Wallapop responde al impuesto del 4 % sobre las ventas: "La actual legislación deberá ajustarse a la situación real del mercado"

Wallapop responde al impuesto del 4 % sobre las ventas: "La actual legislación deberá ajustarse a la situación real del mercado"
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Lo contábamos ayer en Genbeta: en respuesta a la pregunta de un ciudadano, la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda y Función Pública indicaba que la compraventa de productos de segunda mano entre particulares acordadas a través de plataformas están sujetas a tributación. Concretamente al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, gravado en un 4 %.

Una de las plataformas más populares para acordar este tipo de transacciones, Wallapop, se pronunció a última hora de la tarde de ayer mediante un tuit que ha ampliado hace apenas unas horas con un comunicado. ¿El resumen? Creen que hace falta adaptar la legislación y quieren trabajar en ello.

Wallapop quiere un marco legal coherente y niega la facilitación de datos a Hacienda

En la publicación de la tarde, la plataforma de comercio electrónico manifestó su posición al respecto: "La actual legislación deberá ajustarse a la situación real del mercado". Y se mostraban dispuestos a colaborar de una forma activa con la administración para dar lugar a "un marco legal que sea coherente y realista con los nuevos modelos de consumo colaborativos".

El tributo, como explicamos ayer, es análogo al que se impone a las ventas físicas de bienes usados. Es, en efecto, el mismo impuesto y está vigente desde 1993. Se aplica a estas transacciones entre particulares, independientemente del medio empleado para acordarlas.

El pronunciamiento del fisco sencillamente despejaba una duda planteada, aunque la noticia que lo desveló generó confusión al tiempo que añadió un dato más. Según aseguraban, la Agencia Tributaria "pide las bases de datos a las plataformas de comercio online para investigar transacciones".

En el comunicado publicado este mediodía, Wallapop confirma que en materia tributaria nada ha cambiado estos días y que la empresa "no ha facilitado, ni tiene obligación de hacerlo con la legislación actual, ningún dato sobre las actividades de los usuarios". La única relación que mantienen con las autoridades, especifican, es crear una ley "más adecuada a los tiempos actual y que tenga en cuenta los nuevos hábitos de consumo surgidos de las nuevas tecnologías".

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