
Una baja voluntaria no permite cobrar la prestación por desempleo, y simular un despido para conseguirla puede tener consecuencias para la empresa y el trabajador
El trabajador sale de la empresa. Ha acumulado cotización suficiente para poder acceder al paro, pero por el tipo de salida no tiene derecho. Entonces puede pedir que la empresa “arregle los papeles”. Es decir, que conste que su salida fue un despido.
El SEPE advierte que no puede ser la empresa quien otorgue este derecho. Es preciso que conste la verdadera causa de cese. Incluso en caso de baja voluntaria, ha de remitirse el certificado de empresa al SEPE. El problema surge cuando se pretende maquillar los hechos para que parezca un despido y así poder acceder a la indebida prestación.
Qué ocurre si se pacta un despido ficticio
No hay derecho a indemnización por despido en caso de dimisión ordinaria. Sin embargo, sí han de liquidarse las cantidades pendientes (salario, pagas extras…) en el finiquito. Del mismo modo, no hay derecho a indemnización en caso de despido disciplinario procedente, pero si se pacta de mutuo acuerdo un simulacro con tal de poder acceder al paro, es fraudulento.
Esta colaboración para obtener prestaciones indebidas está tipificada como infracción muy grave (Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social). Al beneficiario se le sanciona con la extinción del paro; se le reclama la devolución de la cantidad indebidamente percibida e incluso puede quedar excluido del acceso a prestaciones económicas y algunas ayudas un año.
A la empresa se le puede aplicar una multa (que va de 7.501 a 225.018 euros en función de su graduación). También se le privará de los beneficios de los programas de empleo o formación en proporción al número de trabajadores afectados y puede quedar excluida del acceso a estas ayudas hasta dos años.
Si los hechos constituyen delito, también se aplica el artículo 307 ter del Código Penal (con distintas penas). No hay una única sanción que afecte de igual modo a ambas partes.
Cuándo se puede cobrar después de dimitir
Las cotizaciones anteriores a la baja voluntaria pueden aprovecharse en caso de que posteriormente haya un nuevo empleo que termine en situación legal de paro. El SEPE diferencia entre el despido o finalización del contrato y el cese por decisión empresarial durante el periodo de prueba.
En los dos primeros casos no es necesario un tiempo mínimo de tres meses de trabajo en el nuevo puesto. En cambio, en el caso de que la empresa ponga fin a la relación durante el periodo de prueba tras una dimisión, es necesario haber pasado tres meses desde la baja.
Si hay varios ceses durante el periodo de prueba (no se trata de sumar los contratos desde la primera renuncia), hay que ver cómo se cuentan los meses. Como explica el SEPE en su respuesta sobre la baja voluntaria, si se producen dos ceses por no superar la prueba por decisión empresarial y posteriormente un tercero por el mismo motivo, deben haber transcurrido tres meses entre el segundo y el tercero.
El tiempo de paro dependerá de las cotizaciones que se puedan computar. En la tabla de la prestación contributiva se indica que con 360 días de cotización se tienen 120 de prestación. A partir de 2.160 días se llega al máximo de 720. En general, se toman en consideración las cotizaciones de los seis años anteriores (que no hayan sido utilizadas para algún derecho anterior).
Hay otras formas de salida por iniciativa del trabajador que están protegidas por la ley. Por ejemplo, los traslados (artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores) y las modificaciones sustanciales (artículo 41.3). También está el artículo 50, donde se puede solicitar la extinción por incumplimientos empresariales graves (como impagos, retrasos de salario… o cualquier tipo de acoso que entre dentro de este supuesto). En este último caso procede la indemnización por despido improcedente. Cada uno de estos supuestos tiene sus requisitos. Una dimisión ordinaria no entra dentro de estos supuestos.
La ley también reconoce la situación de desempleo en el caso de que la trabajadora tenga que abandonar definitivamente su puesto por violencia de género o sexual. En cuanto a los impagos de salario, la reforma del artículo 50 (que está en vigor desde el 3 de abril de 2025) concreta cuándo se da esta causa. Concretamente, son tres mensualidades completas de salario pendiente en un año o bien retrasos superiores a quince días durante seis meses en un año (sin que sea necesario que sean consecutivos). No obstante, no se descartan otros supuestos que pueda apreciar el órgano judicial.
Foto | Pendiente de selección y crédito
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