La constante aparición de nuevas tecnologías no deja de generar situaciones legales inéditas. Tanto como para provocar que la Guardia Civil precinte un local dentro de un cuartel del Ejército de Tierra y que un oficial en activo sea sancionado por permitir el uso indebido de instalaciones militares. ¿De qué clase de uso hablamos? Pues, concretamente, de la minería de criptomonedas.

Eso es exactamente lo que ha ocurrido en Zaragoza, en un caso que ha terminado con una resolución firme del Tribunal Militar Central, que avala la sanción disciplinaria impuesta a un capitán.

La sentencia, dictada tras analizar un recurso contencioso-disciplinario militar, confirma una pérdida de ocho días de sueldo al oficial por una falta grave, al considerar probado que permitió el uso de recursos públicos con fines particulares, al margen de que no se haya acreditado un beneficio económico directo para él.

Una alerta interna

Los hechos se remontan a un aviso interno recibido en un acuartelamiento de Zaragoza. Según el expediente disciplinario, se alertó de la existencia de una instalación informática conectada a la red eléctrica del cuartel, ubicada en un almacén de la Unidad de Servicio de Acuartelamiento (USAC) y destinada a usos ajenos al servicio.

El capitán implicado, que tenía responsabilidades en el área de comunicaciones, decidió poner los hechos en conocimiento de la autoridad judicial, ante la sospecha de un posible delito de defraudación de fluido eléctrico.

La investigación no fue asumida por la jurisdicción militar, sino por el Juzgado de Instrucción nº 11 de Zaragoza, que abrió diligencias previas. Fue en el marco de estas actuaciones cuando los agentes de la Guardia Civil se desplazaron al cuartel, accedieron al local señalado y procedieron a su precinto.

Todo por la... cadena de bloques

La denuncia señalaba directamente a un sargento primero, destinado en el centro de comunicaciones del acuartelamiento, como responsable de utilizar el local para minar criptomonedas, una actividad que requiere equipos informáticos funcionando de forma continua y un consumo eléctrico elevado.

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La minería digital, esencial para validar transacciones en redes basadas en blockchain, supone un alto coste energético. De ahí el interés en hacer que pagara el Estado en lugar de asumir el gasto por sí mismo.

Pero el suboficial no actuaba solo. La investigación interna concluyó que el jefe de la unidad CISPOC, un capitán, había autorizado la instalación del material, facilitado el acceso al local y permitido su conexión a la red eléctrica del cuartel.

Autorización, acceso y control eléctrico

El expediente disciplinario es claro: este capitán permitió al sargento instalar material informático particular como un favor personal, motivado por una relación de amistad. El acceso al local se realizaba dentro del horario laboral y el material llevaba meses almacenado allí.

Más allá de la autorización inicial, el tribunal considera especialmente relevante que el capitán controlara el suministro eléctrico, siendo quien manipulaba el diferencial de la luz cuando se producían cortes, lo que evidencia un conocimiento directo y continuado de la instalación.

La inspección policial confirmó una manipulación deliberada de la red eléctrica: derivaciones desde el cuadro general, un diferencial independiente para evitar saltos de seguridad y un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) que protegía los equipos.

Además, se hallaron cajas de madera aisladas y ventiladas para alojar el material informático, así como una tarjeta SIM asociada a un teléfono oficial de la USAC, lo que reforzaba la tesis de un uso irregular de medios públicos.

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El recurso y la respuesta del tribunal

Sancionado por una falta grave tipificada en el artículo 7.37 de la Ley Orgánica 8/2014, el capitán recurrió la decisión alegando defectos formales, vulneración de la presunción de inocencia y uso de pruebas ilícitas.

El Tribunal Militar Central rechazó uno a uno estos argumentos. Consideró que la resolución sancionadora estaba debidamente motivada, que las pruebas eran legítimas y que existían declaraciones testificales suficientes, además del reconocimiento parcial del propio expedientado, quien alegó que se trataba de 'prácticas académicas' relacionadas con tecnologías blockchain.

Una clave jurídica: no hace falta lucro

El aspecto más relevante del fallo es la interpretación del tipo disciplinario. El tribunal subraya que no es necesario acreditar ánimo de lucro ni perjuicio económico para que exista la falta: basta con el uso particular de medios o recursos oficiales.

En palabras de la sentencia, exigir beneficio económico situaría los hechos en un plano distinto, incluso penal. En este caso, el mero consentimiento para usar instalaciones militares con fines privados es suficiente para justificar la sanción.

Vía | El Confidencial Digital

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La delgada línea que separa la estafa penal de una mala decisión económica ha vuelto a situarse en el centro del debate judicial tras una reciente resolución del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). El alto tribunal autonómico ha absuelto a un hombre que había sido condenado a cuatro años de prisión por la Audiencia de Las Palmas, al concluir que el engaño del que se decía víctima el denunciante fue tan evidente que

"Cualquier persona mínimamente normal no hubiera caído en él".

Una condena anulada

El caso se remonta a finales de 2020, cuando el acusado y el denunciante se conocieron, y el primero se presentó como agente inmobiliario con amplia experiencia y comenzó a ofrecer oportunidades de inversión supuestamente irresistibles: viviendas procedentes de fondos buitre a precios muy por debajo del mercado.

La Audiencia de Las Palmas dio credibilidad a la versión del denunciante y condenó al acusado por un delito continuado de estafa: cuatro años de prisión, una multa de 2.400 euros y la obligación de devolver 146.000 euros por la venta ficticia de cinco inmuebles. Sin embargo, el TSJC ha desmontado esa interpretación.

246.000 euros entregados… sin una sola escritura

El elemento clave de la absolución está en los hechos objetivos: a lo largo de seis operaciones distintas, durante un año y medio, el denunciante entregó 246.000 euros sin que se formalizara ni una sola compraventa, sin visitas acreditadas a los inmuebles y sin documentos notariales o registrales que avalaran las transacciones.

Las operaciones se sucedieron así:

• Finales de 2020: 50.000 euros por un bungalow en El Cotillo (Fuerteventura).
• Enero de 2021: 60.000 euros por cuatro pisos en Sardina del Sur (Gran Canaria).
• Marzo de 2021: 46.000 euros para inmuebles en Santa Cruz de Tenerife.
• Junio de 2021: un cheque de 48.000 euros, alegando el acusado una necesidad puntual de liquidez.
• Febrero de 2022: 42.000 euros para invertir en apartamentos en Costa Calma (Fuerteventura).

En ninguno de los casos hubo contrato de arras, escritura pública ni inscripción registral. Pese a ello, eso no impidió que el denunciante siguiera pagando.

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¿Todo engaño es estafa?

La Sala es especialmente dura al describir la conducta del denunciante. En su resolución afirma que actuó con "desidia, desinterés, de forma negligente y torpemente", subrayando que fue "demasiado dinero, en demasiadas entregas sucesivas y durante demasiado tiempo" como para no advertir la inexistencia real de las operaciones.

El tribunal recuerda un principio esencial del derecho penal: no todo engaño es estafa. Para que exista delito, el ardid debe ser lo suficientemente elaborado como para vencer la diligencia media de una persona. Cuando la supuesta víctima no adopta las precauciones más elementales, el engaño puede quedar fuera del ámbito penal.

¿Víctima o socio imprudente?

Uno de los pasajes más llamativos de la sentencia apunta incluso a la posible existencia de "intereses de otro tipo" en unas operaciones que carecían de cualquier apariencia de realidad jurídica. Sin afirmarlo de forma expresa, el TSJC deja entrever que el denunciante pudo haber asumido conscientemente un riesgo extraordinario, atraído por la expectativa de beneficios rápidos.

El tribunal también reconoce que en la conducta del acusado existía codicia, pero subraya que el denunciante buscaba adquirir inmuebles de fondos buitre a precios irrisorios, un contexto que refuerza el carácter inverosímil de las propuestas.

La devolución parcial y la atenuante

Solo cuando el acusado tuvo conocimiento de que se preparaban acciones judiciales, devolvió 100.000 euros. Ese reintegro permitió aplicar la atenuante de reparación del daño, aunque finalmente la absolución dejó sin efecto todas las penas impuestas en primera instancia.

Imagen | Marcos Merino mediante IA

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En los primeros años de la década de los noventa, cuando los ordenadores personales todavía eran territorio casi exclusivo de universidades y centros de investigación, un pequeño virus informático puso en jaque los laboratorios de la entonces joven Politécnica de Málaga.

Apenas 2.610 bytes de código, escritos en lenguaje ensamblador, bastaron para colarse en los PCs de la facultad y sembrar el desconcierto entre estudiantes y profesores.

Lo que nadie podía imaginar entonces es que aquel incidente, aparentemente menor, acabaría influyendo en la trayectoria profesional de uno de esos estudiantes hasta llevarlo, décadas después, a trabajar para Google y a fundar uno de los proyectos más influyentes del mundo en la lucha contra el malware: VirusTotal.

Ni tampoco que, 33 años después, ese mismo estudiante lograría resolver el misterio de quién fue el autor del virus 'Málaga'.

Un reto universitario que lo cambió todo

La historia comienza en los laboratorios de la Universidad de Málaga, cuando un joven alumno de primer curso llamado Bernardo Quintero se enfrenta a un desafío inesperado: el virus se propagaba a través del sector de arranque de los disquetes y dejaba inutilizados los equipos.

Su profesor, lejos de limitarse a buscar una solución rápida, le propuso un trato: si conseguía analizar el virus y desarrollar una herramienta capaz de detectarlo y eliminarlo, le subiría la nota en su asignatura.

Aceptó el reto sin saber que aquel ejercicio académico sería una de las primeras piedras de una carrera dedicada por completo a la ciberseguridad. Con apenas 18 años, se centró en lo esencial: entender cómo se propagaba el virus para poder neutralizarlo. El efecto del malware —su propósito oculto— pasó entonces desapercibido.

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Tres décadas después, una pregunta sin responder

El tiempo pasó. Aquella experiencia universitaria se transformó en vocación, la vocación en profesión y la profesión en proyectos de alcance global. Pero la historia del virus de Málaga quedó incompleta. ¿Quién lo había escrito? ¿Por qué?

Ya entrado el siglo XXI, y con una trayectoria consolidada, Quintero decidió volver sobre sus propios pasos. Aprovechando unas vacaciones, lanzó públicamente un llamamiento a antiguos alumnos y profesores que hubieran estado en la Politécnica de Málaga a principios de los noventa. Buscaba cerrar el círculo: agradecer al autor del virus el reto involuntario que había marcado su vida y, de paso, poner nombre y apellidos a una pequeña leyenda local de la informática.

La respuesta fue masiva. Y mientras no dejaban de llegarle comentarios y teorías, nuestro protagonista volvió a sumergirse en el código original.

El mensaje que estaba ahí desde el principio

El nuevo análisis reveló algo que había pasado completamente inadvertido al Quintero de 18 años: el virus escondía cadenas de texto que parecían simples caracteres sin sentido. Sin embargo, cuando se cumplían ciertas condiciones —año 1992 o posterior y día 1 del mes—, una rutina restaba un valor fijo a esos bytes y los mostraba por pantalla.

El resultado era claro: un mensaje explícito contra la banda terrorista ETA.

Ese era el verdadero payload del virus. No destruía datos ni buscaba causar daños graves; transmitía un mensaje político y servía, sobre todo, como experimento técnico. Y ese hallazgo se convirtió en una prueba fundamental: el auténtico autor debía conocer ese detalle.

Dos bytes como firma

Código hexadecimal del ejecutable del virus (Bernardo Quintero)

Pero la pista decisiva era todavía más sutil. En mitad del código, en un lugar donde no cumplían ninguna función técnica, aparecían dos bytes: 4B 49, que en ASCII corresponden a las letras "KI". Todo indicaba que se trataba de una firma.

Durante años, esas dos letras habían estado ahí, esperando a que alguien las leyera con atención. Más adelante, el análisis de una variante posterior del virus —más pequeña y refinada, conocida como "Málaga II"— reveló algo todavía más explícito: donde antes estaba "KI", ahora aparecía el texto completo "KIKESOYYO".

De la hipótesis al nombre propio

Con esa pista, las historias que llegaban podían contrastarse con precisión. Muchos nombres quedaron descartados. Hasta que un antiguo compañero de estudios aportó un testimonio sólido: había visto al autor trabajar en el virus, versión tras versión, como un desafío personal de programación en ensamblador... e incluso conocía el dato de los mensajes contra ETA, que Quintero no había hecho público.

El nombre que surgió fue el de Antonio Astorga... pero la noticia venía acompañada de un golpe inesperado: Antonio había fallecido años atrás; no habría posibilidad de preguntarle directamente. Aun así, las piezas empezaban a encajar. Pero quedaba una duda clave: si el nombre real del autor era Antonio, ¿qué significaba "Kike"?

El último paso de Quintero fue contactar con la familia. Y ahí llegó la confirmación definitiva. Antonio se llamaba en realidad Antonio Enrique Astorga... y en el ámbito familiar, siempre había sido 'Kike'. Finalmente, tuvo ocasión de conocer a uno de sus hijos, él mismo recién graduado en informática.

La coincidencia

La investigación, por cierto, condujo a descubrir un curioso paralelismo entre ambos: Antonio Astorga había sido profesor de informática en un instituto situado a apenas cuatro kilómetros del domicilio del protagonista de esta historia. Tras su fallecimiento, el centro había puesto su nombre a un aula de informática. Una simetría llamativa: en el colegio de Quintero, también se le había dedicado recientemente un aula.

Vía | LinkedIn

Imagen | Marcos Merino mediante IA

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Una mujer de 52 años de la ciudad alicantina de Elche fue arrestada hace unos días por la Policía Nacional en su casa. Ahora está en libertad con cargos, exactamente acusada de delito contra la propiedad intelectual. La mujer grababa en DVD capítulos enteros de telenovelas reconocidas en España y luego las vendía por el portal Milanuncios.

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Como ha recogido la Agencia EFE, la operación, denominada ‘Pecadora’, fue dirigida por el juzgado de Instrucción número 1 de Elche y se ha desarrollado con una investigación de la UDEV (Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta) de la comisaría de la Policía de la ciudad. 

Las autoridades han comentado que en este tipo de delitos es poco común que los contenidos que se comercializan sean telenovelas y ahí está lo más llamativo del tema. 

Cómo era el negocio de la venta de telenovelas

La policía ha encontrado en casa de la mujer a la que detuvieron hace unos días, según la información hecha pública, alrededor de 1.300 DVDs, siete discos duros, y un ordenador de mesa donde la mujer guardaba series enteras de telenovelas.  

Hay títulos como ‘Corazón salvaje’, ‘Mi verdad oculta’, ‘Alondra’, ‘Rubí’ que se vendían a través de Milanuncios.com. El coste oscilaba entre 5 y 7 euros por temporada (mas gastos de envío), grabado en los DVDs en formato .mp4 o .mkv. 

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La Entidad de Gestión de Derechos de Productores Audiovisuales (EGEDA) sobre la reproducción y distribución masiva de copias de obras con derechos de autor protegidos denunció este negocio en julio de 2025. Con esto, comenzó la investigación y a comienzos de este mes la policía arrestó a la mujer y realizó el registro domiciliario. También incautaron el material. 

quien prestó declaración en la comisaría de la ciudad y, posteriormente, quedó en libertad con cargos y a la espera de la resolución del juzgado que lleva el caso.

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En los últimos años, Barcelona se ha consolidado como la ciudad de referencia para los nómadas digitales en España. Según los últimos datos del Observatorio Permanente de las Migraciones, más del 30% de los permisos de residencia para teletrabajo concedidos en España en 2024 se emitieron para gente que se asentó en el área de Barcelona. 

Aquí hay que recordar que solo hablamos de gente que pidió este visado pero que también se calcula que muchos ciudadanos y ciudadanas de países de la Unión Europea se mudan a España a vivir, aunque ellos tienen libertad de entrada y salida y, por ello, no entran dentro de estas cifras. 

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En concreto, se solicitaron 6.401 permisos para Barcelona, ​​casi el doble de los 3.514 solicitados para Madrid. Los países de origen más comunes de los nómadas digitales que se mudan a España son el Reino Unido, México, Estados Unidos y Colombia.

En general, los permisos de residencia para nómadas digitales en España se duplicaron el año pasado en comparación con 2023, pasando de 9.537 a 19.771, según el Observatorio y como recoge Catalan News. 

El interés por Barcelona

Ya en el mes de julio en Genbeta publicamos que según datos de Homeclub, la empresa ha registrado un aumento del 42% en solicitudes vinculadas al teletrabajo o a estancias motivadas por el trabajo remoto en Barcelona durante los últimos dos años. “Esta tendencia refleja el posicionamiento de la ciudad como uno de los principales hubs tecnológicos de Europa", afirman desde la empresa.

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Como explicaba Idealista, la gente considera que Barcelona ofrece calidad de vida y seguirá al alza en los próximos años. "El teletrabajo ha venido para quedarse, y con él, un nuevo perfil de comprador internacional que ve en España una oportunidad para conciliar trabajo y bienestar”, son las palabras de la empresa Sonneil.

De acuerdo con estas empresas que ayudan a gente extranjera en la búsqueda de alquileres temporales, Barcelona es eje central de demanda de los teletrabajadores extranjeros que necesitan alquilar o comprar casa cuando vienen a vivir a la comunidad. Y se concentran en unos pocos barrios: Eixample, Gràcia y Sant Antoni, además de zonas costeras como Sitges o Castelldefels.

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Cabe recordar que en 2024 España fue seleccionado, una vez más, como el país preferido por los nómadas digitales. En esta ocasión, fue Global Citizen Solutions, quien concluyó que España es el mejor lugar del mundo para los nómadas digitales y destaca la ley española de startups, que "fomenta un ecosistema emprendedor, la vida asequible, el internet de alta velocidad y un entorno propicio para la tecnología y la innovación".

Imagen | Foto de Erwan Hesry en Unsplash

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El encarecimiento acelerado del alquiler en la Comunidad Valenciana (como el de otras regiones españolas) ha dejado de ser únicamente un problema social para convertirse también en un lastre económico que condiciona incluso la capacidad de las empresas para contratar talento.

Lo que antes parecía una realidad limitada a territorios tensionados como Baleares hoy se extiende a Valencia, Alicante y a los principales municipios turísticos, donde cada vez más profesionales rechazan ofertas laborales ante la imposibilidad de residir en una vivienda digna.

Además, el precio de la vivienda está provocando un éxodo hacia municipios del interior, lo que implica mayores distancias, más gasto en transporte y una creciente predisposición a rechazar empleos, especialmente entre trabajadores con familia o con jornadas intensivas.

En este contexto, un número creciente de empresarios está recurriendo a ayudas al alojamiento, pisos de empresa o incluso la compra directa de viviendas con el fin de garantizar que los trabajadores acepten o mantengan sus puestos.

Un mercado del alquiler que expulsa a los trabajadores

En Valencia y en sus alrededores, muchos candidatos rechazan oportunidades laborales porque no pueden afrontar alquileres que superan con creces sus salarios, especialmente en profesiones con retribuciones medias. Tal como explica Víctor Tatay, director de Adecco, un joven que cobra 1.400 euros no puede destinar "el 70 % de su salario" a pagar un alquiler que puede llegar a mil euros mensuales.

La tensión del mercado no sólo limita la llegada de nuevos trabajadores, sino que también obliga a quienes ya están empleados a buscar soluciones drásticas: desde directivos de 50 y 60 años que trabajan en Valencia entre semana y se ven forzados a compartir piso, hasta estudiantes que renuncian a vivir en la ciudad y se desplazan cada día desde sus municipios de origen por no poder pagar habitaciones por encima de 400 euros.

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La provincia de Alicante vive una situación paralela. Cada vez más profesionales especializados —incluidos médicos— rechazan la incorporación tras varios intentos fallidos de encontrar vivienda en las zonas demandadas: Benidorm, Torrevieja y la propia capital. Algunas compañías han empezado a incluir directamente el alojamiento en sus ofertas ante la evidencia de que los precios de mercado son "inasumibles" incluso cuando la oferta salarial es competitiva.

La presión turística agrava el escenario. Municipios como Benidorm o Torrevieja combinan una intensa demanda de segundas residencias con la necesidad de cubrir miles de empleos en hostelería, sanidad, construcción o transporte, lo que genera una paradoja: hay trabajo, pero no hay casas para quienes deben ocupar esos puestos.

En Benidorm, por ejemplo, el alquiler medio ronda los 1.600 euros mensuales, mientras que en Torrevieja se sitúa en torno a los 1.200 y en Alicante supera los 1.300 euros . Para muchos sueldos medios, es directamente inasumible.

Cuando la empresa se convierte en casero

Ante este escenario, empiezan a proliferar soluciones que hace pocos años habrían parecido extraordinarias:

• Compra directa de viviendas por parte de empresarios: Según recoge El Diario de Levante, un hostelero de Valencia adquirió un piso por 90.000 euros para evitar perder a su empleada más veterana, cuyo casero había elevado el alquiler de 400 a 700 euros. El empresario se lo alquilará por 500 euros, garantizando su continuidad laboral.
• Habitaciones de empresa para retener personal: En Benidorm, una empresa del sector del transporte proporciona habitaciones a sus conductores para evitar su marcha, según explica Manuel Ríos Arias, fundador de la consultora Mohure .
• Gestión del alojamiento para candidatos: Algunas compañías intermedian directamente en la búsqueda de vivienda, sobre todo cuando necesitan perfiles cualificados o mandos intermedios, un colectivo que difícilmente acepta compartir piso. Esta práctica, que antes se veía sólo en las islas, comienza a normalizarse en Alicante y Valencia.
• Vivienda incluida como parte de la retribución: Aunque cada vez más frecuente, esta medida presenta dificultades fiscales: cuando el trabajador se traslada de manera permanente, la vivienda se considera retribución en especie, por lo que debe tributar por ella. Si el piso es propiedad de la empresa, se aplica un 10 % de su valor catastral; si está alquilado, el trabajador debe declarar el importe del alquiler asumido por la empresa.

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Sectores más afectados

La construcción es uno de los sectores más perjudicados. Una constructora valenciana contrata obreros en Albacete y asume su alojamiento para que acepten el empleo, ya que no pueden pagar una vivienda en Valencia.

La sanidad vive una problemática similar. En Alicante se han documentado casos de médicos que acuden varias veces en busca de vivienda y finalmente rechazan la plaza ante la imposibilidad de encontrar un alquiler razonable.

El turismo y la hostelería completan la lista: sectores intensivos en mano de obra, pero ubicados precisamente en las zonas donde los precios han alcanzado valores máximos históricos.

Un cambio de perfil en quienes sí pueden instalarse

Mientras muchos trabajadores no pueden asumir los alquileres, otros con mayor poder adquisitivo están ocupando el mercado disponible. Tal como indica la inmobiliaria Recasens Real Estate, llegan a Valencia profesionales extranjeros o teletrabajadores capaces de pagar hasta 3.200 euros mensuales por una vivienda en la capital valenciana, desplazando todavía más a quienes dependen de un salario local.

Vía | Información.es

Imagen | Marcos Merino mediante IA

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Juanma Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, ha firmado un acuerdo unánime con todos los sindicatos que se traducirá en mejoras de las condiciones laborales de más de 65.000 empleados públicos andaluces. Según el anuncio oficial, el acuerdo recoge subidas salariales y fija unas bases que presenten después desarrollar la nueva Ley de Función Pública en Andalucía.

También hay que tener en cuenta que los empleados públicos andaluces son los peor pagados de las administraciones en todo el Estado. El acuerdo se ha cerrado con representantes de los sindicatos CSIF, UGT y CCOO.

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Además, el compromiso del Gobierno andaluz es “culminar” la implantación del VII Convenio Colectivo, que sustituirá al actual que es de 2002. 

Como recoge el ABC, entre otros objetivos está el de lograr una tasa de temporalidad inferior al 8% (tal y como obliga la directiva europea) y situar a los funcionarios andaluces en la media salarial del resto de empleados públicos de las administraciones en España.

Los funcionarios peor pagados de España

Hace ahora un año, un estudio del SAF mostraba con gráficas cómo los empleados públicos en Andalucía son los peor pagados de todas las Comunidades Autónomas. 

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Además, también mostraba que según el Plan Estratégico de Recursos Humanos 2020-2023, la edad media del personal en activo es de 54 años y la edad media de acceso ha aumentado de 29 a 36 años en la última década. 

Una administración más "eficiente"

Mediante este acuerdo, la Junta se compromete a invertir 250 millones de euros. El dinero no irá solo destinado a la subida salarial sino que deberá destinarse a modernizar los sistemas para que la administración sea, según Moreno, “digital, eficiente y simplificada” y que unos sistemas mejor hechos puedan reducir las burocracias.

Según el sindicato CSIF, el acuerdo "permite la recuperación progresiva del derecho a la acción social, suspendido desde 2012, así como el impulso de la promoción profesional mediante la reorganización estratégica de puestos y vacantes y la implantación de un nuevo modelo de prevención y salud laboral".

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El acuerdo también contempla "compromisos presupuestario y la creación de una comisión paritaria entre Junta y sindicatos para supervisar su cumplimiento y que se reunirá semestralmente". 

De acuerdo con UGT, el acuerdo contempla cambios en los procedimientos de cobertura de puestos de responsabilidad; se impulsa la promoción profesional, mediante una gestión adecuada de las vacantes, así como un calendario de recuperación de la Acción Social; una nueva reorganización de los recursos técnicos y sanitarios de prevención de riesgos laborales; y actualización de los convenios colectivos del personal que presta servicios en el Sector Público Instrumental (SPI).

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Una mujer en Alicante ha sido despedida de la empresa donde trabajaba por llegar demasiado temprano al trabajo. De hecho, el despido ha sido sin indemnización. Y el abogado laboralista Juanma Lorente ha analizado el caso para explica la lógica que hay en ese despido que se ha viralizado. Cabe recordar que el juez ha considerado el despido como procedente, avalando la decisión de la empresa. 

La mujer de Alicante trabajaba en una empresa de paquetería y era normal en sus rutinas llegar a la empresa entre 30 y 45 minutos antes del comienzo de su turno. Es importante decir que su jefe le advirtió varias veces que no quería que llegase al trabajo con antelación, pero ella seguía haciéndolo. 

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Y, precisamente, esa desobediencia es lo que ha llevado a que el despido esté justificado por el juez. Incumplir las normas del jefe había llevado a acumular varias faltas y eso llevó al despido justificado. Según la sentencia es "una falta grave que afecta además a la relación de confianza y de lealtad entre el empleado y la empresa”. En resumen, es un incumplimiento horarios como puede ser llegar tarde. 

Qué dice el abogado

El abogado laboralista Juanma Lorente ha explicado en sus redes sociales que aunque el caso es estrambótico, hay que tener en cuenta que "la empresa le había dicho varias veces que no llegara antes, que llegara a su hora".

Por tanto, la mujer estaba desobedeciendo las normas de la empresa y por ello,  “tiene todo el sentido del mundo que la empresa haya despedido a la trabajadora por llegar demasiado pronto a su trabajo”.

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Si no acatamos lo que la empresa dice realmente estamos cometiendo una falta”. Cuando el incumplimiento es reiterado, la falta “se convierte en falta muy grave y merecedora de despido”.

Imagen | Foto de Donald Wu en Unsplash

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Una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias sirve para aclarar una duda: cuánto de legal es que tu empresa te vaya geolocalizando y use esta información para decidir si pueden despedirte. 

El profesional afectado es un técnico de mantenimiento de ascensores, que contaba con una aplicación de control horario que registraba su horario y también el punto exacto desde el que fichaba. 

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El horario de trabajo del protagonista de esta historia era de lunes a viernes de 08.20 a las 4 de la tarde. El 29 de febrero de 2024 el hombre recibe un escrito de la empresa en la que se le comunica su despido disciplinario por no realizar su jornada laboral diaria. 

Registro desde su casa

Como recoge Xataka, la jornada laboral del empleado comenzó a mostrar patrones extraños. Por ejemplo, había diversos fichajes de salida realizados desde el domicilio del empleado. Es decir, el registro indicaba que el técnico acababa su jornada laboral desde su casa. Como aclara la sentencia:

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"La aplicación indica que, en el período comprendido desde el 8 de enero al 6 de febrero de 2024, hasta en 11 ocasiones, la posición de geo localización del trabajador, en el momento de apertura de la aplicación, es la de su domicilio en Langreo. El actor no presta servicios en régimen de teletrabajo".

La empresa lo alertó y el trabajador siguió

Como se recoge en la sentencia, la empresa no actuó de inmediato. Antes del despido, emitió advertencias al trabajador y le recordó el funcionamiento de la aplicación. Pero los fichajes desde casa continuaron, lo que llevó a la empresa a interpretar que se estaba incumpliendo la jornada laboral pactada. 

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El despido se produjo por considerar que el trabajador concluía su jornada antes de la hora ya que el fichaje de salida se realizaba ya desde su propia casa y no desde el lugar de trabajo. Como explican desde Xataka, la Sala de lo Social del TSJA confirmó la decisión del despido disciplinario y validó el uso de la geolocalización como prueba.

Leyes que amparan la decisión

El artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores especifica que "el empresario podrá adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales". Eso se traduce a que el sistema de control horario con geolocalización está justificado.

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Por otro lado, la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos (LOPDGDD) regula los sistemas de geolocalización. Su artículo 90 exige informar de forma clara sobre la existencia de estos sistemas, su finalidad, el alcance del tratamiento y los derechos de protección de datos. 

Como esta era una aplicación de la empresa en un dispositivo también propio de la empresa y con un sistema que el trabajador conocía bien, está justificado su uso. Además, la aplicación solo registraba la ubicación cuando se abría la aplicación.

Vía | Xataka

Imagen | Foto de Anastasiia Nelen en Unsplash

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Hace unos días recogíamos la información sobre cómo empresas chinas han aterrizado en Europa para fabricar y ensamblar coches. Esto fue después de que empresas europeas cerrasen varios acuerdos con sus rivales chinos para evitar quedarse rezagadas en las áreas clave —software, baterías y sistemas de vehículos autónomos— que impulsarán el futuro de la industria automotriz. Esto también ha pasado en España. 

Pero se estaba observando un problema y es que las empresas contrataban a muy poca gente local y tiraban de empleados que llegan desde China. Por lo que estos acuerdos no están fomentando el empleo en las zonas donde las fábricas se han instalado. Así, por ejemplo, en España, CATL quiere traer a 2.000 trabajadores chinos a la región de Zaragoza para construir sus instalaciones cuando vendría muy bien que estas fabricas pudieran fomentar el empleo local. 

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Hace unos días, Stéphane Séjourné, Vicepresidente de Prosperidad y Estrategia Industrial de la Comisión Europea, comentaba al medio italiano La Stampa que desde el organismo están atentos a la situación, sobre todo en España. Y ahora tenemos nueva información publicada en Finantial Times. 

Para construir las instalaciones españolas, que forman parte de una empresa conjunta con Stellantis, CATL quiere traer 2.000 trabajadores chinos a la región de Zaragoza. Está previsto que 3.000 trabajadores, en su mayoría españoles, operen la planta, pero algunos representantes sindicales predicen que, en línea con la política del gobierno chino, la empresa se mostrará reacia a compartir sus secretos tecnológicos más valiosos.

Cambiar las normas

Un funcionario del gobierno español afirmó esta aque el país apoya firmemente la iniciativa de la UE para endurecer las normas de inversión extranjera, y afirmó que espera que la medida "impulse la seguridad económica y la resiliencia de Europa, y también garantice que la IED o inversión extranjera directa genere un sólido valor añadido, tecnología y empleo nacional en los países europeos". 

El objetivo con su plan, que llega después de que las empresas ya se estén instalando con sus normas en muchos casos es que ahora la Comisión Europea quiere mayores beneficios para los trabajadores de la región y transferencias de tecnología cuando las empresas extranjeras se establezcan en el territorio. 

Cabe decir que la revisión de las normas aún está en debate. Pero se plantea que haya reglas que endurezcan la llegada de firmas extranjeras. Como está el acuerdo actual parece que China se beneficia del acuerdo de apertura pero sin compartir su conocimiento tecnológico y generar beneficios entre los trabajadores locales. 

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El comisario de Industria del bloque, Stéphane Séjourné, declara a Financial Times que los criterios deben "garantizar que las inversiones extranjeras no se limiten a componentes ensamblados en el extranjero", sino que contribuyan al "funcionamiento de toda la cadena de valor europea". Ahora, aunque tarde, las normas revisadas quieren que haya contratación local y que se exija a las empresas chinas que compartan sus conocimientos tecnológicos. 

Los flujos de inversión extranjera directa de China a la UE aumentaron un 80% hasta los 9.400 millones de euros en 2024, en relación a los niveles de 2023, según datos de la Comisión Europea. Recoge Expansión que el fabricante de baterías de China CATL destaca porque tiene una tecnología más avanzada que cualquier rival europeo. Está construyendo varias plantas, entre otras la de Zaragoza. 

Desconfianza china

Al mismo tiempo, se cree sin que la información sea del todo pública, que los chinos tengan desconfianza en la competitividad de algunas empresas europeas para hacer frente a las distintas labores dentro del sector de las baterías para coches eléctricos.

Al mismo tiempo también temen que haya espionaje industrial. Hay que recordar el libro Apple in China del que recogimos información en Genbeta este año. Según el periodista que se encargó de su elaboración, Apple implementó un programa de responsabilidad de proveedores, pero pasa por alto la pieza más importante del rompecabezas: que el gobierno del país "permitió las actividades de Apple para que China pudiera explotarla y convertirse en una potencia tecnológica por derecho propio". 

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Es decir, que si Pekín permitía las condiciones laborales abusivas que se daban en el país, era para poder acumular información para la creación de estas tecnologías puntas. Ahora, Financial Times destaca la inseguridad que algunas autoridades chinas tienen sobre instalar en España su planta de baterías, temiendo que se puedan llevar a cabo espionaje industrial. 

De todos modos, por ahora parece que los ejecutivos de Stellantis han confirmado que CATL no transferirá conocimientos para así salvaguardar sus diferentes quehaceres.

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