Una mujer de 52 años de la ciudad alicantina de Elche fue arrestada hace unos días por la Policía Nacional en su casa. Ahora está en libertad con cargos, exactamente acusada de delito contra la propiedad intelectual. La mujer grababa en DVD capítulos enteros de telenovelas reconocidas en España y luego las vendía por el portal Milanuncios.

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Como ha recogido la Agencia EFE, la operación, denominada ‘Pecadora’, fue dirigida por el juzgado de Instrucción número 1 de Elche y se ha desarrollado con una investigación de la UDEV (Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta) de la comisaría de la Policía de la ciudad. 

Las autoridades han comentado que en este tipo de delitos es poco común que los contenidos que se comercializan sean telenovelas y ahí está lo más llamativo del tema. 

Cómo era el negocio de la venta de telenovelas

La policía ha encontrado en casa de la mujer a la que detuvieron hace unos días, según la información hecha pública, alrededor de 1.300 DVDs, siete discos duros, y un ordenador de mesa donde la mujer guardaba series enteras de telenovelas.  

Hay títulos como ‘Corazón salvaje’, ‘Mi verdad oculta’, ‘Alondra’, ‘Rubí’ que se vendían a través de Milanuncios.com. El coste oscilaba entre 5 y 7 euros por temporada (mas gastos de envío), grabado en los DVDs en formato .mp4 o .mkv. 

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La Entidad de Gestión de Derechos de Productores Audiovisuales (EGEDA) sobre la reproducción y distribución masiva de copias de obras con derechos de autor protegidos denunció este negocio en julio de 2025. Con esto, comenzó la investigación y a comienzos de este mes la policía arrestó a la mujer y realizó el registro domiciliario. También incautaron el material. 

quien prestó declaración en la comisaría de la ciudad y, posteriormente, quedó en libertad con cargos y a la espera de la resolución del juzgado que lleva el caso.

Imagen | Foto de Cameron Bunney en Unsplash

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Hace apenas tres años, un nuevo nombre comenzó a circular en los foros de lectores y entre los investigadores que buscan libros fuera del circuito comercial: Anna’s Archive. Para muchos, era simplemente la web "heredera de Z-Library", la popular biblioteca digital que fue desmantelada en 2022 tras una operación del Departamento de Justicia de EE. UU.

Sin embargo, lo que empezó como un refugio alternativo para acceder a textos académicos y libros difíciles de conseguir, se ha convertido en el mayor metabuscador de contenidos escritos del planeta... y en el principal objetivo de los ataques de los defensores del copyright.

Ayer supimos que Google acababa de eliminar de sus resultados nada menos que 749 millones de enlaces de Anna’s Archive, lo que equivale al 5 % de todos los enlaces retirados de la web desde 2011 por motivos de derechos de autor.

Se trata del mayor borrado masivo jamás registrado contra un único sitio web, muy por encima de los 4,2 millones de URL retiradas a lo largo de los años de The Pirate Bay, el histórico portal de intercambio de archivos.

Un sucesor nacido del vacío que dejó Z-Library

Anna’s Archive nació en otoño de 2022, apenas unos días después de la caída de Z-Library. Su fundadora, conocida solo bajo el seudónimo de 'Anna' o 'Anna Archivist', presentó el proyecto como un índice abierto y gratuito que conectaba a los usuarios con millones de libros, artículos científicos y materiales educativos, facilitando el acceso universal al conocimiento, especialmente para quienes enfrentan barreras económicas, legales o geográficas.

A diferencia de las shadow libraries tradicionales, el sitio no aloja directamente los archivos, sino que recopila metadatos y enlaces provenientes de otras fuentes como Library Genesis (LibGen), Sci-Hub, Internet Archive o Project Gutenberg.

En apenas tres años, la plataforma ha indexado más de 52 millones de libros y 98 millones de artículos académicos, lo que la convierte en el mayor catálogo de obras digitales jamás creado. Todo ello sustentado en un modelo open source, descentralizado y replicable, que permite a cualquiera montar una réplica del sitio o usar su código para proyectos similares.

Cómo funciona este gigantesco metabuscador

En términos técnicos, Anna’s Archive actúa como un buscador de metadatos. Los usuarios pueden introducir el título, el autor o el ISBN de una obra, y el sistema devuelve enlaces a diferentes fuentes donde puede encontrarse el texto —ya sea de dominio público o protegido por derechos de autor.

El sitio utiliza tecnologías de distribución redundante y, en algunos casos, integración con IPFS (InterPlanetary File System) para garantizar que su contenido siga accesible incluso en caso de bloqueos.

Por eso, aunque algunos países —como Alemania o EE. UU.— han bloqueado el acceso a sus dominios principales, el portal sigue activo mediante espejos y direcciones alternativas (annas-archive.org, .li, .se).

Por qué Google la ha borrado (pero no del todo)

A medida que el éxito de Anna’s Archive crecía, también lo hacía la presión de las grandes editoriales. Empresas como Penguin Random House y John Wiley & Sons, junto con más de un millar de autores y titulares de derechos, comenzaron a presentar denuncias masivas bajo la Ley de Derechos de Autor del Milenio Digital (DMCA).

El resultado ha sido contundente: Google ha desindexado 749 millones de enlaces pertenecientes a los tres principales dominios de Anna’s Archive, de un total de 784 millones reportados.

La propia empresa del buscador reconoce que el volumen de solicitudes relacionadas con este portal es abrumador, con más de 10 millones de nuevas URL denunciadas cada semana.

El objetivo de esta campaña es claro: dificultar que los usuarios encuentren material 'pirateado' a través del buscador. Sin embargo, al contrario de lo ocurrido en su momento con Z-Library, la web sigue siendo accesible (basta con teclear su URL en el navegador). De hecho, al buscar "Anna’s Archive" en Google, el dominio principal aún aparece entre los primeros resultados.

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Debates éticos

El debate sobre Anna’s Archive va mucho más allá de la infracción del copyright. Sus defensores sostienen que democratiza el acceso a la educación y la investigación, especialmente en países donde los costes de los libros académicos son prohibitivos. Además, preserva obras fuera de circulación o en riesgo de desaparecer.

Sus críticos, por el contrario, subrayan que el sitio facilita el acceso a copias no autorizadas, afectando económicamente a autores y editoriales. En el plano legal, se mueve en una zona gris: al no alojar directamente los archivos (aunque los enlaces apunten a material protegido), esquiva parcialmente las acusaciones de 'copia ilegal' en numerosas jurisdicciones.

Pero, con el ascenso de la IA, también ha surgido un nuevo motivo de conflicto: el uso de estas bibliotecas por parte de empresas de inteligencia artificial. Anna’s Archive ha admitido haber proporcionado acceso a alrededor de 30 desarrolladores de modelos de lenguaje (LLM) para entrenar sus sistemas con su vasto archivo, lo que ha encendido aún más las alarmas en la industria editorial.

Imagen | Marcos Merino mediante IA

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Que la inteligencia artificial necesita una base de información enorme para entrenarse y mejorar su calidad es una verdad incómoda. Una realidad que aunque en algunos casos (minoritarios) se está solventando comprando datos, como Google hizo con Reddit, entre las prácticas más habituales están permitir el acceso a información de sus usuarios, como Meta hace con Instagram o directamente, con prácticas poco éticas como usar contenido con copyright sin permiso.

Uno de los muchos ejemplos es Meta bajando libros de una web de descargas con el beneplácito de Zukerberg, pero también Anthropic está bajo la lupa por haber descargado masivamente millones de libros para entrenar a su modelo, según una demanda que está a punto de cerrar. Usar contenido protegido con propiedad intelectual es delito, seas una persona normal y corriente o una big tech y Anthropic va a aprenderlo abriendo la cartera. 

Porque la startup tecnológica detrás de Claude va a pagar 1.500 millones de dólares para resolver una demanda por infracción de derechos de autor por descargar millones de libros pirateados, mañana 8 de septiembre se examinará el acuerdo para su visto bueno. Estamos ante uno de los mayores acuerdos hasta la fecha en materia de inteligencia artificial y propiedad intelectual, pero no es el primero ni será el último.

Llegar a juicio para Anthropic podría ser fatal: la bancarrota

Bloomberg adelanta la solicitud preliminar del acuerdo y que evitará que la startup de San Francisco vaya a juicio en diciembre. La demanda se presentó como una acción colectiva en representación de autores de hasta siete millones de libros, que alegaban que la startup habría usado de forma ilegal copias no autorizada de sus obras protegidas por derechos de autor para entrenar a sus modelos.

Ojo porque el de Anthropic es uno de los primeros acuerdos por demandas por derechos de autor, pero grandes referentes del sector como OpenAI, Midjourney o la anteriormente mencionada Meta también se enfrentan a acusaciones de uso indebido de contenidos online con propiedad intelectual. 

En un escrito procesal, Anthropic explicaba que tenía una presión desmesurada para llegar a un pacto, habida cuenta que en caso de llegar a juicio se enfrentaría más que posible quiebra, ante una eventual condena de un billón de dólares, todo un jaque financiero a su existencia. Al fin y al cabo, su valoración e s de 183.000 millones, con una facturación de 5.000 millones de dólares y 13.000 millones en inversiones, pero la startup sigue siendo deficitaria.

Justin Nelson, abogado del grupo de autores que ha interpuesto la demanda, ha declarado para Associated Press que "Hasta donde sabemos, es la mayor recuperación de derechos de autor jamás realizada. Es la primera de este tipo en la era de la IA". El letrado además ha lanzado un aviso a navegantes.

"Este acuerdo envía un mensaje contundente tanto a las compañías de IA como a los creadores: tomar obras protegidas por copyright de sitios web piratas es ilegal"

 Es el primer gran acuerdo, pero no será el último. Mashable recoge las declaraciones del abogado Chad Hummel (que no participa en la demanda), que apunta que "El acuerdo podría marcar el rumbo de la industria y establecer un precedente corporativo sobre qué se puede y qué no se puede utilizar sin consentimiento". Otros profesionales del derecho no lo tienen tan claro.

Este acuerdo no significa el fin de los litigios legales para la startup, que también se enfrenta a reclamaciones por vulnerar el copyright de editoriales musicales y hasta de Reddit, por usar sin permiso contenido publicado en su plataforma para entrenar a la IA. Pero como mencionábamos más arriba, no es la única: sin ir más lejos, OpenAI tiene delante al New York Times, que le demanda por reclamaciones de derechos de autor.

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Portada | KATRIN  BOLOVTSOVA

Nueva jornada de fútbol profesional en España, nuevos bloqueos por parte de LaLiga. La temporada 2025/2026 empezó la semana pasada y con ella retornaron los problemas a la hora de acceder a servicios y páginas web aduciendo motivos legales. ¿El problema? Que a veces las webs no tiene nada que ver con el fútbol y que tampoco albergan contenido que vulnere la propiedad intelectual. Matar moscas a cañonazos.

Pero en la segunda jornada de LaLiga EA Sports los bloqueos indiscriminados han rizado el rizo hasta límites insospechados, tanto es así que hasta las webs de DAZN y la UEFA han sufrido percances durante las retransmisiones. El primero es una de las dos plataformas de streaming que tienen derechos de retransmisión de la primera división y pocas presentaciones necesita el máximo organismo futbolístico de Europa. No son las únicas, pero sí las más llamativas.

Los bloqueos por el fútbol rozan lo esperpéntico

J. Román, docente, divulgador informático y streamer popularmente conocido como "Manz" monitorizaba el bloqueo de las webs de Dazn.com,  de Uefa.com y hasta de la web del Sevilla F.C. en su perfil de X/Twitter, al parecer aparecían como no disponibles por razones legales:

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No fueron las únicas. Ya desde ayer daban problemas otras webs no sospechosas de difundir contenidos que vulneren la propiedad intelectual como Atrapalo.com, GitHub y hasta las plataformas de divulgadores de contenido como Brais Moure daban problemas:

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El año pasado el CEO de Cloudflare ya lanzó una advertencia de que tarde o temprano estos bloqueos indiscriminados puedan traducirse en que alguien no tenga acceso a un servicio de emergencia en un momento crítico, pero este curso aún pinta más negro: MásOrange y Vodafone han subido de nivel para ponerse casi a la altura de Movistar y Digi con sus bloqueos masivos y Movistar ha pasado de bloquear solo las direcciones IPv4 a ampliar el cerco y bloquear las IPv6

Considerando que LaLiga y Telefónica tienen cobertura judicial hasta 2027 y el beneplácito del Gobierno español, no parece que las cosas vayan a cambiar. Por su parte, Cloudflare y RootedCon han llevado el asunto al Tribunal Constitucional, pero cualquier medida no se aplicará en el corto plazo. En pocas palabras, que los días que haya partido la espada de Damocles pende sobre webs y servicios legítimos de todo tipo por el mero hecho de compartir IP con objetivos del filtrado.

No obstante, siempre queda la opción de usar un servicio VPN, pero no en DAZN: la plataforma de streaming explica en su sección de ayuda que tiene prohibido el uso de una red privada virtual por "acceso justo, seguridad, derechos de emisión y calidad del streaming".

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Portada | Forbidden icons created by Freepik - Flaticon

Ya avisábamos hace unos meses de que julio sería el único mes del año en que nos veríamos libres de los bloqueos masivos de páginas web ordenados por LaLiga y aplicados por las principales operadoras españolas (Movistar, Digi, MásOrange y Vodafone). Y así, con el arranque de LaLiga 2025/26, los bloqueos han vuelto este pasado fin de semana. Y lo han hecho con mucha más fuerza.

La medida, diseñada para frenar emisiones no autorizadas de fútbol, tiene efectos colaterales: durante los horarios de partido, sitios y servicios legítimos alojados en infraestructuras compartidas quedan inaccesibles para millones de usuarios.

Pero esta nueva temporada liguera parece traer bajo el brazo un endurecimiento de sistemas de filtrado y la misma escasa preocupación que la temporada pasada por su impacto sobre webs ajenas a la difusión de partidos.

Ejemplos de esto último han sido el bloqueo a una web turística de El Bierzo (ver imagen), estudiantes que se han quedado sin acceso a clases online, y algunos usuarios que han señalado problemas en servicios de streaming como Crunchyroll durante las franjas de bloqueo.

¿Qué ha cambiado esta temporada?

Más operadoras se apuntan a los bloqueos masivos

La temporada pasada, sólo Movistar y Digi aplicaban bloqueos verdaderamente masivos: la mayor parte del tiempo, las otras operadoras aplicaban bloqueos sobre todo cuando alguien intentaba entrar directamente a una dirección IP que estaba en la lista negra. Eso, claro, afectaba a menos gente.

Ahora MásOrange y Vodafone han subido un escalón: no solo bloquean esos accesos directos, sino también cuando visitas un dominio normal (como midominio.com) que "apunta" a una IP prohibida.

IPv6 ha saltado al campo de juego

Hasta ahora, casi todos los bloqueos eran en IPv4 (el sistema de direcciones "clásico" de Internet, que funciona como números cortos y muy usados: 192.168.0.1, por ejemplo). Pero Internet lleva años ampliándose con IPv6, que ofrece direcciones mucho más largas y con más combinaciones posibles (como 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334).

Pero... esta temporada, Movistar ya no se limita a IPv4: también bloquea las direcciones IPv6: así, se amplía el cerco.

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¿Qué otras técnicas de bloqueo están usando?

1. Bloqueo por IP con blackhole: La operadora introduce las IP objetivo en una ruta “agujero negro”: los paquetes de datos "desaparecen" y el navegador no recibe respuesta. Movistar lo usa en los picos de partido.
2. Errores legales y páginas de aviso: Fuera de los picos, Movistar muestra HTTP "451 – Unavailable For Legal Reasons", mientras que Vodafone muestra una página con el aviso "Por motivos ajenos a Vodafone esta web no está disponible". Digi ha llegado a mostrar avisos atribuyendo el bloqueo a LaLiga y Telefónica.
3. Inspección del tráfico (DPI) y bloqueo por resolución: MásOrange y Vodafone interceptan HTTP/HTTPS de cualquier dominio que acceda a IPs bloqueadas: por HTTP muestran aviso; por HTTPS, no hay respuesta.

Qué esperar en los próximos meses

LaLiga y Telefónica cuentan con cobertura judicial hasta 2027 y el 'visto bueno' del Gobierno y de la mayoría del Legislativo. Cloudflare y la asociación española RootedCon elevaron hace unos meses el asunto al Tribunal Constitucional, pero no se esperan decisiones a corto plazo en ese frente. Mientras tanto, el endurecimiento de posiciones en MásOrange y Vodafone sugieren que la posición probloqueo se ha hecho fuerte.

En términos prácticos, los días de partido seguirán siendo momentos de riesgo para webs y servicios legítimos que compartan IP con objetivos del filtrado. Lo prudente es prepararse para un escenario persistente durante toda la temporada, en el que el acceso a cualquier web se convierta en una lotería a lo largo del año si no usas un servicio VPN.

Imagen | Marcos Merino mediante IA

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Quizá el pasado fin de semana, con la última tanda de partidos de Primera División, pensaras "Qué bien, ya se ha acabado la temporada liguera: ya no tendremos que sufrir más bloqueos masivos de webs de viernes a lunes". Si ese es tu caso, posiblemente algún amigo te recordó que el verdadero fin de LaLiga termina cuando finaliza 'LaLiga Hypermotion' (la 'Segunda División' de toda la vida).

Pero si estabas a punto de decir "Qué bien, el próximo martes se acaba la temporada liguera: ya no tendremos que sufrir...", frena y contén tu entusiasmo.

Porque esto no ha terminado. La entidad presidida por Tebas y los bloqueos que impulsa con ayuda de las operadoras para frenar la retransmisión no autorizada de partidos de fútbol tienen margen legal para seguir afectando a la libre navegación de Internet durante otras tres semanas más.

Y luego retornarán en cuanto comience la nueva temporada liguera en agosto.

¿Cómo es eso posible?

Durante esta temporada, LaLiga ha venido aplicando una estrategia basada en solicitar a las operadoras el bloqueo de sitios web que retransmiten sin permiso sus partidos (desde hace unos meses, una polémica sentencia concede cobertura legal a estos bloqueos, sin necesidad de obtener autorizaciones judiciales específicas para cada caso).

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La polémica ha surgido porque, al estar estos bloqueos basados en direcciones IP, el bloqueo de una de estas direcciones puede 'llevarse por delante' centenares o miles de otras webs perfectamente legítimas (en los últimos meses, han 'caído' webs como ChatGPT, Steam, Redsys o la RAE, por ejemplo).

Según hemos podido saber en Genbeta tras ponernos en contacto con los encargados de comunicación de LaLiga, la sentencia que habilita estos bloqueos sigue vigente mientras lo esté el contrato de derechos audiovisuales (que se extiende hasta la temporada 2026-2027). Esto incluye todos los partidos oficiales organizados por LALIGA, ya sean de LaLiga EA Sports (primera división) o de LaLiga Hypermotion... así como los playoffs de ascenso.

Una comprobación al calendario de los mismos deja claro que, incluso una vez que finalice LaLiga Hypermotion, tendremos otros tres fines de semana de bloqueos:

Estos partidos también se emiten en TV

Así es: los bloqueos masivos continuarán al menos hasta el 21 de junio de 2025, fecha prevista para la final del playoff. Pero eso no es todo: la maquinaria de bloqueos se reanudará poco después, con el arranque de la temporada 2025-2026 en agosto. A falta de confirmación oficial, se espera que LaLiga vuelva a iniciarse el fin de semana del 16-17 de agosto, aunque algunos partidos podrían adelante al viernes 15 o al jueves 14, víspera de festivo.

Esto implica que julio será el único mes sin bloqueos activos de aquí a un año completo. Y según las propias fuentes de LaLiga, esta situación podría repetirse al año siguiente si no se dan grandes cambios en el calendario liguero.

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¿Y después de 2027?

Según los correos intercambiados, la sentencia que permite los bloqueos está supeditada a la vigencia del contrato de cesión de derechos audiovisuales, que expira al final de la temporada 2026-2027. Esto abre la puerta a que, salvo cambios legislativos o judiciales, estos bloqueos continúen aplicándose al menos durante dos temporadas más. Después de eso, será necesario emitir nuevas resoluciones judiciales para mantener activa esta estrategia.

Silencio en la sala

Si hay algo que puede alterar este rumbo de los acontecimientos, es el Tribunal Constitucional: la creciente polémica por los bloqueos ha escalado hasta este órgano después de que la plataforma de ciberseguridad RootedCON anunciara, hace unos días, la presentación de un recurso de amparo.

Este recurso llega después de agotar todas las vías judiciales previas, incluyendo un intento desestimado por parte del Juzgado de lo Mercantil número 6 de Barcelona, el mismo tribunal que inicialmente dio cobertura legal a estos bloqueos masivos.

RootedCON, junto con otras entidades afectadas, denuncia que estos bloqueos, aunque dirigidos contra retransmisiones no autorizadas de partidos, están causando perjuicios colaterales a webs legítimas y servicios esenciales.

La falta de transparencia, proporcionalidad y garantías en la ejecución de estas medidas es uno de los principales argumentos del recurso, que también solicita medidas cautelares para frenar lo que califica como un "constante acoso digital" a usuarios y empresas españolas.

Si eso falla, la Asociación de Internautas (AI), junto con la Fundación España Digital (FED) y la Asociación de Usuarios de Internet (AUI), presentaron ayer mismo una reclamación ante otra institución con capacidad para presionar en este tema: el Defensor del Pueblo. En dicha reclamación, se le pide a éste que inste a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales y la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia a que intervengan de oficio ante los abusos ejercidos por LaLiga.

Imagen | Marcos Merino mediante IA

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Una organización que defiende unos principios concretos debería, en teoría, ser un modelo a seguir. Pero en la práctica, esto no siempre se cumple. Es el caso de la campaña Piracy is a Crime, destinada a concienciar sobre la ilegalidad de acceder a contenidos sin los correspondientes derechos de autor. Uno pensaría que quienes están detrás de esta iniciativa actuarían de forma ejemplar en este ámbito. Sin embargo, la realidad ha sido muy distinta.

Han descubierto que los responsables de esta campaña utilizaron una tipografía sin contar con los derechos correspondientes y que resultaba ser un clon de otra. Una contradicción total: denuncian el uso indebido de obras protegidas, pero recurren a una fuente que infringe estos derechos de autor.

Una campaña que fue contra sí misma

La campaña se lanzó el 12 de julio de 2004 en cines, con el objetivo de combatir la infracción de derechos de autor en Estados Unidos. Fue impulsada por la Federación Contra el Robo de Derechos de Autor y la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos (actualmente MPA), en colaboración con la Oficina de Propiedad Intelectual de Singapur.

Incluso se encuentra una versión en español de esta misma campaña que puedes en el siguiente vídeo:

El anuncio mostraba escenas como la de una adolescente descargando sin permiso una película, o dos mujeres comprando DVDs en una tienda no autorizada. Estas imágenes se intercalaban con frases impactantes como “No robarías un coche”, equiparando el acceso contenido con derecho de autor con el robo físico.

Curiosamente, un estudio posterior publicado en The Information Society reveló que la campaña no solo fue ineficaz, sino que pudo haber incentivado aún más el consumo de contenido con el que no se es tienen los derechos.

Pero el giro más irónico llegó recientemente, cuando se analizó la tipografía utilizada en la campaña. El usuario Mass-Driver en un hilo de Bluesky ha compartido que se usó una fuente para la que no se tenían derechos. Todo comenzó cuando se sospechó que la tipografía era FF Confidential, creada por Just van Rossum. Sin embargo, gracias a la herramienta FontPage, el usuario @rib.gay identificó que no era exactamente esa, sino un clon llamado Xband Rough, que no contaba con los derechos de autor correspondientes.

Precisamente, FF Confidential fue creada en el año 1992 y publicada en FontFont. Pero después, en 1996 Catapul Enternainment Inc generó este clon no autorizado de la fuente y se distribuyó bajo 'XBAND Rough'.

Pulsa en la imagen para acceder a la publicación.

Así, 20 años después, esta emblemática campaña anticopia ha quedado retratada por caer exactamente en aquello que pretendía condenar. Una ironía difícil de ignorar: predicar contra esta práctica mientras se hace uso de una fuente que está clonando a otra sin tener autorización de su creador.

A este mismo hilo ya han comenzado a crear memes. Un usuario ha creado una imagen con el mismo estilo que las usadas en la campaña, dice 'No deberías descargar fuentes', dejando nuevamente en evidencia la ética que se demostró con esta campaña.

Hicieron lo mismo con la música

La canción que decidieron incluir como fondo musical en esta campaña también estaba protegida por derechos de autor con los que no contaban en ese momento. La pieza fue compuesta por Reitveldt, quien originalmente la había creado para una única proyección en un festival de cine.

Sin embargo, al ver que su composición sonaba en la famosa campaña contra la las descargas ilegales —emitida en salas de cine de todo Estados Unidos— decidió emprender acciones legales. Lo más sorprendente es que Reitveldt se enteró por pura casualidad: en 2007, al comprar un DVD de Harry Potter, descubrió que su canción sonaba al principio, justo antes de que empezara la película.

La demanda culminó en 2012 con una sentencia favorable al compositor, lo que derivó en una indemnización de casi 60.000 euros.

Imágenes | Federation Against Copyright Theft and Motion Picture Association

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"Le requiero a usted que le diga a Cloudflare que no le comparta con contenido ilegal. Y si no lo hace, le demandaré, porque usted está consintiendo que su IP sea utilizada para compartir un delito contra la propiedad intelectual".

Así relataba hace unos días Javier Tebas, presidente de LaLiga, qué había contestado a la gerente de la RAE cuando éste le afeó que sus bloqueos de IPs provocasen que la web de la propia Real Academia quedara temporalmente inaccesible.

Inesperada incoherencia

Con esas palabras, no sólo negaba el impacto social de que herramientas como la versión web del DRAE estuviera offline, sino que poco menos que señalaba a los sitios web que recurren al popular CDN de Cloudflare como poco menos que cómplices de un delito. O de varios, pues en otras ocasiones el máximo responsable de LaLiga ha culpado a Cloudflare de colaborar también con

"actividades ilegales como el proxenetismo, prostitución, pornografía, comercialización de falsificaciones, fraude y estafa, entre otras".

Pero Tebas, siendo él mismo licenciado en Derecho y fundador de un bufete de abogados, habla con conocimiento de causa cuando se mete a opinar sobre temas sensibles como las complicidades y responsabilidades legales.

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Y aquí viene lo irónico del asunto, porque resulta que el citado bufete, Tebas Coiduras, utiliza en su web los servicios de CDN que proporciona Cloudflare, tal como revela Cantabria Diario, y como se puede comprobar fácilmente haciendo uso de servicios como Sucuri o BuiltWith:

Hay que recordar nada obliga al bufete a usar los servicios de Cloudflare y, de hecho, este proveedor cuenta con numerosas alternativas en el mercado a las que Tebas Coiduras podría haber recurrido en cualquier momento.

Un bufete en el ojo del huracán

El bufete, con sede en Huesca y filiales en Madrid y Buenos Aires, fue fundado en 1987 por Javier Tebas Medrano y su esposa, y se especializa en derecho deportivo, una rama que ha ganado notoriedad gracias a la posición prominente de Tebas durante el cuarto de siglo que lleva dirigiendo el fútbol profesional español.

Sin embargo, el hecho de que su propio despacho de abogados utilice esta plataforma desvela una incoherencia flagrante en su (cada vez más polémica) cruzada en pro de la 'propiedad intelectual', que no deja de llevarse por delante cada vez más sitios webs totalmente inocentes y ajenos a cualquier contenido futbolístico.

Imagen | Marcos Merino mediante IA

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Cuando Napster, el 'ogro' de la industria musical, mordió finalmente el polvo ante ella, la moda de las descargas no autorizadas no se extinguió, como pretendía, sino que se fragmentó entre multitud de nuevas aplicaciones que cogieron el testigo de aquella.

Y en esos primerísimos años de la década de los 2000, Kazaa se alzó como uno de los programas de intercambio de archivos más populares del mundo: hacía uso de una tecnología P2P (peer-to-peer) que permitía a los usuarios compartir música, películas y otros archivos con una facilidad sin precedentes.

Sin embargo, su historia estuvo marcada por demandas y prohibiciones, por lo que terminaría siguiendo el triste camino de Napster. Lo curioso es que, a pesar de que Kazaa lleva años desaparecido, sorprendentemente, algunas universidades en Estados Unidos siguen advirtiendo a sus estudiantes sobre los 'peligros' de utilizarlo.

Auge y caída

Cuando Napster desapareció del recién desaparecido escenario del P2P, el repentino vacío fue llenado rápidamente por Kazaa (y por Morpheus, Gnutella, LimeWire, BearShare, eDonkey...). Su fácil uso y su enorme biblioteca de archivos hicieron que millones de personas lo adoptaran en todo el mundo, pero también logró que la industria musical pusiera una diana sobre la aplicación.

Así, la RIAA (algo así como la SGAE estadounidense) comenzó una guerra legal contra los servicios P2P y sus usuarios. A diferencia de Napster, que operaba con servidores centrales, Kazaa utilizaba una red descentralizada, lo que lo hacía más difícil de controlar.

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A pesar de ello, la presión legal se intensificó y, finalmente, la compañía responsable de Kazaa tuvo que pagar alrededor de 100 millones de dólares en daños y perjuicios a la industria musical en 2006.

A la caza de los usuarios

Uno de los aspectos más controvertidos del declive de Kazaa fue la estrategia de la RIAA de demandar a los propios usuarios del servicio (no muy diferente de lo que se está haciendo ahora en varios países europeos con la tecnología IPTV). Se estima que alrededor de 30.000 estadounidenses fueron demandados por compartir música (muchos de ellos, estudiantes universitarios).

Las sanciones eran desproporcionadas: se amenazaba a los usuarios con multas de hasta 750 dólares por canción descargada. Ante este riesgo, muchos optaban por llegar a acuerdos extrajudiciales pagando alrededor de 3.000 dólares (en total, no por canción) para evitar someterse a un proceso legal prolongado e incierto.

Esto generó una atmósfera de miedo que contribuyó al declive de Kazaa y otras plataformas similares (y al auge de otras alternativas, por supuesto).

La transición fallida

Tras solventar sus problemas legales, Kazaa intentó 'reinventarse' como un servicio de descargas de pago en 2006, en un intento de imitar el modelo de negocio de iTunes (como también trataba de hacer Napster por aquella época).

Sin embargo, la marca Kazaa ya estaba demasiado vinculada con las descargas P2P, lo que dificultó su aceptación tanto entre la industria como entre los usuarios, por lo que, tras unos pocos años de intentos fallidos, desapareció por completo. En 2012, su sitio dejó de existir.

Kazaa, esa 'amenaza' tan 'actual'

Y si embargo, aunque Kazaa desapareció hace ya más de una década, su nombre sigue apareciendo de forma explícita en las políticas de seguridad digital de muchas universidades estadounidenses.

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Esto se debe a la Ley de Oportunidades de Educación Superior (HEOA, por sus siglas en inglés), promulgada en 2008, aún vigente y que exige a las instituciones de educación superior implementar medidas contra las descargas no autorizadas. Si no cumplen con estas normas, se exponen a la pérdida de fondos públicos.

Tal como desvela TorrentFreak, una simple búsqueda en Google revela que muchas universidades continúan incluyendo advertencias sobre Kazaa en sus páginas de políticas de uso de internet. Algunas de ellas son:

• Universidad de Vermont: "El intercambio de archivos a través de programas como Morpheus, LimeWire, Grokster y Kazaa es ilegal".
• Truman State University: "No se recomienda el uso de programas como KaZaa y LimeWire a menos que se tenga un conocimiento profundo de su configuración".
• Metro State University: "Kazaa, Ares, iMesh y LimeWire representan riesgos legales y de seguridad".
• Universidad de Texas: "Las aplicaciones P2P como Kazaa, BearShare y BitTorrent pueden facilitar la distribución de archivos ilegales".
• Universidad de Alabama: "Kazaa y otros clientes P2P pueden implicar riesgos legales graves."
• Brescia University: "Si bien los programas como Kazaa no son ilegales, muchos los usan para compartir archivos sin permiso".

Incluso algunas universidades, como Stanford, incluyen en sus advertencias a Skype (otra creación posterior y mucho más rentable de los fundadores de Kazaa... pero que también está a punto de morir) y World of Warcraft, argumentando que utilizan tecnología P2P para transmitir datos. Aunque esto fue cierto en el pasado, ya no es relevante, lo que demuestra lo desactualizadas que pueden estar algunas políticas institucionales.

Cómo ha cambiado el panorama

El hecho de que muchas universidades sigan advirtiendo sobre el uso de Kazaa y otros programas que han desaparecido hace años refleja, ante todo, la falta de actualización en sus políticas de seguridad digital.

Y es que, aunque la compartición de archivos sigue existiendo (cada vez menos, gracias al auge de las plataformas de streaming), las herramientas han evolucionado: hoy en día se recurre fundamentalmente a torrents, plataformas de mensajería y servicios de alojamiento de archivos en la nube.

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En los últimos años, Spotify ha sido objeto de un problema recurrente: el uso de versiones modificadas de su aplicación móvil, que permiten a los usuarios acceder a funciones premium de manera gratuita. Si bien esta práctica viola los términos de uso de la plataforma, ha sido adoptada por millones de usuarios en todo el mundo que buscan ahorrarse unos pocos euros al mes.

Sin embargo, las medidas recientemente adoptadas por la compañía han afectado a los usuarios de estas versiones no oficiales, dejando fuera de servicio múltiples APKs modificados y generando un impacto considerable en redes sociales.

Y es que, hace dos días, Spotify llevó a cabo una de las mayores acciones contra el uso de versiones ilegales de su aplicación: múltiples aplicaciones APK que permitían acceder gratuitamente a Spotify Premium dejaron de funcionar repentinamente, afectando a un gran número de usuarios.

Al menos, era un gran número de publicaciones las que llegó a suscitar en la red social X, a tenor del indicador de 'trending topics'...

Tener APKs no autorizadas y denunciar en DownDetector que 'no te rula'. El concepto.

No sólo en X: también ha sido tendencia en Google...

Un fenómeno en expansión

El uso de aplicaciones modificadas para evitar el pago de la suscripción premium de Spotify no es una novedad. En 2018, la empresa reveló que más de 2 millones de usuarios estaban utilizando versiones hackeadas para acceder a contenido sin publicidad, saltarse canciones sin restricciones y descargar música sin pagar.

A pesar de que Spotify ha tomado acciones en varias ocasiones para frenar esta práctica, la comunidad de usuarios de estas versiones ha seguido creciendo en los últimos siete años gracias a la facilidad con la que se pueden encontrar APKs modificados en Internet.

Spotify parece tener problemas para convencer a un amplio sector de usuarios que, sin embargo, no parecen dispuestos a dejar de usar su plataforma

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Spotify y su estrategia contra los APKs modificados

Desde hace varios años, Spotify ha estado apostando por tres grandes estrategias para combatir los accesos no autorizados a las funciones 'premium' de su plataforma:

• En primer lugar, ha ido desarrollando nuevos métodos para identificar versiones modificadas (a la misma velocidad con que los 'hackers' intentaban encubrirlas) y así evitar su funcionamiento.
• Además, los usuarios a los que se detectaba usando versiones no autorizadas terminan recibiendo advertencias y suspensiones temporales, e incluso sufriendo la eliminación definitiva de sus cuentas.
• Por último, la compañía ha promovido descuentos en sus planes premium, incluyendo ofertas para estudiantes y planes familiares, con el fin de atraer a más usuarios a su modelo de pago.

Consecuencias y riesgos del uso de APKs no oficiales

¿Y esto de dónde sale?

Un riesgo considerable de usar estos APKs es el riesgo de que estas aplicaciones puedan contener malware, poniendo en peligro datos personales y la seguridad de los dispositivos en los que se instalan.

Siempre que se instalan apps desde fuentes ajenas a la Google Play Store, el usuario debe saber que desaparecen las garantías en lo que respecta a la seguridad de su dispositivo.

Pero si en lugar de hablar de 'stores alternativas' pasamos directamente a APKs procedentes de fuentes indeterminadas, y que además sus creadores saben que tienen un enorme público potencial... bueno, todo eso suma para encontrarnos ante un desastre de ciberseguridad esperando a ocurrir.

Así, software malicioso como filtradores de datos confidenciales o 'keyloggers' (que registran todo lo que se escribe en el dispositivo) son las variedades más habituales que pueden terminar instaladas en nuestro smartphone.

Imagen | Marcos Merino mediante IA

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