El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común presentó este lunes una proposición no de ley para su debate en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados sobre la "prevención de la propagación de discursos de odio en el espacio digital".
Un texto que fue aprobado por esta comisión de la Cámara Baja, reunida este lunes, con los votos a favor del grupo que lo presentaba, PSOE y ERC, los votos en contra de PP y Vox, y la abstención de Ciudadanos, que insta al Gobierno a atajar los mensajes de odio en las redes sociales a través de diferentes medidas.
La aprobación de este tipo de iniciativas tiene como finalidad que las Cortes Generales desarrollen y aprueben texto o resoluciones que recojan las medidas solicitadas sin que tengan carácter de ley. Son, en la práctica, una manera que tienen los parlamentarios de expresar su posición sobre un determinado asunto y pedirle al poder Ejecutivo que actúe en consecuencia.
Una iniciativa que toma como referencia las normas de Francia y Alemania
La iniciativa presentada por el grupo al que pertenece Unidas Podemos, partido que forma parte del Gobierno, busca que se adopten "las medidas necesarias destinadas a la prevención de la propagación de discursos de odio en el espacio digital". Para ello, toma como ejemplo las iniciativas similares adoptadas por Francia y Alemania a la hora de la retirada de contenidos por parte de las plataformas y a las sanciones cuando dicho control no se lleve a cabo.
En la exposición de motivos de la proposición no de ley, el grupo parlamentario morado se apoya sobre la infodemia que se ha desatado en este conexto de pandemia para reforzar la necesidad de poner coto a los discursos de odio.
Además de apoyarse en la legislación gala y alemana, la argumentación del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común recuerda que la Comisión Europea publicó en mayo de 2016 un código de conducta para contrarrestar el discurso de odio ilegal en línea en el que aludían al compromiso de las empresas TIC en este sentido.
En base a todo ello, esta proposición no de ley aprobada por el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Garantizar que los usuarios de las empresas TIC dispongan de la información necesaria acerca de cómo denunciar los contenidos que inciten al odio, con derechos de información específicos en el caso de los usuarios menores de edad.
Simplificar los mecanismos para denunciar el contenido de los discursos de odio, incluida la creación de una herramienta única, accesible y fácil de manejar para los usuarios en todo el territorio del estado español.
Reducir el tiempo de procesamiento de los contenidos denunciados. Los operadores de las empresas TIC tendrán 24 horas para eliminar o deshabilitar de la web los contenidos que inciten al odio y a la violencia; o una hora cuando las víctimas sean menores. Esto exigirá a los operadores que apliquen procedimientos especiales y específicos, cuando sea necesario, para garantizar que las notificaciones se tramiten sin demora.
Aumentar la cooperación entre los operadores de las empresas TIC con las autoridades fiscales y policiales competentes. Los operadores tendrán la obligación de almacenar temporalmente el contenido de incitación al odio denunciado y de ponerlo a disposición de la autoridad judicial con el fin de investigar, identificar y enjuiciar infracciones penales.
Además de críticas por parte de la oposición, esta iniciativa parlamentaria también ha recibido la crítica de organizaciones como la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información. Esta entidad argumenta que se trata de una proposición innecesaria, porque la Unión Europea está a punto de regular esta problemática, y porque ahonda en la "privatización de la censura en línea".
Para el abogado Borja Adsuara, esta proposición revela que "el Gobierno quiere decidir qué es un mensaje de odio en las redes sociales". En un artículo de opinión, este letrado considera que los tres primeros puntos de esta PNL "son innecesarios o peligrosos, más por lo que no dicen (pero está implícito) que por lo que dicen (porque se miden mucho las palabras)". Considera que las plataformas ya están obligadas por la legislación vigente a actuar diligentemente contra los contenidos ilegales y que lo que pretende el Ejecutivo es "presionar a las redes sociales para que supriman rápidamente (24 horas) contenidos que no constituyen delito, bajo amenaza de graves sanciones si no lo hacen".
David Bravo, abogado especializado en derecho informático, propiedad intelectual, libertad de expresión y derecho al honor y exdiputado de Podemos en el Congreso, destaca en un tuit que mientras la formación morada está en contra de la directiva de derechos de autor "porque debe ser un juez y no una empresa como YouTube la que decida qué es una infracción", desde el Gobierno ve bien que "sea una empresa y no un juez la que decida lo que es o no un comentario ilícito". Y concluye: "indefendibles".
En cualquier caso, la pelota está sobre el tejado del Gobierno. Del Ejecutivo depende la toma en consideración de esta proposición no de ley y la posible traducción en una norma concreta o no.
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