El reciente dictamen del juez del caso antimonopolio contra Google no es lo que se dice una buena noticia para la compañía (ha sido declarado culpable de abusar de su posición en el mercado de las búsquedas), pero está siendo celebrado en las oficinas de Mountain View por ser mucho mejor que lo que se esperaba: la compañía no tendrá que deshacerse de Android ni del navegador Chrome.

Se podría decir que el gigante tecnológico sale golpeado, pero no derrumbado, aunque pierda la capacidad de bloquear competidores mediante exclusividades.

Sin embargo, lo más interesante es que los grandes beneficiados no son los rivales emergentes de Google, sino dos de sus viejos conocidos (y rivales): Apple y Mozilla. ¿Cómo es eso?

El corazón del problema: las búsquedas por defecto

Durante años, Google aseguró su dominio mundial pagando sumas astronómicas a fabricantes de dispositivos y navegadores para ser la opción de búsqueda predeterminada. El acuerdo más notorio: el que mantiene con Apple, que se calcula aporta más de 20.000 millones de dólares anuales a la compañía de Cupertino.

El fallo judicial pone fin a estas prácticas de exclusividad: Google ya no podrá impedir que otras alternativas aparezcan en las pantallas de elección de los usuarios. Sin embargo, la corte dejó una puerta abierta muy relevante: Google aún puede pagar por el tráfico que le generen sus socios, siempre que esos acuerdos no sean exclusivos.

En otras palabras, Google podrá seguir desembolsando miles de millones a Apple y a Mozilla, lo que garantiza la supervivencia de los modelos de negocio de éstos. Y, con ello, de los dos principales motores de navegador rivales: WebKit de Apple (usado en Safari) y Gecko (usado en Firefox y sus derivados).

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Para Apple, el veredicto supone una victoria estratégica: su división de Servicios, hoy esencial para el crecimiento de la compañía, depende en gran parte del acuerdo con Google. Si los pagos hubieran sido prohibidos por completo, Apple habría perdido una fuente crítica de ingresos.

En el caso de Mozilla, el fallo es aún más trascendental. El navegador Firefox obtiene la mayoría de sus ingresos (concretamente, el 85%) de un acuerdo con Google que convierte a éste en su buscador por defecto, y sin esos pagos la organización corría riesgo de colapso financiero.

Eric Muhlheim, director financiero de Mozilla, había declarado expresamente que sin este flujo de ingresos, la organización (ya tocada económicamente) se habría visto obligada a realizar "recortes significativos en toda la empresa".

El juez lo dejó claro en su dictamen: cortar de raíz los acuerdos hubiera generado un "daño sustancial" para el ecosistema de navegadores y para los propios consumidores.

Porque, aunque Chrome, Edge, Opera y Brave compiten en apariencia... todos utilizan el motor Blink, y por eso Safari y Firefox son considerados claves para la 'pluralidad' en el ecosistema web: mantienen motores propios que evitan la completa hegemonía de Google. Sí, un gran juicio antimonopolio contra Google ha estado a punto de garantizar, indirectamente, el monopolio absoluto de su tecnología de navegación.

Imagen | Marcos Merino mediante IA

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Perplexity, una de las grandes compañías del sector de la IA, desarrolladora del chatbot homónimo, ha presentado a Alphabet una oferta de 34.500 millones de dólares para comprar el navegador Google Chrome. La compañía asegura que cuenta con compromisos de financiación de grandes fondos de capital riesgo para cubrir la operación al 100%.

La magnitud de la oferta llama la atención por dos motivos:

• Supera con creces la valoración de la valoración de la propia Perplexity (en la actualidad, de unos 18.000 millones de dólares).
• Sitúa a Chrome en la parte media de las estimaciones de valor que circulan desde hace años (20.000–50.000 millones). Para calibrar la oferta, debe tenerse en cuenta que Chrome ronda los 3.500 millones de usuarios y supera el 60% de cuota del mercado global de navegadores.

Por qué ahora: el telón de fondo antimonopolio

El Departamento de Justicia de EE. UU. demandó a Google en 2020 por prácticas monopolísticas en búsqueda, lo que desembocó en que, hace unos meses, el juez federal Amit Mehta determinó que Google mantenía un monopolio ilegal: antes de que termine el año, debe decidir las medidas que se impondrán a la compañía para solventarlo.

Entre las opciones se baraja —aunque los analistas la ven poco probable— la de forzar la venta de Chrome para abrir la competencia en búsquedas. Google, por su parte, ha defendido que una desinversión dañaría su negocio y elevaría riesgos de seguridad, y ha adelantado que recurrirá el fallo.

En este contexto, Perplexity vende su oferta como una vía para dar forma a una solución que priorice el interés general, colocando Chrome en manos de un "operador independiente y capaz".

Escenarios legales a corto y medio plazo para Google

1. Sin venta, pequeños 'parches' al problema: Lo más probable, según los analistas. Eso se traduciría en cambios en acuerdos de exclusividad, más libertad para que otros buscadores compitan como opción por defecto y posibles obligaciones de compartir ciertos datos. Google apelaría para dilatar plazos.
2. Venta forzosa de Chrome: Un escenario “limpio y elegante”, en palabras que el propio tribunal llegó a considerar, pero difícil. La oferta de Perplexity sirve, en parte, para señalar al juez que hay comprador si opta por la vía estructural.
3. Vía intermedia: Mantener Chrome en Google pero con restricciones (p. ej., en pagos por ser buscador por defecto) y obligaciones de interoperabilidad o datos hacia rivales.

Pero, ¿qué propone exactamente Perplexity?

Según lo trascendido, la propuesta incluye varios compromisos de continuidad:

• Mantener Chromium (el proyecto abierto en el que se basa Chrome) y su soporte.
• Conservar Google como buscador por defecto en Chrome (el usuario podría cambiarlo).
• Inversión de 3.000 millones de dólares en dos años para Chrome y Chromium, y absorción de una parte sustancial del equipo de Chrome.
• No realizar "modificaciones sigilosas" y priorizar la estabilidad para usuarios y anunciantes.
• Oferta en efectivo, sin dar participación a Google para evitar fricciones antimonopolio.

Respecto a la financiación, se habla de "múltiples fondos" dispuestos a respaldar la transacción en su totalidad, un punto sensible dado que el cheque supera con mucho la valoración de la propia Perplexity.

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¿Es viable?

• Cuando la billetera es mucho mayor que el pagador: pagar 34.500 millones cuando vales 18.000 millones exige una ingeniería financiera compleja y una tesis de retorno muy sólida.
• Costes de operación: Chrome es gratis para el usuario, pero mantenerlo no lo es. Históricamente, su desarrollo se ha apoyado en el negocio publicitario de Google (y en el uso de datos). ¿Podría un nuevo propietario sostener ese nivel de inversión sin el mismo motor de ingresos?
• Modelo de negocio: Y, si el navegador se mantiene gratuito, ¿qué vía de monetización lo sostendría? ¿Suscripciones? ¿Alianzas? ¿Publicidad propia? Las preguntas siguen abiertas.
• Reglas y compatibilidad: Perplexity promete no tocar el buscador por defecto y dejar a Google ahí, lo que atenúa temores de disrupción inmediata, pero también limita las sinergias más obvias para una compañía basada en el uso de tecnologías de IA.

Google vs. Perplexity

Como decíamos antes, Google no ha mostrado voluntad de vender Chrome y se ha mostrado dispuesta a combatir en los tribunales cualquier intento de forzarle a hacerlo. En cualquier modo, no es la primera vez que asoma el interés externo: otras firmas de IA han coqueteado con la idea de comprar Chrome, si bien ninguna había dado un paso tan visible como Perplexity.

Por otro lado, la propia Perplexity, además, acaba de lanzar su navegador Comet, integrando más IA en la experiencia web (¿está dispuesta la compañía a tirar a la basura su nuevo navegador? ¿O piensa hacerse la competencia?); y se enfrenta a demandas de dos filiales de News Corp (matriz del Wall Street Journal), lo que añade ruido regulatorio y reputacional a la operación.

Cómo afectaría a los usuarios y a la WWW

• Mercado publicitario: Chrome es una pasarela crítica hacia la búsqueda y la publicidad de Google. Mover esa palanca —aunque se mantenga Google por defecto— alteraría negociaciones, estándares y cronogramas (por ejemplo, en materia de cookies o APIs de privacidad).
• Competencia en buscadores: si el juez forzara la venta, romper el vínculo Chrome–Google podría "limpiar" el terreno competitivo más que otras medidas parciales (como limitar pagos por ser el buscador por defecto), aunque no hay consenso y los analistas ven poco probable esta desinversión extrema.
• Desarrolladores y estándares: mantener Chromium sano es vital para todo el ecosistema (incluidos los muchos navegadores derivados, como Edge y Brave). El compromiso de inversión de Perplexity es relevante, pero el mercado querrá ver hojas de ruta y capacidad de ejecución.

Vía | Wall Street Journal

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Google se enfrenta a un tsunami legal en Europa con reclamaciones por daños que ascienden a más de 12.000 millones de euros, según ha podido confirmar el medio Bloomberg. Decenas de sitios web de comparación de precios de toda la Unión Europea han presentado demandas contra el gigante tecnológico, acusándolo de apropiarse de sus clientes mediante prácticas anticompetitivas.

Según explica el medio, estas demandas civiles están vinculadas a una decisión de la Comisión Europea de 2017, que impuso a Google una sanción de 2.400 millones de euros por aprovechar ilegalmente su posición dominante en el mercado de búsquedas para favorecer a su propio servicio de comparación de precios. Esta sentencia abrió la puerta a una oleada de demandas conocidas como "acciones de seguimiento", que se retrasaron durante años mientras Google apelaba la decisión.

Google acumula más de 12.000 millones de euros en demandas civiles europeas

Sin embargo, el año pasado un tribunal confirmó que la empresa había violado las leyes antimonopolio, lo que significa que los demandantes europeos ya no tienen que demostrarlo en los tribunales. Muchos de estos casos están ahora avanzando rápidamente.

Bloomberg ha identificado al menos 12 casos civiles en siete países europeos. Aunque no todos los tribunales y partes implicadas han revelado las cantidades reclamadas, el valor de nueve de estas demandas ya supera los 12.000 millones de euros.

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Entre los casos más destacados se encuentran varias demandas que pronto llegarán a los tribunales. A finales de junio, un juez en Londres revisará una demanda por 1.000 millones de libras (aproximadamente 1.600 millones de euros) presentada por el sitio británico Kelkoo; en septiembre le tocará el turno a un tribunal de Ámsterdam que escuchará una demanda interpuesta por la empresa holandesa Compare Group; y en noviembre está programado en Berlín un caso de 3.300 millones de euros interpuesto por Idealo, propiedad de Axel Springer. Entre otras demandas también se incluye una de 2.100 millones de euros del sitio web sueco Pricerunner, ahora propiedad de Klarna, y una demanda de 500 millones de euros del sitio web polaco Ceneo.

Tal y como afirma el medio, a medida que pasa el tiempo, algunos demandantes han incrementado sus demandas y contratado financiadores externos para litigios, alegando que Google continúa violando las leyes antimonopolio al manipular los resultados de búsqueda y no cumplir con la orden de la UE de 2017. Esto, según afirman, ha permitido al gigante tecnológico dominar injustamente el tráfico web y los beneficios.

La respuesta de Google

Google rechaza categóricamente estas acusaciones. La compañía sostiene que la solución que introdujo en 2017 para mostrar anuncios de sitios de comparación de precios ha funcionado bien. Un portavoz de Google afirmó al medio que la empresa no diferencia entre su propio servicio de compras y los de sus competidores, señalando que más de 1.550 sitios de comparación de precios en Europa utilizan actualmente su sistema de visualización, frente a solo siete en 2017.

"Discrepamos firmemente de estas demandas, que son presentadas por empresas que buscan un pago en lugar de invertir en sus propios productos", declaró un portavoz de Google.

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Un historial de multas

Este nuevo frente civil se suma a las cuantiosas multas administrativas que la UE ha impuesto a Google en los últimos años, que alcanzan aproximadamente los 8.000 millones de euros. Además de las sanciones mencionadas, Bruselas también penalizó a la compañía en 2018 con 4.340 millones de euros por abusos relacionados con Android y con otros 1.490 millones de euros en 2019 por prácticas restrictivas en sus contratos publicitarios. Google ha recurrido activamente estas decisiones, incluso ha conseguido reducir la cantidad y hasta una anulación parcial que la Comisión Europea podría recurrir.

En Estados Unidos, Google también se ha enfrentado a la justicia, siendo el último caso el referente a Chrome en el que el tribunal de justicia acusaba al gigante tecnológico por prácticas anticompetitivas.

Imagen de portada | Alex Dudar

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El sistema judicial estadounidense y la industria tecnológica acaban de chocar de bruces con una enorme paradoja: una medida regulatoria diseñada, precisamente, para reducir el poder de Google sobre Internet podría terminar borrando del tablero a uno de los pocos verdaderos competidores de dicha compañía en el sector de los navegadores web.

Mozilla Firefox, uno de los navegadores web más veteranos del mercado, se enfrenta una de las mayores amenazas a su existencia desde su creación: un descenso brutal en el presupuesto de la Fundación Mozilla (que paga a sus desarrolladores) como consecuencia de las medidas antimonopolio adoptadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

¿La consecuencia más probable? El fin del desarrollo de Firefox. Y la consolidación del monopolio de Google.

La cruzada antimonopolio contra Google

Desde septiembre de 2023, el gobierno de EE. UU. mantiene una batalla legal contra Google, acusándolo de mantener un monopolio ilegal en el mercado de las búsquedas y la publicidad online. En agosto de 2024, un tribunal federal falló en contra de Google, señalando que su predominio —con un 90% del mercado— se basa en prácticas excluyentes, como pagar a fabricantes y desarrolladores para ser su motor de búsqueda predeterminado.

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Entre las soluciones propuestas por el DOJ están la prohibición de estos acuerdos de búsqueda predeterminada, la obligación de desgajar partes del negocio de Google, como Chrome y Android, y la necesidad de licenciar los resultados de búsqueda a competidores. Mozilla, al verse directamente afectada por el posible fin del acuerdo con Google, se ha convertido en un actor clave en este juicio.

¿Por qué afecta esto a Mozilla?

Desde hace ya más de una década, Mozilla mantiene un acuerdo comercial con Google, por el cual este último paga para que su buscador sea el predeterminado en Firefox. Este acuerdo representa cerca del 85% de los ingresos de Mozilla Corporation, la rama con fines de lucro de la Fundación Mozilla.

Eric Muhlheim, director financiero de Mozilla, ha declarado recientemente que sin este flujo de ingresos, la organización (ya tocada económicamente) se vería obligada a realizar "recortes significativos en toda la empresa", afectando principalmente al equipo de ingeniería de Firefox.

Esta situación iniciaría una "espiral descendente", en la que la reducción de calidad del producto provocaría una pérdida de usuarios, lo que a su vez agravaría aún más la situación financiera.

¿Y por qué Mozilla no puede simplemente cambiar de socio?

Aunque a primera vista podría parecer sencillo reemplazar a Google con otro proveedor como Bing, las pruebas internas de Mozilla muestran lo contrario: en un estudio realizado entre 2021 y 2022, al cambiar silenciosamente el buscador predeterminado a Bing, se observó una reducción considerable en los ingresos.

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Además, Bing no monetiza el tráfico con la misma eficiencia que Google, lo que limita las posibilidades de obtener un acuerdo igualmente rentable.

Además, Mozilla ya había tenido una experiencia fallida en este sentido: entre 2014 y 2017, eligió Yahoo como buscador predeterminado, pero la experiencia fue tan negativa para los usuarios que muchos abandonaron Firefox por completo.

Un futuro incierto para Mozilla

A pesar de reconocer los riesgos de depender de un solo cliente, Mozilla no ha encontrado una solución viable a corto plazo. Aunque empresas como Opera han logrado diversificar ingresos recurriendo a la publicidad, Mozilla enfrenta limitaciones adicionales por su compromiso con la privacidad, lo que dificulta implementar modelos basados en recopilación de datos.

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La organización ha comenzado a explorar otras fuentes de ingresos, como proyectos relacionados con IA y publicidad digital ética, pero estos aún están en fases iniciales y no pueden sustituir el aporte económico del acuerdo con Google en el corto plazo.

Firefox: más que un simple navegador

El posible colapso de Firefox implica mucho más que la desaparición de un navegador. Firefox es el único navegador de peso cuyo motor de renderizado (Gecko) no está controlado por una gran empresa tecnológica: sus competidores principales —Chrome y Edge— usan Chromium, desarrollado por Google, mientras que Safari usa WebKit, propiedad de Apple.

La desaparición de Gecko supondría una pérdida de diversidad tecnológica y estandarización forzada del desarrollo web, dejando el control de la evolución de la WWW en manos de un puñado de grandes corporaciones. Esto vulneraría los principios de apertura por los cuales Mozilla ha luchado durante décadas.

Vía | The Verge

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La batalla por el navegador más utilizado del mundo se ha desatado tras el histórico fallo judicial que podría obligar a Google a desprenderse de Chrome. Desde gigantes de la inteligencia artificial hasta viejos conocidos de internet, muchos ya hacen cola para hacerse con un producto que cuenta con aproximadamente 4.000 millones de usuarios en todo el planeta.

Todo comenzó en agosto de 2023, cuando un tribunal estadounidense declaró a Google como un monopolio ilegal por sus prácticas anticompetitivas en el mercado de los buscadores. El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) demostró que la empresa de Mountain View había pagado miles de millones de dólares anuales a fabricantes como Apple y Samsung para mantener su motor de búsqueda como opción predeterminada en sus dispositivos.

Tras este fallo histórico, el DOJ ha propuesto una medida contundente: obligar a Google a deshacerse de Chrome como primer paso para desmantelar su monopolio. Según el organismo, esto "pondrá fin permanentemente al control de Google sobre este punto crítico de acceso a las búsquedas y permitirá que los motores de búsqueda rivales accedan al navegador que, para muchos usuarios, es la puerta de entrada a internet".

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El valor de Chrome es astronómico. Según declaraciones de diferentes ejecutivos durante el juicio, su precio podría oscilar entre los 10.000 y 50.000 millones de dólares. Gabriel Weinberg, CEO de DuckDuckGo, ha estimado que el navegador podría valer hasta 50.000 millones "haciendo cálculos rápidos".

No es de extrañar semejante valoración. Chrome domina aproximadamente dos tercios del mercado mundial de navegadores y representa una plataforma de acceso directo a casi 4.000 millones de personas. Esta cifra de usuarios lo convierte en un activo estratégico codiciado por cualquier empresa tecnológica con ambiciones en el sector de las búsquedas o la inteligencia artificial.

Todas las empresas interesadas en adquirir Chrome hasta la fecha

Aunque la venta de Chrome podría no materializarse durante años (Google ha anunciado que apelará y el proceso judicial podría alargarse considerablemente), ya hay varias empresas que han manifestado públicamente su interés:

OpenAI: La creadora de ChatGPT no ha perdido tiempo en mostrar su interés. Nick Turley, jefe de producto de ChatGPT, testificó que la empresa estaría interesada en adquirir el navegador. OpenAI ya ofrece funciones de búsqueda web integradas en ChatGPT, por lo que tener el control de Chrome supondría un impulso estratégico enorme para que más usuarios accedan a sus servicios de IA.

Yahoo: En un sorprendente giro, el veterano de internet también se ha sumado a la carrera. Brian Provost, director general de Yahoo Search, describió a Chrome como "posiblemente el actor estratégico más importante en la web" durante su testimonio en el juicio. Añadió que, con el respaldo financiero de Apollo Global Management (su empresa matriz), Yahoo estaría en condiciones de realizar una oferta.

Perplexity: Este nuevo motor de búsqueda impulsado por IA también ha expresado su interés. Dmitry Shevelenko, director comercial de la compañía, afirmó durante el juicio que su empresa podría mantener la calidad y accesibilidad de Chrome a su escala actual. Perplexity ya está desarrollando su propio navegador, pero adquirir Chrome le daría acceso inmediato a una enorme base de usuarios.

Para Google, Chrome no es un producto independiente que pueda venderse fácilmente

Ante la posibilidad de perder su navegador estrella, Google ha presentado argumentos para conservarlo. La empresa sostiene que Chrome no es un producto independiente que pueda venderse fácilmente, sino el resultado de 17 años de colaboración entre el equipo de Chrome y el resto de Google.

Parisa Tabriz, directora general del navegador, explicó durante el juicio que servicios críticos de Chrome, como la navegación segura y la identificación de violaciones de contraseñas, dependen fundamentalmente de los servidores de Google. Según Tabriz, "tratar de desentrañar eso no tiene precedentes" y si alguien comprara Chrome y cortara todos los vínculos con Google, estas características dejarían de funcionar.

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Sin embargo, James Mickens, experto en informática del Departamento de Justicia y profesor de Harvard, contradijo esta visión: "La venta de Chrome es factible desde una perspectiva técnica. Sería viable transferir la propiedad sin romper demasiadas cosas".

¿Por qué Chrome es tan valioso?

La clave del valor estratégico de Chrome reside en su capacidad para dirigir el tráfico hacia los servicios propios. Actualmente, Google utiliza Chrome para establecer su buscador como opción predeterminada, lo que garantiza miles de millones de búsquedas adicionales.

Para empresas como OpenAI o Perplexity, que compiten directamente con Google en el campo de la búsqueda potenciada por inteligencia artificial, controlar Chrome significaría poder promocionar sus propios servicios ante miles de millones de usuarios de la noche a la mañana.

Por su parte, Yahoo ve en Chrome una oportunidad para resurgir en el mercado de búsquedas, donde una vez fue líder antes de ser superado por Google.

Imagen de portada | Adarsh Chauhan

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A las grandes tecnológicas no paran de crecerle los enanos en lo que a casos de judiciales de competencia se refiere. Si esta semana Meta y Zuckerberg estaban en el centro de las noticias por el juicio en el que Instagram y WhatsApp pueden acabar "troceadas" de la matriz, ahora es Google quien ha sufrido una (nueva) derrota histórica.

La jueza Leonie Brinkema, del Tribunal de Distrito para el Distrito Este de Virginia, ha sido tajante en su fallo contra la compañía del buscador en una resolución firmada hoy, que hemos conocido por el The New York Times. Considera que Google ha incurrido en prácticas que violan las leyes de la competencia en la publicidad online mientras buscaba sostener su amplio dominio en el sector.

Los casos antimonopolio se le acumulan a Google

En su fallo, Brinkema considera que Google "ha privado a sus rivales de competir", pero no solo eso, sino que también "perjudicó sustancialmente a los clientes editores de Google, al proceso competitivo y, en última instancia, a los consumidores de información en la web abierta".

Sus rivales han perdido dinero al no poder entrar en el mercado. Los medios y las webs han accedido a un porcentaje de la tarta de ingresos publicitarios menor del que habrían conseguido en un mercado con más competencia. La decisión no afecta a otros servicios de Google como la publicidad en búsquedas, anuncios en YouTube o la publicidad en mapas.

Este caso concreto se abrió en 2023 para investigar la legalidad del negocio publicitario online de Google, que la compañía potenció enormemente con la compra de DoubleClick. Los distintos movimientos de la compañía le han llevado a tener, según el Gobierno estadounidense, un control extremadamente alto de la venta de los anuncios: domina el 87% del mercado.

La investigación ha recaído sobre DFP y AdX, piezas clave del conjunto de herramientas de Google para editar y colocar anuncios en Internet, y la forma en la que Google negocia las subastas con los anunciantes.  Con DFP se gestiona qué anuncios y cómo se muestran y con AdX se gestionan las subastas.

El Gobierno ya consideró que el hecho de que la compañía controlara ilegalmente el mercado provocó que los anunciantes y editores tuvieran que desembolsar más dinero del que habría sido necesario de existir competencia, y la jueza ha fallado en ese mismo sentido. Brinkema cuenta que "durante más de una década, Google ha vinculado su servidor de anuncios para editores con su intercambio publicitario mediante políticas contractuales e integraciones tecnológicas, lo que le ha permitido establecer y proteger su poder monopólico en ambos mercados".

Eso sí, la jueza ha dado la razón al Departamento de Justicia de forma parcial, en dos de las tres demandas analizadas, pues considera no considera que haya monopolio con herramientas utilizadas por los anunciantes. Este hecho ha sido celebrado por Lee-Anne Mulholland, vicepresidenta de asuntos regulatorios de Google ha declarado a The New York Times que "ganamos la mitad de este caso y apelaremos la otra mitad". "Los editores tienen muchas opciones y eligen Google porque nuestras herramientas de tecnología publicitaria son simples, asequibles y efectivas", afirmó.

Hasta ahora, los reguladores y la justicia estadounidense están operando al unísono en los casos pendientes abiertos que tiene Google por prácticas antimonopolísticas, independientemente del signo político del presidente en el poder. En 2020, el Departamento de Justicia abrió una demanda contra Google, considerando que "ha mantenido su poder a través de prácticas excluyentes que son perjudiciales para la competencia", como por ejemplo con "una red ilegal de acuerdos exclusivos que daña a los competidores".

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Ante esa demanda, en agosto de 2024, el juez federal Amit Mehta ya concluyó que "Google es un monopolio" en el mercado de las búsquedas y la publicidad online. Mehta consideraba como parte clave del abuso de posición dominante los acuerdos que Google había materializado durante años con Apple y Google para asegurarse ser el buscador por defecto en miles de millones de dispositivos móviles en todo el mundo. En ese sentido, se conoció que en 2021, Google pagó 26.300 millones de dólares a Apple para continuar siendo el buscador por defecto en iOS.

Google, a la espera de consecuencias históricas en mútiples frentes

El hecho de que la jueza Brinkema haya fallado parcialmente en contra de Google no es nada tranquilizador para la compañía. Hay que esperar a ver qué decisión firme toma, pero todo apunta a una división de la compañía en lo que respecta a su brazo publicitario, como ya ha pedido el Departamento de Justicia.

Desde el Gobierno piden a Google que venda partes del negocio adquiridas en las últimas décadas. Como próximos pasos, Brinkema ha solicitado a ambas partes la presentación de un calendario sobre "remedios estructurales", como podría ser la venta o separación de DFP y AdX en distintas compañías.

Esta incertidumbre se suma a la de la decisión final del juez Mehta sobre el mercado de la búsqueda y la publicidad, que aún no ha vuelto a manifestarse (a la espera de un nuevo encuentro con las partes a partir del lunes), pero que también está considerando la división de la compañía.

Antes de ese encuentro, lo que el Departamento de Justicia ha exigido específicamente a la compañía que venda Google Chrome, al considerar que, como monopolio, está afectando a la capacidad de los motores de búsqueda rivales de competir como puerta de entrada a Internet. Y lejos de dar marcha atrás bajo el nuevo gobierno de Trump, lo han reiterado: debe vender Chrome. Será el juez Mehta quien tenga la palabra final una vez haya recibido los argumentos de ambas partes.

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Google erigió su imperio bajo la promesa de "organizar la información mundial y hacerla accesible y útil", pero para mantenerlo a salvo de demandas antimonopolio, ha pasado más de una década perfeccionando un sistema interno destinado a hacer lo contrario: ocultar y destruir información relevante.

Así lo demuestran los datos revelados en múltiples investigaciones antimonopolio en Estados Unidos y recopilados por el New York Times, donde los jueces han descrito estas prácticas como un "ataque frontal a la administración justa de la justicia".

Los orígenes de una cultura del secretismo

En 2008, Google se enfrentaba el escrutinio de los organismos reguladores debido a un acuerdo publicitario con Yahoo (su principal rival en el mercado de la publicidad online en ese momento) y a múltiples demandas relacionadas con patentes, marcas y derechos de autor.

Ese año, la empresa emitió un memorando confidencial en el que instruía a sus empleados a "pensárselo dos veces" antes de escribir sobre "temas candentes" y evitar especulaciones o comentarios que pudieran ser malinterpretados en el futuro (y ser la base de futuros litigios).

Y eso fue sólo el comienzo de una política corporativa diseñada para borrar el rastro de sus comunicaciones internas...

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Estrategias para borrar el rastro

La estrategia de Google para minimizar su huella documental se construyó sobre varias tácticas específicas:

1. Mensajes efímeros: Desde 2008, Google configuró sus herramientas de mensajería, como Google Chat, para que las conversaciones fueran eliminadas automáticamente después de cierto tiempo, salvo que los empleados activaran manualmente el historial.
2. Abuso del privilegio abogado-cliente: Los trabajadores eran instruidos para incluir a abogados en correos electrónicos, aunque no hubiera cuestiones legales implicadas, con el fin de proteger las comunicaciones bajo el pretexto de confidencialidad.
3. Creación de listas de palabras 'prohibidas': Se prohibió el uso de términos como 'predominio de mercado' o 'cuota de mercado', incluso en contextos internos, para evitar interpretaciones comprometedoras relacionadas con prácticas monopolísticas.
4. Fomento del secretismo: Los empleados fueron entrenados para discutir temas sensibles fuera del ámbito digital, recurriendo incluso a tecnologías obsoletas como el fax para evitar el rastro electrónico.

Críticas judiciales y consecuencias legales

Pero estas prácticas no pasaron desapercibidas para las autoridades: durante las investigaciones antimonopolio iniciadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) y otras entidades, se revelaron decenas de miles de documentos eliminados o retenidos bajo dudosos pretextos legales. Tres jueces federales condenaron duramente las políticas de Google:

• James Donato, del Distrito Norte de California, calificó estas acciones como "una cultura sistemática de supresión de evidencia relevante" y prometió investigar quién permitió tales prácticas dentro de la compañía.
• Leonie Brinkema, de Virginia Oriental, afirmó que "una cantidad terrible de pruebas probablemente fue destruida" debido a las políticas de retención de documentos de la empresa.
• Amit P. Mehta, del Distrito de Columbia, criticó a Google por evitar deliberadamente crear un rastro documental, lo que calificó como un aprendizaje de las lecciones del caso antimonopolio contra Microsoft en los años 90.

Finalmente, en agosto de 2023, este último magistrado determinó que Google era un monopolio en el mercado de búsquedas online. Aunque la empresa evitó sanciones por la destrucción de pruebas en este caso, Mehta advirtió que estas políticas podrían perjudicarla en futuros litigios.

Julia Tarver Wood, abogada del DOJ, afirmó en una audiencia reciente que los empleados de Google "se refirieron a sus chats extraoficiales como 'Vegas', [por la frase] 'Lo que sucede en Las Vegas se queda en Vegas'".

También en 2023, el DOJ y la Comisión Federal de Comercio (FTC) dejaron claro que las comunicaciones en aplicaciones de mensajería son documentos legales y deben ser preservados en caso de litigios.

Aceptada la ley, practicada la trampa. Por todo ello, ese mismo año, Google cambió su política y configuró sus herramientas para que todas las comunicaciones se guardaran por defecto. Sin embargo, los empleados rápidamente encontraron nuevas formas de evadir estas medidas... y empezaron a recurrir a canales de mensajería como los grupos de WhatsApp con borrado automático de mensajes.

¿Una estrategia legal o un encubrimiento?

Google, por su parte, ha defendido sus acciones como un esfuerzo para gestionar la avalancha de datos generada por sus empleados: "Nos tomamos muy en serio nuestras obligaciones de conservar y producir documentos relevantes", afirmó la empresa en un comunicado, añadiendo que ha aportado millones de documentos en respuesta a las demandas del DOJ.

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El pasado martes conocíamos a través de fuentes de Bloomberg el hecho de que el Departamento de Justicia quería que Google vendiese todo su negocio relacionado con su navegador Chrome. De esta manera, el organismo cree que se restauraría la competencia en el mercado de las búsquedas online, dejando además abierta la posibilidad de exigir la separación de Android del resto de servicios de la compañía.

El Departamento de Justicia ha oficializado sus exigencias a través de un documento presentado en el Tribunal de Distrito donde se dejan claras las propuestas a través de un borrador inicial. Es en este borrador donde también aparecen las  medidas ya esbozadas tras la sentencia del juez Amit Mehta, que concluyó que Google mantenía un monopolio ilegal en las búsquedas online y en la publicidad basada en texto.

El Departamento de Justicia quiere trocear a Google

En el documento se pueden ver reflejadas un amplio número de exigencias que el Departamento de Justicia espera que se impongan a Google: desde restricciones a cierto tipo de acuerdos hasta la posible división de varias partes de su empresa. La propuesta más reciente hasta la fecha tiene que ver con la insistencia de que Google venda Chrome, ya que el organismo lo considera como un factor clave para el acceso de las búsquedas en la web, dando ventaja a Google en este aspecto.

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Aunque desde el organismo no se exige directamente separar su negocio de Android del resto de sus productos y servicios, sí deja esta posibilidad abierta. De hecho, serviría de herramienta disuasoria hacia Google para así eludir otras medidas. No obstante, también se acabaría imponiendo como solución inicial en caso de que el resto de propuestas no logren restaurar la competencia en este mercado. Desde el Departamento de Justicia sugieren que Google podría optar por una desinversión voluntaria si la compañía no está dispuesta a cumplir con algunas de las exigencias en lo que respecta a evitar la preferencia ‘indebida’ de Google Search en dispositivos Android.

Una gran parte del negocio de Google también se centra en obtener ingresos de terceros para permitir que su motor de búsqueda sea el predeterminado o para desincentivar la presencia de otros competidores. Así ha sido durante mucho tiempo en los dispositivos de Apple, compañía que pagaba una gran fortuna a Google para tener su buscador en navegadores como Safari. Además de ello, el Departamento de Justicia pide a Google prohibir que se favorezca su motor de búsqueda en plataformas propias como YouTube o Gemini, esto obligaría a la empresa a permitir el acceso de la competencia a su índice de búsqueda.

Entre otras propuestas también se deja por escrito que Google comparta sus resultados de búsqueda, señales de clasificación y datos de consultas realizadas en Estados Unidos durante los próximos 10 años. Junto a ello, el Departamento de Justicia quiere además que Google permita que los sitios web puedan excluirse de sus resúmenes de IA generativa sin ser penalizados en los resultados de búsqueda.

Como respuesta a las exigencias del Departamento de Justicia, Google ha publicado una entrada en su blog oficial alegando que, esta 'extrema propuesta' "pone en peligro la seguridad y la privacidad de millones de estadounidenses, y socava la calidad de los productos que la gente adora, forzando la venta de Chrome y potencialmente de Android".

A principios de marzo, el Departamento de Justicia presentará una versión revisada de todas estas propuestas, un mes antes de que Google vuelva a los tribunales para continuar en abril con el juicio sobre su posible estado de monopolio. Este juicio representa la siguiente fase para que el juez Mehta pueda determinar la mejor forma para restaurar la competencia en los mercados.

El juicio se celebrará bajo una nueva administración, en este caso la segunda de Trump, supervisando al Departamento de Justicia, algo que podría influir en las soluciones finales. No obstante, hay que destacar que el caso comenzó a perseguirse durante la primera etapa de Trump, por lo que está claro que Google no quedará del todo impune. Por otra parte, Google y el Departamento de Justicia también tienen pendiente el próximo lunes presentar sus argumentos finales en el caso antimonopolio relacionado con el negocio de la publicidad de la empresa. Tendremos que ir viendo en los próximos meses en qué queda todo.

Vía | The Verge

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En un giro de los acontecimientos, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha decidido presentar a los juzgados su intención de forzar a Google a vender todo su negocio relacionado con su navegador Chrome, tal y como aseguran fuentes de Bloomberg. De proceder con el caso, se acabaría convirtiendo en una de las disputas legales más gigantescas sobre una compañía tecnológica.

El medio señala que el Departamento de Justicia pedirá a los jueces que se requieran medidas además para regular su negocio de inteligencia artificial y el sistema operativo para móviles Android. Según Bloomberg, el Departamento de Justicia ha pedido esto al mismo juez que dictaminó en agosto que Google monopolizaba ilegalmente el mercado de las búsquedas.

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Según fuentes del medio, los organismos reguladores y gubernamentales que se han unido al caso, han recomendado al juez federal Amit Mehta que imponga requisitos de licencia de datos. En el caso de que Mehta acepte esta propuesta, el Gobierno tendría el poder de cambiar por completo todo el negocio de las búsquedas online y gran parte de la industria de la IA.

De hecho, tal y como afirma el medio, el caso se firmó bajo el mandato de la primera Administración de Trump y continuó con la de Biden, marcando el esfuerzo más agresivo por hacer que el Gobierno impere sobre una compañía tecnológica desde aquella histórica disputa legal entre Estados Unidos vs. Microsoft hace dos décadas.

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No es ninguna sorpresa el hecho de que Chrome significa para Google una pieza clave para su negocio, así como para seguir obteniendo una sustanciosa fuente de ingresos por medio de la publicidad. Mediante Chrome, la compañía es capaz de obtener información sobre sus usuarios, utilizando estos datos de manera más efectiva para ofrecer publicidad personalizada. También es un medio para acercar a sus usuarios hacia Gemini, su herramienta de inteligencia artificial generativa que tiene el potencial de cambiar el cómo los usuarios interactúan con las búsquedas web a través de múltiples dispositivos.

Lee-Anne Mulholland, vicepresidenta de asuntos regulatorios de Google, concluía que el Departamento de Justicia “sigue impulsando una agenda radical que va mucho más allá de las cuestiones legales de este caso”, añadiendo que “el Gobierno ponga el pulgar en la balanza de esta manera perjudicaría a los consumidores, a los desarrolladores y al liderazgo tecnológico estadounidense precisamente en el momento en que más se necesita”.

Para hacer que la compañía cumpla con las exigencias, los organismos reguladores quieren que el juez fuerce a Google vender Chrome, el navegador más utilizado en todo el mundo. Según cifras de Statcounter, Chrome cuenta con una cuota de mercado del 61% en Estados Unidos. Según fuentes de Bloomberg, los abogados gubernamentales se han reunido con docenas de compañías a lo largo de los últimos tres meses para preparar esta recomendación. Desde el Gobierno consideran añadir alguna otra propuesta, aunque también admiten que algunos detalles podrían cambiar.

Tal y como afirman fuentes de Bloomberg, los organismos reguladores se habrían echado para atrás ante una solución mucho más agresiva y arriesgada: forzar a Google a vender Android.

La sentencia dictada en agosto por Mehta, según la cual Google infringió las leyes antimonopolio en los mercados de búsquedas online y de anuncios de texto en búsquedas, se produjo tras un juicio de 10 semanas celebrado el año pasado. La empresa ha dicho que tiene previsto apelar. El juez estableció una vista de dos dos semanas en abril para decidir qué cambios debe hacer Google para corregir sus prácticas ilegales y tiene previsto emitir una sentencia definitiva para agosto de 2025.

Los organismos estatales recomiendan al juez que se le obligue a Google a conceder licencias de los resultados y datos de su motor de búsqueda, así como a dar a los sitios web más opciones para evitar que sus contenidos sean utilizados por los productos de inteligencia artificial de Google, según fuentes del medio.

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Las autoridades antimonopolio también están dispuestas a proponer a Google que desvincule su sistema operativo Android del resto de sus productos, incluyendo las búsquedas, su tienda de aplicaciones para móviles, y a compartir información con los anunciantes para ofrecerles más control sobre dónde aparecen sus anuncios.

Si se requiere finalmente la venta de Chrome, una situación que a priori resulta difícil que se produzca, habría que encontrar un comprador interesado que se lo pueda permitir. Entre ellos Amazon podría ser uno de los nombres, pero claro, también se enfrentan a casos antimonopolio que impedirían una operación de tal envergadura.

“Mi opinión es que esto es muy poco probable”, dijo Mandeep Singh, analista de Bloomberg Intelligence. Pero también añadió que podría ver un comprador como OpenAI, responsables de ChatGPT. “Eso le daría tanto distribución como un negocio de anuncios para complementar sus suscripciones de chatbot para consumidores”.

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La Comisión Europea (CE) acaba de anunciar la imposición de una multa de 797,72 millones de euros a Meta, la compañía matriz de Facebook, por infringir las normas antimonopolio de la Unión Europea, específicamente las relativas a prácticas comerciales desleales y abuso de posición dominante.

La razón detrás de dichas vulneraciones de la normativa giran en torno a la vinculación obligatoria entre su servicio de anuncios clasificados Facebook Marketplace y la red social Facebook, además de a la imposición de condiciones comerciales injustas a otras plataformas publicitarias.

Los hallazgos de la Comisión Europea

El proceso que ha desembocado en esta multa comenzó con una investigación ya en junio de 2021; ahora, la Comisión Europea ha concluido que Meta ocupa una posición dominante en el mercado de redes sociales personales y en los mercados nacionales de publicidad gráfica online dentro de la Unión Europea.

Aprovechándose de esta posición, Meta habría abusado de su poder al vincular Facebook Marketplace, su plataforma de compraventa de productos, a su red social principal (Facebook), de tal manera que todos los usuarios de ésta última tienen acceso automático a Marketplace y están regularmente expuestos a sus anuncios, independientemente de que lo deseen o no.

Esta integración proporciona a Marketplace una ventaja de distribución significativa frente a otras plataformas de anuncios clasificados, que se ven incapaces de igualar el alcance de Facebook.

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Además, según la Comisión, Meta también impuso condiciones comerciales desleales a proveedores de servicios de anuncios online que se anuncian en Facebook e Instagram. Estas condiciones permitieron a Meta utilizar los datos obtenidos a través de terceros anunciantes para beneficiar exclusivamente a Facebook Marketplace, limitando así la capacidad de sus competidores para competir en igualdad de condiciones.

Objetivos y consecuencias de la multa

La Comisión Europea ha ordenado a Meta poner fin de inmediato a dichas prácticas, así como abstenerse de realizar en el futuro acciones similares a éstas, lo que incluye cualquier conducta con "un objetivo o efecto equivalente" a las infracciones detectadas.

Margrethe Vestager, vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de la cartera de Competencia, ha hecho hincapié en la gravedad de las prácticas de Meta ("Estas prácticas son ilegales y deben terminar de inmediato") y ha subrayado que la multa refleja tanto la duración como la gravedad de las infracciones cometidas, además de haberse tenido en cuenta el volumen de negocio de Facebook Marketplace.

Con ello, queda claro que la multa busca garantizar un efecto disuasorio sobre futuras prácticas similares, y dejar clara la determinación de la Unión Europea por regular las prácticas de los gigantes tecnológicos en su territorio.

Este caso también podría abrir la puerta a más investigaciones similares contra otras plataformas digitales que operan en Europa. Meta, por su parte, no ha emitido aún una declaración oficial sobre la decisión de la Comisión. Es probable que la compañía busque apelar la sanción en los tribunales europeos, lo que podría prolongar el litigio durante varios años.

Imagen | Marcos Merino mediante IA + Logo de Meta

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