TikTok suele ser noticia por su faceta más lúdica, como debería corresponder a la plataforma de vídeos cortos más popular del mundo. Pero una investigación que acaba de salir a la luz está llevando en estos días a los titulares una faceta mucho menos conocida y amable de esta red: el rastreo sistemático de la actividad de los usuarios fuera de la propia aplicación, incluyendo hábitos de compra y el uso de apps de citas, así como posibles violaciones graves del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

TikTok sabe más de lo que aparenta

La alarma saltó cuando un usuario europeo ejerció su derecho de acceso a los datos, amparado por el artículo 15 del RGPD. Lo que recibió inicialmente fue una respuesta incompleta, canalizada a través de una herramienta de descarga que TikTok presenta como un resumen de la información personal almacenada. 

Sin embargo, tras insistir, emergió una realidad más inquietante: TikTok no solo recopilaba datos de su actividad dentro de la plataforma, sino también información procedente de otras aplicaciones, entre ellas apps de comercio electrónico y la aplicación de citas Grindr.

Estos datos incluían acciones concretas, como añadir productos a un carrito de compra o el simple uso de una app de citas. En el caso de Grindr, la información inferida podía revelar orientación sexual y vida íntima, categorías consideradas datos especialmente protegidos por el artículo 9 del RGPD, cuyo tratamiento está prohibido salvo en circunstancias muy excepcionales.

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Activistas e intermediarios

Hace catorce años, un estudiante de derecho austríaco, Max Schrems, inició una desigual batalla legal contra la red social Facebook al comprobar que ésta mantenía aún a 'buen' recaudo datos personales que él mismo ya había eliminado de su perfil.

Esto acabó en dos sentencias históricas del máximo tribunal europeo y en la caída de 'Safe Harbor', los acuerdos que permitían transferir datos personales desde la UE a Estados Unidos. Schrems, por su parte, terminó fundando la organización europea sin ánimo de lucro 'Noyb' (acrónimo de "None of Your Business", 'no es asunto tuyo' en inglés) dedicada a la defensa de la privacidad y la protección de datos personales, especialmente frente a grandes empresas tecnológicas.

Ahora, Noyb ha presentado la investigación que señala directamente el uso de datos privados de TikTok... y también que dicha red no habría obtenido esta información directamente, sino a través de AppsFlyer, una empresa israelí especializada en analítica y atribución publicitaria.

Así, AppsFlyer actuaría como intermediario, recibiendo datos desde otras aplicaciones —como la app de citas gay Grindr— y reenviándolos a TikTok para su explotación comercial.

El problema central es jurídico:

• No existe base legal válida bajo el artículo 6 del RGPD para compartir estos datos con terceros.
• Mucho menos para transferir datos sensibles, prohibidos por el artículo 9 sin consentimiento explícito.
• El usuario afectado nunca otorgó su consentimiento para este intercambio de información.

El derecho vulnerado a acceder a tu propia información

Más allá del rastreo en sí, la investigación subraya otro punto crítico como es la falta de transparencia. TikTok dirige a los usuarios a una herramienta de descarga que, según la propia empresa, solo contiene los datos que considera "más relevantes".

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Esto contradice frontalmente los artículos 12 y 15 del RGPD, que obligan a las empresas a proporcionar una copia completa y comprensible de todos los datos personales tratados.

Lisa Steinfeld, asesora jurídica de Noyb, califica esta práctica como engañosa y advierte que miles de usuarios podrían haber recibido información incompleta, sin saber realmente qué datos se recogen ni con qué fines.

El frente legal: dos denuncias en Austria

Ante estos hechos, noyb presentó dos denuncias formales ante la autoridad de protección de datos de Austria (DSB):

1. Contra TikTok, por no responder adecuadamente a una solicitud de acceso a datos.
2. Contra TikTok, AppsFlyer y Grindr, por el intercambio ilegal de datos, el tratamiento de información sensible y la ausencia de base legal válida.

La organización solicita no solo el cese inmediato de estas prácticas, sino también la imposición de multas "efectivas, proporcionadas y disuasorias", tal como permite el artículo 83 del RGPD.

¿Un caso aislado o un síntoma de algo mayor? Aunque TikTok es ahora el protagonista del escándalo, incluso muchos críticos reconocen que el problema es sistémico. La economía digital actual se apoya en redes de intermediarios publicitarios, perfiles sombra y flujos de datos opacos que superan con creces la comprensión del usuario medio.

Vía | Noyb

Imagen | Marcos Merino mediante IA

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Durante los últimos años, millones de consumidores europeos han incorporado a su vida cotidiana las compras en plataformas digitales de bajo coste como Shein, Temu o AliExpress. Precios muy reducidos, envíos rápidos y una oferta prácticamente infinita de productos han convertido a estas empresas de origen chino en actores centrales del comercio electrónico global.

Sin embargo, este fenómeno también ha generado profundas tensiones en el mercado europeo, lo que ha llevado a la UE a tomar una decisión histórica: imponer una tasa de 3 euros a los pequeños paquetes procedentes de fuera de la UE a partir del 1 de julio de 2026.

Esta medida, acordada por los ministros de Economía y Finanzas de los Veintisiete, busca responder a un problema que Bruselas considera ya urgente: la avalancha de envíos de bajo valor que llegan cada día al mercado único sin pagar aranceles.

Un crecimiento explosivo del comercio electrónico transfronterizo

Las cifras explican por sí solas la magnitud del fenómeno. Según datos de la Comisión Europea, en 2024 entraron en la UE cerca de 4.600 millones de paquetes de bajo coste, lo que equivale a unos 12 millones de envíos diarios. Y más del 90 % de estos paquetes llegan desde China, a cauusa (sobre todo) del crecimiento exponencial de plataformas como Temu o Shein.

Este modelo se basa en el envío directo desde el fabricante al consumidor final, fragmentando los pedidos en paquetes individuales cuyo valor declarado no supera los 150 euros, el umbral que desde 1983 permitía introducir mercancías en la UE libres de derechos de aduana. El resultado ha sido un sistema desbordado, difícil de controlar y, según las autoridades europeas, profundamente injusto.

¿En qué consiste exactamente la nueva tasa?

La nueva normativa establece una tasa fija de 3 euros por cada categoría de producto incluida en un paquete, independientemente del número de unidades que contenga. Es decir, que un paquete con diez camisetas pagará 3 euros, pero un paquete con una camiseta y unos calcetines pagará 6 euros, al tratarse de dos categorías distintas.

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La tasa se aplicará a mercancías procedentes de vendedores extracomunitarios registrados en la ventanilla única europea del IVA para importaciones, lo que cubre aproximadamente el 93 % de todo el comercio electrónico que entra en la UE.

Es importante subrayar que este gravamen no es definitivo, sino una medida transitoria que estará vigente hasta que en 2028 entre en funcionamiento el nuevo sistema aduanero europeo basado en un Centro de Datos Aduaneros unificado.

¿Cómo afectará a los consumidores?

Aunque la tasa se aplica formalmente a los vendedores, es muy probable que parte del coste se traslade al precio final. Esto podría reducir ligeramente la ventaja competitiva de las plataformas de muy bajo coste, aunque seguirá siendo difícil competir con sus precios incluso con el nuevo gravamen.

El fin de una exención histórica

Aunque la UE ya acordó eliminar definitivamente la exención de aranceles para paquetes de menos de 150 euros, esta reforma estructural necesita tiempo y una compleja infraestructura digital. Ante el riesgo de esperar demasiado, los Estados miembros optaron por esta solución intermedia para actuar de inmediato.

La ministra danesa de Economía, Stephanie Lose, resumió el espíritu de la medida al señalar que muchos comercios locales están cerrando debido a la entrada masiva de productos de bajo coste sin controles suficientes. El objetivo, según explicó, es garantizar que los aranceles se paguen desde el primer euro, creando condiciones más justas para las empresas europeas.

Competencia desleal, seguridad y medio ambiente

Más allá del impacto económico, Bruselas señala otros problemas asociados a este tipo de comercio:

1. Competencia desleal: Los fabricantes europeos deben cumplir estrictas normativas laborales, fiscales y medioambientales, además de pagar aranceles cuando importan en grandes volúmenes. Las plataformas extracomunitarias, en cambio, se beneficiaban de una ventaja estructural.
2. Riesgos para el consumidor: El volumen de envíos dificulta los controles aduaneros, facilitando la entrada de productos falsificados, inseguros o que no cumplen las normas europeas.
3. Impacto ambiental: El incentivo a dividir los pedidos en múltiples paquetes individuales incrementa la huella de carbono del transporte y el embalaje, un aspecto que preocupa cada vez más a las instituciones europeas.

Imagen | Marcos Merino mediante IA

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El Parlamento Europeo ha dado un paso firme hacia una regulación más estricta del entorno digital para los menores. En una votación del día de ayer que recoge Politico, la Eurocámara ha respaldado un informe que solicita establecer en 16 años la edad mínima armonizada para acceder a redes sociales sin consentimiento paterno en toda la Unión Europea. Aunque la medida no es vinculante por ahora, marca el camino legislativo que Bruselas pretende seguir con futuras normativas como la Ley de Justicia Digital.

La propuesta, aprobada con una amplia mayoría de 483 votos a favor, busca terminar con la fragmentación actual donde cada país establece sus propios límites. La normal plantea que los menores de entre 13 y 16 años solo puedan registrarse con permiso explícito de sus padres, mientras que el acceso quedaría prohibido para los menores de 13 años.

Fin al scroll infinito y más responsabilidad para directivos. Más allá de la edad, el informe pone el foco en el diseño de las propias aplicaciones. Los europarlamentarios exigen que las plataformas eliminen por defecto las funciones consideradas adictivas. Esto incluye el scroll infinito, la reproducción automática de vídeos y los bucles de recompensas, diseñados para retener la atención del usuario.

Un punto destacado del documento es la presión sobre las figuras de liderazgo de las Big Tech. La sugerencia es que altos ejecutivos, como Mark Zuckerberg o Elon Musk, puedan ser considerados personalmente responsables si sus compañías incumplen de manera grave y persistente las normas de protección al menor. Con esta cláusula, buscan evitar que las multas económicas sean consideradas como un coste operativo más.

Los retos técnicos y de privacidad. El principal obstáculo para llevar esto a la práctica reside en la verificación de edad. Para que una prohibición sea efectiva, las plataformas deben saber con certeza quién está al otro lado de la pantalla. Esto implica el desarrollo de sistemas de verificación que siendo precisos, no comprometan la privacidad de los usuarios. No, no es algo fácil de lograr.

Para esto, la Unión Europea apoya el uso de la cartera de identidad digital europea (eID). Pero esto plantea dudas sobre el anonimato en la red y la cantidad de datos personales que las plataformas tendrían que procesar para cumplir la norma, partiendo del hecho de que eID ya se considera un caballo de Troya. Así, como con Chat Control, se corre el riesgo de que, al intentar proteger a los menores, se acabe creando un sistema de vigilancia masiva para todos los usuarios, independientemente de su edad.

Competencia legal. Parte de los votos en contra provinieron de grupos que consideran que la educación y la regulación de la edad deben ser competencias nacionales, no comunitarias. En ese sentido, Dinamarca marcó el camino prohibiéndolas hasta los 15 años. Como siempre, la eficacia real de estas barreras es cuestionable: los usuarios más jóvenes suelen encontrar vías para eludir restricciones, como el uso de VPNs o la falsificación de fechas de nacimiento, si el sistema de verificación no es lo suficientemente robusto o si resulta demasiado intrusivo para los adultos.

La pelota está ahora en el techo de la Comisión Europea, que deberá ahora tomar el testigo y decidir cómo integrar estas peticiones en las próximas revisiones legislativas previstas para el año que viene.

Imagen | ALEXANDRE LALLEMAND y 

Durante casi dos décadas ya, navegar por Internet en Europa ha sido sinónimo de un ritual agotador: abrir una página web, cerrar un banner de cookies; acceder a otra, cerrarlo de nuevo; volver días después y repetir la operación.

Nuestra experiencia de usuario ha quedado marcada por una sucesión interminable de avisos, clics forzados y pop-ups intrusivos que prometían proteger nuestra privacidad… pero que, en la práctica, han logrado poco en ese sentido, generando más bien fatiga y, paradójicamente, decisiones menos informadas.

Ahora, la Comisión Europea está ultimando una reforma histórica que podría poner fin a este modelo, transformando por completo el consentimiento de cookies tal y como lo conocemos. Los navegadores serían los responsables de gestionar nuestras preferencias, eliminando la mayor parte de los avisos y simplificando radicalmente la experiencia online.

Una década y media de fatiga: así llegamos hasta aquí

La situación actual nace de dos grandes hitos legislativos: la ePrivacy Directive de 2009 (que inauguró el uso de banners para cookies) y el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de 2018: la combinación de ambos permitió obligar a que las webs obtuvieran un consentimiento explícito antes de colocar cookies no esenciales.

Sobre el papel era un avance en derechos digitales; en la práctica, se convirtió (y sigue siendo) en un mecanismo poco eficaz y profundamente molesto para millones de usuarios.

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Las investigaciones confirman los problemas: un análisis citado en los documentos muestra que el 54% de los sitios web estudiados incumplía al menos un aspecto del consentimiento. Paralelamente, los usuarios rara vez leen los textos del banner: aceptan para quitarlo de en medio. La Comisión Europea reconoce que esta dinámica genera lo que se denomina 'fatiga de consentimiento', que vacía de sentido la protección que pretendía ofrecer la normativa.

El coste colectivo del sistema actual es enorme. Según las estimaciones recogidas en las fuentes, los europeos emplean 575 millones de horas al año en gestionar avisos de cookies, lo que equivale a 72 minutos por persona solo en cerrar banners repetitivos.

Todo este esfuerzo no solo no mejora realmente la privacidad: también genera inseguridad. Como advierten los expertos, los banners falsos pueden ser utilizados por ciberdelincuentes para camuflar descargas o permisos engañosos, aprovechando lo acostumbrados que estamos a hacer clic sin pensar.

El cambio que propone Bruselas: una configuración única en el navegador

La reforma —parte del paquete legislativo digital conocido como Digital Package o Digital Omnibus— plantea una solución aparentemente simple: centralizar el consentimiento en el navegador.

En lugar de mostrar un aviso en cada página, Chrome, Firefox, Safari y otros navegadores permitirían a los usuarios fijar sus preferencias de cookies una sola vez. Después, los sitios web estarían obligados a respetar esas preferencias automáticamente, evitando la aparición de pop-ups salvo casos muy concretos.

El nuevo esquema funcionaría así:

• El usuario configura sus opciones (qué cookies admite y cuáles no) desde el navegador.
• El navegador envía una señal automática, legible por máquinas, a cada página web.
• Los sitios deben obedecerla durante al menos seis meses, respetando ese consentimiento unificado.

Los banners que sobrevivan a esta reforma quedarían reducidos a un simple sí o no de un solo clic, mucho menos intrusivo que la situación actual .

Además, se eliminará la obligación de mostrar avisos para cookies 'inofensivas', como aquellas destinadas a estadísticas básicas de tráfico, algo que también reducirá interrupciones innecesarias .

Qué cambia para los usuarios: adiós a los clics repetitivos

La medida promete resolver algunos de los problemas más criticados del sistema actual:

• Menos interrupciones y navegación más fluida: El usuario dejará de interactuar con banners casi a diario. Esta experiencia más limpia es uno de los mayores atractivos de la reforma, y podría mejorar también la calidad del consentimiento al evitar decisiones impulsivas o por mero hartazgo.
• Mayor seguridad: Menos pop-ups implica menos oportunidades para que atacantes intenten suplantar avisos de cookies con fines maliciosos, como advierten los expertos en ciberseguridad .
• Preferencias coherentes y modificables: La decisión se toma una sola vez y es aplicable a toda la web, aunque siempre puede ajustarse manualmente desde el navegador.

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Qué cambia para empresas y medios: entre el alivio y la preocupación

La propuesta también tiene un impacto enorme en la industria digital:

• Menos costes y menos complejidad legal: Las empresas llevan años invirtiendo tiempo y dinero en adaptarse a múltiples legislaciones, diseñar banners personalizados, implementar gestores de consentimiento y superar auditorías. Un sistema unificado promete reducir costes y simplificar el cumplimiento en los 27 Estados miembros .
• ¿Un golpe a la publicidad personalizada?: La transición hacia un modelo menos basado en el consentimiento individualizado puede disminuir la precisión de la segmentación publicitaria. Algunos estudios estiman una posible pérdida del hasta 40% de los ingresos programáticos con este nuevo enfoque.
• La excepción polémica... los medios quedan fuera: Los documentos revelan que los medios de comunicación estarían exentos de respetar las señales automáticas del navegador, argumentando que necesitan el consentimiento directo para financiar el periodismo mediante publicidad personalizada.

¿Menos banners o menos derechos?

Aunque la medida se presenta como una mejora evidente para usuarios y empresas, no faltan voces críticas que advierten del riesgo de que podríamos estar apostando por la comodidad en detrimento de la privacidad.

Y es que reducir los avisos no implica automáticamente más privacidad. Todo depende de que las webs respeten estrictamente las señales del navegador y de que la normativa establezca límites claros sobre qué cookies quedan exentas.

Si la Unión Europea no logra equilibrar comodidad y protección, esta nueva era post-banner podría caer, como la actual, en el cajón de los experimentos fallidos.

Vía | The Verge

Imagen | Marcos Merino mediante IA

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Meta está a punto de activar uno de los cambios más profundos en la historia de WhatsApp en Europa. La interoperabilidad con aplicaciones de mensajería de terceros es un requisito clave impuesto por la Ley de Mercados Digitales (DMA), y la compañía asegura que este nuevo sistema empezará a desplegarse en los próximos meses manteniendo el mismo nivel de seguridad y cifrado de extremo a extremo. O, al menos, eso promete.

Los primeros servicios compatibles serán BirdyChat y Haiket, dos nombres desconocidos para un servidor. Y ahí está parte de la cuestión. La obligación de la normativa europea no es abrir WhatsApp a grandes rivales como Telegram o Signal de inmediato, sino permitir que cualquier desarrollador que cumpla las condiciones técnicas pueda conectarse. La integración inicial puede dejar dudas, pero el precedente está: WhatsApp deja de ser un jardín cerrado.

Opcional y exclusivo para Europa. Meta explica que los usuarios de WhatsApp en Europa verán próximamente un aviso en el apartado de ajustes que permitirá activar o rechazar la interoperabilidad. Será opcional y limitado a móviles iOS y Android, dejando fuera WhatsApp Web, tablets y escritorio. Además, y esto es importante, solo funcionará para cuentas registradas con números de teléfono en territorios cubiertos por la legislación de la Unión Europea.

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Obligaciones para otros desarrolladores. Meta insiste en que cualquier desarrollador deberá implementar un cifrado equivalente al de WhatsApp y que Meta no podrá acceder al contenido en tránsito. Los mensajes podrán incluir texto, fotos, vídeos, notas de voz y documentos. Eso sí, Meta advierte que las apps externas podrían manejar los datos de manera diferente, y regirá la política de privacidad de cada servicio con el que conectemos.

Era posible. Durante años, Meta ha asegurado que su cifrado era incompatible con cualquier forma de interoperabilidad. Llegó la presión europea y... la cosa cambió. Dick Brouwer, director de ingeniería de WhatsApp, explicó que existe un equilibrio complicado entre abrir la plataforma y no comprometer su arquitectura de seguridad.

Cómo funcionará en la práctica. Los usuarios que activen la función podrán elegir entre recibir los mensajes externos en una bandeja separada o mezclarlos con su bandeja habitual. Meta también notificará cada vez que una nueva app se conecte al sistema. Que esto se convirtiera en una avalancha de avisos sería una gran noticia, pues significaría que el sistema se está ampliando mucho.

Limitaciones iniciales. La interoperabilidad arrancará con funciones básicas y solo en chats individuales. Las llamadas o los grupos llegarán más adelante, sin fecha concreta. Y quedamos a la espera de si los actores realmente relevantes (Telegram, Signal, iMessage o Google con RCS) entran en el juego. WhatsApp se encamina hacia un modelo más abierto y falta comprobar si esta apertura será real o simplemente un cumplimiento mínimo para salir del paso.

Vía | The Verge

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El acceso a las redes sociales entre menores de edad es un tema escabroso desde diferentes prismas que van desde el grooming hasta llevar el acoso a lo digital pasando, por supuesto, por el acceso y recopilación de datos personales por parte de la plataforma. 

Mientras que en el estado español ya están cocinando una nueva ley para limitar las redes sociales hasta los 16 años, Dinamarca no se queda atrás y pone la barrera en los 15 años. A decir verdad, la propuesta del país nórdico es una de las medidas más ambiciosas dentro de la Unión Europea para restringir el uso de redes sociales entre menores. 

Dinamarca marca el camino de la UE

 Y va por buen camino: ayer el gobierno de Dinamarca anunció un acuerdo político para llevarlo a cabo, como recoge EuroNews. La propuesta ha sido respaldada por una coalición de partidos de diferentes colores, resaltando que los menores 'no deben quedar solos en un entorno digital donde los contenidos dañinos y los intereses comerciales influyen demasiado en su vida cotidiana y en su desarrollo'. 

La medida tiene matices e incógnitas. Aunque la edad mínima legal para usar las redes sociales serán los 15 años, permitirá que algunos progenitores puedan autorizar el acceso a partir de los 13 años, tras una evaluación específica. Asimismo, el ministerio ha explicado que esta prohibición se aplicará a 'ciertas redes sociales' que no ha definido oficialmente ni ha explicado cómo se hará cumplir la ley. No obstante, esta medida tiene como objetivo principal 'proteger a los niños y jóvenes en el mundo digital' y ya está dando qué hablar fuera de sus fronteras. 

El ministerio tiene clara la responsabilidad de las big tech que están detrás y habla de la presión de sus modelos de negocio, citando a Carolina Stage, ministra de Digitalización, quien afirmó que 'las autoridades danesas por fin trazan una línea roja y marcan una dirección clara' y que por fin están plantando cara a las grandes plataformas, que 'han tenido carta blanca en las habitaciones de los niños durante demasiado tiempo.'

Desde el ministerio danés hablan alto y claro del problema:

'Los niños y adolescentes ven alterado su sueño, pierden concentración y sufren mayor presión por las relaciones digitales en las que los adultos no siempre están presentes. (...) Es una situación que ningún padre, profesor o educador puede afrontar por sí solo'.

La ministra también ha sacado pecho sobre la iniciativa, destacando que 'Dinamarca lidera ahora el camino en Europa con una edad mínima nacional para el uso de redes sociales y un esfuerzo conjunto por reforzar el bienestar digital de niños y jóvenes'. 

La iniciativa de Dinamarca sigue los pasos de Australia, pionera en aprobar la primera ley del mundo que restringe el acceso a las redes sociales a menores de 16 años y que entrará en vigor el próximo 10 de diciembre. El país oceánico castigará con multas de hasta 50 millones de dólares australianos (algo menos de 30 millones de euros) a plataformas como TikTok, Instagram, X (Twitter), o YouTube si no consigue impedir que los menores de esa edad tengan cuentas activas.

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Portada | hannah thiel y Pixabay 

Desde hace más de tres años, las instituciones de la Unión Europea vienen discutiendo una de sus propuestas más polémicas en materia digital: el 'Reglamento sobre el abuso sexual infantil' (CSAR, por sus siglas en inglés), conocido popularmente por su objetivo último: 'Chat Control'. 

Y es que, oculto bajo el noble objetivo de combatir la difusión de material de abuso sexual infantil en Internet, nos encontramos, a modo de caballo de Troya, el intento de abrir la puerta a la vigilancia masiva de las comunicaciones privadas.

La Comisión Europea había presentado una primera versión de esta propuesta en mayo de 2022, que finalmente fue rechazada en octubre de 2024: se llegó al acuerdo de que sólo se buscaría controlar las comunicaciones privadas de los que ya fueran sospechosos de difundir material pedófilo, y así no se tratará como sospechosa a toda la población de la UE.

Hace 10 meses: la propuesta resucita

Pero eso no podía durar. De modo que, a finales de 2024, cuando ya parecía enterrada, la Comisión Europea volvió a poner sobre la mesa una versión renovada del Chat Control. Resumiendo, la medida contemplaba:

• Escaneo automático de fotos, vídeos y enlaces compartidos en servicios de mensajería y de correo electrónico.
• Uso de tecnologías de "escaneo del lado del cliente", orwellianamente rebautizadas como "moderación en la carga", como alternativa al uso de 'cifrado con puertas traseras' que defendía el primer borrador de la medida.
• La obligación de aceptar ese escaneo como condición previa al uso de cifrado de extremo a extremo. Algo así como si la privacidad de tus cartas estuviera condicionada a que alguien las lea antes de meterlas en el sobre.

Los riesgos eran múltiples: millones de falsos positivos, criminalización de usuarios inocentes, creación de vulnerabilidades aprovechables por ciberdelincuentes... y todo eso dando por supuesto, claro, que sea cierto que lo único que las autoridades vayan a rebuscar en nuestras comunicaciones sea material pedófilo. Que es mucho suponer.

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Ya entonces Meredith Whittaker (presidenta de Signal), señaló las trampas del discurso de la Comisión Europea:

"No existe manera de preservar la encriptación de extremo a extremo y al mismo tiempo exponer los contenidos encriptados a vigilancia [...] la nueva propuesta de Chat Control es la misma vigilancia de siempre con una nueva etiqueta".

"Pedimos a quienes están haciendo estos juegos de palabras que paren ya y reconozcan lo que los expertos han repetido muchas veces: o el cifrado de extremo a extremo nos protege a todos y garantiza seguridad y privacidad, o está roto para todos".

"La imposición del escaneo masivo de comunicaciones privadas socava fundamentalmente el cifrado. Punto. [...] Todas las medidas [contemplables] crean vulnerabilidades explotables por los hackers".

Algo huele a podrido en Dinamarca (y más cerca)

La propuesta volvía a estar encima de la mesa, pero durante unos meses no se dieron los pasos necesarios para que volviera a votarse una vez más. Hasta que, este verano, Dinamarca se hizo con la presidencia rotatoria del Consejo de la UE. Entonces, la aprobación de este proyecto se convirtió en una de sus principales prioridades.

El ministro de Justicia danés, Peter Hummelgaard, vino a decir que vulnerar la privacidad del conjunto de la población está bien porque la privacidad que más debe importarnos "es la de los miles de niños abusados".

El intento danés de resucitar la medida contó con el apoyo de varios Estados miembros... entre ellos España. Recordemos que, ya a mediados de 2023, se filtró un documento del Consejo de Europa en el que aparecía la posición sobre el primer borrador de 'Chat Control' del ministro de Interior Grande-Marlaska:

"Es imperativo que tengamos acceso a los datos (...) Es igualmente imperativo que tengamos la capacidad de analizarlos, sin importar cuán grande sea el volumen".

Otros países favorables, como Austria, ya habían aprobado leyes nacionales que permitían a los servicios de inteligencia interceptar mensajes cifrados mediante software espía.

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Votar y votar, hasta que salga lo que queremos

Ahora, el Consejo Europeo se prepara para votar mañana nuevamente la medida. La correlación de fuerzas parece clara:

• 15 Estados miembros están a favor, entre ellos España.
• 7 países se oponen frontalmente, con Bélgica calificando la propuesta como "un monstruo que invade nuestra privacidad".
• 5 permanecen indecisos... 

Con esos apoyos, todo apunta a que la propuesta podría ser aprobada y elevada al Parlamento Europeo. De concretarse, la norma supondría un antes y un después para los derechos civiles en Europa.

¿Qué está en juego?

Las consecuencias potenciales de Chat Control 2.0 son profundas:

• La supresión efectiva de la privacidad online: todos los mensajes, correos y archivos compartidos serían escaneados antes de poder enviarse.
• Errores masivos: Según señalaba hace unos meses el Partido Pirata, los informes previos mostraban que el 80% de los contenidos marcados por algoritmos son falsos positivos, por lo que millones de ciudadanos podrían terminar siendo investigados injustamente.
• Puertas traseras abiertas: cualquier debilitamiento del cifrado puede ser explotado no solo por autoridades, sino también por criminales y gobiernos extranjeros hostiles. No es que no haya ocurrido antes.

Las organizaciones críticas no niegan la necesidad de combatir el abuso infantil online, pero defienden métodos más eficaces, como el refuerzo de las unidades policiales especializadas, en lugar de tratar a toda la población como sospechosa. De hecho, sería mucho más útil si lo que se busca es que el abuso a los menores no llegue a tener lugar, en lugar de perseguir únicamente la difusión posterior de fotos y vídeos.

Imagen | Marcos Merino mediante IA

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Al igual que sucede en España y en otros países de Europa, Alemania también ha hecho pruebas sobre la jornada laboral de cuatro días para saber qué impacto puede tener en las empresas y los trabajadores. Pero diversos dirigentes como el ministro de Finanzas alemán hasta el pasado año, Christian Lindner decía hace un tiempo que "nunca en la historia una sociedad ha aumentado su prosperidad trabajando menos" y que "la clave de nuestra prosperidad sigue siendo el trabajo duro".

Al mismo tiempo, si hay un país con fama de ser el motor económico de Europa, ese es Alemania, sin embargo, en la realidad, su modelo laboral altamente productivo con jornadas laborales reducidas parece haberse agotado.

Hace unas semanas propuso nuevas fórmulas para impulsar su crecimiento y encontró que debía pasar por trabajar más. Según su canciller "Con la semana de cuatro días y el equilibrio entre la vida profesional y personal no podremos mantener la prosperidad de este país".

Y es que, en la práctica, por mucho que renieguen los dirigentes de las jornadas laborales reducidas, los datos oficiales muestran que Alemania es el país de Europa que menos horas trabaja. Y vamos a ver que en muchas ocasiones es por temas estructurales. 

La historia de amor y odio hacia la reducción de la jornada          

Alemania es el país que menos horas trabaja. Si miras las cifras de la OCDE, Alemania, seguido de Dinamarca, Noruega, Holanda y Suecia son los países que menos horas anuales trabajan. Concretamente, en Alemania según los mencionados datos, al año, la gente trabaja una media de 1.341 horas. Quienes más horas se pasan en la oficina son las personas de México y Colombia, este último registra una media de 2.400 horas, pero eso no los hace más productivos. 

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Contratos a tiempo parcial durante muchos años. Al mismo tiempo, como recoge Xataka a raíz de unos datos publicados en Eurostat en mayo: los trabajadores alemanes trabajan menos horas a la semana en trabajos a tiempo parcial, pero lo hacen durante más años que los trabajadores españoles. Esto lleva precisamente a que, de media, en Alemania, los trabajadores son los que menos horas echan a sus empresas o negocios y eso, veremos más adelante, afecta. 

La mentalidad sobre rendimiento ha cambiado. Los estudios muestran que en Alemania se observa una disminución de la disposición al rendimiento por parte de los empleados. "Esto afecta no solo a la ambición por alcanzar grandes objetivos, sino también a la disposición (de los trabajadores) a asumir responsabilidades y demostrar su valía en nuevos puestos antes de exigir cargos o remuneraciones más altas", como refleja en un estudio de la Fundación Liz Mohn sobre ética laboral, donde solo el 43 % de los empleados en Alemania cree que un buen rendimiento es rentable. 

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La vida privada es más importante. En el mismo estudio, el 83 % de los encuestados afirma que su vida privada es más importante para ellos que su carrera profesional. Tradicionalmente, el rendimiento ha sido un valor fundamental en Alemania y ahora, la flexibilidad, el trabajo significativo y la realización personal son más importantes para muchos empleados. 

Problemas también sociales: machismo y cierre a la inmigración

Son las mujeres las que más recurren a trabajos de media jornada. Al mismo tiempo, hay una razón social por la que muchas personas recurren a medias jornadas y está en la crianza de hijos y de hijas y en los cuidados que, además, recae más en el rol de las mujeres en el sistema laboral. 

Un país que no aboga por la conciliación en muchos casos. A finales de 2024 se calculaba que el 55% de las mujeres alemanas trabajan a tiempo parcial y es que muchas regiones conservadoras del país ofrecen horarios de escuelas y guarderías eran extremadamente limitados que no permiten a los progenitores trabajar a tiempo completo. Las cifras suponen una de las mayores brechas de empleo equivalente a tiempo completo de toda la UE. 

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Alemania tiene un sistema más machista que lo que muestra. Buscando información en medios se puede ver que Alemania lleva décadas arrastrando el problema de la integración laboral de las mujeres a causa de que se encargan de la mayor parte de los cuidados del hogar. Hace un año incluso se publicaba que la mitad de las mujeres del país no son financieramente independientes y muchos son los escollos que hacen que no puedan trabajar a tiempo completo. 

Empresas que se niegan a trabajar cinco días a la semana. En esta disputa entre mandatarios y sociedad, también tenemos algo muy relevante. Muchas compañías han probado con éxito la jornada laboral de cuatro días y la mayoría de las empresas de esas pruebas afirmaron ya no quiere volver a la de cinco días.

Hay desempleo pero se necesita mano de obra. Otra cifra importante es que el desempleo ha superado los tres millones de personas por primera vez en una década, la economía se ha contraído durante dos años consecutivos y el PIB es ya menor que en 2019, mientras España y Grecia crecen a ritmos superiores al 2%. También es un país que ha ido cerrando las puertas a la inmigración, pero muchas voces son las que hablan de la necesidad de que lleguen más personas al país por la necesidad de cubrir puestos. Según Bertelsmann Foundation, hasta 2040, se necesitan unos 288.000 trabajadores extranjeros nuevos cada año. 

Vía | Xataka

Imagen | Foto de Maheshkumar Painam en Unsplash

En Genbeta | El ensayo de la jornada laboral de cuatro días en Alemania fue un éxito. El pelo y el sueño de los participantes fue clave

En los últimos meses, la relación entre Estados Unidos y la Unión Europea ha entrado en una fase tensa. Entre los muchos factores que han provocado eso, se encuentra un tema clave como es la regulación de las grandes plataformas tecnológicas.

Y es que las medidas impulsadas por Bruselas, desde tasas digitales hasta normativas de control como la Digital Services Act (DSA) y la Digital Markets Act (DMA), así como las múltiples 'tasas digitales' aprobadas ex profeso en varios países europeos han desatado una fuerte reacción de la administración Trump, que las interpreta como ataques directos contra las empresas estadounidenses de Silicon Valley.

El choque de posiciones

Por un lado, la Unión Europea defiende que tiene plena soberanía para legislar sobre la actividad económica en su territorio. Así lo reiteró recientemente un portavoz de la Comisión Europea: estas normas buscan garantizar la competencia, limitar abusos de posición dominante y reforzar la seguridad en el entorno digital, con reglas claras contra la desinformación, el discurso de odio y la explotación ilícita de datos.

Del otro lado, el presidente Donald Trump ha descrito estas leyes como intentos de censura y como instrumentos "discriminatorios" contra Estados Unidos. En su discurso, insiste en que mientras Google, Apple, Meta, Amazon o Microsoft se ven sometidas a estrictos controles e impuestos en Europa, compañías chinas de gran tamaño disfrutan de una especie de «pase libre».

El trasfondo económico

Por otro lado, también está el tema de los impuestos digitales aplicados por países como Francia, Italia o España. Estos gravámenes buscan que las grandes plataformas tributen en los países donde generan ingresos, y no únicamente en jurisdicciones de baja fiscalidad. Para Bruselas, se trata de justicia fiscal y de equilibrar la competencia; para Washington, de un ataque selectivo contra compañías estadounidenses.

En Xataka

Para las grandes tecnológicas los aranceles son una amenaza existencial: sus imperios dependen del "sistema mundo"

Además, la alianza entre Trump y los directivos de las Big Tech refuerza el cariz político del asunto. Desde Tim Cook (Apple) hasta Mark Zuckerberg (Meta) o Sundar Pichai (Google), muchos líderes tecnológicos han cerrado filas con el presidente, pidiéndole que intervenga para frenar las regulaciones europeas que afectan a su modelo de negocio.

La amenaza de sanciones y aranceles

La respuesta de Washington amenaza ahora con escalar la situación: la administración Trump no solo ha ordenado a sus diplomáticos presionar a los gobiernos europeos para suavizar o eliminar la DSA, sino que además ha puesto sobre la mesa medidas punitivas inéditas:

• Sanciones personales contra cargos públicos europeos implicados en la aplicación de estas normativas, incluidas restricciones de visado.
• Aranceles adicionales a las exportaciones de los países con tasas digitales.
• Restricciones a la venta de chips y tecnología avanzada desde EE.UU. hacia naciones que mantengan estas políticas.

Al fin y al cabo, se nos olvida que Washington también tiene plena soberanía para legislar en su propio territorio. Trump expresó con claridad sus motivaciones en su red Truth Social:

"Estados Unidos y nuestras empresas tecnológicas ya no serán más ni la hucha ni la alfombrilla del mundo. Muestren respeto a EE.UU. o consideren las consecuencias".

La confrontación amenaza con desbordar el terreno tecnológico y convertirse en una nueva guerra comercial. De confirmarse las sanciones a funcionarios europeos —algo extremadamente inusual en las relaciones transatlánticas—, la tensión podría alcanzar niveles comparables a los conflictos arancelarios del acero y el aluminio.

Al mismo tiempo, este pulso pone en cuestión el papel de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), el organismo internacional que desde hace años busca un acuerdo internacional para armonizar la fiscalidad digital y evitar la fragmentación del mercado global. Su grado de éxito está a la vista.

Vía | AP News

Imagen | Marcos Merino mediante IA

En Genbeta | La UE avisa a Elon Musk: la retransmisión de su charla en X con Donald Trump es "un riesgo" ante el cual debe "tomar medidas"

La Unión Europea es pionera en disponer de una legislación para tratar de poner límites a la inteligencia artificial, aunque paradójicamente esté a la cola a la hora de lanzar proyectos que la lideren. El viejo continente está tomando medidas para ganar peso específico en este sector al alza mientras avanza con su Código de prácticas de IA generativa.

Cabe recordar que este Código de prácticas de IA generativa tiene carácter voluntario pero sí que es de gran importancia para ayudar a los proveedores de modelos de IA de propósito general a cumplir con la ley de la IA. Teniendo en cuenta su utilidad, apuntarse parece buena idea (al hacerlo, se consideran como compatibles según las normas legalmente vinculantes) y así lo han hecho la mayoría de desarrolladores de IA dominantes en Estados Unidos y la UE. China ya es otra historia.

Un código de buenas prácticas voluntario pero importante

Porque la Comisión Europea ha publicado la lista completa de quienes han firmado la iniciativa y aquí encontramos dos grandes ausentes y algún que otro firmante con asterisco. Eso sí, en ella no faltan la francesa Mistral y la alemana Aleph Alpha.

La lista, que se ha ido actualizando conforme se sumaban más empresas, muestra al grueso de las grandes big tech de Estados Unidos que han pasado por el aro, como por ejemplo Amazon, Google, Anthropic, OpenAI o Microsoft, que inicialmente presionó al viejo continente para que simplificase el documento. Sin embargo, Meta no ha firmado el código. Y xAI de Elon Musk lo ha hecho a medias: solo firmará el capítulo de seguridad, mostrándose crítica con el resto al considerarlo "profundamente perjudicial para la innovación" como explicaba en un post de X/Twitter.

Pero si hay una ausencia que llama la atención esa es la de las empresas chinas: no hay ni rastro de Deepseek, Alibaba o Baidu, que no aparecen en el documento en estos momentos. Aquí tienes el listado completo:

• Accexible
• AI Alignment Solutions
• Aleph Alpha
• Almawave
• Amazon
• Anthropic
• Bria AI
• Cohere
• Cyber Institute
• Domyn
• Dweve
• Euc Inovação Portugal
• Fastweb
• Google
• Humane Technology
• IBM
• Lawise
• Microsoft
• Mistral AI
• Open Hippo
• OpenAI
• Pleias
• Re-AuditIA
• ServiceNow
• Virtuo Turing
• Writer

Cabe destacar que aquellas empresas no firmantes tendrán la obligatoriedad de cumplir con las normas de la ley de la IA y un extra: la Comisión Europea ha advertido que podrán enfrentarse a un mayor control.

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Portada | Foto de Solen Feyissa en Unsplash