La Cámara de Diputados de Uruguay ha aprobado el Proyecto de Ley de Formatos Abiertos y Software Libre que prevé la obligación de todas las instituciones del Estado de "intercambiar información en formatos abiertos, con códigos disponibles y que puedan ser manejados libremente".
El proyecto de ley, que han impulsado la diputada Daisy Tourné y el diputado Julio Battistoni, establece que "cuando se contraten licencias de software se dará preferencia a licenciamientos de software libre". El proyecto de ley también establece "que el sistema educativo proceda a promover el uso de software libre".
El diputado Julio Battistoni, presidente de la Comisión Especial de Innovación, Investigación, Ciencia y Tecnología, explicó que este proyecto implica "que las instituciones del Estado deberán intercambiar información en formatos abiertos, con códigos disponibles y que puedan ser manejados libremente".
Estamos acostumbrados a manejar software que se denomina privativo, es decir, tenemos que comprar para instalarlo en nuestras máquinas; no lo podemos copiar, y no podemos meternos en ese software para modificarlo según nuestra conveniencia. El software libre se crea de forma abierta, la forma de entrar se conoce y es posible modificarlo, cambiarlo, usarlo como el usuario quiera y liberarlo a la ciudadanía para que se sigan haciendo aplicaciones y mejoras
Battistoni destacó que en este sentido Uruguay cuenta con "una gran ventaja" al contar con un "entorno de informáticos de alto nivel" que podrán "aplicarse a la mejora continua del software libre".
La discrepancia "civil" ha llegado desde la Cámara Uruguaya de las Tecnologías de la Información (CUTI): "Empezar a utilizar software libre en el Estado obligaría a generar una camada de profesionales en software libre que hoy no hay, es difícil de conseguir y, además, es algo muy costoso", opinan los de la CUTI.
Más llamativas han sido las discrepancias que se han venido planteando desde el ámbito gubernamental. El proyecto de ley debe ser refrendado por el Senado.
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