja a los intentos del poder político de imponer su control sobre la sociedad de la información emergente, labor en la que encontrará un gran apoyo por parte de las empresas de medios de comunicación, que generan un discurso reaccionario frente a un modelo de distribución de información que no pueden controlar.

Pero con independencia de los intentos de control ejercidos desde la esfera política, policial y mediática, la red resiste el acoso del poder. Todo intento de control legislativo es respondido antes o después mediante una evolución técnica que provoca la inmediata obsolescencia de la norma jurídica.

El esquema se repite cíclicamente: la innovación tecnológica modifica de forma radical un status quo consolidado. Los beneficiarios del status quo que se derrumba reaccionan interesando del poder cambios legislativos para “adecuar sus derechos a la nueva situación tecnológica”. Y ante dicha normativa, surge una nueva evolución técnica: revolución, reacción y resistencia.

En breve seremos testigos de un nuevo capítulo del proceso descrito. En el momento que se apruebe el reglamento de desarrollo de la “Ley Sinde” y se constituya la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual en el Ministerio de Cultura, asistiremos a un cambio en la forma de distribuir enlaces en internet. A un problema jurídico se responderá con una respuesta técnica no prevista por el legislador, y la solución legislativa dirigida a retirar contenidos o bloquearlos se quedará perdida en una nube.

4.- La legislación TIC en España: 20 años contra la innovación

La problemática jurídica relacionada con las nuevas tecnologías era muy distinta hace veinte años, y se centraba fundamentalmente en la protección jurídica del software: la ya derogada Ley de Propiedad Intelectual de 1987, así como también derogada Ley 16/1993, de 23 de diciembre, de incorporación al Derecho Español de la Directiva 91/250/CEE, de 14 de mayo, sobre la protección jurídica de programas de ordenador, unidas al artículo 534 bis del Código Penal entonces vigente, establecían un marco que permitía perseguir los delitos contra la propiedad intelectual de programas de ordenador. Y ese fue el cauce por el que muchos abogados –entre los que me cuento- tomaron un primer contacto con la problemática jurídica de las nuevas tecnologías. Eran discos flexibles de 5 y ¼, muy lejanos de la nube actual, pero la persecución entre titulares de derechos de autor y presuntos piratas del software había comenzado.

Obsérvese que en el primer conflicto el legislador ya antepone la regulación del derecho de propiedad a cualquier otro derecho o libertad. Pese a que la Constitución Española establecía ya desde 1978 en su artículo 18.4 que “La Ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”, tuvieron que pasar 14 años para que el legislador se preocupase por la intimidad informática de los ciudadanos, y ni siquiera eso: la verdadera razón de la ya derogada Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal, LORTAD, fue evitar que periodistas y detectives pudiesen pedir información sobre casos judiciales.

Empecé a ejercer en 1987. Y recuerdo que durante mucho tiempo, incluso después de la entrada en vigor de la LORTAD, pedir información sobre cualquier persona en los Juzgados de Barcelona era lo más sencillo del mundo. No había que acreditarse en ningún sitio, ni demostrar un interés legítimo: bastaba con rellenar un pequeño formulario anónimo, poner el nombre de la persona sobre la que se buscaba información, y los atentos funcionarios de la sección de informática te devolvían el papelito lleno de datos sobre sumarios judiciales. Era evidente que tal sistema no podía sobrevivir entre los múltiples escándalos de corrupción que llenaron los periódicos por aquellas fechas.

Tras la LORTAD llegó el Código Penal, donde se incluyeron por primera vez delitos estrictamente informáticos, como la interceptación de correo electrónico, el acceso inconsentido por vía telemática a datos reservados o secretos de empresa, y los daños a programas y archivos binarios. Y con el Código Penal, en 1995, también llegó la red al gran público, lo que hizo necesaria la creación de brigadas policiales especializadas en controlar la red.

El Código Penal de 1995 tuvo en su día una inmerecida fama de progresista: nada más falso. Al tiempo que continuaba penando conductas como la insumisión al servicio militar, la ocupación de pisos vacíos o el aborto, dejó fuera de su cobertura jurídica la pornografía infantil. Un código que blindaba la propiedad en el mundo digital, penalizando la copia de programas de ordenador, los daños a la propiedad por vía informática, o la revelación de secretos digitales de empresas y particulares, dejó impune un delito contra la libertad de la magnitud de la pornografía infantil. A los autores del denominado “Código Penal de la Democracia” les preocupaba más la propiedad que la libertad.

Afortunadamente la omisión fue solventada en una reforma de 1999, pero ya para entonces las prioridades del legislador estaban claras: nueva Ley de Propiedad Intelectual en 1996, nueva Ley de Protección de Datos en 1999…Y rápidamente redadas contra hackers, “piratas” y demás proscritos, y expedientes administrativos a la Asociación contra la Tortura por publicar nombres de funcionarios condenados en Internet.

A partir del nuevo milenio los cambios se aceleran, y el ataque global a los derechos fundamentales tras los atentados del 11-S provocan un incremento de la represión legal en internet, siempre dirigido a blindar el derecho de propiedad en detrimento de derechos fundamentales como la intimidad o la libertad de expresión.

Un ejemplo: en noviembre de 2000 una moción aprobada por unanimidad en el Senado insta al Gobierno a regular el correo electrónico en las empresas, garantizando la inviolabilidad de las comunicaciones. Han pasado 11 años y tal legislación brilla por su ausencia. Por el contrario, se han desarrollado muchas iniciativas legales tendentes a proteger la propiedad de las empresas en el marco digital, muy especialmente las de las televisiones de pago.

En el año 2001 se inicia desde Kriptópolis una campaña contra el primer anteproyecto de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, denunciando su posible utilización como instrumento de censura y control. No olvidemos que los primeros anteproyectos incluso establecían un sistema obligatorio de registro para poder abrir una página web.

PP y PSOE tuvieron una actuación absolutamente vergonzosa en lo que se refiere a la Ley de Internet, intercambiando sus papeles según quién estuviese en el poder: así, en 2001 el PSOE se opuso a la LSSI, prometiendo su derogación al llegar al poder. Lo que hizo al llegar al poder fue blindarla, para que cualquier Administración pública pudiese proceder al cierre de páginas que afectasen a su esfera de competencia.

Del mismo modo, ambos partidos pactaron reformar en el año 2006 la Ley de Propiedad Intelectual, reduciendo a la mínima expresión las excepciones al derecho de autor, que de tal forma fue ampliado en el ámbito digital. Se produjo la paradoja que mientras se reducía el ámbito de la copia privada a su mínima expresión en el ámbito doméstico, prohibiéndolo a personas jurídicas, se ampliaba el canon de copia privada hasta el extremo, debiéndolo pagar también personas jurídicas, lo que llevaría a España a un ridículo internacional en el Tribunal de la Unión Europea.

Las sucesivas reformas penales acometidas por PP y PSOE en 2003 y 2010 no han hecho sino fortalecer la defensa de la propiedad inmaterial en internet, en detrimento de los derechos ciudadanos a la cultura y a la libertad de expresión. Los delitos contra la propiedad intelectual pasaron a perseguirse de oficio, se incentivó a las brigadas de investigación tecnológica a actuar contra páginas de enlaces, se crearon ex novo nuevos tipos penales para proteger el negocio de la televisión de pago, y se criminalizó toda actividad relacionada con el hacktivismo.

La Ley Sinde, Disposición Final 43 de la Ley de Economía Sostenible, resume los despropósitos de todos estos años. Una normativa dirigida a ampliar las atribuciones de la administración pública en internet, para así poder intervenir en un problema de derecho privado, se lleva a cabo prescindiendo hasta el extremo del poder judicial, y acaba siendo pactada por los partidos mayoritarios PP-PSOE y su bisagra periférica CiU.

El reglamento de la Ley Sinde, en fase de redacción en estos momentos, presenta en sus primeros borradores serias deficiencias: su disposición más preocupante es la que establece que en 72 horas los prestadores de servicios de intermediación en de internet deberán dar cumplimiento a las exigencias administrativas de retirada de datos o enlaces. El procedimiento administrativo gira alrededor del proveedor de contenidos que presuntamente infrinjan derechos de autor: a los prestadores de servicios de intermediación se los deja al margen del procedimiento hasta el final, en una clara situación de indefensión. Ello no obstante, y mucho antes de la aplicación práctica de la Ley Sinde, ya se están desarrollando soluciones técnicas para compensar con código informático lo que no soluciona el código jurídico

En todos y cada uno de los casos mencionados, las leyes nacieron obsoletas: solo sirvieron para incrementar las minutas de abogados especializados, así como la inventiva de programadores, hackers y webmasters. Toda ley absurda genera una solución técnica para esquivarla.

5.- Internet y poder mediático: historia de un desencuentro

Para entender las cíclicas campañas de desprestigio que ha sufrido la red por parte de los medios de comunicación convencionales basta con echar un vistazo al reparto de la propiedad de los grupos mediáticos en España. Es altamente recomendable la lectura de un artículo de Núria Almiron, Grupos privados propietarios de medios de comunicación en España: principales datos estructurales y financieros, publicado en la web de la Universidad de Navarra.

Editoriales, cadenas de librerías, periódicos, radios y televisiones en poder de las mismas manos: lo extraño sería que hablasen bien de internet. En cuanto descubrieron que no podrían controlarla, y de esto hace mucho tiempo, comenzaron a cargar contra la red. A lo largo de la última década, y en particular desde la aprobación de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, los medios de comunicación españoles han apoyado todos los intentos de control jurídico de internet, muy especialmente las modificaciones del Código Penal y de la Ley de Propiedad Intelectual: se trata en última instancia de defender su cortijo.

Internet ha dado al traste con todos los viejos modelos de distribución de obras culturales, en todos los sectores. Y salvo contadísimas excepciones, la industria mediática española no ha sabido reciclarse. Su única estrategia ha sido apoyar hasta el final los intentos del poder político de controlar la red.

Modificaciones legales para blindar el negocio de televisión de pago, prohibir el press-clipping, limitar el alcance de la copia privada, o autorizar la retirada de contenidos de la red por parte de la administración, han sido aplaudidas a rabiar por todos los grupos mediáticos españoles. No es extraño, en consecuencia, que las redes sociales donde eclosionó el movimiento #15M considere hostiles a los medios de comunicación tradicionales, situándolos al mismo nivel que a políticos y banqueros.

6.- Mayo del 11: desde la #leysinde al #15M

La aprobación de la Ley 23/2006, de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, vino precedida por multitud de críticas en internet, y en particular en las redes y agregadores de blogs. Sin embargo, la norma se aprobó con la práctica unanimidad del Congreso de los Diputados, evidenciando la escasa influencia que la red ejercía sobre la política real hace solo cinco años.

Todo había cambiado solo tres años después: la llegada al Ministerio de Cultura de Angeles González-Sinde, en abril de 2009, fue contestada masivamente desde las redes sociales. Su proyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual y de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, al objeto de permitir la retirada administrativa de contenidos sujetos a derechos de autor, encendió en diciembre de 2009 Twitter y Facebook. En pocos días el Manifiesto en Defensa de los Derechos Fundamentales en Internet tenía más de 250.000 seguidores en Facebook.

A lo largo de todo el año 2010, la campaña contra la #leysinde fue tomando forma y aumentando seguidores. Coincidiendo con la aprobación del proyecto el 19 de marzo en Consejo de Ministros, importantes páginas de enlaces españolas llevan a cabo un cierre de 8 horas en protesta. El cierre anticipaba una protesta masiva de webs de enlaces 9 meses después: el 19 de diciembre: a dos días de la votación del proyecto en el Congreso, las páginas de enlaces españolas se fundieron a negro durante 12 horas, con un mensaje contundente que apuntaba al sitio No al cierre de webs:

Si se aprueba la Ley Sinde, esta página desaparecerá. Internet será una tele más, al servicio del poder. Por la libertad de expresión en la Red. No a la censura. No a la Ley Sinde. No al cierre de webs.

En No al cierre de webs se colgó un manifiesto que sería leído por más de cuatro millones de personas en un par de días. En dicho manifiesto (ver anexo) se solicitaba a los ciudadanos que no se limitasen a protestar en internet: que saliesen a la calle: “Sal a la calle, explícaselo a tus vecinos, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo.” “y explícaselo a todas aquellas personas que conozcas, muy especialmente a aquellas que viven desconectadas de Internet.”

El cierre de páginas de cine y series de televisión, de gran audiencia en internet, provocó que el mensaje llegase a amplias capas de la población. La movilización en listas de correo y redes sociales haría el resto: en las horas previas a la votación en el congreso los diputados recibieron miles de correos de protesta.

El 21 de diciembre la votación parlamentaria es seguida con avidez a través de su emisión en streaming por Internet. Se produce la circunstancia que el mismo día que en el Parlamento español se debate la Ley Sinde, en el Parlament de Catalunya se está procediendo al debate de investidura del candidato a Presidente de la Generalitat, Artur Mas. CiU vota en contra de la Ley Sinde, que resulta rechazada por el Congreso de los diputados.

El 25 de enero, tras múltiples presiones de la industria editorial, se alcanza un pacto entre PP, PSOE y CiU para resucitar el proyecto de Ley Sinde en el Senado. A los pocos días empezó a gestarse el proyecto #nolesvotes, primero en Twitter y después desde el web Nolesvotes.com y el wiki.nolesvotes.org

#nolesvotes nació como un proyecto aglutinador: su aspiración no era otra que sumar descontentos, primero en la red y después en la calle, sirviendo de caja de resonancia al profundo malestar de la sociedad frente a la actuación de la clase política. Desde enero hasta mayo, fue uno de los hashtags de referencia en la internet española, y sirvió como altavoz a todas las iniciativas que se fueron sucediendo para evidenciar el malestar de la sociedad con respecto a la situación política y económica. Al revisar mi TL de esas fechas, es curioso ver los hashtags que se van sumando poco a poco a #nolesvotes: #sinfuturo, #sinmiedo, #estadodelmalestar, #indignaos, #reacciona, #democraciarealya y #15M. Un estudio en profundidad sobre la influencia de dichos hashtags en la explosión de Mayo del 11 puede consultarse en la web del Instituto Universario de Investigación en Biocomputación y Física de Sistemas Complejos de la Universidad de Zaragoza.

7.- República Internet: una advertencia para el futuro

El análisis del #15M y su evolución posterior no es objeto de esta conferencia, limitada a los conflictos entre propiedad y libertad, y la escasa autonomía del legislador español con respecto a los verdaderos titulares del poder: el poder económico y mediático. Ello no obstante, sí me interesa dejar aquí una advertencia para el futuro: si es atinada o no, solo después de algunos años podrá evaluarse adecuadamente.

Desde mis primeros textos en internet, y hablando precisamente del derecho de reunión, vengo diciendo que pese a que la red permite crear organizaciones a coste muy reducido, esa fuerza de la red es también su principal debilidad, porque solo se toma en serio a un movimiento político cuando es capaz de llenar las avenidas. En marzo de 2009, al comenzar mi última serie de conferencias, disponible en http://www.culturalibre.org, dejé escrito lo siguiente:

Las nuevas tecnologías cambian la forma de ejercer los derechos. Pero en última instancia, los derechos de reunión y manifestación quedan en letra muerta si no se ejercitan: de nada nos sirven si no pensamos movernos del sillón.
Quizás el gran reto del siglo XXI no sea más que éste: entender que no podemos confiar en nadie más que en nosotros mismos. Entender que si de verdad es cierto que la soberanía reside en el pueblo, ha llegado la hora de que el pueblo ejerza sus propias responsabilidades de forma directa, sin delegaciones ni intermediarios.
Más allá de la crisis económica, vivimos una crisis de sistema. Nuestros intermediarios políticos han demostrado su inutilidad para gestionar los inmensos desequilibrios que genera un sistema social injusto. Pero de poco sirve quejarnos de ellos, mientras nos desentendemos de la toma de decisiones que sólo a nosotros nos corresponden.
Sólo cuando el Estado y el Mercado nos dejen sin protección social, empezaremos a entender que sólo somos partículas elementales, que nada pueden conseguir en solitario. Tenemos que reconstruir en el mundo real, y no sólo en Internet, las redes sociales destruidas por el individualismo salvaje. Y eso sólo puede hacerse llevando nuestra asamblea virtual permanente a las calles, a las fábricas, a los despachos.
Ha llegado el momento de que los habitantes de la sociedad conectada se pongan de pie, abandonando el sedentarismo del consumidor indolente. Las pantallas son armas de doble uso: pueden servir tanto para comunicarnos como para encadenarnos. De nosotros depende, en última instancia, escoger el camino.
Tenemos las herramientas, Internet y los ciberderechos: ha llegado la hora de utilizarlas en el mundo real.

Durante todo 2009, 2010 y buena parte de 2011 no he cesado de pedir que la red saliese a la calle. En mayo de 2009 fuimos poco más de 300 peatones a la Plaza del Rey de Madrid, para protestar ante el Ministerio de Cultura. En diciembre de 2009 ya fuimos unos cuantos más. Desde mayo de 2011 ya han salido a la calle unos cuantos cientos de miles, quizás millones. Pero ahora me pregunto si no es quizás el momento de reflexionar.

La red no es nada sin la calle, pero la movilización callejera por sí misma no sería nada sin internet. Al consultar este texto con mi amigo Ricardo Galli me hizo una inteligente observación sobre uno de los puntos débiles del ciberpunk, y en general del ciberactivismo de los años 90: el presentar la red como un espacio nuevo, de “otra gente”, otra “república” paralela o alternativa a la realidad.

Ricardo tiene razón: el dualismo internet-mundo real es un error, especialmente si lo llevamos a la acción política. La red somos las personas, las mismas que viven en la “democracia” o “república” de su barrio. El ciberpunk parecía proponer a la gente “emigrar” a otro estado diferente, casi como ofrecerles una colonia en la Luna. La práctica cotidiana de los últimos meses nos ha demostrado que toda acción política pasa simultáneamente por la calle y por la red, porque la red ya es la mitad de lo real, y para algunos la mejor mitad.

En consecuencia, y después de años diciendo que la red tenía que salir a la calle, no voy a decir aquí que haya que hacer el camino inverso, de la calle a la red: no, eso ya es imposible. Lo que me planteo es lo siguiente: si en buena parte hemos llegado aquí gracias al trabajo solidario de miles de personas organizadas en red, si es esa misma red solidaria la que mantiene activo el movimiento #15M… ¿no será la red lo primero que intente desactivar el poder? ¿No será necesario que nos mantengamos alerta para evitar que nuestro principal bastión sea también nuestro punto más vulnerable?

Ellos defienden su propiedad: lo han hecho durante milenios, y lo seguirán haciendo. Seguirán comprando a políticos para que blinden sus privilegios, y seguirán teniendo todos los recursos durante mucho tiempo, muy especialmente en el terreno mediático.

No lo olvidemos, especialmente cuando llegue el frío a las calles. Cuando el Estado y el Mercado se alíen de nuevo para imponer leyes y constituciones redactadas al dictado del poder financiero, “Leyes de Mercado”, leyes a medida de los detentadores de la propiedad, no podremos contar con los medios de comunicación que pertenecen a esos mismos propietarios.

Internet es nuestro último baluarte, y vendrán por ella. Estemos alerta para cuando llegue ese momento, porque para defender la libertad en la red solo contaremos con nosotros mismos.

Valencia, 30 de septiembre de 2011.

Foto | jko contreras

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