El Ministerio de Cultura lleva ya muchos años bloqueando el acceso a diferentes páginas web por compartir contenido que supuestamente vulnera los derechos de propiedad intelectual. Esta labor la realiza desde 2012 la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, a través de un procedimiento administrativo, sin intervención judicial.

Pero ahora, en un intento por hacer más transparente esta actividad, el Ministerio ha publicado una lista de webs que han sido advertidas por vulnerar dichos derechos.

Cultura publica el listado de webs a la que no debemos acceder 

Hasta ahora, la única manera de saber si una web había sido bloqueada por Cultura era intentar acceder a ella y encontrarse con el aviso: "Está usted intentando acceder a un sitio web ilegal". Pero con esta nueva iniciativa, se puede consultar directamente el listado de dominios bloqueados desde la web oficial del Ministerio.

En este nuevo apartado, el Ministerio informa sobre las acciones emprendidas en la lucha contra las infracciones de propiedad intelectual. Y es ahí donde encontramos el esperado listado de webs bloqueadas, que, como era de esperar, incluye algunos nombres ya conocidos.

Entre las entradas figuran sitios como The Pirate Bay o Elitetorrent, históricamente vinculados a la descarga de contenido protegido. Pero lo que ha sorprendido especialmente a muchos es la inclusión del dominio "aws.amazon", correspondiente a los servicios web de Amazon. ¿Significa esto que todas las webs alojadas en AWS están bloqueadas?

Obviamente, no es así. Amazon Web Services sustenta buena parte de Internet, y su bloqueo provocaría un caos de dimensiones mayúsculas. Esto más bien pone en evidencia que la lista publicada no está del todo afinada.

Lo más probable es que algunas webs que han infringido los derechos de propiedad intelectual estén alojadas en servidores de Amazon, y al no poder identificar a los propietarios del contenido infractor, el Ministerio haya recurrido al proveedor de alojamiento. En esos casos, Amazon aparece como responsable subsidiario, aunque no sea la infractora directa.

En total son 332 entradas las que se recogen en este listado con el nombre del dominio y el año en el que se decidió el bloqueo. De esta manera, todas las operadoras deben redirigir a la dirección 'bloqueadaseccionsegunda.cultura.gob.es', para que los ciudadanos veamos el mensaje estipulado.

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Este sistema recuerda en cierta medida al mecanismo de bloqueo que utiliza LaLiga cada fin de semana para impedir el acceso a retransmisiones pirata, respaldado por una sentencia judicial que incluye una lista dinámica de dominios. Sin embargo, el caso del Ministerio de Cultura es muy distinto, ya que no cuenta con resolución judicial, sino que se basa únicamente en un procedimiento administrativo.

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El Ministerio de Trabajo liderado por Yolanda Díaz se ha puesto serio con las jornadas laborales que superan con creces las 8 horas y hace unos días sorprendió con una macrorredada a las llamadas Big Four (las cuatro consultorías Deloitte, PwC, KPMG e EY) en sus oficinas en Madrid.

Lo que llamó la atención más que todo fue la actuación: la inspección llegó en masa y a las cuatro empresas al mismo tiempo, para no dejar espacio a las demás a ocultar alguna prueba de las irregularidades que los funcionarios buscaban. Hace tiempo que empleados y personas del sector dicen que en estas firmas se trabajan jornadas laborales de 12 horas diarias y parece ser que eso buscaba corroborar el Ministerio.

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Ahora ya sabemos que cuando la ministra Díaz ha hablado de acabar con las horas extra sin pagar, iba en serio y parece ser que llevaba meses detrás de estas firmas (y habrá que ver si también de otras). Y no debemos olvidar que hay un gran software detrás, capaz de ayudar en este tipo de investigaciones y que ha sido un aliado en este proceso.

El algoritmo del Gobierno para pillar horas extra

Este ministerio puso en marcha hace ahora un año un algoritmo informático para cuantificar el tiempo trabajado de los empleados. Es un software que automatiza las inspecciones de trabajo mediante inteligencia artificial y el análisis masivo de datos.

La operación con las llamadas Big Four no tuvo su origen por ninguna denuncia en concreto. Pero, según Cinco Días los inspectores del Ministerio pudieron recopilar datos acerca del funcionamiento de estas compañías durante meses.

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Ahora se ha conocido más información sobre el funcionamiento de este software. En el momento de presentar la herramienta, hubo expertos que explicaron que tiene el poder de rastrear aquellos errores más comunes, como pueden ser el alta o la baja de los empleados en la Seguridad Social, los registros en contratos, o el incumplimiento del horario laboral.

De esta manera, se buscaba hacer las inspecciones más ligeras y reducir el trabajo de inspección de las tareas más básicas. Esto se une a que hace unos meses se anunció la contratación de 600 inspectores más.

Así funciona

Sabemos que una de las herramientas de este sistema de Inspección de Trabajo es el conocido como "Algoritmo Max". Este se encarga de vigilar el cumplimiento por parte de las empresas en lo que se refiere a las horas extra. Una herramienta pionera a nivel internacional.

¿Cómo lo hace? Pues toma diversas fuentes y analiza los macrodatos: el tamaño de la plantilla o el volumen de negocio. Compara datos con la Agencia Tributaria para analizar los datos de facturación y contratación de personal. Por ejemplo, si una empresa factura mucho más con el mismo personal es un indicio para pensar que las personas están echando horas de más.

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En el caso concreto de estas Big Four no se sabe qué fue analizado. Hay otros asuntos que un software podría tener en cuenta para llegar a concluir que una empresa tiene a sus empleados echando horas de más. Por ejemplo, los consumos de electricidad (y comparar con otras oficinas y negocios de la misma zona).

En el año 2022, las personas que cumplían 18 años pudieron solicitar el Bono Cultural Joven para poder comprar diferentes productos culturales. Pero si durante 2022 has tenido 17 años y decían ‘por un año no lo ha cazado’, estás de enhorabuena, puesto que el Ministerio de Cultura ha confirmado que este bono se aplicará también para 2023.

Con esta medida, todos los jóvenes que cumplan 18 años durante 2023 van a poder obtener un bono cultural de 400 euros. De esta manera, los beneficiarios van a poder adquirir entradas para el cine, el teatro, conciertos e incluso comprar libros, videojuegos, cómics y suscribirse a plataformas como Netflix o HBO.

El Bono Cultural se renueva en 2023

Durante el año 2022 que está a punto de acabar, este bono se estrenó con aquellas personas que habían nacido en 2014 terminando solicitándola por el 57,6% de esta población. Ahora se podrá solicitar por parte de todos aquellos que hayan nacido en el año 2005 con unas condiciones similares a la hora de adquirir servicios y productos culturales.

Hay que tener en cuenta que durante la primera convocatoria de este bono se generaron muchos problemas. El más evidente ha sido precisamente el proceso de solicitud que no se podía realizar a través de dispositivos móviles, que sería lo lógico para este tipo de población. Obligó de esta manera al Ministerio a responder para que se solicitara a través de Correos. Según ha afirmado Miquel Iceta, Ministro de Cultura y Deporte, se tratarán de solucionar todas estas dificultades.

Al ser el primer año de esta ayuda, hay que tener en cuenta que se partía de no tener ninguna empresa suscrita debido a la incertidumbre de este sistema y su funcionamiento. Pero ya se cuenta con una base de 2.500 empresas que se adscribieron a esta iniciativa.

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Cabe recordar que con esta ayuda de 400 euros, que se consume a través de una especie de tarjeta prepago que ofrece el Ministerio, se irá repartiendo en diferentes productos y servicios. Concretamente 200 euros estaban destinados a artes en vivo y patrimonio cultural, 100 euros a productos físicos como videojuegos o libros, y por último 100 euros para productos digitales. Se espera que este año se mantenga esta proporción.

El pasado 15 de mayo, cuanto los titulares de los medios se centraban en recordar y valorar el décimo aniversario del movimiento 15M, el hacktivista, abogado y responsable jurídico de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), lanzó un tuit en el que afirmaba que

"Si alguien quiere empezar a calentar la red para otro 15M, que se lea la Directiva de Copyright que el Gobierno quiere implantar por real decreto".

Ahora, el Gobierno está a punto de reformar la Ley de Propiedad Intelectual transponiendo la polémica Directiva de la UE referente al Copyright. Y, según denuncia Almeida, esta reforma se va a realizar "de forma inminente y por Real Decreto Ley".

Una urgencia buscada por el Gobierno

El Ministerio de Cultura tiene de margen hasta el próximo día 7 de junio para trasponer la citada directiva antes de que un retraso en el proceso provoque una multa a España por parte de las instituciones comunitarias.

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La trasposición podría haberse realizado mediante trámites parlamentarios ordinarios y con tiempo de sobra para un debate abierto sobre las opciones disponibles, pues el ministro Rodríguez Uribes lleva ya año y medio en el cargo.

Sin embargo, según David González de RedDePeriodistas, prefirió no emprender una reforma de calado que llevara su nombre (como ya ocurrió hace años con González Sinde) y apostar por que la urgencia parlamentaria permitiera una aprobación rápida y desprovista de ruido mediático.

Todo esto, pese a que en febrero afirmaba explícitamente que esperaba que la reforma estableciera unas "reglas de juego claras" porque "esto luego hay que llevarlo al Parlamento [y ya] veremos qué dicen los grupos parlamentarios".

Ya sólo quedan dos opciones para aprobar la reforma, en ambos casos por 'decretazo': los consejos de ministros de mañana 27 de mayo y de la semana que viene, el 2 de junio.

Una ventana abierta para Google News

Y de nuevo, según González, uno de los cambios que conllevaría el nuevo articulado de la ley de copyright pasaría por borrar la 'irrenunciabilidad' de los derechos de autor de los medios que respaldó en su momento la creación del Canon AEDE… y que provocó el cierre repentino de Google News.

Este cambio llegaría, precisamente, en un momento en el que Google ha reactivado su iniciativa Google Newscase en España y empezado a firmar acuerdos individuales con grupos mediáticos (como Unidad Editorial), dejando de lado a la sociedad de gestión de derechos CEDRO, que pasaría de recaudador e interlocutor obligatorio depender de la confianza de los medios.

Estos acuerdos, así como la previsible —y, ahora sí, legalmente posible— renuncia a los derechos por parte de otros medios permitiría a Google News reabrir su servicio en nuestro país.

Una legitimación de la censura privada

La PDLI destaca tanto el alcance como los efectos que tendrá la nueva norma, pues afectará tanto a medios de comunicación y a la industria cultural como a la publicación de contenidos en las redes sociales por parte de cualquier ciudadano.

Almeida denuncia el temor al modo en que la reforma exprés de la ley podría trasponer el aspecto más polémico de la directiva europea: su artículo 17 (el infame 'artículo 13' de la primera versión de la directiva) que responsabilizaba a las plataformas de contenidos a monitorizar lo que los usuarios suben a las mismas para comprobar si estaban violando los derechos de autor.

Así, cada servicio estaba obligado a crear un sistema equivalente al Content ID de YouTube que permitiese detectar dichas violaciones. Ahora, podría delegarse en estos sistemas automatizados antes de que un juez se pronunciara sobre la procedencia de retirar o no un determinado contenido.

En palabras de Almeida, con esta norma

"Se está imponiendo la censura privada por parte de las plataformas [a la libertad de expresión y de información e Internet]". "Esta 'Ley Uribe' va a imponer el control de contenidos por robots (filtros automáticos) son garantizar la revisión humana ni el control judicial"

"Y esto no puede hacerse sin transparencia y sin un debate parlamentario", concluye Almeida, pues eso "nos acerca más a Bielorrusia que a un estado de derecho de la UE".

Hoy tendrá lugar la firma del primer gran acuerdo contra la 'piratería de contenidos' entre las operadoras de telecomunicaciones y las industrias culturales españolas, en un acto impulsado y presidido por el Ministerio de Cultura y Deporte.

Las tres partes han celebrado la consecución del que constituye el primer código de conducta voluntario que autorregula la colaboración entre operadores e industrias culturales a la hora de plantear medidas que dificulten el acceso a webs que difundan contenidos protegidos por los derechos de autor.

El acuerdo se aplicará "a aquellas webs cuyo carácter vulnerador de los derechos de propiedad intelectual se ha declarado judicialmente [...] siempre que concurran determinadas condiciones de reiteración de la conducta ilegal".

Dicho acuerdo contempla la creación de un comité técnico (en el que podrá intervenir el ministerio a invitación de cualquiera de las partes) cuya labor será elaborar listados semanales de webs que repliquen los contenidos de otras ya señaladas por sentencias judiciales precias.

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Cómo saltarse el bloqueo de las operadoras a un sitio web de descargas desde España

El texto, elaborado por una mesa de trabajo conjunto durante el último año, ha sido revisado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), y está amparado por la Ley de Propiedad Intelectual de 2019.

Descargas, industria y operadoras

Además, será firmado hoy por representantes de la 'Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos' así como de las operadoras de acceso a Internet integradas en DigitalES (Telefónica, Orange, Vodafone y MásMóvil), además de Euskatel y Eurona.

La Coalición de Creadores, integrada a su vez por las entidades de gestión de derechos de autor (entre ellos, la SGAE) lleva años difundiendo cifras sobre el alcance y repercusión en España de las acitividades de 'piratería' digital, a través de un 'Observatorio de la Piratería' cuyas cifras han sido puestas en duda con frecuencia, incluso por el propio ministerio.

El sector de las operadoras, por otro lado, también ha protagonizado en los últimos años algunas iniciativas bastante polémicas relacionadas con los casos de descarga de material cultural, como el sonado 'Caso Euskaltel' en el que dicha compañía (y otras, como Movistar) llevaron a cabo amenazas por carta exigiendo dinero para evitar ir a juicio por las descargas P2P.

El Ministerio de Cultura y Deporte ha impuesto una multa de 400.000 euros a la web exvagos.com —"la más alta" hasta la fecha según ha destacado el ministro en funciones, José Guirao— y el cese inmediato de su actividad por "actividades ilícitas de vulneración de derechos de propiedad intelectual".

Es la resolución del procedimiento abierto contra Alexis Giles, propietario de exvagos.com, exvagos1.com y exvagos2.com, que ha señalado la comisión de una infracción administrativa de la Ley de Propiedad Intelectual calificada como "muy grave" por reincidencia.

Una sanción del ministro

El Ministerio de Cultura y Deporte ha explicado en una nota de prensa que esta infracción impuesta por Guirao consiste en "la reanudación, por dos o más veces, de actividades ilícitas de vulneración de derechos de propiedad intelectual en internet" y es la segunda que impone el ministro a una web reincidente.

Además de la sanción, el ministro en funciones ha resulto también el cede de la actividad de la web durante un año. De hecho, a esta hora, acceder a la web resulta imposible.

En el caso de que este cese no se llevase a cabo, el comunicado remitido por el departamento gubernamental señalaba que requeriría "la colaboración necesaria de los operadores de acceso a internet, los servicios de alojamiento, los motores de búsqueda y los servicios de publicidad para que suspendan los servicios prestados al infractor".

"En el expediente ha quedado demostrado que exvagos.com es una web reincidente en la vulneración de derechos de propiedad intelectual y que ha venido utilizando dominios espejo para eludir el control de la legalidad. Además, ha contado con publicidad asociada que proporcionaba un lucro para el titular de la web, en perjuicio de los derechos de los autores y creadores".

Este procedimiento administrativo de carácter sancionador se inició a finales de julio de 2019 tras las denuncias presentadas por la Asociación Española de Videojuegos (AEVI).

El Consejo de Ministros ha aprobado este lunes el Real Decreto para reformar el sistema de compensación por copia privada para adaptarlo a la normativa europea.

Recordemos que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea invalidó el canon digital de 2006 en 2010 y el de 2011 en 2016. Este último realizaba los cargos en los Presupuestos Generales del Estado sin ofrecer un mecanismo que permitiera a las personas jurídicas solicitar la exención del pago o su reembolso.

Este nuevo modelo traslada de nuevo las compensaciones a los autores por copias privadas a los fabricantes y distribuidores de todo dispositivo con la capacidad de realizar cualquier tipo de copia de alguna obra. Se vuelve, de nuevo, a un sistema parecido al implantado por el gobierno de Zapatero en pleno auge de la descarga de música y película con la expansión de la banda ancha en España.

El Ministerio de Cultura da como ejemplo un teléfono móvil por el que el fabricante tendrá que abonar 1,10 euros o un "dispositivo electrónico con pantalla táctil o tablet" por el que se abonarán 3,15 euros. Es difícil comprender la diferencia artificial entre los dos dispositivos que se estipula, aunque no se ha ofrecido explicación.

Ese cobro por defecto podría ser problemático, ya que en 2011 se dictó que el canon no se debía aplicar a soportes destinados a la actividad empresarial. Ahora se ofrece la opción de demostrar su uso, pero se cobra siempre.

Casi todos los países de la Unión Europea aplican un tipo de "canon digital" a todos los dispositivos y soportes aptos para realizar copias de uso privado. Según el Ministerio de Cultura, las tasas de las medidas aprobadas hoy son significativamente más bajas que las aplicadas por los países vecinos.

Aunque desde el ministerio se recalque que es el fabricante quien se hará cargo, hay precedentes para pensar que el nuevo canon repercutirá en el precio de venta recomendado de los discos duros, DVD vírgenes etc. que se vendan al consumidor final. En el caso de venta de empresa a empresa, existe la posibilidad de rebatir el cargo siempre y cuando las personas físicas y jurídicas justifiquen el destino profesional de los equipos y soportes. Las entidades del sector público también quedan exentas del pago. Este punto fue clave en la anulación del canon del gobierno de Zapatero.

El Ministerio de Cultura va a crear un metabuscador de contenidos audiovisuales de pago, con el objetivo de sustituir a las redes de intercambio de ficheros. Estará disponible antes del verano, y para ello destinará millón y medio de euros, a los que se sumarán otros 150.000 euros del Ministerio de Industria, y otros 400.000 aportados por la entidad ‘Coalición de Creadores’.

Aunque en las noticias se habla de ‘portal’, término totalmente obsoleto, en realidad se trata de un metabuscador, que permitirá desde una única web buscar contenido cultural de pago ofrecido por otras tiendas online (en principio se habla de música y películas). Es decir, este buscador que propone el Ministerio de Cultura no almacenará ni venderá contenido, tan sólo ofrecerá enlaces a tiendas como iTunes, PicBox o Filmotech. Vamos, que tan sólo servirá para realizar búsquedas en varias tiendas a la vez.

Para ello, si quieren participar, las tiendas deberán activamente proporcionar información sobre su catálogo, y sólo así sus resultados podrán aparecer en el nuevo buscador del Ministerio. De esta forma, Cultura, Industria y ‘Coalición de Creadores’ pretenden que no haya excusa para acudir a redes de intercambio de archivos para obtener contenidos culturales, puesto que toda la oferta online será fácilmente accesible desde un único sitio.

A pesar de que aún no se dispone de mucha información, ya os podemos desgranar las claves de por qué este proyecto va a fracasar.

No sustituye al P2P

El segundo es que pretender que un metabuscador sea una alternativa a una herramienta para compartir archivos tiene tanto sentido como intentar que la gente use menos el coche dándoles té con pastas. Son servicios diferentes para necesidades diferentes. Lo que nos lleva a…

No cubre las necesidades del usuario

El usuario quiere inmediatez, más que gratuidad. Quiere poder escuchar una canción donde quiera que esté, y de grupos muy alejados de los que salen en las listas comerciales de ventas (sólo hay que ver la lista de más escuchadas en Last.fm). Quiere no tener que esperar cuatro meses a que una serie de televisión sea doblada al castellano y emitida a las tantas de la mañana en una cadena nacional. Quiere leer en su lector electrónico.

Ese metabuscador no ofrece una respuesta a esas necesidades, así que el usuario se buscará la vida para resolverlas. Instalará Spotify para escuchar la música que quiere, o pasará por YouTube a ver el videoclip. Si no le venden eBooks, se los descargará. Y descargará el último capítulo con sus subtítulos minutos después de que sea emitido, desde algún sitio de descarga directa, ya que no tiene un Hulu en castellano.

Sólo aparecerá la oferta ya existente

En realidad este metabuscador no ofrece nada que no exista ya. La gente no necesita que le digan que puede comprar música en iTunes, porque ya lo sabe. Lo que es peor: no sólo sabe dónde encontrar la oferta de pago, también sabe de lo que no hay oferta de pago, y cómo satisfacer su necesidad cultural en dicho caso.

Estamos hartos de decirlo: si hay una alternativa premium o “freemium” cómoda, el usuario acude a ella. Es un ejemplo muy manido, pero a ver si a base de repetirlo queda claro: Spotify.

Peligra la justa competencia entre tiendas online

Si dos tiendas online ofrecen ‘United States of Eurasia’ de Muse, ¿cómo decidirá este metabuscador cuál de las ofertas saldrá primero en los resultados? ¿Por precio? Entonces forzaría una guerra de precios. ¿Por relevancia? Eso supondría que la administración pública estaría favoreciendo a una actividad privada sobre otra.

Además, si una empresa emprendedora decidiera crear un metabuscador similar, tendría que competir con otro financiado con dinero público, sin necesidad de ser rentable, lo que sería una lucha muy desigual.

Es algo que ya existe

En realidad, cualquier buscador es capaz de ofrecer resultados de diferentes tiendas online. Si buscas el nombre de un libro en Google, Yahoo o Bing recibirás resultados de Amazon, Barnes and Noble y muchas otras librerías online donde comprarlo. Y todo ello de forma automatizada, sin necesidad de que esas tiendas pasen su catálogo al buscador y lo mantengan actualizado cada día.

Ya ha fracasado antes

Lo peor es que ‘Coalición de Creadores’ ya dispone de información para saber que cómo saldrá esta historia: tan sólo tiene que ver para lo que ha servido ‘El Portal de Música’. Para el que no le suene, esta web es un metabuscador de canciones a la venta en tiendas online, que contiene el catálogo de las discográficas de la asociación Promusicae, y que fue financiado igualmente por el Ministerio de Cultura con más de 700.000 euros.

La web, totalmente realizada en Flash, permite escuchar las canciones de su muy limitado catálogo, y acceder a tiendas online donde comprarlas. No hay estadísticas de visitas, pero mirando los datos de Alexa es fácil ver que el índice de usuarios que vuelve tiende a cero. También es obvio que la gente sigue comprando directamente en iTunes o escuchándolas en Spotify, sin pasar por esta web.

Pero ‘El Portal de Música’ es muy significativo, pues refleja el absoluto desconocimiento de la red que tienen tanto sus promotores como los que concedieron el dinero para financiarlo: No aparece en buscadores porque está hecha en Flash. ‘Portal’ suena tan rancio y anticuado como ‘música bakalao’. Nada más abrir la página suena una canción, algo extremadamente molesto. No recuerda nuestras referencias. Es fácil descargar las canciones en mp3 directamente de esta web, con un sencillo truco que no comentaré. No permite compartir enlaces, al estar todo el contenido empotrado en el flash. Y si le dedico más tiempo le sigo sacando faltas. Es probable que algunas las veremos en el nuevo metabuscador.

Y para colmo…

Todo eso sin mencionar que desde el punto de vista del usuario, este metabuscador es algo que no le sirve, pero que costará más de millón y medio de euros, que bien se podrían invertir en apoyo a nuevos artistas, a crear servicios que sí cubran necesidades, a llevar el teatro a localidades pequeñas, a recuperar los cines abandonados del centro de las ciudades para usos culturales… De nuevo, si le dedico más tiempo haría una lista mucho más larga.

Vía | Público
Imágenes | Flickr de Jexweber, de Fotonazos
Más información | Banda Ancha