Confirmado por la Ley de Bienestar Animal: si un vecino lleva al perro sin bozal en las zonas comunes, puedes apelar al artículo 7.2 de la LPH

En el caso de que el perro de uno de los vecinos de nuestra comunidad circule sin bozal por el portal o el ascensor, podremos actuar en virtud de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH). Sin embargo, esto solo será posible si tenemos un motivo que entre dentro de los supuestos recogidos en el artículo 7.2 de esta legislación. No basta con que el perro vaya sin bozal. Tampoco la Ley de Bienestar Animal obliga a llevar bozal en las zonas comunes del edificio.

El artículo 7.2 de la LPH establece actividades que estén prohibidas por los estatutos, que sean perjudiciales para la finca o que entren en conflicto con las previsiones sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas.

Es preciso que exista un motivo que entre dentro de estos supuestos. Que el perro vaya sin bozal por el portal o ascensor y lo vea algún otro residente no implica que exista una de estas actividades prohibidas. Es preciso conocer qué es lo que realmente ocurre y cuál es la obligación que se aplica y si es incumplida.

Asimismo, el artículo 26.c de la Ley de Bienestar Animal establece que los titulares o convivientes de mascotas deben tomar las medidas necesarias para evitar molestias, peligros, amenazas o daños a las personas, otros animales o las cosas. Esta ley no establece una obligación generalizada de llevar bozal en los espacios compartidos.

Los perros potencialmente peligrosos están sujetos a una regulación específica. El artículo 8 del Real Decreto 287/2002 establece que deben ir con bozal adecuado y sujetos a una cadena o correa no extensible de menos de dos metros en los lugares y espacios públicos. No se especifican todas las zonas comunes privadas.

Asimismo, es importante conocer los estatutos de la comunidad y las normas de régimen interior. La comunidad tiene la facultad de regular la convivencia y el uso de los espacios compartidos, siempre dentro de los límites legales (como ocurre en otros aspectos relacionados con las zonas comunes). Se puede llevar a la junta una propuesta de este tipo y debatir sobre las pautas de convivencia. Lo que se acuerde deberá estar en línea con la ley y los estatutos.

Qué debe hacer la comunidad antes de acudir al juzgado

Si tenemos un motivo que entre dentro de los supuestos del artículo 7.2, el primer paso es que el presidente de la comunidad requiera al que realiza la actividad que pare en el acto (tanto de oficio como a instancia de alguno de los propietarios u ocupantes). Además, debe advertir de las posibles acciones judiciales. No basta con que algún vecino se queje.

Si la situación continúa, la junta (que para ello debe ser convocada) puede autorizar al presidente para que pueda interponer una acción de cesación. Se tramitará por juicio ordinario (salvo que el artículo 7.2 contemple algo específico). Deberá acompañarse de la prueba de haber realizado el requerimiento fehaciente y la certificación del acuerdo de la junta.

Una vez presentada la demanda, el juez puede disponer cautelarmente que la actividad pare en el acto, además de disponer otras medidas que garanticen el cumplimiento. También puede advertir que, en caso de incumplir la orden de cesación, se podrá incurrir en el delito de desobediencia (tal y como establece el propio precepto).

Si se estima la demanda en la sentencia, se puede disponer el cese definitivo de la actividad y el pago de la indemnización correspondiente. También puede llegar a ordenarse disponer el cese en el uso de la vivienda o local (hasta un máximo de tres años) en función de la gravedad y los perjuicios. En caso de que el infractor sea un ocupante (no el propietario), también existe la posibilidad de la extinción de los derechos sobre el inmueble y el desalojo inmediato.

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