Un vecino usa su trastero como taller y los ruidos que produce no dejan dormir a nadie: la Ley de Propiedad Horizontal pone orden en el edificio

El uso del trastero como taller puede llevar a conflictos con la comunidad. Los ruidos y vibraciones pueden molestar a los vecinos. En este caso existe un procedimiento regulado en la Ley de Propiedad Horizontal para solicitar el cese de estas actividades prohibidas. Se trata de un requerimiento que debe realizar el presidente. En caso de que el infractor continúe con su actividad, es posible recurrir a los tribunales.

En la norma no hay una prohibición general de almacenar material en estos espacios o realizar pequeñas reparaciones. Para que sea posible utilizar este procedimiento, es necesario que la actividad del taller corresponda a alguno de los supuestos del artículo 7.2. Es decir, que esté prohibida por los estatutos de la comunidad; que genere daños en la finca; que sea contraria a las normas de actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas.

No es cierto que porque el taller esté en un espacio privado sea posible omitir estas restricciones. También deben tenerse en cuenta el ruido y el riesgo que pueda suponer la actividad en estas condiciones.

Qué debe hacer la comunidad para pedir el cese

Es posible hablar con el vecino para intentar solucionar amistosamente el problema. Sin embargo, el requerimiento regulado en el artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal es algo diferente. El presidente ha de requerir al que realiza la actividad prohibida que la deje de manera inmediata y avisarle de las posibles actuaciones judiciales.

Este requerimiento puede realizarse de oficio o bien a instancia de alguno de los propietarios/ocupantes. La ley habla de que el requerimiento se dirija al que realiza la actividad. Es decir, puede ser que no sea el mismo que el dueño. Es importante demostrar que se ha realizado de manera fehaciente para posteriormente poder demandar.

En caso de que el infractor no deje de actuar, el presidente puede iniciar una acción de cesación tras haber obtenido previamente el consentimiento de la junta de propietarios (que deberá haber sido convocada para ello). Este paso es similar al que hemos visto en el caso de los límites de uso de una plaza de garaje. En este caso, la demanda se dirigirá contra el propietario (y, en su caso, el ocupante). Habrá de acompañarse de la prueba de que se ha realizado el requerimiento y de la certificación del acuerdo.

Consecuencias que puede acordar el juez

En caso de que la sentencia sea favorable a la comunidad, puede disponer el cese definitivo de la actividad. También puede disponer la indemnización de los daños y perjuicios que proceda. Además, en el mismo artículo se dice que incluso podría llegar la privación del derecho de uso de la vivienda o local (máximo 3 años) en función de la gravedad de la infracción y los perjuicios que haya causado a la comunidad.

Esta decisión ha de ser acordada por el juez. El máximo de 3 años es el que contempla la ley. No es algo que pueda derivarse automáticamente de las quejas de los vecinos. Tampoco es algo que pueda decidir la junta por sí misma.

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