A mediados de diciembre, Google anunció la adopción de unas nuevas condiciones de uso para su servicio de almacenamiento en la nube, Google Drive. Unas condiciones que darían pie a que la compañía empezara a restringir el acceso a nuestros propios archivos, si los de Mountain View entendían que su contenido viola sus políticas.
Según la información difundida en su momento, Google iba a esperar dos semanas desde el anuncio de estas nuevas medidas para empezar a escanear nuestros contenidos alojados en la nube, y así detectar los archivos 'condenables' a sus ojos (aunque no lo sean necesariamente según la ley).
"Es posible que revisemos el contenido para determinar si es ilegal o infringe nuestras Políticas del Programa, y puede que lo retiremos o nos neguemos a publicarlo si tenemos razones suficientes para considerar que infringe nuestras políticas o la ley".
Eso significa que, a estas alturas, ya hay usuarios siendo sometidos a este proceso de revisión de archivos alojados.
Un proceso abierto a la arbitrariedad
Una vez se detecte —haciendo uso de sistemas automatizados— una posible violación de las políticas de la compañía, los expertos de ésta revisarán el contenido sospechoso y decidirán sobre la toma de medidas como la restricción de acceso a terceros (evitando que puedan compartirse online), la eliminación de los archivos en cuestión o, directamente, el baneo del usuario de todos los servicios de Google.
Google afirma que lo que pretende perseguir con estas políticas va desde el alojamiento de malware a los documentos sexualmente explícitos, pasando por el discurso de odio y "contenido que ponga en peligro a los niños".
Sin embargo, ya han surgido las críticas por esta decisión, puesto que Google no ha definido claramente qué contenidos resultan 'abusivos' según sus estándares. ¿Las fotos íntimas de uno mismo, por ejemplo, infringen o no esta política sobre abusos?
¿O acaso están protegidas por las excepciones "basadas en consideraciones artísticas, educativas, documentales o científicas", que Google dice contemplar?
Muchos usuarios temen que esa indefinición se traduzca en retiradas arbitrarias del acceso a nuestros propios archivos. Google, al menos, ha articulado un procedimiento para que podamos solicitar una revisión de esta clase de decisiones, pero sin dar información alguna sobre los plazos que eso conllevaría.
Borja Adsuara, abogado y exdirector general para el Desarrollo de la Sociedad de la Información del Gobierno, afirma temer por su parte que esta tendencia termine permeando las normativas estatales… como, por desgracia, estaría ocurriendo en la Unión Europea:
"el camino por el que va la futura DSA (Digital Services Act) que se está tramitando ahora en el Parlamento europeo: dar todo el poder a las plataformas digitales de suprimir o bloquear los contenidos que ellas consideren 'inadecuados', aunque no sean ilegales".
Imagen | Basada en original de Juan de Dios Santander
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