La Ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, ha comparecido hoy en el Congreso, a petición de ERC/IU y PP para informar de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual y sobre las intenciones del Gobierno de bloquear páginas web sin autorización judicial tal como se recoge en la Disposición Final Segunda de la Ley de Economía Sostenible.
Para la ministra “un puñado de webs están poniendo en riesgo un negocio que aporta el 4% a la riqueza del país. Esto supone un riesgo para la economía en España y también en otros países”, ha afirmado la ministra, quien también ha insistido en adaptar la Ley con una “visión europea respecto a esta materia”. Ha hecho suyo el objetivo de actualizar las legislaciones nacionales para 2011 y de esta manera proteger la propiedad intelectual en toda Europa. En este punto ha hecho referencia al llamado Paquete Telecom, al comisario Michael Barnier, al que ha calificado de “muy sensible a estos temas” y a la legislación que están llevando a cabo en “países como Suecia, Inglaterra o Francia”.
Ángeles González Sinde ha agradecido el debate público llevado a cabo durante los últimos meses, un debate que califica de “enriquecedor” y clave para llegar hasta donde se ha llegado:
Todos hemos escuchado a todas las partes. El esfuerzo de los que conforman las industrias culturales debe verse respetado. Juntos debemos esforzarnos y armonizar los derechos de todos. Es necesario dar soluciones.
Ana Oramas, de Coalición Canaria, dentro del turno del Grupo Mixto, ha pedido “que se vea Internet y la era digital como una oportunidad de difusión cultural, como una nueva oportunidad de negocio” y ha criticado que el Ministerio “está más centrado en una defensa del status quo que en una apertura hacia el futuro”.
Usted tiene una imagen pública de ser la ministra del cine y del cierre de las páginas…
Joan Tardá (ERC) ha hecho referencia al buen trabajo de la Subcomisión de Cultura (pdf) en relación con la propiedad intelectual y ha interpelado a la ministra, con escasa suerte, sobre la posición del Gobierno en relación con ACTA y las recomendaciones de la Declaración de Granada para armonizar la legislación compatibilizando la defensa de los derechos de autor con la libertad de los usuarios.
José María Lassalle (PP), el más duro de los diputados, ha anunciado una enmienda a la disposición final segunda y ha dudado de su constitucionalidad. El diputado popular ha insistido en que es imprescindible que “la actuación judicial” controle toda acción relacionada con “levantar una IP” como se hace para delitos más graves. Ante la incoherencia de que la disposición final se haya introducido en la LES, y no como parecía lógico en la Ley de Propiedad Inteletual, José María Lassalle, ha sugerido que la ministra “no es la artífice de esa disposición” y que la imposición y las prisas por introducir ese texto en la LES están relacionadas con otros intereses y contextos internacionales. En un tono más general ha acusado a la ministra de no cumplir su palabra en lo que respecta a las promesas de “diálogo y consenso” con las que se estrenó en el cargo.
Montserrat Surroca i Comas (CiU) ha reiterado la sorpresa que para todos los grupos supuso que la actual y polémica disposición final no se haya incluido en la Ley de la Propiedad Intelectual siguiendo, además, las recomendaciones que por consenso de todos los partidos aprobó la Subcomisión.
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