Redada en varias editoriales por pactar los precios de los libros electrónicos

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La Comisión Europea tiene motivos para creer que destacadas editoriales pueden haber violado las normas europeas de competencia que prohíben los cárteles y otras prácticas restrictivas que perjudican a los consumidores.

A raíz de esta sospecha y en el marco de la que se anuncia desde Bruselas como “una importante investigación” sobre un acuerdo entre editores para pactar los precios de los libros electrónicos se realizaba ayer una oleada de redadas en las oficinas de varias editoriales francesas.

En una de ellas se presentaron una docena de investigadores de la Comisión Europea, acompañados de funcionarios de los servicios de competencia galos, que solicitaron, según fuentes de la editorial, inspeccionar libros contables, las tabletas y los teléfonos móviles de los ejecutivos y sus asistentes.

Esta operación está orquestada por Amazon

Ha denunciado el presidente de una de las editoriales investigadas que también recibía la inesperaba visita de funcionarios de la Comisión Europea. “Han entrado como vaqueros”, añadía.

Amelia Torres, portavoz del comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia ha tenido que salir a explicar lo sucedido declarando sucintamente que “los servicios de competencia han abierto este martes investigaciones sobre las editoras de varios países a causa de las sospechas de prácticas contra la competencia sobre el precio de los libros electrónicos”. Lo que confirmaría la noticia, hasta ahora un rumor, de una gran operación por acuerdos contra la competencia a nivel europeo. La portavoz del comisario Almunia ha querido aclarar ante el revuelo creciente:

No nombramos las editoras ni los países, porque no estamos más que en el inicio de la investigación.

Hay que tener en cuenta que dentro de la Comisión Europea sentó muy mal que el Senado francés aprobase por unanimidad una ley que permite a los editores imponer un preció único a los libros electrónicos tarifas incluso a los sitios que operan en el extranjero. Una disposición que se considera incompatible con la legislación europea sobre la libre competencia.

Foto | francescominciotti

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