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Qué significa que Reino Unido pueda acceder legalmente al historial de navegación de sus ciudadanos
Seguridad

Qué significa que Reino Unido pueda acceder legalmente al historial de navegación de sus ciudadanos

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Efectivamente, has leído bien: los políticos británicos acaban de aprobar un proyecto de ley que les permitirá acceder y recabar el historial de sus ciudadanos de manera legal; una iniciativa que ya llevaba años planeándose y que resulta tremendamente controvertida, pues choca de frente con el derecho a la privacidad.

Una propuesta también conocida popularmente como Snooper’s Charter, lo que vendría a ser algo así como carta blanca/licencia para fisgones o privilegio para fisgones. Una medida que ahora ha aprobado el Parlamento y que, además de lo dicho, brindará a las autoridades la posibilidad de obtener otros datos relacionados con aplicaciones como WhatsApp y Snapchat. Pero vayamos con más detalles.

La nueva legislación

Esta legislación obligará a las empresas a prestar ayuda al gobierno para obtener el historial de navegación –e incluso a acceder en tiempo real- de determinados usuarios y a almacenar la información durante un año entero. Unos datos a los que podrán acceder los servicios de seguridad y las fuerzas policiales "cuando sea necesario para ayudar a sus investigaciones".

Esto afecta, de manera específica, a los proveedores de servicios de comunicaciones, que son desde las compañías de Internet, los servicios de mensajería, hasta los servicios postales. Cabe comentar, no obstante y en cuanto al historial, que en él no figurarán cada una de las páginas que visitamos, sino únicamente el dominio. Es decir, lo que sabrán son las webs en las que han navegado pero no las secciones concretas. Una violación flagrante de su intimidad, no obstante.

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Y no solo eso, sino que la ley favorece también el uso de mecanismos de vigilancia y establece medidas para que los proveedores de Internet ayuden a las agencias y cuerpos de seguridad del Estado a intervenir los equipos de cualquier sospechoso. Es decir, podrán introducirse en los ordenadores, redes, dispositivos móviles, servidores y demás; una práctica que se conoce como "equipment interference" y que encontramos en la parte 5, capítulo 2, del proyecto de ley.

Para evitar abusos, no obstante, se establecen ciertas medidas de seguridad como el sistema que requiere que el secretario de Estado y un comisionado judicial independiente estén de acuerdo a la hora de emitir una orden de registro que se basará en una “evidencia”.

Al margen de lo dicho, los orígenes de esta iniciativa se remontan al año 2012, momento en que fue propuesta por el ejecutivo de David Cameron. Sin embargo, fue rechazada rápidamente y frenada por el Partido Liberaldemócrata –que gobernaba en coalición con los conservadores-, pues se estimó que el proyecto de ley suponía, precisamente, una violación de la intimidad de los ciudadanos.

Tras obtener la mayoría absoluta en las elecciones del año pasado, el partido conservador volvió a proponerla de la mano de su secretaria del Interior, Theresa May. Un borrador que ahora está a punto de convertirse en una realidad y que, según han apuntado algunos de sus partidarios, podría deberse a la creciente amenaza terrorista online.

El Ministerio del Interior, asimismo, ha asegurado que las disposiciones enumeradas en la nueva ley son "necesarias para ayudar a proteger la seguridad nacional del país y dar una mayor supervisión". A la expectativa del sello de aprobación de Su Majestad -desconocemos cuándo entrará en vigor de manera exacta, aunque se estima que sea durante las próximas semanas-, todavía tendremos que esperar para saber realmente cómo se aplicará y cuáles serán las posibles soluciones para evitarlo (de haberlas).

La cuestión en España

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Por otra parte y a pesar de las críticas que está recibiendo, lo cierto es que la situación en España resulta bastante parecida. En todo caso, la ley la refleja de distintas maneras. Para que te hagas una idea y tal y como nos ha contado David Maetzu, abogado y socio del despacho Abanlex, el asunto de mantener los datos durante un año se plasma en la Ley de conservación de datos, que obliga a los operadores a conservarlos durante 12 meses y facilitar el acceso a las autoridades.

Un periodo que puede ampliarse hasta dos años más “tomando en consideración el coste del almacenamiento y conservación de los datos, así como el interés de los mismos para los fines de investigación, detección y enjuiciamiento de un delito grave, previa consulta a los operadores”.

La Reforma de la Ley de Enjuiciamiento criminal -del año pasado-, asimismo, recoge la opción de que las autoridades policiales accedan al registro de dispositivos de almacenamiento y al registro remoto de los equipos. Incluso y bajo mandato judicial, les permite instalar software para “espiar” al usuario sin su consentimiento (lo que puede incluir acceder a su historial, como en el caso anglosajón).

Eso sí, se aplica a supuestos concretos con delitos de terrorismo, cometidos en organizaciones criminales, contra menores, contra la Constitución, delitos de traición y relacionados con la defensa nacional, y a los cometidos con dispositivos informáticos o mediante tecnologías de la información y similares.

Para acabar, la Ley General de Comunicaciones prevé también obligaciones de colaboración para la intercepción de comunicaciones y cesión de datos. Lo hace en el Art.10 Título II, en el que se establecen las obligaciones de suministro de información. El artículo 42 de esta normativa se refiere también a la conservación y cesión de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones.

Especifica que el acceso tendrá que darse mediante autorización judicial "con fines de detección, investigación y enjuiciamiento de delitos graves contemplados en el Código Penal", o sea, aquellos que tienen penas de a partir de 5 años de prisión.

"No estará en una sola ley, pero básicamente el contenido de lo que tenemos aquí en España viene a ser lo mismo", ha rematado Maetzu. Respecto a las garantías afirma que son muy parecidas en "la medida en la que hay algún tipo de intervención judicial".

Vía | Metro y The Next Web

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