LaLiga vuelve a situarse en el centro del debate sobre los límites entre la protección del copyright, por un lado, y el de la libertad de navegación y la privacidad, por otro.

Y es que, en una carta firmada junto con otras 36 organizaciones del sector audiovisual y deportivo europeo, la patronal española del fútbol profesional ha pedido a la Comisión Europea la adopción de una batería de medidas legislativas de gran calado: bloqueos de IP a escala continental, eliminación exprés de emisiones no autorizadas, y la obligación de que las VPN y otros intermediarios tecnológicos identifiquen a sus usuarios de forma verificable.

Una ofensiva continental contra la emisión no autorizada de eventos deportivos

La iniciativa surge del descontento con los resultados de la 'Recomendación sobre la lucha contra la piratería en línea de deportes y otros eventos en directo' adoptada por la Comisión Europea en 2023. Aquella recomendación, de carácter no vinculante, pretendía coordinar esfuerzos entre plataformas, proveedores de red y titulares de derechos para combatir la retransmisión ilegal de eventos deportivos.

Sin embargo, ahora los firmantes del nuevo manifiesto aseguran que la situación no sólo no ha mejorado, sino que se ha agravado: sólo el 3% de los contenidos no autorizados son retirados en menos de 30 minutos, mientras que el 81% de las emisiones de esa clase nunca llegan a ser interrumpidas.

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Afirman que, sólo en 2024, las pérdidas derivadas de la piratería ascendieron a 2.200 millones de euros en Italia, 1.800 millones en Alemania y 1.500 millones en Francia. En España, LaLiga estima un impacto anual de 600 a 700 millones de euros sólo en los clubes de fútbol profesional. 

Tres medidas clave: derribos en 30 minutos, bloqueos en tiempo real y control de identidad

La carta —dirigida a Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica, y a Glenn Micallef, comisario de Juventud, Cultura y Deporte— propone tres medidas legislativas de aplicación inmediata:

1. Eliminación exprés de contenidos ilegales: Los proveedores de servicios de Internet, plataformas de streaming y redes de distribución de contenido (CDN) estarían obligados por ley a retirar las transmisiones infractoras en un máximo de 30 minutos desde su notificación. La industria considera que este margen es incluso "una exigencia de mínimos", pues la tecnología actual permitiría hacerlo mucho más rápido.
2. Bloqueos dinámicos paneuropeos: LaLiga aboga por la creación de un sistema europeo similar al 'Piracy Shield' italiano, capaz de ejecutar bloqueos en tiempo real de dominios y direcciones IP asociadas a retransmisiones ilícitas. Este sistema implicaría que los operadores de telecomunicaciones en todos los Estados miembros impidieran automáticamente el acceso a los recursos bloqueados desde sus redes fijas y móviles. Es, en esencia, una expansión del modelo de bloqueo de IP que LaLiga ya aplica en España —y que ha sido criticado por afectar de manera masiva a sitios web legítimos—.
3. Identificación obligatoria de usuarios: La medida más polémica, sin lugar a dudas. La propuesta contempla que servicios como las VPN, CDN, plataformas de alojamiento y tiendas de aplicaciones mantengan registros de identidad verificable de sus clientes, al estilo del sistema Know Your Customer usado en banca y criptomonedas. El objetivo sería "saber quién está detrás" de un mal uso de estas herramientas. En la práctica, esto implicaría que los servicios de VPN, tradicionalmente usados para preservar la privacidad online, deberían vincular cada conexión a una identidad real.

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Denunciantes privilegiados

Los firmantes también reclaman que la Ley de Servicios Digitales (DSA) se aplique "de forma integral", y que los coordinadores nacionales de los Estados miembros concedan a entidades privadas como las ligas y estudios audiovisuales el estatus de 'denunciante de confianza', lo que les permitiría el privilegio de ordenar directamente la retirada o bloqueo de contenidos, sin necesidad de pasar por los procedimientos judiciales convencionales.

De materializarse, esto supondría extender a todo el continente la actual situación que sufre España: una delegación parcial de funciones de censura o supervisión digital en manos privadas, lo que ha despertado críticas entre defensores de los derechos digitales y organizaciones por la neutralidad de la red.

¿Seguridad jurídica o prohibición de la privacidad digital?

Los críticos advierten que el modelo propuesto se asemeja a un sistema de vigilancia preventiva en Internet. Obligar a los proveedores de VPN a identificar a sus usuarios atentaría contra la esencia de estas herramientas, diseñadas para garantizar la privacidad y la libertad de conexión. Por otro lado, las empresas del sector defienden que la medida es proporcional ante el auge del streaming ilegal y que el anonimato "no puede ser un escudo para el delito".

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El pulso que plantea LaLiga y sus aliados va más allá del fútbol o del entretenimiento. Se trata de un test crucial sobre qué modelo de Internet quiere Europa: uno centrado en la protección estricta de los derechos de autor, incluso a costa de la privacidad, o uno que preserve el anonimato y la neutralidad, aunque eso complique la persecución de los infractores.

La Comisión Europea deberá decidir si da el paso hacia una legislación vinculante que institucionalice el bloqueo de IPs y la identificación de usuarios en toda la Unión. De hacerlo, marcaría un precedente con implicaciones profundas para las libertades digitales, la soberanía tecnológica y la propia arquitectura de la red europea.

Vía | LaLiga

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Con el arranque de la temporada 2025/2026, el fútbol español no solo ha regresado a los estadios y televisores, sino también a los titulares por un tema muy distinto al deporte. LaLiga ha intensificado sus medidas contra la piratería digital y las emisiones ilegales, pero este año lo ha hecho de una manera que ha encendido un fuerte debate social: habilitando un canal de denuncias anónimas para que cualquiera pueda denunciar a bares que retransmitan partidos sin cumplir con los requisitos impuestos por LaLiga.

El trasfondo de los bloqueos en Internet

No es la primera vez que LaLiga protagoniza polémicas en torno a la protección de sus derechos audiovisuales. Desde la pasada temporada, se ha venido ganando la animadversión de muchos usuarios por los bloqueos masivos de direcciones IP durante los partidos, una medida que buscaba cortar de raíz las retransmisiones piratas, pero que, por su carácter indiscriminado, ha afectado a webs y servicios totalmente ajenos a las mismas.

Antes de eso, LaLiga estuvo detrás de un polémico intento de usar los móviles de los usuarios de su app oficial para espiar a los bares a los que acudían a ver los partidos.

El nuevo frente: los bares

Ahora, LaLiga vuelve a enfocarse en el sector de la hostelería. Según el organismo deportivo, los bares que emiten fútbol se benefician de un potente efecto de atracción: pueden incrementar hasta un 50% la afluencia de clientes y un 40% el consumo por persona. De modo que, para poder exhibir los partidos de manera legal, los establecimientos deben contratar el paquete LaLiga Bares, que cuesta desde 280 euros al mes.

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Pero, como era de esperar, muchos locales optan por buscar atajos: desde recurrir a servicios de IPTV fraudulentos o a compartir cuentas particulares. Así que LaLiga ha decidido responder con un mecanismo controvertido: un portal de denuncias anónimas.

Así reza el comunicado de LaLiga:

"Al denunciar las emisiones fraudulentas, los hosteleros no solo protegen la inversión en su propio negocio, sino que también garantizan una experiencia de calidad y confianza a sus clientes. Las primeras denuncias han llegado de hosteleros que quieren proteger la inversión en su negocio y competir en igualdad de condiciones".

"A ellas se suman las de aficionados, que se sienten engañados cuando un bar emite de forma ilegal un producto de baja calidad y, aun así, les cobra como si fuera legal".

Cómo funciona el canal de denuncias

Cualquier persona puede acceder a su portal de denuncias y señalar a un establecimiento. El formulario solicita datos básicos como el nombre del local y permite adjuntar fotos como prueba. Posteriormente, el equipo de LaLiga comprueba si la emisión carece de las señales oficiales, como el logo de LaLiga TV Bar, DAZN Bar o los iconos de operadores autorizados (Movistar, Orange, Vodafone, entre otros).

Si se confirma la infracción, LaLiga puede emprender acciones legales que conllevan desde sanciones económicas de hasta 75.000 euros hasta penas de prisión. Una perspectiva nada halagüeña para pequeños negocios.

El gran dilema de este sistema no reside tanto en su objetivo último (protección del sus derechos audiovisuales) como en el hecho de delegar en los ciudadanos la función de vigilancia y delación. La posibilidad de hacerlo de manera anónima abre la puerta a abusos: rivalidades entre bares, denuncias falsas motivadas por envidias personales o incluso errores de identificación.

Además, por otra parte, no está claro cómo se garantiza el anonimato: el comunicado de LaLiga habla de que el sistema es "100 % anónimo" y confidencial, pero no se explicitan medidas técnicas, legales o procedimentales para asegurar eso frente a posibles litigios futuros.

Imagen | Marcos Merino mediante IA

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Chema Alonso, conocido por su distintiva estética de hacker y por ser una de las caras más visibles de la transformación digital de Telefónica durante más de una década (hasta que le señalaron la puerta de salida el pasado mes de marzo), ha dado un inesperado giro profesional.

Su nuevo destino no es una startup, ni un laboratorio tecnológico, sino el mundo del fútbol: en concreto, ha sido el Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la RFEF quien lo ha incorporado como asesor de Innovación Tecnológica e Inteligencia Artificial.

El anuncio fue realizado por el nuevo presidente del CTA, Francisco Javier "Fran" Soto Balirac, en el marco de la presentación de su renovado equipo de trabajo ante la Comisión de Reforma del Sistema Arbitral. La noticia une dos mundos históricamente separados: la ciberseguridad y el fútbol profesional.

El reto: modernizar un sistema criticado

El arbitraje español ha sido durante años objeto de críticas constantes por parte de clubes, jugadores, entrenadores y aficionados. Las polémicas arbitrales, especialmente en torno al uso del VAR y a su 'relación privilegiada' con el Barça, han erosionado la confianza en la imparcialidad y precisión de los colegiados.

Ante esta crisis de legitimidad, Soto ha optado por una solución audaz: "Vamos a empezar de cero", declaró al presentar su nueva estrategia. Esa hoja de ruta pasa por incorporar perfiles de alto nivel tecnológico que puedan transformar de raíz el sistema arbitral. Y es en este contexto en el que se enmarca el fichaje de Alonso.

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¿Quién es Chema Alonso?

Ingeniero en informática, máster en Sistemas y Tecnologías de la Información y doctor en Seguridad Informática, Alonso ha sido una figura clave en el desarrollo de iniciativas de digitalización dentro de Telefónica. Bajo su liderazgo nacieron proyectos como Aura, el asistente virtual de la compañía, y Movistar Home, un dispositivo inteligente para el hogar.

Sin embargo, muchos de estos proyectos no lograron el impacto comercial esperado y fueron desmantelados recientemente junto con su equipo, marcando así el fin de su etapa en la teleco.

Aunque su legado tecnológico en Telefónica ha sido calificado como más efectista que transformador, lo cierto es que su reputación como 'evangelizador digital' sigue intacta. Es carismático, mediático y posee un perfil que encaja a la perfección con la necesidad del arbitraje de renovar su imagen pública.

La nueva cúpula arbitral

Chema Alonso no estará solo en esta transformación. El nuevo organigrama del CTA incluye a figuras reconocidas y experimentadas tanto en el arbitraje masculino como femenino, además del fútbol en modalidades menos mediáticas:

• Marta Frías Acedo liderará Relaciones Internacionales y portavocía. Con 21 temporadas en labores de arbitraje y una carrera internacional consolidada en FIFA y UEFA, su presencia busca visibilizar el papel femenino en el arbitraje.
• David Fernández Borbalán será el director técnico. Exárbitro internacional y formador en UEFA y FIFA, aporta experiencia y prestigio.
• Eduardo Prieto Iglesias estará al frente del VAR, herramienta que conoce a fondo tras años en el césped y en la sala de videoarbitraje.
• Yolanda Parga supervisará el arbitraje femenino, con un currículum que incluye Juegos Olímpicos y Mundiales.
• Álvaro Cid Bragado, con 30 años de experiencia, coordinará el arbitraje en fútbol sala, playa y silla de ruedas.

Este equipo multidisciplinar tiene el respaldo del presidente Soto, quien ha dejado claro que el objetivo es nada menos que una transformación sistémica del arbitraje.

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¿Qué aportará Chema Alonso?

La incorporación de Alonso abre la puerta a la implementación de tecnologías de IA en aspectos clave del arbitraje. Aunque todavía no se han detallado los proyectos específicos, su llegada plantea varias líneas potenciales de actuación:

• Optimización del VAR y otras herramientas tecnológicas para reducir tiempos de revisión y aumentar la precisión de las decisiones.
• Análisis predictivo y automatización de jugadas controvertidas, entrenando modelos de IA que asistan a los árbitros en tiempo real.
• Mayor transparencia de decisiones arbitrales mediante plataformas interactivas para clubes, medios y aficionados.
• Ciberseguridad y protección de los sistemas arbitrales frente a manipulaciones o accesos no autorizados.

Aunque algunos observadores se muestran escépticos sobre la capacidad de Alonso para traducir su visión tecnológica en resultados concretos, su presencia genera expectación.

¿Una jugada maestra o una apuesta arriesgada?

El fichaje de Chema Alonso no puede leerse solo como una decisión técnica. También es un movimiento estratégico de comunicación, en un momento donde la legitimidad del arbitraje y de la propia RFEF está en entredicho. Incorporar un perfil como el suyo, mediático y con prestigio tecnológico, ayuda a proyectar una imagen de modernización urgente y ambiciosa.

En este contexto, el arbitraje se convierte en campo de pruebas para aplicar tecnologías avanzadas que ya están presentes en otros sectores, como el bancario, las telecomunicaciones o la sanidad. Si el experimento tiene éxito, podría sentar precedentes a nivel internacional e influir en otros organismos deportivos.

Imagen | Marcos Merino mediante IA

En Genbeta | Tebas  aplaude la nueva norma francesa de bloqueo de webs, pero no menciona  que impone dos condiciones que el de LaLiga no cumple 

2025 ha supuesto un 'punto y aparte' para el torneo de Wimbledon, uno de los bastiones más tradicionales del tenis mundial: por primera vez en sus 147 años de historia, se ha disputado sin el auxilio de jueces de línea. O, mejor dicho: sin contar con jueces de línea humanos.

En su lugar, el campeonato había anunciado ya el pasado mes de octubre la adopción de un sistema automatizado llamado Live Electronic Line Calling (Live ELC), una evolución del ya conocido Ojo de Halcón, que detecta en tiempo real si una pelota es buena o mala mediante sensores, cámaras de alta velocidad y algoritmos de IA.

El objetivo declarado está claro: reducir errores humanos y agilizar el juego. Pero la polémica ha girado, más bien, en torno a las consecuencias no buscadas de esta decisión.

¿Qué ha reemplazado exactamente a los jueces?

El sistema Live ELC no solo determina si una pelota ha salido, sino que también canta las decisiones en voz alta mediante audios pregrabados. Esto incluye tanto las líneas como los servicios defectuosos. El sistema está activo en todas las canchas del torneo, desde las fases clasificatorias hasta la final.

La decisión de apostar por este cambio no se da en el vacío: tanto el Open de Australia como el US Open ya habían adoptado previamente este tipo de tecnología, dejando a Roland Garros como el último Grand Slam que sigue utilizando jueces de línea humanos... al menos hasta 2026, cuando se espera que ellos también se sumen a la nueva tendencia.

Las críticas de los protagonistas

Entre los tenistas que se han pronunciado está el británico Jack Draper, quien expresó dudas sobre la precisión del sistema tras su eliminación en segunda ronda:

"No creo que sea 100 % preciso. Algunas bolas dejaron marcas en la pista donde no deberían si hubieran sido malas".

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Emma Raducanu, también británica, fue incluso más crítica:

"Estoy segura de que hubo una pelota que dieron por buena y que fue mala. Es decepcionante que en el torneo haya decisiones incorrectas".

La máquina falla... y el fallo es "humano"

Uno de los momentos polémicos del torneo se vivió en el partido entre Anastasia Pavlyuchenkova y Sonay Kartal: durante un punto clave, el sistema electrónico permaneció desactivado accidentalmente durante tres puntos, y una pelota que claramente se fue larga no fue cantada como fuera.

Como ya no existe sistema de repetición, el punto tuvo que repetirse, lo que perjudicó a Pavlyuchenkova. "Me habéis quitado el juego", protestó ante el juez de silla.

Posteriormente, Wimbledon atribuyó lo ocurrido a un "error humano" de los operadores del sistema y ofreció disculpas a ambas jugadoras. Este episodio no ha hecho sino reavivar las voces que piden reintroducir algún sistema de revisión o mayor capacidad de decisión por parte de los jueces de silla.

¡Eficiencia! ¡Modernización!

Pese a todo, los organizadores del torneo han defendido con firmeza el uso del sistema automatizado. Jamie Baker, director del torneo, aseguró que su precisión y fiabilidad están "más que comprobadas", y alegó que su implementación ya es obligatoria en el circuito ATP:

"El nivel de sofisticación del sistema ha aumentado con el tiempo y ahora es más robusto que nunca".

De hecho, argumentan que la tecnología permite extender los horarios de juego, ya que la visibilidad había sido una limitación en años anteriores, cuando la labor de revisión dependía de los humanos.

La cara humana del problema

Sin embargo, la desaparición de los jueces de línea supone la pérdida de cientos de empleos en todo el circuito profesional. En los primeros días del torneo, de hecho, hubo protestas alrededor del All England Club con pancartas que proclamaban "No queremos que los robots sustituyan a las personas".

Muchos jugadores, incluso aquellos que valoran la eficiencia de la tecnología, admiten que echan de menos el componente humano. Draper, aunque reconoce que la automatización "facilita la vida", también calificó como "una pena" la desaparición de una figura tan emblemática del deporte:

"Era una tradición [...] parte del encanto del tenis".

Vía | ESPN

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En Genbeta | LaLiga  quiere borrar apps IPTV ya instaladas en los móviles de los usuarios.  El problema es que esas apps son totalmente legales 

Telefónica ha enviado un documento a la Comisión Europea en el que defiende abiertamente los bloqueos masivos de IP y lanza duras críticas contra Cloudflare y las tecnologías de privacidad que utiliza. La operadora abandona así su estrategia de mantenerse en segundo plano mientras LaLiga protagonizaba este conflicto.

En el documento enviado a Bruselas, compartido por el medio BandaAncha y publicado el 27 de mayo, Telefónica acusa explícitamente a Cloudflare de "violar las sentencias judiciales, negándose consciente y repetidamente a proporcionar medidas efectivas de protección". La operadora asegura que "el nivel de incumplimiento y falta de cooperación no tiene precedentes" y denuncia que la empresa estadounidense ofrece "resistencia a cumplir tanto con las sentencias judiciales como con las estrategias sensatas para combatir la piratería".

Telefónica acusa directamente a Cloudflare y pide a Europa medidas más estrictas

El documento expone la posición de Telefónica sobre las tecnologías que protegen la privacidad de los usuarios. La operadora critica especialmente el protocolo ECH (Encrypted Client Hello), una extensión de TLS que impide a las operadoras identificar qué dominio específico está visitando un usuario.

Telefónica considera que ECH y otras tecnologías como QUIC (que reemplaza a TCP en HTTP/3, mejorando la velocidad y la latencia en las conexiones web) "facilitan el acceso a recursos con contenido ilegal, evadiendo la detección por parte de un proveedor de servicios de Internet". La empresa reclama "instrumentos legales y herramientas que se equiparen al mismo nivel de desarrollo técnico" para poder contrarrestar estos avances en privacidad. También apunta contra las VPN, los servidores DNS públicos y los servicios de CDN. Cloudflare ha sido protagonista en el desarrollo y despliegue de muchas de estas tecnologías.

Según los datos que maneja Telefónica, entre el 43% y el 46% de los usuarios con acceso a internet admiten tener acceso ilícito a contenidos audiovisuales. La operadora considera que el problema se ha agravado desde que la Comisión Europea publicara sus ‘recomendaciones antipiratería’ en mayo de 2023.

Para la empresa, la actual Ley de Servicios Digitales (DSA) es insuficiente para combatir la emisión no autorizada de retransmisiones deportivas. Critica especialmente que el artículo 7 de esta normativa introduzca medidas voluntarias, no obligatorias, lo que "provoca lagunas en su aplicación".

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Telefónica reclama a la Comisión Europea una normativa más estricta que permita "la eliminación inmediata de emisiones ilegales en vivo y en cualquier caso en los primeros 30 minutos desde la recepción de la notificación". También pide requisitos más duros para servicios de hosting, DNS, VPN y plataformas que proporcionan proxies inversos y CDN.

La operadora menciona específicamente las redes P2P basadas en Acestream, que según sus datos son responsables del 30-40% del volumen total de plataformas con contenidos deportivos no autorizados. Recordemos que la web del reproductor de Acestream se encuentra bloqueada en España desde 2022, a pesar de que el reproductor, por sí solo, no ofrece ningún tipo de contenido.

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Lo que no se comenta en el documento: los daños a terceros

Resulta llamativo que Telefónica omita cualquier referencia a los daños colaterales de los bloqueos masivos. No menciona que en algunas jornadas han quedado inaccesibles cerca de 2,7 millones de dominios web, provocando pérdidas económicas a empresas ajenas a esta situación y daños reputacionales a servicios que sufren caídas injustificadas.

Al trasladar sus argumentos a la Comisión Europea, Telefónica busca que la batalla legal trascienda las fronteras españolas e influir en la futura regulación europea. Mientras tanto, los recursos de amparo presentados por RootedCON y Cloudflare ante el Tribunal Constitucional siguen pendientes de resolución.

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La batalla legal entre Cloudflare y LaLiga se intensifica. La empresa de servicios de infraestructura web ha decidido dar un paso más en su lucha contra los polémicos bloqueos de direcciones IP de LaLiga. Y es que la competición habrá terminado, pero la batalla entre ambos organismos aún no descansa.

Tal y como cita el medio BandaAncha, Cloudflare ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional con el objetivo de impugnar las órdenes de bloqueo dictadas por LaLiga. La empresa busca que el alto tribunal declare la ilegalidad de estas medidas, que considera desproporcionadas y perjudiciales para el funcionamiento normal de internet.

Cloudflare lleva el caso al Constitucional

En su recurso ante el Constitucional, Cloudflare presenta graves acusaciones contra LaLiga. Según la información de BandaAncha, la empresa asegura que la institución ocultó infofrmación crucial al tribunal, específicamente que las direcciones IP que proponía bloquear eran compartidas por miles de sitios web.

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Además, Cloudflare denuncia que LaLiga obtuvo la orden de bloqueo sin notificar a los proveedores de servicios en la nube implicados, "ocultando a sabiendas al tribunal el previsible perjuicio para el público en general". La empresa considera que este enfoque demuestra una "incomprensión fundamental del funcionamiento de internet" y plantea dudas sobre el cumplimiento del Reglamento de Internet Abierta de la Unión Europea.

Los bloqueos podrían estar violando artículos del Código Penal al provocar daños a terceros y "hacer inaccesibles datos informáticos". Lejos de moderarse, estas medidas se intensificaron durante el último tramo de la temporada pasada, afectando a multitud de servicios y usuarios.

La misma historia que con RootedCON

Este recurso se suma al ya presentado por RootedCON el pasado 16 de mayo, después de que ambas organizaciones agotaran todas las vías judiciales previas. El evento de ciberseguridad había anunciado su intención de acudir al Constitucional tras considerar que los bloqueos representan "una grave anomalía" en el sistema judicial.

Los problemas comenzaron en marzo, cuando miles de usuarios experimentaron interrupciones masivas en su acceso a internet. El origen de estas incidencias estaba en los bloqueos de IP ordenados por LaLiga para frenar las emisiones sin autorización de partidos de fútbol a través de servicios IPTV.

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Sin embargo, la medida ha resultado ser un arma de doble filo. Al compartirse las direcciones IP entre múltiples servicios, los bloqueos han afectado a sitios web completamente legítimos, incluyendo medios de comunicación, empresas tecnológicas, tiendas online, webs de instituciones como la del Ayuntamiento de Madrid y hasta herramientas clave para el funcionamiento de otros sitios web.

Una amenaza que se extiende hasta 2027

La situación no parece tener signos de mejora a corto plazo. LaLiga se ampara en una sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 6 de Barcelona (nº 310/2024, de 18 de diciembre de 2024) que mantendrá su vigencia hasta la temporada 2026/2027. Esto significa que los bloqueos no solo continuarán durante la próxima campaña futbolística, sino también durante la siguiente.

Tanto Cloudflare como RootedCON perdieron la primera batalla legal en marzo, cuando la justicia española desestimó sus peticiones de nulidad. Ahora, ambas organizaciones depositan sus esperanzas en el Tribunal Constitucional para que ponga fin a una situación que consideran injusta y desproporcionada.

Desde RootedCON ya han adelantado que, si el recurso constitucional no prospera, no descartan elevar el problema a Europa. Esto sugiere que todavía hay cuerda para rato, y todo ello mientras los usuarios y empresas continúan sufriendo las consecuencias de unos bloqueos que, cada fin de semana con partidos, interrumpen el acceso a servicios completamente legítimos.

Imagen de portada | Emilio García y montaje propio

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Quizá el pasado fin de semana, con la última tanda de partidos de Primera División, pensaras "Qué bien, ya se ha acabado la temporada liguera: ya no tendremos que sufrir más bloqueos masivos de webs de viernes a lunes". Si ese es tu caso, posiblemente algún amigo te recordó que el verdadero fin de LaLiga termina cuando finaliza 'LaLiga Hypermotion' (la 'Segunda División' de toda la vida).

Pero si estabas a punto de decir "Qué bien, el próximo martes se acaba la temporada liguera: ya no tendremos que sufrir...", frena y contén tu entusiasmo.

Porque esto no ha terminado. La entidad presidida por Tebas y los bloqueos que impulsa con ayuda de las operadoras para frenar la retransmisión no autorizada de partidos de fútbol tienen margen legal para seguir afectando a la libre navegación de Internet durante otras tres semanas más.

Y luego retornarán en cuanto comience la nueva temporada liguera en agosto.

¿Cómo es eso posible?

Durante esta temporada, LaLiga ha venido aplicando una estrategia basada en solicitar a las operadoras el bloqueo de sitios web que retransmiten sin permiso sus partidos (desde hace unos meses, una polémica sentencia concede cobertura legal a estos bloqueos, sin necesidad de obtener autorizaciones judiciales específicas para cada caso).

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La polémica ha surgido porque, al estar estos bloqueos basados en direcciones IP, el bloqueo de una de estas direcciones puede 'llevarse por delante' centenares o miles de otras webs perfectamente legítimas (en los últimos meses, han 'caído' webs como ChatGPT, Steam, Redsys o la RAE, por ejemplo).

Según hemos podido saber en Genbeta tras ponernos en contacto con los encargados de comunicación de LaLiga, la sentencia que habilita estos bloqueos sigue vigente mientras lo esté el contrato de derechos audiovisuales (que se extiende hasta la temporada 2026-2027). Esto incluye todos los partidos oficiales organizados por LALIGA, ya sean de LaLiga EA Sports (primera división) o de LaLiga Hypermotion... así como los playoffs de ascenso.

Una comprobación al calendario de los mismos deja claro que, incluso una vez que finalice LaLiga Hypermotion, tendremos otros tres fines de semana de bloqueos:

Estos partidos también se emiten en TV

Así es: los bloqueos masivos continuarán al menos hasta el 21 de junio de 2025, fecha prevista para la final del playoff. Pero eso no es todo: la maquinaria de bloqueos se reanudará poco después, con el arranque de la temporada 2025-2026 en agosto. A falta de confirmación oficial, se espera que LaLiga vuelva a iniciarse el fin de semana del 16-17 de agosto, aunque algunos partidos podrían adelante al viernes 15 o al jueves 14, víspera de festivo.

Esto implica que julio será el único mes sin bloqueos activos de aquí a un año completo. Y según las propias fuentes de LaLiga, esta situación podría repetirse al año siguiente si no se dan grandes cambios en el calendario liguero.

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¿Y después de 2027?

Según los correos intercambiados, la sentencia que permite los bloqueos está supeditada a la vigencia del contrato de cesión de derechos audiovisuales, que expira al final de la temporada 2026-2027. Esto abre la puerta a que, salvo cambios legislativos o judiciales, estos bloqueos continúen aplicándose al menos durante dos temporadas más. Después de eso, será necesario emitir nuevas resoluciones judiciales para mantener activa esta estrategia.

Silencio en la sala

Si hay algo que puede alterar este rumbo de los acontecimientos, es el Tribunal Constitucional: la creciente polémica por los bloqueos ha escalado hasta este órgano después de que la plataforma de ciberseguridad RootedCON anunciara, hace unos días, la presentación de un recurso de amparo.

Este recurso llega después de agotar todas las vías judiciales previas, incluyendo un intento desestimado por parte del Juzgado de lo Mercantil número 6 de Barcelona, el mismo tribunal que inicialmente dio cobertura legal a estos bloqueos masivos.

RootedCON, junto con otras entidades afectadas, denuncia que estos bloqueos, aunque dirigidos contra retransmisiones no autorizadas de partidos, están causando perjuicios colaterales a webs legítimas y servicios esenciales.

La falta de transparencia, proporcionalidad y garantías en la ejecución de estas medidas es uno de los principales argumentos del recurso, que también solicita medidas cautelares para frenar lo que califica como un "constante acoso digital" a usuarios y empresas españolas.

Si eso falla, la Asociación de Internautas (AI), junto con la Fundación España Digital (FED) y la Asociación de Usuarios de Internet (AUI), presentaron ayer mismo una reclamación ante otra institución con capacidad para presionar en este tema: el Defensor del Pueblo. En dicha reclamación, se le pide a éste que inste a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales y la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia a que intervengan de oficio ante los abusos ejercidos por LaLiga.

Imagen | Marcos Merino mediante IA

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Poco a poco, está cambiando la forma en que consumimos el fútbol en España: DAZN ha anunciado que ofrecerá un partido gratuito de LaLiga EA SPORTS por jornada durante las dos próximas temporadas (2025/2026 y 2026/2027). Este anuncio marca un cambio significativo, ya que el fútbol en abierto dejará de estar asociado exclusivamente a la TDT, para trasladarse al ámbito de las plataformas digitales.

Un acuerdo estratégico entre DAZN y LaLiga

El anuncio se ha hecho oficial hoy, tras comunicar DAZN que ha alcanzado un nuevo acuerdo con LaLiga para emitir el partido en abierto de cada jornada de la máxima categoría del fútbol español durante las próximas dos temporadas. Esto significa que los aficionados podrán disfrutar de un partido gratuito por semana a través de DAZN, sin necesidad de estar suscritos a la plataforma.

Este movimiento refuerza el posicionamiento de DAZN como una de las principales plataformas de entretenimiento deportivo digital en España y amplía el acceso al fútbol a una audiencia aún mayor, incluyendo a quienes no están suscritos a servicios de pago tradicionales.

Más fútbol, más opciones: la propuesta de DAZN

La emisión en abierto de un partido por jornada se suma a la ya amplia oferta de DAZN en cuanto a fútbol español. Actualmente, la plataforma ofrece 5 partidos de LaLiga EA SPORTS en 35 de las 38 jornadas de cada temporada, además de resúmenes completos de todos los encuentros.

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Además, los usuarios pueden seguir de cerca las competiciones de LaLiga HYPERMOTION (segunda división) y la Liga F (liga femenina), completando así una cobertura nacional integral, a la que se suman también todos los partidos de las principales ligas europeas, incluyendo:

• La Premier League inglesa
• La Serie A italiana
• La Bundesliga alemana

Un paso clave en la estrategia de expansión

Óscar Vilda, CEO de DAZN Iberia, expresó que este acuerdo "representa un paso clave en nuestra estrategia de crecimiento en España", subrayando la importancia de ofrecer contenido gratuito como puerta de entrada para nuevos aficionados, y destacando la experiencia digital diferencial que ofrece DAZN en sus retransmisiones.

Con esta decisión, DAZN no solo refuerza su presencia en el mercado español, sino que también redefine el concepto de 'partido en abierto', alejándolo de la televisión tradicional y acercándolo al entorno digital, móvil e interactivo que domina el consumo actual de contenidos.

Una plataforma más allá del streaming

DAZN está construyendo lo que define como la "plataforma definitiva de entretenimiento deportivo". Más allá de la emisión de eventos en directo, la empresa apuesta por un ecosistema donde los aficionados puedan ver deportes, leer noticias, apostar, jugar, comprar entradas y merchandising... todo desde una sola aplicación y con una única cuenta.

¿Qué significa esto para los aficionados?

Para los seguidores del fútbol español, la noticia supone una gran oportunidad de disfrutar gratuitamente de uno de los partidos más destacados de cada jornada, sin depender de la televisión tradicional o de costosas suscripciones.

Para acceder a estos contenidos, bastará con crear una cuenta en DAZN y acceder a la plataforma desde un ordenador, smartphone, tablet o Smart TV. En otras palabras, el fútbol en abierto evoluciona y se adapta a los nuevos hábitos de consumo.

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Casi cada fin de semana en España surge el caos cuando hay partido de fútbol: miles de páginas web ven limitado su acceso debido a los bloqueos solicitados por LaLiga. El problema radica en que estas páginas comparten dirección IP con servicios que emiten los partidos de manera no autorizada, lo que provoca que sitios completamente legítimos sufran las consecuencias de medidas excesivamente amplias.

En la actualidad, LaLiga mantiene una intensa batalla con empresas como Cloudflare y Google, solicitando su colaboración para acabar con las emisiones deportivas no autorizadas. El problema principal de la estrategia española es el bloqueo de direcciones IP completas, un método que resulta desproporcionado, ya que cada dirección IP puede alojar decenas de miles de dominios. Esto significa que, si solo hay una página que emite contenido sin permiso, todas las webs legítimas que comparten ese espacio sufren las restricciones.

La solución belga: precisión quirúrgica

Mientras tanto, en Bélgica han optado por un enfoque radicalmente distinto y mucho más preciso. Según informa el medio belga L'Echo, DAZN y 12th Player obtuvieron de los tribunales belgas una orden para bloquear las emisiones deportivas no autorizadas, pero con una diferencia fundamental respecto a España: decidieron actuar sobre los resolvedores de DNS en lugar de bloquear direcciones IP completas.

Imagen: generada por IA con ChatGPT

Este método más aislado y preciso consigue que solo se bloquee el acceso a las direcciones web específicas que emiten contenidos sin permiso, permitiendo que el resto del tráfico fluya normalmente hacia las páginas legales que comparten la misma infraestructura de red.

Lo más destacable del caso belga es que han logrado precisamente lo que LaLiga lleva años pidiendo en España: la colaboración de compañías como Cloudflare, Google o Cisco para el bloqueo de contenidos no autorizados. Gracias a la sentencia judicial belga, los resolvedores de DNS de estas empresas bloquean las peticiones dirigidas únicamente a las direcciones web en conflicto, sin afectar al tráfico legítimo.

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Este método representa una enorme ventaja frente al modelo español actual. Además, otra característica destacable es la posibilidad de actualizar dinámicamente los bloqueos para contrarrestar los cambios de URL o IP que realizan habitualmente este tipo de servicios no autorizados. Esta flexibilidad permite una respuesta rápida ante los intentos de eludir las restricciones.

Finalmente, el modelo belga garantiza además que las webs legales continúen recibiendo su tráfico habitual desde todos los proveedores de Internet, evitando así los daños colaterales que sufren numerosos sitios web inocentes en España cada fin de semana de fútbol.

En España, cada fin de semana es un caos

En España, a pesar de contar con una sentencia favorable del juzgado de lo mercantil número 6 de Barcelona, la implementación de estas medidas ha generado numerosas críticas por su falta de precisión y los daños colaterales que provoca en servicios totalmente ajenos al conflicto.

La situación se complica aún más porque los proveedores de contenidos sin autorización suelen cambiar frecuentemente sus vías de distribución para eludir los bloqueos, haciendo que el tráfico sea dinámico y difícil de controlar mediante métodos tan generalizados.

Aunque el sistema implementado en Bélgica no es infalible —los usuarios más avanzados pueden cambiar el resolvedor DNS o utilizar una VPN para eludir las restricciones— representa un avance significativo respecto al bloqueo indiscriminado que ocurre en España durante cada jornada deportiva. La cuestión ahora es si las autoridades españolas y LaLiga estarán dispuestas a reconsiderar su estrategia y adoptar métodos similares.

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Vía | TorrentFreak

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Cloudflare y RootedCON perdieron hace unos días su primer asalto contra los bloqueos masivos de IPs ordenados por LaLiga. La reciente negativa judicial a la petición de nulidad presentada por ambas entidades nos ha llevado a hablar con Román Ramírez, director general de RootedCON (asociación organizadora del congreso de ciberseguridad homónimo), para saber más sobre los motivos enarbolados por el juez... y sobre los siguientes pasos que piensan dar.

La no-nulidad del bloqueo

Tras la resolución judicial que obligaba a varios operadores de telecomunicaciones —entre ellos Vodafone, Orange y Telefónica— a bloquear el acceso a determinados dominios web para evitar la difusión de eventos deportivos, RootedCON decidió presentar una petición de nulidad de esa orden judicial.

¿El motivo? Porque esos bloqueos están afectando a terceros (gente y proyectos que no tienen nada que ver con el fútbol ni con su difusión no autorizada) y, por tanto, vulneran derechos fundamentales. Para apoyar su postura, RootedCON elaboró un informe técnico donde se explicaban estos perjuicios.

Pero el juez rechazó la petición, negando el valor probatorio del informe... y  argumentando que RootedCON no es una parte directamente afectada en el caso y, por tanto, no tiene derecho a recurrir.

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Las operadoras, en el ajo

Uno de los puntos más controvertidos en el desarrollo del caso ha sido la intervención de Vodafone: que antes de que el juez tomara una decisión, se personó para rechazar la presencia de RootedCON en el proceso legal: la operadora sostenía, ahora con el respaldo del juez, que los únicos legitimados para impugnar la sentencia eran las operadoras que fueron denunciadas en su momento por LaLiga y Telefónica.

Sin embargo, ellos mismos no han presentado su propia solicitud de nulidad. "Con lo que Vodafone, de facto, lo que está diciendo es que los operadores están de acuerdo con que les obliguen a bloquear".

Antes de llegar al Constitucional

En opinión de Ramírez, el uso del poder económico para limitar libertades esenciales constituye un peligroso precedente:

"LaLiga defiende un derecho legítimo, el de proteger su propiedad intelectual. Pero es un derecho de menor rango frente a los derechos fundamentales que se están vulnerando aquí".

"El juez hace referencia al tema del dolo, al de ser afectados o no... pero no hace referencia al tema de los derechos de libertad de prensa y libertad de expresión". Por ello, su abogado ha presentado una consulta al juez para que matice y aclare si esos dos derechos están incluidos en su rechazo a la solicitud.

"Una vez hayamos cumplido esa formalidad (porque es una formalidad, porque sabemos lo que va a contestar el juez), creo que el juez tiene como unas 15 días para contestar, y posteriormente será cuando presentemos al Constitucional el recurso de amparo".

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"El juez se ha retratado claramente en la sentencia y ya sabemos todos a qué atenernos. Así que habrá que pedir amparo al Constitucional, porque esto ya no tiene que ver realmente con un tema de pérdida de conexión por Internet o de neutralidad de la red, sino que aquí están en juego derechos fundamentales".

Más allá del Constitucional

"No tengo claro cómo va a terminar esto en el Constitucional", reconoce Ramírez, con lo que ya tiene la vista puesta en la posibilidad de una siguiente fase basada en la reivindicación 'hacktivista', en la liberación de "herramientas técnicas para 'tocar los c*j*nes'", pero siempre dentro de la más estricta legalidad.

En ese sentido, nos ha revelado que los gestores de los dominios .cat ya han decidido emprender la monitorización de todos sus websites:

"Cada vez que pase algo [relacionado con los bloqueos de LaLiga] lo van a reportar y lo van a añadir a un expediente, para luego ir por la vía de daños y perjuicios".

Pero la vía jurídica no finaliza en el Constitucional. ¿No queda siempre la opción de recurrir a la justicia europea si el posicionamiento de nuestro alto tribunal no fuera favorable?

"Es muy caro, porque tienes que recurrir a abogados expertos en altas instituciones [...] Si tuviéramos que llevarlo hasta Europa, es posible que tuviéramos que cerrar el proyecto porque no habría dinero".

De hecho, Ramírez ya espera perder dinero por el mero hecho de ir al Constitucional: "a algunos patrocinadores no les va a hacer gracia que hagamos este tipo de cosas".

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Esto va mucho más allá del fútbol

"Somos cuatro pelados frente a empresas que facturan cientos de millones" y Ramírez admite que los jueces, ante semejante desequilibrio de poder, tienden a "atender al status quo" cuando tienen que prestar oído a una interpretación u otra sobre temas tecnológicos que no comprenden.

(Durante nuestra conversación al respecto sale a colación el famoso caso de la nunca implementada prohibición de Telegram dictaminada por el juez Pedraz).

Pero no es la falta de pericia técnica de los magistrados lo que más le preocupa: "tengo la sospecha de que hay intereses más profundos detrás, que están aprovechando para ver hasta dónde pueden llegar", afirma, y no oculta su preocupación por la posible normalización de prácticas de censura digital encubierta bajo el pretexto de "combatir la piratería".

Para Ramírez, la actual ofensiva política contra el cifrado y el anonimato es una muestra de que el conflicto va más allá de LaLiga o de RootedCON:

"El relator especial de DDHH de la ONU lleva 17 años afirmando inequívocamente que el anonimato y el cifrado son esenciales para el libre ejercicio de la libertad de expresión. [...] Y el presidente del Gobierno diciendo que hay que acabar con el anonimato".

"Están intentando asentar una nueva realidad donde todo el mundo acepte que tiene que permitir que le exploren el tráfico".

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