Las redes sociales no son territorio ajeno a la política (de hecho, podría decirse que están más politizadas que otros ámbitos), así los enfrentamientos verbales en plataformas como X entre cargos públicos y ciudadanos se han convertido en parte del paisaje habitual.

Pero, ¿qué ocurre cuando un ministro publica mensajes ofensivos desde su cuenta y es demandado por ello? ¿Debe responder ante el Tribunal Supremo por su condición de aforado, o puede ser juzgado por la Justicia ordinaria, como cualquier ciudadano?

Este dilema ha encontrado respuesta en un auto dictado el 18 de julio de 2025 por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. Todo comenzó cuando el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, fue demandado por el periodista Javier Negre por una serie de publicaciones en X que este consideró difamatorias que atentaban contra su derecho al honor…

El origen del conflicto

Entre enero y julio de 2024, Puente publicó en su cuenta personal de X una serie de mensajes dirigidos a Negre, en el que insertaba apodos como "El condenas" y otras expresiones que el periodista calificó como "injuriosas, falsas y difamatorias". Como los ministros están aforados, Negre presentó su demanda directamente ante el Tribunal Supremo, solicitando una indemnización de 8.000 euros, la retirada de los mensajes, y una disculpa pública tanto en prensa como en la propia red social.

Sin embargo, el Supremo se declaró incompetente en este caso. ¿Por qué?

Aforamiento, sí… pero con límites

El aforamiento, contemplado en el artículo 56.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), otorga a determinados altos cargos del Estado la posibilidad de ser juzgados únicamente por el Tribunal Supremo en caso de delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Pero ese privilegio no es ilimitado, ni tampoco automático.

En su auto, los magistrados Ignacio Sancho Gargallo (presidente), María Ángeles Parra Luján (ponente) y José Luis Seoane Spiegelberg determinaron que los mensajes de Puente no fueron realizados "en el ejercicio de las funciones propias del cargo ministerial", sino como un ciudadano particular.

Incluso el propio Puente reconoció en su defensa que sus intervenciones en la red social eran a título personal y en respuesta a ataques ideológicos del demandante. Es decir, no actuaba como ministro, sino como individuo.

Y ahí está la clave: en el reconocimiento de que no todo lo que dice un ministro tiene carácter institucional.

En Genbeta

Sánchez afirma que "no se puede ir por la calle con careta" para criticar el anonimato en redes. Pero en España sí se puede

"No puede ser la red social X la que decida"

En su fundamentación, el Supremo fue tajante: "No puede ser la red social X la que decida cuándo la actuación de un dirigente político ha sido realizada en el ejercicio de su cargo".

En otras palabras, el hecho de que un mensaje se publique desde una cuenta que mencione el cargo oficial, o el mero hecho de que el autor ostente dicho cargo, no convierte automáticamente esas declaraciones en actos institucionales.

De hecho, hace pocas semanas el Supremo ya emitió un dictamen sobre un caso muy similar (que afectaba a una parlamentaria), y profundizaba en ese momento a las referencias a la capacidad decisoria de X:

"El hecho de que la cuenta de la demandada en la red social X tenga una marca de verificación gris no puede ser determinante de que la actuación de la demandada lo fuera en el ejercicio de su cargo de diputada y, por tanto, sea aplicable el aforamiento".

"No puede ser la empresa del señor Elon Musk la que, mediante el cobro del correspondiente precio, decida cuando una actuación de un dirigente político que tiene la cualidad de diputado ha sido realizada en el ejercicio de su cargo".

En el caso de Negre vs. Puente, el auto anuló todas las actuaciones previas y remitió el caso a los Juzgados de Primera Instancia, dejando a Negre en libertad de presentar allí su demanda. Curiosamente, el propio demandante ya había solicitado previamente al Supremo que se declarase incompetente, lo que refuerza la lógica de la resolución.

Los cinco criterios del Supremo

El fallo sienta un precedente relevante y establece cinco criterios orientadores para determinar si una declaración de un cargo público debe entenderse como institucional o personal:

1. Carácter personal de la declaración: Si las afirmaciones se realizan fuera del contexto institucional, aunque traten temas políticos, no están cubiertas por el aforamiento.
2. Desvinculación del cargo: Las manifestaciones deben estar claramente separadas de las funciones propias del Ministerio.
3. Conflicto previo ajeno al cargo: Si el enfrentamiento entre las partes precede a la toma de posesión, la declaración se presume personal.
4. Reconocimiento del autor: La admisión por parte del político de que actuó como ciudadano particular tiene peso jurídico.
5. Uso de cuentas oficiales no es determinante: El contenido y el contexto pesan más que la etiqueta institucional del perfil desde el que se publica.

Una advertencia para los cargos públicos

Este caso marca un antes y un después en la interpretación del aforamiento en la era digital. El mensaje es claro: el privilegio de ser juzgado sólo por el Supremo no se extiende automáticamente a todos los actos de una autoridad, y mucho menos si estos se dan fuera del marco funcional del cargo.

En tiempos en los que las redes sociales se han convertido en herramientas clave para la comunicación política, el fallo pone límites claros al uso de esas plataformas por parte de ministros y otros altos cargos.

Vía | Confilegal

Imagen | Marcos Merino mediante IA

En Genbeta | Así puedes denunciar el bullying y ciberacoso en las principales redes sociales

Google se enfrenta a un tsunami legal en Europa con reclamaciones por daños que ascienden a más de 12.000 millones de euros, según ha podido confirmar el medio Bloomberg. Decenas de sitios web de comparación de precios de toda la Unión Europea han presentado demandas contra el gigante tecnológico, acusándolo de apropiarse de sus clientes mediante prácticas anticompetitivas.

Según explica el medio, estas demandas civiles están vinculadas a una decisión de la Comisión Europea de 2017, que impuso a Google una sanción de 2.400 millones de euros por aprovechar ilegalmente su posición dominante en el mercado de búsquedas para favorecer a su propio servicio de comparación de precios. Esta sentencia abrió la puerta a una oleada de demandas conocidas como "acciones de seguimiento", que se retrasaron durante años mientras Google apelaba la decisión.

Google acumula más de 12.000 millones de euros en demandas civiles europeas

Sin embargo, el año pasado un tribunal confirmó que la empresa había violado las leyes antimonopolio, lo que significa que los demandantes europeos ya no tienen que demostrarlo en los tribunales. Muchos de estos casos están ahora avanzando rápidamente.

Bloomberg ha identificado al menos 12 casos civiles en siete países europeos. Aunque no todos los tribunales y partes implicadas han revelado las cantidades reclamadas, el valor de nueve de estas demandas ya supera los 12.000 millones de euros.

En Genbeta

Encontrar vuelos baratos: Google, Expedia y Skyscanner tienen muchos datos gracias a sus buscadores y han compartido algunas claves

Entre los casos más destacados se encuentran varias demandas que pronto llegarán a los tribunales. A finales de junio, un juez en Londres revisará una demanda por 1.000 millones de libras (aproximadamente 1.600 millones de euros) presentada por el sitio británico Kelkoo; en septiembre le tocará el turno a un tribunal de Ámsterdam que escuchará una demanda interpuesta por la empresa holandesa Compare Group; y en noviembre está programado en Berlín un caso de 3.300 millones de euros interpuesto por Idealo, propiedad de Axel Springer. Entre otras demandas también se incluye una de 2.100 millones de euros del sitio web sueco Pricerunner, ahora propiedad de Klarna, y una demanda de 500 millones de euros del sitio web polaco Ceneo.

Tal y como afirma el medio, a medida que pasa el tiempo, algunos demandantes han incrementado sus demandas y contratado financiadores externos para litigios, alegando que Google continúa violando las leyes antimonopolio al manipular los resultados de búsqueda y no cumplir con la orden de la UE de 2017. Esto, según afirman, ha permitido al gigante tecnológico dominar injustamente el tráfico web y los beneficios.

La respuesta de Google

Google rechaza categóricamente estas acusaciones. La compañía sostiene que la solución que introdujo en 2017 para mostrar anuncios de sitios de comparación de precios ha funcionado bien. Un portavoz de Google afirmó al medio que la empresa no diferencia entre su propio servicio de compras y los de sus competidores, señalando que más de 1.550 sitios de comparación de precios en Europa utilizan actualmente su sistema de visualización, frente a solo siete en 2017.

"Discrepamos firmemente de estas demandas, que son presentadas por empresas que buscan un pago en lugar de invertir en sus propios productos", declaró un portavoz de Google.

En Genbeta

Trabajar en Google era todo un sueño para muchos. Se está desvaneciendo rápidamente con estas prácticas

Un historial de multas

Este nuevo frente civil se suma a las cuantiosas multas administrativas que la UE ha impuesto a Google en los últimos años, que alcanzan aproximadamente los 8.000 millones de euros. Además de las sanciones mencionadas, Bruselas también penalizó a la compañía en 2018 con 4.340 millones de euros por abusos relacionados con Android y con otros 1.490 millones de euros en 2019 por prácticas restrictivas en sus contratos publicitarios. Google ha recurrido activamente estas decisiones, incluso ha conseguido reducir la cantidad y hasta una anulación parcial que la Comisión Europea podría recurrir.

En Estados Unidos, Google también se ha enfrentado a la justicia, siendo el último caso el referente a Chrome en el que el tribunal de justicia acusaba al gigante tecnológico por prácticas anticompetitivas.

Imagen de portada | Alex Dudar

En Genbeta | Bill Gates tenía un plan para aplastar a Google. Sufrió una brutal derrota incluso donde Microsoft dominaba

A lo largo de los últimos años, firmas como HP, Epson, Canon o Brother, entre otras tantas, han protagonizado diversas polémicas derivadas de sus actualizaciones de firmware en impresoras, las cuales han limitado el uso de cartuchos de tinta de terceros en sus impresoras. Este problema es muy común, ya que los cartuchos de tinta son la herramienta que tienen las compañías para generar ingresos, más que la venta de sus impresoras.

Que HP y otras firmas limiten el uso de algunas de sus impresoras a utilizar solamente cartuchos de tinta originales no es nada nuevo y hay casos judiciales que llevan persiguiendo esto durante años. En este sentido, un reciente acuerdo judicial en California llama la atención, sobre todo, por el hecho de que todo queda en que HP no tendrá que compensar a sus usuarios. 

Un acuerdo sin admisión de culpa

El caso, seguido por el medio Ars Technica, comienza en noviembre de 2020, cuando se lanzó una actualización de firmware que impedía el funcionamiento de cartuchos y tóners no fabricados por HP. Este cambio fue impugnado inicialmente mediante una demanda colectiva interpuesta por Mobile Emergency Housing Corp. y Performance Automotive & Tire Center. Los demandantes argumentaban que, al restringir la compatibilidad con cartuchos de terceros, "HP forzaba a sus clientes a adquirir únicamente productos oficiales, afectando la libertad de elección y la competencia en el mercado".

En Genbeta

Probé lo de "compra una impresora nueva, es más barato que comprar la tinta de otra". No me ha salido bien

Tras varios años de litigio, en agosto de 2024, se llegó a un pacto entre las partes. En un documento oficial publicado por HP, la firma declara lo siguiente:

"En la demanda, los demandantes alegan que Dynamic Security hacía que las impresoras dejaran de funcionar si utilizaban determinados cartuchos de tóner que no eran de HP. HP niega haber hecho nada malo. En virtud del acuerdo, HP se compromete a seguir informando sobre el uso de Dynamic Security y a seguir ofreciendo a los usuarios de impresoras la opción de instalar o no actualizaciones de firmware que incluyan Dynamic Security".

A pesar de que HP no reconoce ninguna conducta ilícita ni se compromete a indemnizar económicamente a los usuarios afectados por la actualización de noviembre de 2020, la compañía aceptó abonar una suma de 5.000 dólares a tres entidades que representaron a las clases demandadas. Además, HP se comprometió a sufragar 725.000 dólares en honorarios legales y otros gastos relacionados con el proceso.

La pesadilla de las medidas de "Dynamic Security" de HP, las cuales incluyen actualizaciones de firmware para bloquear el uso de cartuchos de tinta de terceros, seguirá vigente. La parte buena es que los usuarios pueden rechazar futuras actualizaciones de firmware y, según el acuerdo, HP seguirá informando de manera clara a los usuarios de ciertos modelos de impresoras –las de su gama “Class Printers”– sobre la recopilación de datos y la aplicación de estas medidas, además de que permitirá a los propietarios decidir si desean instalar dichas actualizaciones.

El pacto se aplica únicamente a usuarios estadounidenses que cuenten algún modelo de la serie HP Color LaserJet, entre los que se encuentran, por ejemplo, la HP Color LaserJet Pro M254DW, la HP LaserJet Pro M404DW, o la HP Color LaserJet Pro MFP M281CDW, entre otros. Estos dispositivos fueron los afectados por la actualización de 2020, mientras que otros equipos con restricciones similares no se recogen en este acuerdo. La compañía ha señalado que, en el caso de impresoras fabricadas antes del 1 de diciembre de 2016, es posible desactivar las medidas de Dynamic Security.

Además, en las páginas web de HP se advierte a los usuarios que algunos modelos funcionarán exclusivamente con cartuchos que solo incorporen un chip HP, y que las actualizaciones de firmware se aplicarán de forma periódica, lo que podría llegar a inutilizar cartuchos que en un principio eran compatibles. En ciertos programas, como Instant Ink, la activación de las actualizaciones automáticas es obligatoria, lo que podría derivar en la pérdida repentina de la compatibilidad con cartuchos de terceros en modelos recientes.

No es el único caso en el que ha estado envuelto HP

Este acuerdo es solo uno de varios episodios legales en los que HP se ha visto envuelta. En 2022, la compañía aceptó abonar 1,35 millones de dólares a usuarios europeos y en 2020 la Autoridad de Competencia italiana le impuso una multa de 10 millones de euros. Asimismo, en 2019 se alcanzó un acuerdo similar en California, y en Australia se pagó una compensación modesta de unos 50 dólares australianos a los afectados en 2018.

Por otra parte, actualmente se tramita otra demanda colectiva en el Distrito Norte de Illinois que se centra en las actualizaciones de Dynamic Security lanzadas a finales de 2022 y principios de 2023. Esta reclamación acusa a HP de monopolizar el mercado de cartuchos de reemplazo y exige, entre otras medidas, el cese de dichas prácticas.

En Genbeta | Una actualización de Windows está provocando un gran fallo en las impresoras: comienzan a imprimir 'solas'

Este último año ha estado especialmente plagado de polémica en lo que al bloqueo de contenidos no autorizados por LaLiga se refiere. Y es que desde que la organización consiguió autorización judicial para identificar a todos aquellos usuarios que hacían cardsharing para retransmitir los partidos de LaLiga, los foros se han llenado con publicaciones de cartas con multas que han llegado a varias casas españolas.

En un primer momento, el mandato judicial iba dirigido únicamente a cardsharers, tal y como informa esta publicación del Consejo General del Poder Judicial. Sin embargo, la posterior interpretación de Tebas de ese auto afirmando que también afectaría a usuarios finales, y el nuevo auto donde se especifica que todo usuario que utilice Ace Stream pueda quedar afectado, complicaba mucho más las cosas.

Un nuevo auto que permite a LaLiga obtener los datos de tráfico del usuario

De esta manera, actualmente LaLiga, en colaboración con las teleoperadoras, tienen el poder para identificar a cualquier usuario final que utilice Ace Stream para ver los partidos de LaLiga de manera no autorizada. No solo esto, sino que además de obtener la dirección IP, número de teléfono, dirección, tráfico web y más datos del usuario que infrinja los términos de ese mandato judicial, a los afectados les podría llegar una demanda de conciliación previa en forma de carta con una determinada suma de dinero a pagar por los daños.

La nueva autorización judicial permite que el organismo pueda identificar semanalmente las direcciones IP de los usuarios que accedan a sus contenidos utilizando plataformas como Ace Stream, un reproductor multimedia con características de IPTV que actualmente se encuentra bloqueado en España (por quejas desde LaLiga).

La razón por la que hemos conocido ahora esta autorización judicial es porque ha trascendido que LaLiga ha iniciado una nueva campaña de 'cartas multa', en las que pide 262 € a los usuarios de Ace Stream que haya logrado identificar visualizando partidos de fútbol a cambio de evitar una demanda.

En dichas cartas, se explica que LaLiga cuenta con "una herramienta informática que, entre otras funcionalidades, permite recopilar las direcciones de IP conectadas a un concreto canal o 'ID' de 'Ace Stream' en un momento temporal concreto".

En Genbeta

Esta es la lista de webs para ver fútbol gratis que LaLiga ha denunciado a la UE. Quiere acabar con ellas

Javier Prenafeta, abogado experto en derecho digital del bufete 451.legal, nos daba hace unos días una serie de consejos legales sobre cómo reaccionar a este tipo de cartas de LaLiga. Según Prenafeta, ni es obligatorio asistir a la conciliación, ni responder a las preguntas ni pagar el importe. De hecho, abonar el importe se podría interpretar como "una conformidad y reconocimiento de la actuación ilícita".

Además del propio reproductor de Ace Stream, existen multitud de sitios web y herramientas que utilizan el motor de este reproductor para que los usuarios puedan visualizar los partidos gratis de LaLiga. Recuerda, ahora LaLiga tiene todo el poder de monitorizar tu actividad y tráfico web si utilizas este tipo de herramientas. Y es que para el organismo, Ace Stream es “una nueva modalidad de piratería en la que todos los integrantes del esquema obtienen un beneficio económico mediante el acceso y la redifusión de los contenidos audiovisuales de LaLiga de forma ilícita”.

Además de utilizar el mismo reproductor de Ace Stream, los usuarios pueden acabar siendo monitorizados si utilizan herramientas como DuckVision (con retransmisiones basadas en Ace Stream), o add-ons de Kodi donde utilicen el motor de Ace Stream para la emisión de estos partidos, entre otros sitios web que hagan uso de esta misma técnica para la emisión de estos contenidos.

Estar expuesto a que LaLiga pueda obtener el tráfico web del usuario si se utiliza Ace Stream o alguna herramienta similar, significa que posteriormente el usuario podría recibir en casa una demanda de conciliación previa donde se le indique pagar una cantidad de dinero, cantidad que, según las cartas publicadas en foros, ronda desde 260 a 450 euros.

De esta manera, si el usuario opta por seguir utilizando estas herramientas para reproducir contenidos de forma no autorizada, la única baza para que la operadora no pueda obtener datos de su tráfico web es por medio de una VPN que enmascare su dirección IP y todo el tráfico pase por un túnel privado.

En Genbeta | Estos son los peligros de usar una lista IPTV comprada en Internet: lo barato tiene sus riesgos

Después de 16 años de disputas legales y cientos de millones de euros en juego, el Tribunal Constitucional ha ratificado la absolución de los fundadores de SeriesYonkis, la famosa página de enlaces a contenido audiovisual no autorizado.

La decisión de la Sala Segunda rechaza definitivamente los recursos presentados hace unos meses por grandes productoras como Warner o por entidades de gestión de derechos como EGEDA, que buscaban obtener indemnizaciones multimillonarias y sanciones penales para los responsables de la página.

Una década de litigios por derechos de autor

SeriesYonkis nació hace 17 años y rápidamente se convirtió en una de las plataformas líderes de descarga de series y películas en España. Su propuesta consistía en redirigir a enlaces externos donde los usuarios podían acceder al contenido...

...lo que pronto atrajo la atención de las productoras cinematográficas y televisivas, que iniciaron diversas acciones legales por presunta violación de derechos de autor, exigiendo tanto la eliminación del sitio como sanciones económicas y penales para sus administradores.

En ese contexto, en 2019, un juzgado de la Región de Murcia emitió una sentencia favorable a los acusados, argumentando que no existían pruebas de que los responsables de la plataforma fueran conscientes del carácter ilícito de los enlaces publicados.

En Genbeta

Qué fue de SeriesYonkis, la principal web de enlaces a descargas del Internet español… que estuvo a punto de fusionarse con Filmin

El recurso al Constitucional

La sentencia inicial de 2019 constituyó un revés para las grandes productoras, por lo que apelaron ante instancias superiores. Sin embargo, no fue hasta marzo de 2024 que el Tribunal Constitucional admitió a trámite un recurso de amparo presentado por EGEDA y otros colectivos de derechos de autor.

La defensa de los fundadores de SeriesYonkis insistió en que la actividad de la página no violaba la ley vigente en su momento, ya que, hasta la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual de 2015, el mero hecho de enlazar a contenidos en sitios externos no se consideraba delito en España.

Este argumento había sido respaldado consistentemente por los tribunales murcianos, que se negaron a aplicar retroactivamente la ley de 2015 en un contexto legal diferente.

Así, en su resolución definitiva, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional rechazó por unanimidad los recursos presentados por EGEDA y otras entidades. En una decisión que unió a magistrados de distintas orientaciones, el alto tribunal español confirmó la sentencia de absolución y sostuvo que no existía una violación de los derechos de propiedad intelectual por parte de SeriesYonkis.

Un revés millonario (y legal) para las productoras

Las productoras reclamaban sumas colosales en concepto de compensación económica: la Fiscalía solicitó 167 millones de euros en daños y EGEDA elevó esta cifra a 546 millones. Sin embargo, la justicia española, en todas las instancias, ha sostenido que la actividad de SeriesYonkis no constituyó un delito conforme a la normativa vigente en su época, rechazando así cualquier posibilidad de resarcimiento económico.

Además, la decisión del Tribunal Constitucional cercena así el último intento de aplicar leyes de copyright de manera retroactiva, y sienta precedente ante casos similares, al delimitar el ámbito de responsabilidad de las plataformas de enlaces.

En Genbeta

La victoria de Series.ly y SeriesYonkis en los tribunales nos recuerda que cambiaron la ley para intentar derrotarles. Era tarde

Netflix vs. EGEDA

Para muchos, SeriesYonkis representaba entonces una vía de acceso a contenido audiovisual que, en muchos casos, sencillamente no estaba disponible en plataformas autorizadas en ese momento, o lo estaba a precios prohibitivos. La evolución de las plataformas de streaming (y los cambios en los hábitos de consumo que éstas han generado desde entonces) han hecho más por acabar con el modelo de SeriesYonkis que muchas normativas.

Imagen | Marcos Merino mediante IA + Imagen oficial de SeriesYonkis

En Genbeta | Pese a las subidas de precios de Netflix, las descargas de torrents y otros P2P han bajado mucho en España. Estas son las cifras

El gigante del comercio online podría enfrentarse a una multa multimillonaria tras haber sido acusada por permitir la venta de cientos de miles de productos que violan las leyes medioambientales de Estados Unidos. Uno de los productos más vendidos de esta categoría habrían sido supuestamente dispositivos para la práctica del ‘rolling coal’, que consiste en instalar un dispositivo que manipula el motor para hacer que bombee más diésel hasta conseguir que el vehículo emita una gran nube negra de hollín contaminante.

Este tipo de dispositivos se utilizan sobre todo en Estados Unidos como símbolo de protesta contra las leyes medioambientales y como respuesta ante la proliferación de coches híbridos y eléctricos. Estos no serían los únicos dispositivos ilícitos que se habrían vendido desde Ebay, ya que hay indicios de otros productos contaminantes.

Una demanda presentada por la Agencia de Protección Medioambiental

La Agencia de Protección Medioambiental en Estados Unidos se encargó de presentar una demanda ante el Departamento de Justicia contra la empresa, asegurando que Ebay habría permitido la venta de más de 343.000 dispositivos para la práctica del ‘rolling coal’. Cada venta podría suponerle a Ebay una multa de hasta 5.580 dólares a favor de la Ley para el Aire Limpio impuesta en Estados Unidos.

La suma podría ascender a un total de casi 2.000 millones de dólares. El gigante del comercio electrónico denegó los cargos en un comunicado público, afirmando que ha bloqueado más del 99,9% de los productos citados por el Departamento de Justicia, incluyendo “millones de listados al año”.

En Genbeta

"No tiene justificación legal": la SEC demanda a Elon Musk por negarse a comparecer en el caso de la compra de acciones de Twitter

En la página 61 de la denuncia del Departamento de Justicia se pueden encontrar capturas de pantalla de los dispositivos de manipulación que Ebay habría permitido vender en su tienda. Estos dispositivos son solo algunos de los que se usan para deshabilitar los sistemas de control de emisiones preinstalados en los vehículos.

Bajo la Ley para el Aire Limpio de Estados Unidos, la venta de estos productos está penada por ley. De hecho, algunos estados como los de Nueva Jersey, Maryland o Maine, han prohibido esta práctica.

Además de los productos de ‘rolling coal’, el fiscal advierte que Ebay habría permitido también la venta de más de 5.600 decapantes de cloruro de metileno y al menos 23.000 plaguicidas prohibidos, estando ambos prohibidos por la Agencia de Protección Medioambiental debido al riesgo que causan para la salud.

"eBay tiene el poder, la autoridad y los recursos para detener la venta de estos productos ilegales y nocivos en su sitio web. Ha decidido no hacerlo,” según apunta la fiscalía. En el comunicado público, Ebay calificaba esta demanda como “sin precedentes”, afirmando que se defendería a sí misma enérgicamente.

Tras conocerse la demanda, las acciones de Ebay cayeron un 1,6% según apuntan desde Reuters. Tendremos que esperar para conocer cuál será el procedimiento.

En Genbeta | Compró un portátil de 1.000 € y recibió otro de 5.000 €: esta clase de errores no es infrecuente en las compras online

Binance, considerada por su escala como la mayor empresa de criptomonedas del mundo, ha recibido una extensa demanda de unas 136 páginas de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). El organismo regulador estadounidense ha formalizado varias acusaciones contra su CEO y fundador, Changpeng Zhao, y contra otros 13 altos ejecutivos por haber incumplido la ley en numerosos aspectos.

El documento detalla una gran cantidad de información sobre Binance y su compleja forma de operar. Las acusaciones de la SEC podrían ir más allá según algunos expertos, indicando que el tema podría llegar a la mesa del Departamento de Justicia debido a las serias acusaciones.

Un ataque directo a Binance

Entre las acusaciones de la SEC se encuentra el hecho de que Binance, empresa que ingresa 11.600 millones de dólares, opere sin licencia en Estados Unidos. Al parecer, esto sería algo premeditado por la propia compañía, siendo la falta de registro algo realizado "a propósito" según la SEC.

Tal y como menciona Gary Gensler, presidente de la SEC, "Zhao y trece cargos de Binance se involucraron en una extensa red de engaño, conflictos de intereses, falta de divulgación y evasión calculada de la ley".

En Genbeta

Cuatro programadores se encargan de implementar cambios en bitcoin. Eran muchos más pero todos acaban quemados y tienen razones

La demanda de la SEC es un completo ataque directo a la empresa cripto. Tal y como describe el organismo "engañaron a los inversores sobre sus controles de riesgo y corrompieron los volúmenes de negociación mientras ocultaban activamente quién estaba operando la plataforma". Además, según la SEC, se "puso en riesgo la seguridad de miles de millones de dólares de capital de inversores estadounidenses, a merced de Binance y Zhao".

El organismo regulador acusa a Binance también de aprovecharse del dinero de sus clientes para sus propias operaciones, un caso muy similar al de FTX. La acusación viene apoyada por múltiples pruebas de la SEC donde se muestran estas prácticas entre 2019 y 2022.

Como cabía esperar, la opinión de su fundador, Changpeng Zhao, quien suele ser muy activo en Twitter, ha sido muy contraria a la SEC, calificando de "un ataque a toda la industria" las serias acusaciones del organismo. Y es que en la demanda no solo aparecen acusaciones contra Binance sino que también se mencionan criptomonedas como Solana, Cardano o Matic por ser consideradas como activos financieros sin registrar.

A través de un comunicado oficial, Binance califica de "acciones equivocadas" las acusaciones de la SEC y aseguran haberse unido a otros proyectos que se enfrentan a esta demanda. Según Binance, las acusaciones han llegado después de "una amplia cooperación y de recientes negociaciones de buena fe", afirmando que defenderán su negocio ante el regulador estadounidense y colaborarán con cualquier legislador en todo el mundo.

Imagen | CNN Español

En Genbeta | Minar bitcoin en el Himalaya sale muy rentable gracias a las renovables. Por ello, Bután lleva años haciéndolo en secreto

Recientemente, desde Twitter han publicado un nuevo informe de transparencia, siendo un total de 20 los que han hecho durante los últimos 10 años. En este tipo de informes solemos encontrar datos interesantes sobre el uso e interacción de Twitter a nivel social y político. En este caso, la compañía remarca el aumento de las demandas por parte de varios de los gobiernos de todo el mundo para acceder a información de usuarios en la red social.

La compañía asegura que el número de demandas legales efectuadas se sitúa en una cifra récord: casi 60.000 en un periodo de seis meses durante el pasado año. Desde gobiernos locales, estatales y nacionales, son muchos los que decidieron contactar con la compañía para eliminar contenido en las cuentas de los usuarios o conseguir información confidencial como mensajes directos o datos de localización.

Los gobiernos utilizan cada vez más Twitter para obtener o eliminar información de personas

Tal y como afirma la compañía, Estados Unidos se posiciona en primer lugar en cuanto a la cantidad de veces que su gobierno le ha pedido a Twitter revelar información confidencial de sus usuarios. Sus demandas suponen el 20% del total, seguido muy de cerca de India. Desde Twitter aseguran que cumplieron estas demandas en un 40% de los casos. España se encuentra en décima posición.

Una lista con los gobiernos que más han solicitado a Twitter información confidencial de usuarios. Imagen: Twitter

"Estamos viendo que los gobiernos cada vez utilizan tácticas legales más agresivas para desenmascarar a las personas que usan nuestro servicio, recopilar información sobre los propietarios de las cuentas y también usar demandas legales como una forma de tratar de silenciar a las personas". Yoel Roth, jefe del departamento de seguridad e integridad en Twitter.

En Genbeta

Los datos de 5,4 millones de cuentas de Twitter han sido filtradas, incluyendo sus email y números de teléfono

En lo que respecta a demandas legales para la eliminación de contenido en cuentas de Twitter, Japón se posiciona en primer lugar, con más de 23.000 peticiones, seguida por Rusia y Corea del sur.

La compañía también ha podido comprobar en las estadísticas el creciente número de peticiones de gobiernos para eliminar contenido de periodistas y cuentas de medios informativos verificados durante la segunda mitad de 2021. Además, también ha habido récord de demandas legales hacia periodistas y medios desde julio y diciembre del año pasado. Un total de 349 demandas, suponiendo un incremento del 103%.

Aunque ha supuesto un notable incremento, desde Twitter no han ofrecido información acerca de qué gobiernos han solicitado hacer uso de las herramientas de Twitter para eliminar contenido o demandar a periodistas y medios.

El pasado 11 de marzo, una juez de California dictaminó que Google debía hacer frente a una demanda colectiva que afirma que el gigante de las búsquedas recopila en secreto datos de los usuarios… incluso cuando éstos hacen uso de sistemas de navegación privada (como el 'modo incógnito' del propio Google Chrome).

Todo empezó el pasado mes de junio, cuando tres usuarios presentaron una demanda por valor de 5.000 millones de dólares, que Google/Alphabet había estado intentando durante meses que fuera desestimado, hasta que la juez Lucy Koh estableció en su fallo que la compañía

"no notificó a los usuarios que Google participa en una supuesta recopilación de datos mientras el usuario se está en mdo de navegación privada".

Sundar Pichai, exento de declarar

Sin embargo, no todo le está yendo mal a Google: en las últimas horas se ha sabido que el CEO de su empresa matriz (Alphabet), ha sido excusado por otra juez de sentarse a declarar ante el tribunal por este caso.

El fallo de esta segunda juez alega que la orden del magistrado original no argumentaba que Pichai tuviera "un conocimiento personal directo" de los problemas denunciados, ni abordaba si los demandantes podrían haber obtenido la información buscada sin implicar necesariamente al CEO de Alphabet.

Los demandantes esperaban que las respuestas de Pichai a su interrogatorio podrían haberles ayudado a fundamentar sus acusaciones, pues sostienen que los documentos internos de Google demuestran que la compañía sabía que los usuarios que navegaban en modo "Incógnito" habían estado malinterpretando cómo de seguros estaban sus datos.

En Genbeta

Lo sentimos, Google, pero no podemos creerte del todo cuando hablas de privacidad

Durante los meses previos a que la juez Koh decidiera comenzar el juicio, Google había estado intentando argumentar que "'Incógnito' no significa invisible" y que sí avisaban al usuario de que

"la actividad [del mismo[ podía ser visible para los sitios web que visitan […] como indicamos claramente cada vez que se abre una nueva pestaña de incógnito".

José Castañeda, portavoz de Google, ha declarado que la compañía agradece la decisión de la juez: "Rebatimos enérgicamente las acusaciones de este caso, y continuaremos defendiéndonos de forma decidida".

Sin embargo, Lorraine Twohill, directiva de marketing de Google, sí deberá comparecer ante el tribunal para ser sometida durante un máximo de 4 horas al interrogatorio de los abogados de la parte demandante.

No es el único frente legal abierto para Google en lo que respecta a la privacidad

Se da la circunstancia de que Pichai ya eludió el mes pasado comparecer ante otro tribunal que acusa a Google de espiar a los usuarios de su navegador Chrome incluso después de que los afectados indicaron su negativa a compartir sus datos.

Y a Google todavía le queda afrontar demandas en Arizona, Texas, Washington, Indiana y Washington DC., en los que los demandantes acusan a la compañía del buscador de engañar a los consumidores para que divulguen sus datos de ubicación con el fin de personalizar mejor sus anuncios.

Via | Gadgets 360 & The Verge

Foto | Basa en original de Sam Churchill y en fotograma de 'A Few Good Men' de Columbia Pictures

"Acabo de agregar a Mark Zuckerberg como acusado en mi demanda contra Facebook", así comenzaba un tuit publicado hace unas horas (1:34 P.M. hora española) por Karl A. Racine, fiscal general de Washington DC.

"Nuestras pesquisas revelaron que [Zuckerberg] estuvo personalmente implicado en decisiones relacionadas con [el escándalo e] Cambridge Analytica y en los errores de Facebook a la hora de proteger los datos de los usuarios".

¿Qué tiene esto de especial? Al fin y al cabo, podemos pensar que ya se han presentado cientos de demandas en los últimos años contra Facebook. Sin embargo, en este caso el nombre de Zuckerberg aparece no sólo como CEO de la compañía, sino como imputado a nivel individual, lo que lo expone por primera vez al magnate de las redes sociales a posibles sanciones financieras e incluso penales.

Una polémica que sigue coleando

Recordemos que el caso Cambridge Analytica gira en torno a una consultora política que asesoró en varias campañas políticas de gran relevancia (la del Brexit y la de Trump de 2016), basando su trabajo en enormes cantidades de datos supuestamente privados de usuarios de Facebook, a los que la red social no había advertido adecuadamente sobre los usos que podían dar terceros a la información contenida en sus perfiles.

En Xataka

Cambridge Analytica fue un punto de inflexión para Facebook, el testimonio de Frances Haugen es aún peor

La citada demanda se presentó hace ya 3 años y, según Racine, desde entonces su oficina "ha revisado cientos de miles de páginas de documentos y completado una amplia gama de declaraciones, incluidos ex-empleados y denunciantes internos".

"Nos hemos tomado muy en serio nuestra obligación de investigar las infracciones, y Facebook debería asumir su responsabilidad de proteger a los usuarios con la misma seriedad".

Sin embargo Andy Stone, portavoz de Facebook, ha rechazado en unas declaraciones al New York Times estas acusaciones, calificándolas como "carentes de base" y anunciando que la compañía seguirá "defendiéndose con decisión y buscando centrarse en los hechos".

Esto significa que Facebook posiblemente haga uso de su capacidad para interponer una moción que permita desestimar la imputación de Zuckerberg.

Ya en 2019, cuando la Comisión Federal de Comercio de EE. UU. impuso a Facebook una de las mayores sanciones de su historia (5.000 millones de dólares), los abogados de la compañía lograron mantener a su CEO al margen del dicho acuerdo. Sin embargo, Racine considera que, en este caso,

"agregar al señor Zuckerberg a la demanda está plenamente justificado, y envía el mensaje de que cualquier líder corporativo, empezando por el mismo CEO, debería hacerse responsable de sus propias acciones".

El clima sociopolítico actual da alas a las pretensiones del fiscal general: los llamamientos por parte de los legisladores en favor de aprobar regulaciones más estrictas de las redes sociales se han intensificado en los últimos días, a raíz de las últimas filtraciones que revelaron la existencia de informes internos sobre cómo Instagram afectaba a la salud de los adolescentes.

Ahora, una victoria de la Fiscalía podría derivar en pagos de hasta 5.000 dólares para cualquiera de los 300.000 residentes en la capital estadounidense que puedan haberse visto afectados por esta violación de su privacidad.