Microsoft va a enfrentarse a partir de mañana a las autoridades de Estados Unidos que reclaman acceder a los datos que la compañía almacena fuera de las fronteras del país. La Corte Suprema escuchará este martes cuáles son los argumentos para que el Departamento de Justicia estadounidense pueda obligar a las empresas nacionales a entregar datos que almacenan en servidores de otros países.
Los jueces del tribunal de mayor rango existente en los Estados Unidos considerarán una pregunta que el Congreso del país probablemente no pensó cuando hace más de tres décadas aprobó la Ley de Almacenamiento de las Comunicaciones: ¿Un proveedor de correo electrónico ubicado en los Estados Unidos está obligado a entregar correos electrónicos que almacena en el extranjero? Microsoft sostiene que no, mientras que el Gobierno federal opina todo lo contrario. La decisión tendrá implicaciones más allá de Redmond.
Una valoración con implicaciones para la privacidad de muchos
La postura que defiende Microsoft ante esta cuestión es clara: dado que la legislación estadounidense únicamente se aplica dentro de las fronteras estadounidenses, la mencionada ley no permite obtener correos electrónicos almacenados en el extranjero. El punto de las autoridades del país es que la compañía tecnológica tiene el control de los datos dentro de Estados Unidos y es, además, una empresa del país.
Estas discrepancias comenzaron cuando Microsoft se negó a entregar los datos de una cuenta de correo electrónico cuyos datos se almacenaban en un servidor de la compañía ubicado en Dublín, Irlanda. Sucedió en 2013.
El Gobierno de los Estados Unidos había emitido una orden judicial ordenando al gigante tecnológico que entregase la información porque sospechaban que estaba siendo utilizada para facilitar el tráfico de drogas, pero desde Redmond se negaron a proporcionarla al entender que la ley en la que se sostenía la orden no se extiende más allá de las fronteras del país donde se emitió.
En 2016 un juzgado dio la razón a Microsoft, pero la administración del presidente Donald Trump apeló esa decisión. Ahora, un fallo sobre la cuestión deberá entregarse a finales del mes de junio.
Preocupación en las tecnológicas y en los defensores de la privacidad
Según Reuters, las compañías tecnológicas estadounidenses dominantes a nivel mundial están preocupadas por cómo les pueda afectar la decisión. Temen que los clientes puedan marcharse de sus servicios si creen que el alcance del Gobierno de Estados Unidos se extiende a los centros de datos en todo el mundo.
Microsoft, por su parte, cree que un dictamen favorable a los intereses de la administración provocaría que otras administraciones gubernamentales del mundo pudiesen responder del mismo modo pudiendo llegar a tomar datos de servidores estadounidenses, explica Mashable.
El caso está siendo seguido de cerca por otros países, así como por la Unión Europea. Naciones como la propia Irlanda tienen tratados internacionales en los que se establecen este tipo de peticiones de información, siendo posibles materializarlas independientemente de la jurisdicción de una ley nacional. Sin embargo, los procesos que apelan a estos acuerdos requieren tiempo.
Justamente hoy Reuters informa citando dos fuentes familiarizadas con el asunto que los 28 miembros europeos están preparando una legislación que obligaría a las empresas a entregar los datos personales de sus clientes, incluso si están almacenados más allá de la Unión Europea. Unas leyes que cumplirían los mismos deseos de la administración estadounidense, enfrentando a la UE con gigantes tecnológicos y defensores de la privacidad.
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