Desde los primeros pasos de la llamada (y muy contestada) 'Ley Sinde' en 2009, que no era sino una respuesta sumisa al toque de atención dado por EE.UU. cuando nos metió en su lista de países "permisivos con la piratería", hasta la entrada en vigor de la 'Ley Lassalle', ya en 2015, España vivió unos años en que las descargas de Internet fueron un asunto relevante del debate político, y un problema que (pese a estar sumergidos en plena crisis económica) parecía preocupar mucho a nuestros políticos.

Una de las consecuencias directas de esa preocupación fue la persecución de las principales plataformas de difusión de material con copyright utilizadas por el público español, como SeriesYonkis o Series.ly, ambas 'caídas en combate' entre finales de 2014 y comienzos de 2015. Y ambas implicadas en interminables procesos judiciales que han terminado en absolutamente nada, tras haber presentado a los administradores de ambas webs como miembros de organizaciones criminales en el momento de su detención.

'¿Una absolución? ¡Otra detención!'

La reforma de 2014 se hizo necesaria porque la Ley Sinde de 2011 se reveló como insuficiente para los objetivos marcados a la hora de sacarla adelante... sobre todo después de que el Tribunal Supremo declarara nulo uno de sus artículos más polémicos (el 20.2), lo que empezó a permitir que el simple hecho de retirar los enlaces denunciados eximiera al presunto infractor de cualquier tipo de responsabilidad legal. Así, aunque el Gobierno mantenía la facultad de cerrar sitios web, ya no podía llevar a sus administradores a los tribunales.

Pero es que, incluso antes de eso, la industria audiovisual venía experimentando reveses judiciales, algunos tan sonados como el del juicio contra Pablo Soto, creador de programas P2P como Blubster, Omemo y Piolet. O el caso de Sharemula, una página de enlaces en la que las actuaciones judiciales se archivaron antes incluso de llegar a juicio. ¿La razón? Sharemula no realizaba una comunicación pública de las obras, como se les había acusado de hacer: solamente las enlazaba. De modo que el objetivo de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual estaba claro.

En Xataka

Elitetorrent, Lateletetv, 1337x y más: todas las páginas de descargas que están bloqueadas en España por orden judicial

Ya el 11 de junio de 2015, la Audiencia Provincial de Gerona decidió confirmar el sobreseimiento libre de las actuaciones contra la web PorDescargaDirecta.com, al entender que, en el momento de realización de los hechos juzgados, la recopilación de meros enlaces a material con copyright no era delito (no lo fue hasta la entrada en vigor, el 1 de enero de ese mismo año, de la nueva reforma).

Eso no impidió que, exactamente 6 días después, la Policía Nacional detuviera a los responsables de Series.ly, una web que había borrado todos sus enlaces tras la aprobación de la reforma legal, acusándoles igualmente de piratería. Finalmente fueron absueltos, claro, y por exactamente la misma razón que a PorDescargaDirecta... sólo que 7 años más tarde. Quizá al juzgado de lo Penal número 1 de Sabadell no habían llegado las noticias desde Gerona.

Pero es que, antes de eso, en 2019, tanto los responsables de SeriesYonkis como los de ps3pirata.com ya habían sido absueltos (por el juzgado de lo Penal número 4 de Murcia y la Audiencia Provincial de Jaén, respectivamente), por el mismo motivo.

En todos los casos, eran webs que había dejado de ofrecer enlaces (por reforma o por cierre) tras la reforma de la LPI, y en todos los casos la Fiscalía había intentado sostener que lo juzgado ya era ilegal con la legislación anterior, cuando la propia reforma legislativa de 2014 dejaba bien claro lo contrario:

Esto decía en 2019 el abogado David Bravo en Twitter

"Sobre el asunto seriesyonkis, la actividad de enlazar como hecho delictivo se incluyó en 2015 y no puede ser aplicado retroactivamente. Que ese acto es distinto a la comunicación pública y penalmente atípico lo dice el propio legislador en la exposición de motivos".

El mismo David Bravo recordaba cómo habían abordado desde los grandes medios, las detenciones de estos ahora exculpados sólo unos años antes. Prácticamente como si un hito de la lucha contra el crimen organizado se tratase:

Las 'victorias antipiratería', disparadas desde que los jueces no pueden intervenir

Lo cierto es que, pese a que la reforma de 2014 cumplió su objetivo de asustar a los responsables de las webs de enlaces y animarles a cerrar (ayudó mucho, precisamente, lo mediático de las citadas detenciones), en los años siguientes los grandes éxitos de la lucha 'contra la piratería' no han venido de la mano de las jueces, sino precisamente como resultado de haber pasado por encima de ellos.

Primero fue con la creación de la secreta 'Comisión Sinde' (más conocida hoy en día como la 'Comisión Segunda'), un organismo administrativo (no judicial) que se arrogaba el derecho de cerrar webs con una mera 'supervisión' judicial, que se ha ido debilitando más y más con cada reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (no sólo la de 2014, también la de 2018 avanzó en ese sentido).

Ahora, la Industria del Entretenimiento cuenta con un organismo afín que permite cerrar/bloquear webs de forma mucho más ágil, sin pasar por los tribunales. Ya en 2019 la lista era enorme, y no ha dejado de crecer. En el caso de las emisiones de fútbol, los cierres de webs extrajudiciales han ganado aún más 'agilidad': una sentencia 'dejó dicho' a los proveedores de Internet que fueran bloqueando las URL's que Telefónica les fuera haciendo llegar, sin necesidad de supervisión judicial alguna a partir de ese momento. Eso ha generado algún que otro problemilla tonto con el tiempo. Y sigue generándolos.

Y por fin, cara (muy cara) victoria de SeriesYonkis

Sin embargo, hasta hace un par de semanas (recordemos, de finales de 2024), el Constitucional no cerró de manera definitiva el 'Caso SeriesYonkis', desestimando por unanimidad los recursos de las grandes productoras. En su caso, dieciséis años de juicios constantes en los que, de manera igualmente constante, los diferentes tribunales iban diciendo una y otra vez la misma obviedad: que la ley no puede aplicarse retroactivamente, y que los hechos de los que se acusaba a SeriesYonkis no fueron delito hasta después de su comisión.

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¿Es legal descargar torrents en España? Abogados responden

Pese a esta constante unanimidad, el lobby de las productoras y distribuidoras cinematográficas han podido permitirse el lujo de tirar de chequera para mantener a los responsables de la web de descargas atados al banquillo durante todo ese tiempo aún siendo conscientes de la dificultad de que la Justicia diera la razón a sus sucesivas demandas.

Si los responsables de la web hubieran perdido contra dicho lobby, se hubieran expuesto a una pena de dos años de cárcel y una suma indemnizatoria de 546 millones de euros. Sin embargo, han ganado y, por ello tendrán que... asumir la "otra condena", la de las costas judiciales.

Unas costas (derivadas de viajes y honorarios de los letrados) que oscilan en torno a los 20.000 euros para cada uno de acusados absueltos. 20.000 euros por inocencia reiterada, que habrase visto, oiga.

Y es que el Constitucional rechaza las solicitudes de condena en costas porque, conforme al art. 95.2 de la LOTC, "la mera admisión a trámite del presente recurso de amparo, por apreciar el Tribunal que el asunto reviste especial trascendencia constitucional, impide apreciar la temeridad o mala fe que legitimarían la imposición de las costas a la demandante".

Según afirma uno de los abogados defensores, Carlos Sánchez Almeida, "no pretendemos que se aplique la condena al pago de nuestras costas como una sanción sino como un justo resarcimiento por los gastos originados por el proceso".

Una versión anterior de este artículo se publicó en 2022.

Imagen | Marcos Merino mediante IA

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Desde los primeros pasos de la llamada -y muy contestada- 'Ley Sinde' en 2009 (una respuesta al toque de atención dado por EE.UU. cuando nos metió en su lista de países "permisivos con la piratería") hasta la entrada en vigor de la 'Ley Lassalle', ya en 2015, España vivió unos años en que las descargas de Internet fueron un asunto relevante del debate político, y un problema que (pese a estar sumergidos en plena crisis económica) parecía preocupar mucho a nuestros políticos.

Una de las consecuencias directas de esa preocupación fue la persecución de las principales plataformas de difusión de material con copyright utilizadas por el público español, como SeriesYonkis o Series.ly, ambas 'caídas en combate' entre finales de 2014 y comienzos de 2015. Y ambas implicadas en interminables procesos judiciales que han terminado en absolutamente nada, tras haber presentado a los administradores de ambas webs como miembros de organizaciones criminales en el momento de su detención.

'¿Una absolución? ¡Otra detención!'

La reforma de 2014 se hizo necesaria porque la Ley Sinde de 2011 se reveló como insuficiente para los objetivos marcados a la hora de sacarla adelante... sobre todo después de que el Tribunal Supremo declarara nulo uno de sus artículos más polémicos (el 20.2), lo que empezó a permitir que el simple hecho de retirar los enlaces denunciados eximiera al presunto infractor de cualquier tipo de responsabilidad legal. Así, aunque el Gobierno mantenía la facultad de cerrar sitios web, ya no podía llevar a sus administradores a los tribunales.

Pero es que, incluso antes de eso, la industria audiovisual venía experimentando reveses judiciales, algunos tan sonados como el del juicio contra Pablo Soto, creador de programas P2P como Blubster, Omemo y Piolet. O el caso de Sharemula, una página de enlaces en la que las actuaciones judiciales se archivaron antes incluso de llegar a juicio. ¿La razón? Sharemula no realizaba una comunicación pública de las obras, como se les había acusado de hacer: solamente las enlazaba. De modo que el objetivo de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual estaba claro.

En Xataka

Elitetorrent, Lateletetv, 1337x y más: todas las páginas de descargas que están bloqueadas en España por orden judicial

Ya en 11 junio de 2015, la Audiencia Provincial de Gerona decidió confirmar el sobreseimiento libre de las actuaciones contra la web PorDescargaDirecta.com, al entender que, en el momento de realización de los hechos juzgados, la recopilación de meros enlaces a material con copyright no era delito (no lo fue hasta la entrada en vigor, el 1 de enero de ese mismo año, de la nueva reforma).

Eso no impidió que, exactamente 6 días después, la Policía Nacional detuviera a los responsables de Series.ly, una web que había borrado todos sus enlaces tras la aprobación de la reforma legal, acusándoles igualmente de piratería. La historia os sonará: os la contamos ayer, cuando se supo que la Justicia les había absuelto de todos los cargos, por exactamente la misma razón que a PorDescargaDirecta, sólo que 7 años más tarde. Quizá al juzgado de lo Penal número 1 de Sabadell no habían llegado las noticias desde Gerona.

Pero es que, antes de eso, en 2019, tanto los responsables de SeriesYonkis como los de ps3pirata.com ya habían sido absueltos (por el juzgado de lo Penal número 4 de Murcia y la Audiencia Provincial de Jaén, respectivamente), por el mismo motivo. En todos los casos, eran webs que había dejado de ofrecer enlaces (por reforma o por cierre) tras la reforma de la LPI, y en todos los casos la Fiscalía había intentado sostener que lo juzgado ya era ilegal con la legislación anterior, cuando la propia reforma legislativa de 2014 dejaba bien claro lo contrario:

Sobre el asunto seriesyonkis, la actividad de enlazar como hecho delictivo se incluyó en 2015 y no puede ser aplicado retroactivamente. Que ese acto es distinto a la comunicación pública y penalmente atípico lo dice el propio legislador en la exposición de motivos. Aquí lo resumo pic.twitter.com/QkVTFMfV89

— David Bravo (@dbravo) June 22, 2019

El mismo David Bravo recordaba cómo habían abordado desde los grandes medios, las detenciones de estos ahora exculpados sólo unos años antes. Prácticamente como si un hito de la lucha contra el crimen organizado se tratase:

Vía @dbravo en twitter

Las 'victorias antipiratería', disparadas desde que los jueces no pueden intervenir

Lo cierto es que, pese a que la reforma de 2014 cumplió su objetivo de asustar a los responsables de las webs de enlaces y animarles a cerrar (ayudó mucho, precisamente, lo mediático de las citadas detenciones), en los años siguientes los grandes éxitos de la lucha 'contra la piratería' no han venido de la mano de las jueces, sino precisamente como resultado de haber pasado por encima de ellos.

Primero fue con la creación de la secreta 'Comisión Sinde' (más conocida hoy en día como la 'Comisión Segunda'), un organismo administrativo (no judicial) que se arrogaba el derecho de cerrar webs con una mera 'supervisión' judicial, que se ha ido devilitando más y más con cada reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (no sólo la de 2014, también la de 2018 avanzó en ese sentido).

Ahora, la Industria del Entretenimiento cuenta con un organismo afín que permite cerrar/bloquear webs de forma mucho más ágil, sin pasar por los tribunales. Ya en 2019 la lista era enorme, y no ha dejado de crecer. En el caso de las emisiones de fútbol, los cierres de webs extrajudiciales han ganado aún más 'agilidad': una sentencia 'dejó dicho' a los proveedores de Internet que fueran bloqueando las URL's que Telefónica les fuera haciendo llegar, sin necesidad de supervisión judicial alguna a partir de ese momento. Eso ha generado algún que otro problemilla tonto con el tiempo. Y sigue generándolos.

La "ley Sinde", en vigor desde 2011, lleva coleando mucho tiempo. En aquel momento, tras la polémica que desató, finalmente no tuvo la fuerza con la que en principio contaría, pues la figura del juez seguía comprendida en los procesos de cierre de webs, aunque fuese con menos importancia de la esperable, tan solo con un "pequeño control", en referencia a que todavía decidía si aprobar o negar un cierre de web dependiendo de si suponía una amenaza o no para la libertad de expresión.

Finalmente, en 2019, y con la vista puesta en elecciones generales de abril, el Congreso ha aprobado hoy la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual de 1996 (Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril), que supone la eliminación de la figura del juez en el proceso de cierre de páginas web. Lo ha hecho con el apoyo del PSOE, PP, Ciudadanos y finalmente Podemos.

Eduardo Maura, portavoz de la formación morada ha defendido su postura afirmando que se opuso a la reforma sobre el artículo 195 y perdió, y que hoy el grupo ha votado a favor de la ley por el acuerdo alcanzado contra la "Rueda de televisiones", una práctica que hacía que entidades como la SGAE se beneficiaran del cobro de derechos por falsos arreglos sobre obras de dominio público en horarios de poca audiencia. Ahora la SGAE, inmersa en una crisis, y otras, verán limitado el reparto de derechos por cada autor hasta un 20%.

El #Pleno aprueba la Ley que modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual sin las enmiendas añadidas por el Senado

📋 Texto: https://t.co/7qwwXg3KKV pic.twitter.com/5boO6mhdGJ

— Congreso (@Congreso_Es) 21 de febrero de 2019

Así, ya sólo queda un paso para su entrada en vigor, autorizado tras la aprobación del Congreso de los Diputados, su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En Genbeta

Qué implicaciones tiene y cómo puede afectarte el cierre de webs sin autorización judicial de la polémica ley Sinde

Cómo funcionará el cierre de páginas web

Las protestas de activistas y usuarios provocaron que el PSOE diera marcha atrás con la ley Sinde tal y como estaba planeada. Sin embargo, era otra época, y es que hoy en día parece que los derechos en Internet importan menos, o al menos generan menos ruido. Según la enmienda 32 al artículo 195, conocida desde septiembre, sabemos que no se requerirá la autorización judicial para el cierre de webs.

"La ejecución de la medida de colaboración dirigida al prestador de servicios, con independencia de cuál sea su naturaleza, no requerirá la autorización judicial prevista en el artículo 122 bis de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa".

A diferencia de lo que ocurría con la ley vigente, ahora el Ministerio de Cultura podrá cerrar webs, aunque alegaron que sólo se podrá realizar un cierre cuando exista una reiteración en infracciones, como decían en septiembre: "Solo en caso de reiteración de incumplimiento es cuando los grupos parlamentarios están de acuerdo en que se pueda suprimir la segunda autorización ya que este trámite es innecesario y retrasa los tiempos de la justicia y empeora la tutela judicial efectiva".

La reiteración por segunda vez es algo que se recoge en la enmienda número 32, firmada por los grupos parlamentarios antes mencionados, en el mismo artículo:

El incumplimiento de requerimientos de retirada de contenidos declarados infractores, que resulten de resoluciones finales adoptadas conforme a lo previsto en el apartado 4 anterior, por parte de un mismo prestador de servicios de la sociedad de la información de los descritos en el apartado 2 anterior, constituirá, desde la segunda vez que dicho incumplimiento tenga lugar, inclusive, una infracción administrativa muy grave sancionada con multa de entre 150.001 hasta 600.000 euros. La reiteración por segunda vez de actividades ilícitas por parte de un mismo prestador de servicios de la sociedad de la información también se considerará incumplimiento reiterado a los efectos de este apartado. Se entenderá por reiteración de la actividad ilícita el hecho de que el mismo responsable contra el que se inició el procedimiento explote de nuevo obras o prestaciones del mismo titular, aunque no se trate exactamente de las que empleara en la primera ocasión, previa a la retirada voluntaria de los contenidos. Incurrirán en estas infracciones los prestadores que, aun utilizando personas físicas o jurídicas interpuestas, reanuden la actividad infractora.

Sobre esto, que en principio podría ser bien visto, como medida que asegura ciertas garantías, David Bravo, abogado especialista, afirmaba cuando se conoció la propuesta que "cuando dicen que ven adecuado prescindir del juez 'en esta segunda autorización' dan a entender que ya se ha producido una primera en ese proceso cuando en realidad deberían decir más concretamente que no ven necesario autorización en ese segundo supuesto (reiteración en una infracción declarada por ellos mismos), pese a que obviamente sigue siendo necesario".

El problema, insistía Bravo, es que al ser "ese órgano administrativo (en referencia a la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual) el que va a decidir qué es una infracción [...] serán ellos mismos quienes decidirán unilateralmente estar en el supuesto denominado como "grave" que les permite saltarse el control judicial".

¿Será una ley efectiva?

La SGAE también se verá muy afectada por la Ley de Propiedad Intelectual.

El abogado Carlos Sánchez Almeida, contaba a Genbeta en noviembre cómo esta reforma de la Ley de Propiedad Intelectual nacía caducada, argumentando que las posibles webs afectadas por la medida ya se habían "ido a Canadá" u otros lugares. En ese sentido, la Sección Segunda tendrá mucho poder sobre las páginas webs que considere que han reincidido, pero pueden no ser muchas las que aún sigan operando de forma alcanzable, sobre todo teniendo en cuenta que se pueden establecer multas de hasta 600.000 euros. Esto último fue algo que estrenó el Gobierno del PSOE al ser nombrado, al multar a la web x-caleta.com con 375.000 euros.

Aun así, Sánchez Almeida recalcaba que "todo lo que son las decisiones de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual son directamente recurribles ante la Audiencia Nacional". Y nada de eso habrá cambiado. Sus decisiones tomadas sin la fugura del juez, serán recurribles y "se puede hacer una demanda contencioso-administrativa contra la Sección Segunda".

Lo que habrá que ver es cómo la Ley de Propiedad Intelectual, a la que también se incorporan dos directivas europeas (Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017), actúa con respecto a los objetivos que persigue en cuanto a gozar de mayor control sobre la SGAE y otras entidades de gestión.

En 2011 no fue posible, pero en 2018 sí. Tres de los cuatro principales grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, PP, PSOE y Ciudadanos, han acordado la eliminación de la figura del juez en el proceso de cierre de una página web. Concretamente, no será necesaria una autorización judicial para cerrar sitios que incumplan reiteradamente la Ley de Propiedad Intelectual.

Así lo ha aprobado la Comisión de Cultura del parlamento español en la ponencia parlamentaria para la reforma de la también conocida como ley Sinde o ley Sinde-Wert. Un primer paso para su puesta en marcha siempre y cuando reciba el visto bueno del pleno del Congreso y la aprobación por parte del Senado, dos trámites que se dan por hechos teniendo en cuenta el amplio acuerdo político previo.

Fue en 2011 cuando el Gobierno de España, entonces en manos del Partido Popular, aprobó la actual Ley de Propiedad Intelectual. Esta legislación que partió en mandado socialista establecía previamente a su aprobación que no era necesaria la intervención de un juzgado a la hora de cerrar una página web en ciertos casos. Sin embargo, las protestas de activistas, usuarios y organizaciones hicieron recular al PSOE. De este modo, a pesar de que la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual dictaba los cierres, un magistrado debía ser el responsable de autorizarlos o denegarlos teniendo en cuenta si se vulneraba la libertad de expresión.

Ahora, en los próximos meses, siete años después de la aprobación de la ley, esta pequeña victoria de los activistas españoles pasará a la historia. Se podrán cerrar webs sin autorización judicial a partir de enero previo paso de esta reforma por el Senado.

¿Por qué razones se podrá cerrar una web sin autorización judicial?

La enmienda clave a la Ley de Propiedad Intelectual es la que se refiere al artículo 195, el que en la práctica eliminará la potestad que tendría un tribunal para tener la última palabra sobre una decisión de la famosa Sección Segunda, un órgano administrativo y, naturalmente, no judicial. Como sabíamos desde septiembre, deja claro que "no requerirá la autorización judicial".

"La ejecución de la medida de colaboración dirigida al prestador de servicios, con independencia de cuál sea su naturaleza, no requerirá la autorización judicial prevista en el artículo 122 bis de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa".

Por tanto, dejamos atrás esa parte de la actual ley que dice que "la medida de colaboración dirigida al prestador de servicios de intermediación correspondiente exigirá de la previa autorización judicial" para renunciar a ella en cuanto haya "reiteración por segunda vez de actividades ilícitas". Ese será el motivo que se esgrimirá para poder llevar estos cierres al margen de la justicia o el fin de la colaboración de otros prestadores de servicios, como puedan ser las empresas de alojamiento o las plataformas publicitarias, por citar dos ejemplos.

Sobre esto, Carlos Sánchez Almeida, letrado especialista en estos asuntos, precisa: "Además de prescindir del juez, la censura prescinde de prestadores de servicios de publicidad, pago y hosting. Pueden ser sancionados si no colaboran, pero los dejan al margen del procedimiento, totalmente indefensos".

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¿Cómo se cierra o bloquea una página web de descargas en España?

No obstante, el problema para expertos en la materia como David Bravo, abogado especialista en Propiedad Intelectual, es que ese órgano administrativo de la Comisión de Propiedad Intelectual es el responsable de decidir qué es una actividad ilícita. La Sección Segunda será la encargada de decir qué práctica es constitutiva de una infracción que afecte a los derechos de autor y cuándo se está incurriendo en una reiteración. Y eso, sin ser jueces.

"Por eso, cuando dicen que ven adecuado prescindir del juez 'en esta segunda autorización' dan a entender que ya se ha producido una primera en ese proceso cuando en realidad deberían decir más concretamente que no ven necesario autorización en ese segundo supuesto (reiteración en una infracción declarada por ellos mismos), pese a que obviamente sigue siendo necesario", dice Bravo. Basta, por tanto, con que la Sección Segunda considere las infracciones reiteradas para evitar a los jueces tal y como establecerá previsiblemente la ley.

¿Cómo se podrá combatir un cierre?

Para el abogado Sánchez Almeida, esta reforma de la Ley de Propiedad Intelectual nace caducada. Como explica en conversación telefónica con Genbeta, las webs de descargas a las que podría afectar esta medida "se han ido a Canadá" u otros lugares. Sirva como ejemplo el estreno del Gobierno de Pedro Sánchez de las multas a webs de descargas: el administrador del portal sancionado era un ciudadano peruano residente en Lima y la Sección Segunda no pudo comunicarle de forma personal la apertura del procedimiento.

Pero si se diese el caso y esa famosa sección de la Comisión de Propiedad Intelectual decidiese el cierre de una web sin autorización judicial valiéndose de esta reforma legislativa, los responsables del sitio pueden recurrir. Porque "todo lo que son las decisión de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual son directamente recurribles ante la Audiencia Nacional", explica Carlos Sánchez Almeida.

"En el supuesto de que no pidan autorización judicial lo que hay que hacer es una demanda contencioso-administrativa contra la Sección Segunda, sin perjuicio de otras responsabilidades", dice, para dejar un asunto claro: estos recursos "pueden ganarse en los tribunales".

De hecho, está convencido de que esta medida se va a volver en contra al Gobierno. "A la judicatura no le va a hacer gracia el tema de que se prescinda de ellos y, sobre todo, se prescinda del artículo 20 apartado 5 de la Constitución, que dice que no se puede secuestrar ningún tipo de publicación sin orden judicial. Cualquier web es por definición una publicación. Es por eso que este asunto, antes o después, será tumbado en tribunales".

"DescargasMIX.net":http://www.descargasmix.net/ es la última víctima del Ministerio de Cultura y la "Comisión Sinde":https://www.genbeta.com/web/la-ley-sinde-todo-lo-que-necesitas-saber-sobre-su-puesta-en-marcha, en su lucha por "combatir la _piratería_":https://www.genbeta.com/actualidad/sinde-sobre-las-descargas-meternos-todos-en-juicios-unos-contra-otros-no-es-buen-camino y la descarga de obras protegidas por derechos de autor. Esto por sí solo no es ninguna novedad, ya que la comisión lleva ya "varios meses":https://www.genbeta.com/actualidad/nueva-victima-de-la-ley-sinde-tusseries-com-anuncia-su-cierre provocando el "cierre de páginas web":https://www.genbeta.com/actualidad/18-meses-de-carcel-y-tres-anos-sin-poder-crear-webs-por-administrar-una-web-de-enlaces-en-espana en toda España. La novedad está en que el cierre de DescargasMIX se produce tras un _simple_ aviso de Cultura a la empresa de hosting que alojaba dicha página web, OVH.

Como explica _boli_, el propio administrador de la web, en un "comunicado oficial":http://www.descargasmix.net/, el día 10 de febrero recibió un aviso de OVH en el que notificaban la recepción de una "alerta por parte del ministerio de cultura de España". En esa alerta "me obligan a eliminar por completo la web o dar por terminado el contrato del servidor que tengo contratado". En definitiva, DescargasMIX ha desaparecido temporalmente sin que su propio administrador haya recibido la notificación de la Comisión.

La Comisión suele notificar a los usuarios de que se ha abierto un proceso en su contra, a la vez que avisan también a las empresas de hosting. En este caso Cultura acudió directamente al servicio de alojamiento, OVH, quizás para agilizar el proceso y para amedrentar a los responsables de los servidores en los que viven este tipo de páginas web.

Y esta estrategia ha funcionado. _Boli_ afirma que "les he dicho (a OVH) que dejen el tema en mis manos pero no quieren hacerlo, por fuerza tengo que abandonarles y buscar otra empresa que tenga dureza para soportar la carga demoníaca que esos del ministerio de cultura le han asignado al proyecto".

El administrador defiende que su web "no infringe ningún derecho intelectual", ya que es un agregador de enlaces externo y nunca ofrece contenido de forma directa. Además, dice que "está buscando otra empresa que no tenga ningún miedo a alojar esta gran página web" y que "volveremos pronto aunque no sabemos si esta reapertura durará mucho tiempo".

Más información | Descargasmix En Genbeta | Sinde, sobre las descargas: "Meternos todos en juicios unos contra otros no es buen camino" y La actual Ley de Propiedad Intelectual, en cifras. Y ahora, ¿qué?

La página web de enlaces TusSeries.com está de vuelta. Apenas tres semanas después de que anunciasen su cierre como "víctimas de la Ley Sinde":https://www.genbeta.com/actualidad/nueva-victima-de-la-ley-sinde-tusseries-com-anuncia-su-cierre, los administradores del foro han reflotado la comunidad bajo un nuevo nombre y dominio: "GrupoTs.net":http://grupots.net/

En un "hilo del foro":http://grupots.net/index.php?showtopic=29195 cuentan que el nuevo equipo está formado por casi todos los mismos miembros del antiguo equipo de TusSeries.com. Casi porque una de las adminstradoras se ha tenido que quedar al margen, probablemente la responsable de los enlaces que provocaron la denuncia.

GrupoTs.net cuenta con la misma base de datos y enlaces de siempre, por lo que los antiguos usuarios de TusSeries.com no tendrán que volver a registrarse y su perfil estará intacto. Como anécdota decir que la página web está ahora a nombre de una persona que se ofreció por "ser insolvente y no tener miedo a las multas".

Comunicado oficial | GrupoTs.net En Genbeta | Nueva víctima de la Ley Sinde: Tusseries.com anuncia su cierre

Justo en el mismo mes en el que Tusseries.com cumplía diez años en la red, el popular foro de enlaces de series ha anunciado su cierre. El mensaje que aparece en la página es claro y contundente: "TusSeries ha cerrado". Tal cual. Unas horas antes, en la propia página los dueños daban explicaciones, y es que les ha llegado una carta del Ministerio de Cultura en la que se exige que el administrador se identifique:

Me acaba de llegar una carta del Ministerio de Educación [y Cultura] para que me identifique como dueña del foro, hace falta poca imaginación para saber lo que vendrá después, así que sintiéndolo mucho cierro el foro después de 10 años, gracias a todos

Al parecer, y según recogen "otras fuentes":http://www.abc.es/cultura/20130320/abci-cierra-pagina-tusseriescom-201303191959.html, todo esto se produce como consecuencia de un expediente que la Comisión de Propiedad Intelectual, uno de los órganos de la conocida Ley Sinde, recibiese una denuncia presentada por la Federación para la protección de la Propiedad Intelectual (FAP) en marzo de 2012.

Aunque en principio el proceso debería cerrarse si los administradores retiran los enlaces por los que se ha producido la denuncia, estos han decidido, tras hablar con un abogado especializado, cerrar el foro para evitar futuros problemas. David Bravo, uno de los grandes expertos en estos temas, coincide en que bastaría con borrar los links infractores.

Página sin publicidad y sin ánimo de lucro

Si por algo llama la atención este caso es porque en el caso de Tusseries, la página nunca recurrió a anuncios. Para mantener los costes del propio servidor, periódicamente se pedían donaciones voluntarias a los usuarios. En este caso, y a diferencia de lo que ocurre con otras páginas, no existía ánimo de lucro.

En Tusseries, los usuarios compartían sus propios montajes de series y documentales publicando enlaces para eMule, pero en ningún caso se subía directamente la serie. Quizás por esto y por el hecho de no tener un fin económico hasta ahora se habían librado de denuncias.

Pero hay algo bastante curioso: en la web también había subtítulos (que, en este caso, sí estaban subidos directamente al foro). Todavía se desconoce los enlaces en concreto que se han denunciado ante la Comisión Sinde, pero una posibilidad (y esto ya es teoría mía) es que los subtítulos hayan podido tener algo que ver. Recordemos que la FAP también causó el "cierre de Wikisubtitles":http://www.error500.net/fap-wikisubtitles-subtitulos-pirateria/ hace ya algunos años.

Y ahora, ¿qué?

¿Y qué ocurre con los archivos? Los ripeos de la gente se siguen compartiendo en eMule. Algún usuario ha subido incluso una "copia de los todos enlaces e2dk a Mega":https://mega.co.nz/#!aFxWjAwZ!Si9s5AnaBULiBZc5BJi-xXu_LctmsUUkjFpaeRTd7hk y hay otra copia en The Pirate Bay. Los subtítulos, en cambio, parecen haber pasado a mejor vida.

En cuanto al foro en sí, y a falta de conocer más detalles por parte del Ministerio de Cultura y tras la identificación de los administradores, lo que sí sabemos es que por ahora de momento permanecerá cerrado. Será decisión de los dueños el reabrirlo o no en función de cómo avance el proceso.

En Genbeta | "El portal de descargas Vagos.es cierra cautelarmente tras recibir una denuncia de CEDRO":https://www.genbeta.com/actualidad/el-portal-de-descargas-vagos-es-cierra-cautelarmente-tras-recibir-una-denuncia-de-cedro

Ayer os comentamos con qué borrador se está trabajando para reformar la Ley de la Propiedad Intelectual (LPI). A pesar de las esperanzas que muchos tenían en la Ley Sinde-Vert fuera un antes y un después, lo cierto es que esta ley no ha acabado nunca de funcionar, ni bien ni mal, resolviendo tarde y mal las demandas interpuestas.

Una ley víctima de su propia burocracia que no ha conseguido dar la agilidad para que las páginas que tengan contenidos que infringen la Ley de Propiedad Intelectual cierren. Veinte días y web cerrada. Ese era la promesa que traía debajo del brazo la Ley Sinde-Wert. El resultado es que un año después sólo se han retirado contenidos <a href=" de 25 expedientes.

Menos mal que no cobran por productividad

Pero sería injusto decir que un año después la Comisión de Propiedad Intelectual (CPI) ha conseguido un pobre resultado en un año, la comisión no empezó a actuar hasta junio. En todo este tiempo ha recibido 361 denuncias, pero 200 de ellas fueron presentadas para denunciar la ineficacia de la propia ley autoinculpándose de infringirla.

Nos quedamos con 161 denuncias, de las que 46 fueron archivadas por defectos de forma y de las 115 restantes, 25 son las que terminaron en acuerdo para la retirada de enlaces, ya sea durante las notificaciones y en dos casos se llegó a dictar resolución. 90 expedientes siguen en curso. Si tenemos en cuenta que la comisión tiene, entre titulares y suplentes, 10 miembros no parece que hayan sido muy productivos.

Lo peor de todo es que los expedientes que no acaban con la retirada de los enlaces se cierran por silencio administrativo, es decir, se dejan pasar los tres meses que tiene la Comisión para contestar, tras los cuales se entiende que no será sancionado, al haber prescrito el plazo legal para hacerlo.

Un procedimiento maldito para establecer las alegaciones

Hay que tener en cuenta que desde que se notifica hay 48 horas para presentar alegaciones, y que sólo se pueden presentar a través de Internet, funcione o no funcione la página. Esto, estando Java de por medio, se puede convertir todo en un infierno tal y como nos cuenta el abogado David Bravo. Es muy posible que muchos de estos expedientes no hayan conseguido presentar las alegaciones oportunas o simplemente se hayan sentido intimidados y decidido retirar los enlaces.

El principal problema para la parálisis de la Comisión parece estar en las notificaciones que debe realizar a los propietarios de las páginas web, que muchas veces no residen en España y es necesario hacerlo a través de los consulados de las embajadas. Todo sería mucho más rápido a través de un tablón electrónico, algo que tengo mis dudas si podrán aplicar para gente que no reside en España. Tendrán las mismas posibilidades de leerlo que un mensaje en una botella arrojada al mar.

Más allá de esta cuestión, el borrador de la reforma de la LPI, parece que apunta a simplificar el trabajo que realiza la comisión. Una vez que se ha cambiado de árbitro y sigue seguimos sin ganar, el paso siguiente puede ser cambiar las reglas de juego, y así marcar gol en fuera de juego será legal.

En Genbeta | Así es el borrador de la Ley Lasalle, la evolución de la Ley Sinde que no contenta a nadie Imagen | mconnors

El pasado 1 de marzo se puso en marcha la polémica Ley Sinde-Wert con una primera ronda de denuncias que, en realidad, iban destinadas a demostrar su ineficacia. Pasados ya 20 días desde su puesta en marcha, que es el plazo mínimo establecido para la resolución de denuncias, vemos que también se han iniciado unos cuantos procesos con la intención de ir hasta el final.

Según el Ministerio de Cultura, más allá de las protestas, 58 denuncias han sido presentadas ante la Comisión de Propiedad Intelectual. Los denunciantes pueden solicitar el cierre de las páginas si acreditan ánimo de lucro o el daño a su propiedad, iniciando así un proceso que se puede extender hasta un máximo de tres meses.

De momento no se ha producido ningún cerrojazo, pero que no os extrañe si pronto estamos dando las primeras noticias al respecto. Víctor Calvo Sotelo, Secretario de Estado de Telecomunicaciones, se ha pronunciado recientemente para asegurar que no debemos tener miedo a la aplicación de esta ley y que debemos evitar las posiciones extremas, pero sinceramente no he visto nada en ella que me lleve a confiar en lo que pueda aportar a las nuevas tecnologías.

Vía | Xataka On > El Mundo En Genbeta | La Ley Sinde será efectiva a partir del 1 de marzo

La infame ley Sinde-Wert ha dejado de ser una polémica que pesaba de forma incierta en nuestro futuro, para convertirse en una realidad que ya tiene aplicación práctica en los juzgados. El encargado de su estreno ha sido el músico Eme Navarro, que esta mañana ha presentado ya la primera denuncia pero con el objetivo de demostrar su ineficacia.

Este miembro de la SGAE ha denunciado a las 250 páginas que se agruparon bajo el nombre Wert de enlaces, como medida de protesta y desobediencia ante esta medida legislativa impulsada por los dos últimos gobiernos españoles bajo presiones venidas del otro lado del Atlántico. De su tramitación y ejecución, así como del resto de denuncias que vayan llegando en los próximos días, se encargará la Sección Segunda de la Comisión de la Propiedad Intelectual, presidida por María Teresa Lizaranzu, la nueva directora general de Política e Industrias Culturales y del Libro.

A pesar de que el Tribunal Supremo ha admitido a trámite la impugnación de esta ley, así como el posterior recurso contencioso-administrativo también aceptado, vemos que el plan sigue adelante. Según las estimaciones, se estima que durante los próximos días se presenten unas cuarenta denuncias desde distintos frentes.

La cosa irá rápida, pues se espera que los primeros cierres comiencen a producirse a finales de marzo. La maquinaria está lista para poder llevar a cabo el proceso completo en plazos de entre 20 días y tres meses; las garantías judiciales que puedan quedar en entredicho durante el mismo no parecen ser muy relevantes para sus promotores.

Como medida para satisfacer a ciertos lobbys, es obvio que la ley Sinde-Wert va a cumplir su papel y seguro que en las próximas semanas nos veremos obligados a comentar el cierre de algunas páginas. No obstante, pensar que esto va a suponer un freno para la distribución de contenidos protegidos o intentar compararlo con el proceso contra Megaupload es sencillamente ridículo.

Vía | Nación Red, Hacktivistas, El País
Imagen | @isaachacksimov
En Genbete | La Ley Sinde será efectiva a partir del 1 de marzo, El gobierno español aprueba la ley Sinde sin avisos ni explicaciones