Es la comidilla del momento en la red española. Se trata del "Informe de recomendaciones del grupo de expertos de alto nivel para la agenda digital para España", que en siglas sería IRGEANPADE... o algo así.
En ése Informe, los Expertos de Alto Nivel lanzan una serie de recomendaciones para... ejem... para fomentar el uso, oferta y desarrollo de las "nuevas" tecnologías "para obtener el mejor aprovechamiento de las nuevas tecnologías en el esfuerzo colectivo de impulsar la recuperación económica del país".
Mientras uno se pregunta por qué llaman "nuevas tecnologías" a unas herramientas que llevan funcionando desde hace más de 20 años, no puede dejar de asombrarse por la composición de dicho grupo de expertos de alto nivel para definir la agenda digital, en el que figuran mayormente grandes jefazos de las operadoras de telecomunicaciones con más presencia (Vodafone, France Telecom y Telefónica) así como de algunas empresas como IBM, Ericsson o INDRA.
Entre redundancia y redundancia, el texto marca seis objetivos principales a conseguir, y para cada uno de ellos describe una serie de consejos y/o acciones que deben tomarse.
Objetivo 1: Fomentar el despliegue de redes y servicios para garantizar la conectividad digital
El tema caliente de las operadoras: la inversión en redes de telecomunicaciones de calidad y cobertura "suficiente". El ancho de banda universal. La espina dorsal que permite la proliferación exitosa de la sociedad digital... que llevan años obviando y echando pelotas fuera.
Se habla de levantar barreras a la inversión en redes, cuando quien debiera invertir lleva años diciendo, por iniciativa propia, que no lo hace. Se habla de alcanzar la unidad de mercado, avanzar en el modelo regulador y de competencia para conseguir un ecosistema digital auto-sostenible... y de un plan de estímulo de la demanda que contribuya a generar confianza y a mostrar la utilidad de la economía digital, creando un "círculo virtuoso" digital.
No sé, históricamente, todos los planes de fomento de la economía digital hechos en España han significado coartar la libertad en la red, burocratización y complicar las cosas que eran fáciles. Véanse LSSI, LISI y Ley de Economía Sostenible (Ley Sinde-Biden-Wert).
Pero lo interesante del objetivo es la mención, o no-mención, a la neutralidad de la red, que es aquello por lo cual ningún bit es diferente de otro, contenga lo que contenga, venga de donde venga y vaya a donde vaya. Se incluyen un par de puntos que rezan lo siguiente:
La gestión eficiente de las redes, con diferenciación de prestaciones para demandas de exigencias distintas, se atendrá a los principios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación. [...] En este contexto será necesario adecuar la posible revisión del marco regulador y de competencia con garantizar el “principio de no discriminación del tráfico” en los servicios de acceso a Internet, planteado por los proveedores de aplicaciones, contenidos y servicios online como medida esencial para mantener la enorme capacidad de innovación en el ecosistema digital.
Es decir, que los ejemplos de medidas a tomar para fomentar el despliegue de las redes, incluye la gestión eficiente diferenciando entre prestaciones distintas, que se realizará bajo principios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación. Pero para ello, las operadoras han pedido que se revisen las normativas.
O no entiendo nada, o es que las operadoras están diciendo que o les dejan poner tarifas "a peso" de bit (o en su defecto un peaje por usar sus redes existentes) o aquí nadie pondrá un euro en inversión para redes físicas. Y visto lo visto, uno se decanta por la segunda opción... que es lo que las mismas operadoras llevan años admitiendo.
Objetivo 2: Desarrollar la economía digital para el crecimiento, la competitividad y la internacionalización de la empresa española
Aqui se describe mejor el "círculo virtuoso", una suerte de estado de "eficiencia sostenible" mediante la participación de consumidores y ciudadanos, el comercio electrónico y móvil, modelos de prestación de servicio más eficientes o el ahorro energético.
El informe dice que se debe apostar por el emprendimiento y la creación de empresas, por lo que recomienda, entre otras, la inclusión de formación para el desarrollo de nuevos negocios, establecer viveros de empresas y asegurar adecuadamente la protección de la propiedad intelectual.
Porque claro, no hay nada más mejor para las levantar barreras al desarrollo que inundarlo todo con requerimientos, normativas, comisiones de expertos, leyes, patentes y licencias de uso kafkianas. Eso es así.
Aún así, el texto incluye cosas interesantes, como el impulso de las smart cities y la mejora de los sistemas de transporte o las smart-grids del sector eléctrico, o el fomento del teletrabajo.
Y otra vez, el Objetivo 2 habla de lo fundamental que es llegar al estado de confianza entre usuarios y proveedores de servicios para desarrollar una "intensa actividad económica en el ámbito digital": protección al consumidor y "marco de protección de datos adecuado"... pero sin definir "adecuado".
Se supone que aquí entraría la Agencia Española de Protección de Datos, ya saben, aquello que sirve para denunciar a Google pero que resulta completamente ineficaz con empresas que trafican con los datos del 75% de la población. Ay perdón, que el tráfico de datos sin consentimiento es legal en España.
Objetivo 3: Mejorar la e-Administración y soluciones digitales para una prestación eficiente de los servicios públicos
Si lo visto anteriormente no ha dibujado una sonrisa (ni siquiera una de sarcástica) en las caras de los lectores, a partir de éste objetivo empieza lo interesante. Mejorar la e-Administración. Si señor.
Tras algunos lustros y un par de planes quinquenales dedicados a establecer grandes fiascos como el DNI electrónico, que sirve para poco más que presentar la declaración de hacienda y solicitar el informe de vida laboral (para lo que previamente uno debe presentarse físicamente en una oficina de la Tesorería de la Seguridad Social), "this is IT" que dirían los anglosajones. Ahora sí que sí.
Y para ello, hay que situar al ciudadano como centro de la Administración, y para ello toca revisar, armonizar, actualizar y, dependiendo de como, suprimir procesos administrativos (¡muy bien!) y no simplemente digitalizarlos... como por ejemplo el caso del informe de vida laboral.
También se comenta que es preciso prestar "especial atención a la sencillez de uso, accesibilidad y soporte de nuevos dispositivos" de uso general. No se sabe si eso incluye las increíbles trabas técnicas existentes para, por ejemplo, presentar la declaración de Hacienda usando el DNI electrónico en un sistema operativo GNU/Linux, en que uno precisa de una Ingeniería en Telecomunicaciones, un termo de tila y toda una tarde, solamente para instalar las herramientas necesarias, como el lector del chip.
Pero sigamos, porque en el informe se menciona que "la oferta actual de servicios digitales por parte de la Administración sitúa a España en una buena posición", mientras que el uso de esos servicios por parte de la ciudadanía y las empresas es francamente mejorable. Toma ya.
Es decir, que si nosotros los ciudadanos somos incapaces de superar las mil y una vicisitudes técnicas requeridas para realizar los cuatro trámites que se pueden hacer de forma telemática, es que somos ¿tontos? No, no tan rápido, porque se recomienda rediseñar los servicios para que sean intuitivos y fáciles de usar, confirmando que lo que debía ser, originalmente, fácil de usar e intuitivo, nunca lo fue. Al menos alguien se ha dado cuenta... por fin...
También se habla de Gobierno Abierto y Transparente, y por ello se recomienda establecer la (ansiada) ventanilla única para que los ciudadanos podamos acceder a toda la información que la Administración tiene sobre nosotros.
También se recomienda desarrollar una mayor transparencia en tanto a información administrativa, fomentar la toma de decisiones mediante el registro de comentarios y sugerencias de la ciudadanía, así como establecer esquemas de datos abiertos y de uso libre, sin más trabas que los derechos de privacidad de las personas.
Se supone que todo esto debiera ir de la mano con la nueva, flamante e igualmente poco útil Ley de Transparencia, pero vista la ley, mejor cambiar de tema.
Pero eso será en el siguiente post, en que veremos los tres últimos objetivos que la Agenda Digital para España nos tiene preparados. Igualmente vibrantes que los tres primeros.
