Hace tan solo unos días publicamos un artículo titulado “Le hice viral y ahora me demanda por una millonada”; en el que abordamos una cuestión tremendamente polémica: la difusión de imágenes y vídeos sin el permiso de sus protagonistas. Un artículo en el que analizamos qué dice la ley al respecto así como algunos de los casos más famosos acontecidos fuera y dentro de nuestras fronteras.; y un asunto que nos vemos obligados a retomar hoy mismo.
Efectivamente, porque después de que en Italia tuvieran lugar dos incidentes de este tipo cuyas víctimas han acabado suicidándose, la cámara de diputados de este país presentó una propuesta de ley que pretende acabar con el bullying y toda clase de abusos online, un iniciativa que fue aprobada el pasado jueves y que obligará a los medios de comunicación a tomar una serie de medidas “censoras” sobre los comentarios de sus usuarios. Pero expliquémonos.
El marco y antecedentes de la propuesta
Antes de entrar en mayores vicisitudes, sin embargo, cabe remontarse a los orígenes de esta propuesta, que tuvo lugar después de que, hace ya dos años, una adolescente de 14 años acabara suicidándose tras ser víctima de cyberbullyng a través de Ask.fm. Un suceso que motivó a las autoridades del país a revisar la legislación al respecto y que, por desgracia, no es único en su especie.
De hecho, no tardó en aparecer un caso similar, esta vez protagonizado por una mujer de 31 años cuyo novio filtró una serie de vídeos sexuales en la red. Un contenido que le costó el trabajo y que dio un vuelco a su vida. Lo peor es que si bien la Justicia italiana ordenó suprimirlos –y también los comentarios relacionados con ellos- el mismo fallo consideró que la joven había consentido las grabaciones y la condenaba a pagar 20 mil euros de costas a hasta cinco sitios web. Una situación que el pasado 15 de septiembre la condujo al suicidio.
Dos casos que, en definitiva y como comentábamos, han hecho evidente la necesidad de establecer ciertos cambios legislativos respecto de este tipo de cuestiones y que la propuesta trata de reflejar. Sin embargo, viene con unas consecuencias añadidas que ya están siendo duramente criticadas.
En qué consiste la propuesta
Así, la propuesta cuenta con un objetivo claro: el de “contrarrestar el ciberacoso, la intimidación y en general todas las formas de violencia online” –según ha apuntado la diputada Elena Centemero y tal y como se refleja en la transcripción tipográfica de la sesión del jueves-. Una finalidad para la cual ha dispuesto una serie de puntos que, sin embargo, ya han hecho saltar las alarmas.
El documento no ha sido aprobado de forma unánime precisamente porque, según han apuntado algunos grupos parlamentarios, “lo que empezó siendo una ley sobre el acoso cibernético y la intimidación se ha convertido en una ley sobre lo que puede tener lugar en la comunicación pública […]algo que tendría muchísimas consecuencias” . Unas reticencias expresadas por Giovanni Paglia que, no obstante no han llegado a buen puerto.
En concreto, uno de los apartados más polémicos es precisamente aquel que se refiere a la obligatoriedad de los medios de comunicación y publicaciones online de censurar las “burlas” basadas en la “condición personal y social de la víctima” y en definitiva por cualquier manifestación que el receptor sienta como un insulto personal. En caso de no llevarla a cabo, el medio será sancionado con una multa de 100.000 euros.
Una norma que, según afirma el medio especializado BoingBoing no detendrá en absoluto la intimidación, acoso o porno-venganzas en Italia, pues “la mayoría de los servicios en los que los ciudadanos suelen expresarse no se encuentran en el país” y no solo eso, sino que es probable que aquellos que teman verse afectados “cambien de sede en lugar de enfrentarse a esta multa cada vez que alguien insulte a otra persona en línea”.
De hecho y tal y como apunta, la propuesta amenaza con convertirse en una herramienta que facilite la censura sin el debido procedimiento. Algo que compara directamente con las solicitudes de retirada de contenido, supuestamente, con derecho de autor y a la proliferación de este tipo de peticiones “falsas”.
En concreto se refiere a la sanción automática y a la retirada instantánea del contenido sin la correspondiente comprobación de veracidad. Es decir, para que te hagas una idea, lo que se cuestiona es que tan solo haga falta una mera advertencia para que se elimine el contenido en línea.
A pesar de las críticas, la propuesta también incluye otras disposiciones interesantes como la inclusión de un plan de acción para promover iniciativas educativas y cursos de formación específicos para docentes y alumnos, así como otras medidas relativas al apoyo y rehabilitación de los menores (tanto de las víctimas como de los participantes).
Para acabar y por otra parte, no podemos dejar de comentar que el último informe sobre ciberbullying de la Comisión Europea consideró alarmante la situación respecto de este tipo de cuestiones en determinados países. Entre ellos figura Italia. El documento también sirve para contextualizar todo este asunto y aporta datos referidos al número de solicitudes que reciben servicios como la línea de ayuda Telefono Azzuro (con más de 2.000 peticiones entre abril y diciembre del año pasado). Puedes leerlo íntegramente aquí.
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