Vigilancia con drones y multas de hasta 45.000 euros: así controla la policía de Vilanova de Arousa (Pontevedra) a los vecinos que tiran mal la basura

En Vilanova de Arousa (Pontevedra), la Policía Local también usa drones para controlar los vertidos ilegales. Los agentes persiguen a los ciudadanos que dejan muebles o escombros en la vía pública. Se les advierte de sanciones que pueden llegar a ser de 45.000 euros. Pero esa cifra no es una multa acreditada por un error de contenedor.

Se trata de una búsqueda de posibles orígenes. Cuando encuentran algún residuo, buscan con el dron si hay alguna obra cercana. Según explica uno de los agentes, “el infractor suele estar más cerca de lo que parece”. Algunas de las conductas que han detectado son, por ejemplo, dejar somieres en la acera o tirar pintura en zonas verdes. Para advertir de la vigilancia también han puesto carteles.

Este tipo de vigilancia aérea ya está registrada desde agosto de 2025. En ese momento se hablaba de un protocolo policial para combatir los vertidos que incluía este tipo de vigilancia junto a registros de grabación y alerta ciudadana para detectar responsables.

Las sanciones dependen de la infracción

Los agentes hablan de sanciones de 200 o 500 euros, hasta 45.000 en función de la peligrosidad. Es importante destacar que en este caso estamos ante situaciones diferentes a la de error de contenedor (por ejemplo, en el caso de dejar residuos de reforma o bien de sustancias peligrosas).

Además, tampoco es cierto que sea el límite máximo de la legislación. El artículo 84 de la ley gallega especifica que las infracciones graves tienen unas sanciones de 901 a 45.000 euros. Para los residuos peligrosos es otro escalado.

Por otro lado, la ley estatal sobre residuos establece que las infracciones graves tienen unos límites de 2.001 a 100.000 euros. Si son residuos peligrosos o bien suelos contaminados, estos límites aumentan. También se tipifica como leve el hecho de depositar residuos domésticos y comerciales (no peligrosos) fuera de lo establecido en las ordenanzas locales. 

En cualquier caso, es necesario conocer cuál es la infracción que se le imputa al ciudadano y qué normativa se aplica. Además, se debe resolver de manera motivada tras abrir el correspondiente expediente.

Ya hemos contado cómo se usaban los drones para controlar piscinas. En Vilanova explican que hacen una búsqueda de indicios y posibles responsables cerca de los residuos.

Qué ocurre con los datos personales

En la guía sobre drones de la AEPD se diferencian los casos en los que no se tratan datos personales de aquellos en los que se obtienen de manera accidental o bien se pretende tratarlos (como ocurre en videovigilancia). El hecho de que aparezcan personas identificables en la imagen de la cámara tiene implicaciones diferentes a que solo haya un montón de escombros.

Desde la Agencia Española de Protección de Datos se recomienda que se capture lo estrictamente necesario. Se debe evitar guardar información que no sea relevante para el fin del vuelo. Por ejemplo, se pueden poner restricciones de resolución o activar/desactivar las capturas durante el vuelo.

Hay un precedente concreto en la resolución sobre Fuenlabrada de 2021. En ella se analiza el uso de drones por parte de la Policía Local para el control de tráfico. Se señala que se cumple con el deber de información (hay carteles, redes sociales y web municipal). También se concluye que es necesario llevar a cabo una evaluación de impacto previa.

Tras analizar toda la documentación facilitada (incluida la evaluación de impacto), se ha decidido archivar el expediente. Esto es en el contexto de ese sistema de tráfico. No podemos generalizar a otros sistemas (como el de residuos de Vilanova) ni sacar conclusiones automáticas.

Imágenes | LaSexta con edición