El gobierno socialista fue incapaz de hacer normal lo que es normal en Europa: una Ley de Transparencia. A pesar de ser una promesa de su programa electoral de 2004, el intento se quedaba en anteproyecto y en un consenso sobre la necesidad de la ley.
Ayer, como no podía ser de otra manera, es un mandato de la Comisión Europea, Mariano Rajoy se comprometía a desarrollar un derecho de ciudadanía, que sólo cinco de los 27 países de la UE no han regulado (España, Grecia, Chipre, Malta y Luxemburgo), y que el PP ya había convertido en proyecto de ley (el documento que encabeza este post).
Los socialistas prometían tanto como Rajoy, pero determinar lo que debe ser "información sensible" (no transparente) frenó, una y otra vez, su pretendido impulso reformista. Además el efecto WikiLeaks les asustó. España sigue sin firmar el Convenio del Consejo de Europa sobre Acceso a Documentos Públicos (pdf).
La obsesión de los socialistas por "salvaguardar" la "confidencialidad" y la "seguridad" retrasó la aprobación de la ley. Desde la Coalición Pro Acceso, promovida por la ONG Access Info Europe, se denunció el "proceso de secretismo" que rodeó la elaboración de la norma y la "enorme dificultad" que encontraron a la hora de establecer canales de comunicación con el Gobierno.
Pero el día que se anunció el adelanto de las elecciones (del 20-N) el Ministro de la Presidencia, Ramon Jáuregui, hacía llegar a Access Info Europe el Anteproyecto de la futura Ley de Transparencia (pdf) que acababa de aprobar el Consejo de Ministros. La ONG destacó algunos aspectos positivos del Anteproyecto remitido (pdf) pero su valoración no fue mejor que la del proyecto de ley presentado por el PP.
El proyecto de ley popular es criticado, en todo caso, por no establecer la "transparencia" como un derecho fundamental y no crear un órgano garante del derecho de acceso a la información pública. El gobierno británico ha anunciado la creación del Open Data Institute que cuenta con la implicación directa de Tim Berners-Lee.
La eficacia de la Ley de Transparencia española se sustentará cuando se responda al ciudadano, sin respuesta, que preguntó al Ministerio de Sanidad:
¿Cuántas vacunas se compraron para luchar contra la Gripe A. A qué coste?; ¿Cuántas vacunas se han utilizado? ¿Cuántas han sobrado y qué se va a hacer con ellas?
Silencio administrativo. No hay respuesta.
En las propuestas del PP y del PSOE el derecho de acceso a la información está limitado cuando de la divulgación de la información pueda resultar un perjuicio para la seguridad nacional y la defensa, las comunicaciones oficiales con la Familia Real y su Casa, las relaciones exteriores, la seguridad pública, la prevención, investigación y sanción de las infracciones penales, administrativas o disciplinarias, las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control por poderes públicos, los intereses públicos económicos y comerciales, la integridad de los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva, el medio ambiente, la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de tomade decisión, la garantía de los derechos constitucionales, incluidos el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial, la vida privada y los intereses particulares legítimos.
Las limitaciones se ajustarán a su objeto y a la finalidad de la protección, sin perjuicio de que un interés superior justifique la divulgación de la información
Un interés superior como es el de conocer al enemigo interior (Ramón Lobo, dixit). Una tarea reservada al periodismo de verdad (no al de la concesión) y a la red o medio de comunicación de la gente que desvelará los secretos del poder.
En Nación Red | Transparencia de los poderes públicos. ¿Están las herramientas de Internet preparadas para ello? [por Enrique Castro]; WikiLeaks, Washington y La Moncloa
