El pasado mes de mayo, la policía italiana anunciaba que miles de usuarios se habían suscrito a un servicio IPTV que, carente de permisos de los titulares del copyright, estaba siendo monitoreado por las autoridades. Cuando los usuarios intentaron acceder a las retransmisiones del mismo, un mensaje de advertencia afirmaba que ya habían sido rastreados.
En ese momento, muchos pensaron que la Guardia di Finanza estaba marcándose un farol. Pero esos usuarios están viendo ahora cómo las cartas con la notificación de la preceptiva multa, firmadas por uno de los grupos de delitos informáticos del citado cuerpo policial, han empezado a llegar a sus casas.
Se cree que, por ahora, han recibido ya estas cartas unas 1.600 personas, pero advierten que se trata sólo "de la primera oleada". Y lo que afirman las cartas es muy interesante...
La policía buscaba moscas y colocó un plato con miel
...porque explica cómo fue posible realizar esa labor de monitorización e identificación a gran escala: aparentemente, las autoridades "llevaron a cabo la redirección de todas las conexiones nacionales de los proveedores de servicios de Internet" para que los suscriptores se registraran y realizaran el proceso de compra en un servidor controlado por la policía y configurado para registrar su actividad.
Así, se pudieron "rastrear en tiempo real" todas las conexiones a los "sitios piratas" intervenidos en la operación policial (más de 500 entre sitios web y canales de Telegram), y cruzar esa información con la derivada de los mecanismos de pago utilizados para pagar las 'suscripciones'.
La carta no revela, obviamente, todos los pormenores técnicos, pero desde luego sorprende el despliegue de recursos ante una infracción menor: "a primera vista parece más adecuado para los terroristas que para las personas que buscan transmisiones baratas", afirman, por ejemplo, desde TorrentFreak.
En cualquier caso, sí parece más proporcional a la infracción la multa: apenas 154 euros (reducibles a 51 si se pagan en menos de dos meses), que sólo ascendería hasta los 1.032 euros (reducibles a 344) "en caso de reincidencia".
La razón por la que esta clase de operaciones anti-IPTV suelen saldarse sólo con la detención de los responsables del servicio y no de los consumidores del mismo no es tanto de posibilidad técnica como de reputación e imagen: 'cazar' a un 'proveedor pirata' siempre vende más que multar o meter en el calabozo al abuelito o al primo de alguien.
Pero Gian Luca Berruti, jefe de investigaciones de la Guardia di Finanza, afirma que hacen esto porque "es importante sensibilizar a todos los ciudadanos, especialmente a los jóvenes, sobre este tema y hacerles entender que financiar este negocio significa financiar el crimen organizado".
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