Hoy ha comenzado en los juzgados de lo Mercantil de Madrid un proceso judicial que podría marcar un antes y un después en la relación entre los grandes gigantes tecnológicos y los medios de comunicación tradicionales en Europa.

La Asociación de Medios de Información (AMI), en representación de 83 cabeceras de medios españolas, reclama a Meta Platforms —la multinacional de Mark Zuckerberg propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp— una indemnización de más de 550 millones de euros por competencia desleal y uso indebido de datos personales.

¿Qué denuncian exactamente los medios españoles?

Los fundamentos de la demanda se centran en tres puntos clave:

1. Uso ilegítimo de datos personales: Entre el 25 de mayo de 2018 y el 31 de julio de 2023, Meta habría utilizado en su provecho los datos de navegación y comportamiento de millones de usuarios europeos sin una base legal adecuada, incumpliendo el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).
2. Obtención de ingresos desleales: Según la AMI, el 100% de los ingresos publicitarios de Meta derivados de la segmentación de audiencias provendría de ese tratamiento masivo y no consentido de datos.
3. Perjuicio a la prensa: Al captar inversión publicitaria de manera ventajosa e irregular, Meta habría reducido los ingresos de los medios, debilitando su sostenibilidad económica y, por extensión, la independencia y pluralidad informativa.

En palabras del presidente de la AMI, José Joly, la compañía de Zuckerberg

"ha construido su posición de dominio en el mercado publicitario despreciando la normativa concebida para proteger el derecho fundamental a la intimidad de los ciudadanos europeos [...] estos comportamientos ponen en jaque la supervivencia de los medios de información, fundamentales para la calidad democrática de un país".

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La AMI subraya que este caso no es solo un enfrentamiento empresarial: su directora general, Irene Lanzaco señala que "está en juego la protección de los derechos de millones de ciudadanos europeos cuyos datos han sido explotados sin consentimiento".

Precedentes del caso

Recordemos que tanto el Comité Europeo de Protección de Datos como la Autoridad de Protección de Datos de Irlanda ya han sancionado en varias ocasiones a Meta por incumplimientos sistemáticos en materia de privacidad. Incluso la Comisión Europea multó en 2025 a la tecnológica con 200 millones de euros por vulnerar el Reglamento de Mercados Digitales, sanción que la empresa ha recurrido.

En España, además de la demanda de los periódicos agrupados en AMI, también las principales televisiones (Atresmedia, Mediaset, Trece TV) y radios (SER, COPE, Onda Cero, RAC1) han interpuesto otra reclamación conjunta de 160 millones de euros por los mismos hechos.

Y el caso español no es algo aislado: en Francia, un grupo de 67 compañías mediáticas —que representan cerca de 200 medios— demandó igualmente a Meta por prácticas similares. La Autoridad de Competencia francesa ha abierto una investigación por abuso de posición dominante en el mercado publicitario.

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¿David contra el Goliat digital?

El juicio de la AMI contra Meta se ha descrito como una acción judicial sin precedentes en España. Su resultado podría sentar jurisprudencia no solo para la prensa nacional, sino también para otros sectores que se enfrentan al poder de las plataformas tecnológicas.

La clave no está únicamente en la multa o indemnización, sino en el mensaje que envíen los tribunales:

• ¿Debe primar el derecho de los ciudadanos a la privacidad sobre el modelo de negocio de las grandes tecnológicas?
• ¿Podrán los medios de comunicación recuperar parte de la inversión publicitaria perdida?
• ¿Se abrirá un nuevo marco de equilibrio entre plataformas digitales y periodismo?

Meta, por su parte, ha rechazado la acusación, calificándola de un intento de los medios tradicionales españoles de obtener compensación por "su propia incapacidad para adaptarse a la digitalización del mercado publicitario".

Ahora, el proceso iniciado en el Juzgado Mercantil nº 15 de Madrid se desarrollará siguiendo estas fases.

• Primera sesión: testigos propuestos por Meta, principalmente trabajadores de la compañía.
• Segunda sesión: intervención de peritos de ambas partes y presentación de conclusiones.
• Resolución: conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil, la sentencia debería dictarse en los 20 días hábiles siguientes.

Imagen | Marcos Merino mediante IA

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Google se enfrenta a un tsunami legal en Europa con reclamaciones por daños que ascienden a más de 12.000 millones de euros, según ha podido confirmar el medio Bloomberg. Decenas de sitios web de comparación de precios de toda la Unión Europea han presentado demandas contra el gigante tecnológico, acusándolo de apropiarse de sus clientes mediante prácticas anticompetitivas.

Según explica el medio, estas demandas civiles están vinculadas a una decisión de la Comisión Europea de 2017, que impuso a Google una sanción de 2.400 millones de euros por aprovechar ilegalmente su posición dominante en el mercado de búsquedas para favorecer a su propio servicio de comparación de precios. Esta sentencia abrió la puerta a una oleada de demandas conocidas como "acciones de seguimiento", que se retrasaron durante años mientras Google apelaba la decisión.

Google acumula más de 12.000 millones de euros en demandas civiles europeas

Sin embargo, el año pasado un tribunal confirmó que la empresa había violado las leyes antimonopolio, lo que significa que los demandantes europeos ya no tienen que demostrarlo en los tribunales. Muchos de estos casos están ahora avanzando rápidamente.

Bloomberg ha identificado al menos 12 casos civiles en siete países europeos. Aunque no todos los tribunales y partes implicadas han revelado las cantidades reclamadas, el valor de nueve de estas demandas ya supera los 12.000 millones de euros.

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Entre los casos más destacados se encuentran varias demandas que pronto llegarán a los tribunales. A finales de junio, un juez en Londres revisará una demanda por 1.000 millones de libras (aproximadamente 1.600 millones de euros) presentada por el sitio británico Kelkoo; en septiembre le tocará el turno a un tribunal de Ámsterdam que escuchará una demanda interpuesta por la empresa holandesa Compare Group; y en noviembre está programado en Berlín un caso de 3.300 millones de euros interpuesto por Idealo, propiedad de Axel Springer. Entre otras demandas también se incluye una de 2.100 millones de euros del sitio web sueco Pricerunner, ahora propiedad de Klarna, y una demanda de 500 millones de euros del sitio web polaco Ceneo.

Tal y como afirma el medio, a medida que pasa el tiempo, algunos demandantes han incrementado sus demandas y contratado financiadores externos para litigios, alegando que Google continúa violando las leyes antimonopolio al manipular los resultados de búsqueda y no cumplir con la orden de la UE de 2017. Esto, según afirman, ha permitido al gigante tecnológico dominar injustamente el tráfico web y los beneficios.

La respuesta de Google

Google rechaza categóricamente estas acusaciones. La compañía sostiene que la solución que introdujo en 2017 para mostrar anuncios de sitios de comparación de precios ha funcionado bien. Un portavoz de Google afirmó al medio que la empresa no diferencia entre su propio servicio de compras y los de sus competidores, señalando que más de 1.550 sitios de comparación de precios en Europa utilizan actualmente su sistema de visualización, frente a solo siete en 2017.

"Discrepamos firmemente de estas demandas, que son presentadas por empresas que buscan un pago en lugar de invertir en sus propios productos", declaró un portavoz de Google.

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Un historial de multas

Este nuevo frente civil se suma a las cuantiosas multas administrativas que la UE ha impuesto a Google en los últimos años, que alcanzan aproximadamente los 8.000 millones de euros. Además de las sanciones mencionadas, Bruselas también penalizó a la compañía en 2018 con 4.340 millones de euros por abusos relacionados con Android y con otros 1.490 millones de euros en 2019 por prácticas restrictivas en sus contratos publicitarios. Google ha recurrido activamente estas decisiones, incluso ha conseguido reducir la cantidad y hasta una anulación parcial que la Comisión Europea podría recurrir.

En Estados Unidos, Google también se ha enfrentado a la justicia, siendo el último caso el referente a Chrome en el que el tribunal de justicia acusaba al gigante tecnológico por prácticas anticompetitivas.

Imagen de portada | Alex Dudar

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La OCU en España, Organización de Consumidores y Usuarios, ha denunciado a la plataforma de venta de tickets online Ticketmaster. El motivo que ha dado para esta demanda es el "cobro irregular y  abusivo de las entradas del anunciado concierto de Bad Bunny". Según afirman, al "precio básico de la entrada se le suman distintos conceptos que al final triplican su coste".

Ticketmaster es un portal de venta de entradas a eventos, que el pasado año sufrió una filtración masiva de datos, y que suele crear polémica por cómo acaba inflando el precio de los tickets con diferentes asuntos. En agosto del pasado año, la misma OCU los denunció también por "cobrar dos comisiones injustificadas en la  compra de entradas online".

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En el caso de las entradas para ver a Bad Bunny en Madrid y en Barcelona, la organización de consumidores y usuarios dice que recibió quejas de muchas personas, tanto directamente a ellos como las quejas en redes sociales.

En la OCU dicen que, al investigar las quejas se encontraron "con un nuevo abuso en la compra de entradas online, que decidieron denunciar ante la Subdirección General de Inspección y Procedimiento Sancionador del Ministerio de Consumo.

Cuáles son los cobros extra de Ticketmaster

En este caso, la organización de consumidores afirma que Ticketmaster fue incrementando el coste de la entrada del concierto de Bad Bunny con hasta tres conceptos diferentes.

De este modo, una entrada que originariamente anuncia un coste de 79,50 euros,  acaba costando 269, euros, pues al importe mínimo anunciado hay que  sumar: 3,30 euros en concepto de donación, 36,50 euros por gastos de gestión y 150 euros por cargo VIP adicional.

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La OCU lleva tiempo denunciando la injusticia que supone el cobrar unos gastos de gestión al consumidor que compra online una entrada (o un billete). En sus palabras:

"Si todo lo hace el usuario: entra en la web, seleccionar fecha, tipo de entrada, asiento, la imprime… ¿Qué gestión justifica un cobro de nada menos 36,50 euros por entrada?"

Sobre estos cargos extra, alega la OCU que no son transparentes puesto que se muestran casi al final de la compra. "Además, los precios de estas entradas no son iguales para todos: se trata de precios dinámicos que varían en función del mercado", sin que nadie aclare qué factores influyen exactamente en el precio final, afirman.

Como ha publicado Xataka, los precios dinámicos son una estrategia de fijación de precios en  la que el coste de un producto o servicio fluctúa en función de la demanda del mercado, el comportamiento del consumidor, la competencia y  otros factores. Live Nation, la promotora dueña de Ticketmaster, ha adoptado esta estrategia, tan común en los vuelos, para sus eventos.

Los problemas de las entradas para grandes espectáculos

Cabe recordar que Bad Bunny llega a España en mayo y junio de 2026 con Debí Tirar Más Fotos World Tour con conciertos en Madrid y Barcelona y que las 600.000 entradas para sus 12 espectáculos se agotaron en cuestión de horas, según informaciones oficiales. Como ya publicó Xataka, mientras el caos de colas virtuales tenía a los seguidores del puertorriqueño en vilo, se fueron sumando más conciertos nuevos que aumentó la incertidumbre de la jornada de compra de boletos.

Al mismo tiempo, parece que la tecnología no supiera dar una respuesta a los problemas que constantemente surgen cuando arranca la venta de las entradas para macroeventos. Además, Xataka recogió cómo muchas personas registraron desconexiones forzadas, hubo problemas con los servidores y también mucha incertidumbre y opacidad sobre el proceso de compra.

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En el pasado, incluso Ticketmaster tuvo que acabar pidiendo perdón a Taylor Swift, cuando su sistema se vio desbordado por la demanda para su gira Eras Tour. Miles de seguidores no pudieron comprar entrada debido a este problema. En aquel momento, el presidente de Live Nation, la empresa matriz de Ticketmaster, tuvo que declarar ante los legisladores y afirmó que "un ataque de bots fue el responsable de una experiencia terrible para el consumidor". Años más tarde, los problemas persisten.

Imagen | Xataka

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A lo largo de los últimos años, firmas como HP, Epson, Canon o Brother, entre otras tantas, han protagonizado diversas polémicas derivadas de sus actualizaciones de firmware en impresoras, las cuales han limitado el uso de cartuchos de tinta de terceros en sus impresoras. Este problema es muy común, ya que los cartuchos de tinta son la herramienta que tienen las compañías para generar ingresos, más que la venta de sus impresoras.

Que HP y otras firmas limiten el uso de algunas de sus impresoras a utilizar solamente cartuchos de tinta originales no es nada nuevo y hay casos judiciales que llevan persiguiendo esto durante años. En este sentido, un reciente acuerdo judicial en California llama la atención, sobre todo, por el hecho de que todo queda en que HP no tendrá que compensar a sus usuarios. 

Un acuerdo sin admisión de culpa

El caso, seguido por el medio Ars Technica, comienza en noviembre de 2020, cuando se lanzó una actualización de firmware que impedía el funcionamiento de cartuchos y tóners no fabricados por HP. Este cambio fue impugnado inicialmente mediante una demanda colectiva interpuesta por Mobile Emergency Housing Corp. y Performance Automotive & Tire Center. Los demandantes argumentaban que, al restringir la compatibilidad con cartuchos de terceros, "HP forzaba a sus clientes a adquirir únicamente productos oficiales, afectando la libertad de elección y la competencia en el mercado".

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Tras varios años de litigio, en agosto de 2024, se llegó a un pacto entre las partes. En un documento oficial publicado por HP, la firma declara lo siguiente:

"En la demanda, los demandantes alegan que Dynamic Security hacía que las impresoras dejaran de funcionar si utilizaban determinados cartuchos de tóner que no eran de HP. HP niega haber hecho nada malo. En virtud del acuerdo, HP se compromete a seguir informando sobre el uso de Dynamic Security y a seguir ofreciendo a los usuarios de impresoras la opción de instalar o no actualizaciones de firmware que incluyan Dynamic Security".

A pesar de que HP no reconoce ninguna conducta ilícita ni se compromete a indemnizar económicamente a los usuarios afectados por la actualización de noviembre de 2020, la compañía aceptó abonar una suma de 5.000 dólares a tres entidades que representaron a las clases demandadas. Además, HP se comprometió a sufragar 725.000 dólares en honorarios legales y otros gastos relacionados con el proceso.

La pesadilla de las medidas de "Dynamic Security" de HP, las cuales incluyen actualizaciones de firmware para bloquear el uso de cartuchos de tinta de terceros, seguirá vigente. La parte buena es que los usuarios pueden rechazar futuras actualizaciones de firmware y, según el acuerdo, HP seguirá informando de manera clara a los usuarios de ciertos modelos de impresoras –las de su gama “Class Printers”– sobre la recopilación de datos y la aplicación de estas medidas, además de que permitirá a los propietarios decidir si desean instalar dichas actualizaciones.

El pacto se aplica únicamente a usuarios estadounidenses que cuenten algún modelo de la serie HP Color LaserJet, entre los que se encuentran, por ejemplo, la HP Color LaserJet Pro M254DW, la HP LaserJet Pro M404DW, o la HP Color LaserJet Pro MFP M281CDW, entre otros. Estos dispositivos fueron los afectados por la actualización de 2020, mientras que otros equipos con restricciones similares no se recogen en este acuerdo. La compañía ha señalado que, en el caso de impresoras fabricadas antes del 1 de diciembre de 2016, es posible desactivar las medidas de Dynamic Security.

Además, en las páginas web de HP se advierte a los usuarios que algunos modelos funcionarán exclusivamente con cartuchos que solo incorporen un chip HP, y que las actualizaciones de firmware se aplicarán de forma periódica, lo que podría llegar a inutilizar cartuchos que en un principio eran compatibles. En ciertos programas, como Instant Ink, la activación de las actualizaciones automáticas es obligatoria, lo que podría derivar en la pérdida repentina de la compatibilidad con cartuchos de terceros en modelos recientes.

No es el único caso en el que ha estado envuelto HP

Este acuerdo es solo uno de varios episodios legales en los que HP se ha visto envuelta. En 2022, la compañía aceptó abonar 1,35 millones de dólares a usuarios europeos y en 2020 la Autoridad de Competencia italiana le impuso una multa de 10 millones de euros. Asimismo, en 2019 se alcanzó un acuerdo similar en California, y en Australia se pagó una compensación modesta de unos 50 dólares australianos a los afectados en 2018.

Por otra parte, actualmente se tramita otra demanda colectiva en el Distrito Norte de Illinois que se centra en las actualizaciones de Dynamic Security lanzadas a finales de 2022 y principios de 2023. Esta reclamación acusa a HP de monopolizar el mercado de cartuchos de reemplazo y exige, entre otras medidas, el cese de dichas prácticas.

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La ya interminable disputa entre Elon Musk y Sam Altman (y OpenAI) ha dado un nuevo giro después de que un tribunal federal de California haya denegado la solicitud del empresario (y alto cargo estadounidense) para detener el proceso de conversión de la empresa líder de IA en una entidad con fines de lucro.

De la colaboración a la rivalidad

Recordemos que Elon Musk fue uno de los cofundadores de OpenAI en 2015, cuando la organización se creó, originariamente, como un laboratorio de investigación sin fines de lucro con el objetivo de desarrollar IA "para el beneficio de la Humanidad".

Sin embargo, con el paso de los años, OpenAI comenzó a comercializar sus productos (destacando en ese aspecto el lanzamiento de ChatGPT) y a explorar nuevas estructuras que le permitieran captar inversiones millonarias.

En 2023, varios años después de haber abandonado su cargo en OpenAI, Musk creó su propia empresa de IA, xAI, lo que marcó el inicio de una creciente rivalidad con Sam Altman, cofundador y actual director ejecutivo de su antigua compañía.

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En marzo de 2024, Musk presentó una demanda contra OpenAI, argumentando que la organización había traicionado su misión original al convertirse en una empresa con fines de lucro y priorizar el beneficio económico sobre la democratización de la inteligencia artificial.

En su demanda, Musk también acusaba a Microsoft y OpenAI de prácticas anticompetitivas, alegando que la compañía de Altman había solicitado a los inversores que se abstuvieran de financiar startups rivales, como xAI.

El fallo judicial y la reacción de las partes

Ayer martes, la juez federal Yvonne Gonzalez Rogers rechazó la petición de Musk para que se adoptasen medidas cautelares con el fin bloquear la conversión de OpenAI en una empresa con fines de lucro. En su fallo, la jueza señaló que Musk no logró demostrar el "alto estándar de prueba" que se requiere para justificar una medida de esta magnitud.

OpenAI acogió con satisfacción el fallo, asegurando que la reestructuración de la compañía es necesaria para seguir desarrollando modelos de IA de vanguardia en un mercado altamente competitivo...

Sin embargo, subrayó que aún existía la opción de que el tribunal acelerase un juicio sobre la cuestión central del caso: de si la transformación de OpenAI es ilegal por utilizar fondos originalmente destinados a un propósito sin fines de lucro. El equipo legal de Musk celebró la decisión de permitir dicho resquicio, claro:

"Esperamos que un jurado confirme que Sam Altman aceptó las contribuciones benéficas de Musk con el conocimiento de que debían ser utilizadas para el bien público y no para su propio enriquecimiento".

Por otro lado, Microsoft, uno de los principales inversores de OpenAI, no ha hecho comentarios sobre la decisión judicial.

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El intento de compra de OpenAI por parte de Musk

Mientras la batalla legal avanzaba, Musk intentó tomar el control de OpenAI poniendo sobre la mesa una oferta de 97,4 mil millones de dólares. La propuesta, liderada por un grupo de inversores afines a Musk, buscaba devolver a OpenAI a su estado original como organización sin fines de lucro centrada en la seguridad y accesibilidad de la IA.

No obstante, la junta directiva de OpenAI rechazó unánimemente la oferta, lo que llevó a Musk a calificarles de "una estafa total". El propio Altman argumentó que Musk sólo buscaba frenar a un competidor de xAI. Posteriormente, el empresario sudafricano anunció que retiraría su oferta si OpenAI abortaba voluntariamente su conversión en una entidad con fines de lucro.

¿Cómo afecta esto el futuro de la IA?

El fallo judicial a favor de OpenAI no pone fin a la disputa, ya que el juicio acelerado podría determinar si la conversión de la compañía es legal, pero sigue alargando un proceso al que Musk buscaba dar carpetazo rápidamente, primero con la petición de medidas cautelares y, después, con su rechazada oferta de compra.

Por ahora, OpenAI seguirá avanzando en su conversión a una estructura más comercial... pero, en los próximos meses, el desenlace de esta batalla legal podría tener consecuencias significativas para el futuro del sector, especialmente en lo que respecta a la regulación de empresas de IA y a su competencia en el mercado.

Imagen | Marcos Merino mediante IA

En Genbeta | Sam Altman califica de "matón" a Elon Musk y afirma que fue éste quien propuso que OpenAI tuviera ánimo de lucro

Con el año nuevo suelen llegar nuevos propósitos. Así, en el ámbito profesional puede que te estés planteando ampliar tus competencias haciendo algún curso , un volantazo laboral hacia un nuevo sector o especializarte más o simplemente ganar más dinero. Si estás buscando un nuevo empleo o uno con mejores condiciones, LinkedIn ha elaborado su encuesta anual con los trabajos más demandados en 2025.

La encuesta 'Jobs on the rise' es todo un clásico ya en la red social profesional y en ella se destacan las 25 profesiones de más rápido crecimiento en los últimos tres años en función de las búsquedas de trabajo en su plataforma entre enero de 2022 y julio de 2024. Aunque  la encuesta tuvo lugar en Estados Unidos, constituye una buena aproximación en cuanto a perfiles laborales atractivos. Ya te adelantamos que algunos pueden destacar por su innovación, pero en otros casos simplemente es que se necesitan en gran número.

Echando un vistazo a la lista se observan dos tendencias predominantes: la adopción de la inteligencia artificial y todo lo relacionado y un resurgimiento de la demanda de servicios y experiencias personales. Puede que en los últimos meses hayamos sido testigos de numerosos despidos en la industria tecnológica, pero tener formación y experiencia en IA es una cualidad muy demandada conforme las empresas van incorporándola a sus tareas.

Los 10 trabajos más demandados en 2025 según LinkedIn

• Ingeniería en inteligencia artificial. Quienes estudian ingeniería en inteligencia artificial desarrollan, implementan y entrenan modelos y algoritmos de IA usando lenguajes de programación para crear sistemas inteligentes que puedan ejecutar tareas que antes requerían de inteligencia humana. Ojo porque el prompt engineering permite aspirar a sueldazos en la industria de 300.000 dólares.
• Consultor de inteligencia artificial. Su misión consiste en asesorar a organizaciones y empresas sobre la implementación de tecnologías de IA en sus operaciones comerciales, logística, estrategia y desarrollo de producto.

• Fisioterapeuta. Se abre paso con fuerza esta profesión del sector de la salud encargada de diagnosticar y tratar pacientes para ayudarles a aliviar su dolor, mejorar la movilidad y prevenir o recuperarse de lesiones.
• Gerente de desarrollo laboral. Desarrollan e implementan programas de capacitación para optimizar los recursos disponibles de la empresa con sus objetivos, lo que permite que la plantilla mejore sus habilidades en áreas nuevas y ya existentes.
• Asesoría de viajes. Esta profesión consiste en proporcionar soporte, planificación y reservas y ejecución en la logística de un viaje en función de preferencias y presupuesto de sus clientes.
• Coordinación de eventos. Quienes se dedican a la coordinación llevan a cabo eventos sociales, corporativos y sin ánimo de lucro. Entre sus funciones está la gestión logística, programación, gestión de proveedores y asignación de presupuestos.
• Dirección de desarrollo. Un director o directora de desarrollo supervisa la estrategia de recaudación de fondos de una organización, lo que va desde relaciones con donaciones a gestión de la cartera, de modo que aseguren el apoyo financiero para proyectos comerciales o actividades sin ánimo de lucro.
• Representante de ventas. Su objetivo es vender productos y servicios a clientes existentes y potenciales, entablando relaciones con ellos para que las empresas consigan sus objetivos de ventas.
• Especialista en sostenibilidad. Analiza las actividades ambientales, sociales y de gestión de las organizaciones y gestiona estrategias que mitiguen el daño potencial, promoviendo el uso responsable de recursos y un impacto social positivo.
• Guardia de seguridad. Su misión es monitorizar y proteger la propiedad, a la gente y activos, respondiendo frente a amenazas potenciales y garantizando la seguridad en general.

Puede que algunas de estas profesiones no estén relacionadas con tu ámbito de interés o profesionalización, pero comprender dónde está aumentando la demanda puede ayudarte a refinar tu búsqueda.

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Portada | Foto de Glenn Carstens-Peters en Unsplash

La empresa matriz de WordPress, Automattic, acaba de sufrir un revés judicial: ayer martes, un juez del distrito de California le ha ordenado que deje de bloquear el acceso de WPEngine a los recursos de WordPress.org y de interferir con sus plugins.

Todo comenzó el pasado mes de septiembre, cuando Matt Mullenweg, cofundador de WordPress y líder de Automattic, lanzó una campaña pública contra WPEngine, acusando a la empresa de usar indebidamente la marca registrada de WordPress y de no contribuir lo suficiente a la comunidad de WordPress.

Poco después, Automattic prohibió a sus empleados colaborar con WPEngine y bloqueó el acceso de ésta a los servidores de WordPress.org y llegó hasta el extremo de 'secuestrar' el plugin ACF (Advanced Custom Fields) de WPEngine.

Contexto del conflicto

WordPress, un CMS (sistema de gestión de contenidos) de código abierto utilizado por más del 40 % de los sitios web del mundo, fue creado en 2003 por Matt Mullenweg y Mike Little. Automattic Inc., también fundada por Mullenweg, ha capitalizado esta plataforma ofreciendo servicios comerciales como hosting gestionado, plugins y temas relacionados con WordPress.

WP Engine, por su parte, se ha consolidado como uno de los principales proveedores de hosting y herramientas personalizadas para sitios construidos sobre WordPress. La empresa afirma haber invertido cientos de millones de dólares en desarrollar recursos, plugins y temas que enriquecen el ecosistema WordPress.

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Acusaciones de WP Engine

El conflicto se intensificó en septiembre de 2024, cuando WP Engine denunció que Automattic y Mullenweg emprendieron acciones que considera "coercitivas" y "anticompetitivas". Entre las principales acusaciones destacan:

1. Amenazas y coerciones: Heather Brunner, CEO de WP Engine, declaró que Automattic exigió el pago de un 8% de los ingresos brutos de WP Engine como regalía o el compromiso de dedicar recursos equivalentes al desarrollo del núcleo de WordPress. Brunner también acusó a Mullenweg de amenazar con una "estrategia nuclear" si no se cumplían sus demandas.
2. Bloqueo de acceso a recursos: WP Engine asegura que Automattic bloqueó el acceso de sus usuarios al repositorio de plugins de WordPress.org, dificultando la actualización y la instalación de plugins esenciales.
3. 'Secuestro' del plugin ACF: WP Engine alega que Mullenweg modificó su plugin "Advanced Custom Fields" (ACF) sin autorización, renombrándolo como "Secure Custom Fields" y reasignando a este último los usuarios del primero sin consentimiento de WP Engine.
4. Campañas de desinformación: La compañía también acusa a Mullenweg de hacer declaraciones públicas que desacreditan a WP Engine, fomentando la migración de sus clientes a otros servicios.

Respuesta de Automattic

En su defensa, Automattic argumenta que las acciones tomadas fueron necesarias para proteger la integridad del ecosistema WordPress. Mullenweg sostiene que WP Engine ha contribuido de manera limitada al desarrollo de WordPress, a pesar de beneficiarse significativamente del mismo. También defiende la modificación del plugin ACF como una medida para garantizar la seguridad y funcionalidad tras una vulnerabilidad detectada.

Automattic se ampara en el hecho de que WP Engine mantiene "pleno control" sobre sus plugins y puede "distribuirlos de manera independiente" a través de sus propios canales (una argumentación similar a la de Microsoft durante los casos antimonopolio que siguieron a la 'guerra de navegadores').

El fallo preliminar del tribunal

"Si bien los demandados (Automattic) definen el daño sufrido por WPEngine como 'autoinfligido' porque construyó su negocio en torno a un sitio web "que no tenía ningún derecho contractual a utilizar", el papel de los demandados para ayudar a que el daño se materialice a través de sus recientes acciones específicas hacia WPEngine, y no hacia ningún otro competidor, no puede ignorarse".

En un fallo emitido ayer, 10 de diciembre de 2024, el tribunal adoptó una medida provisional destinada a proteger temporalmente los derechos de WP Engine mientras se resuelve el caso de fondo. Así, se obliga a Automattic a restaurar temporalmente el acceso de WP Engine al repositorio de WordPress.org, mientras se resuelve el litigio, y se prohíbe a Automattic, además, realizar cambios no autorizados en los plugins de WP Engine.

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La red social X de Elon Musk canceló hace un año la cuenta de un desarrollador de software, alegando que la investigación que había realizado sobre la plataforma violaba los términos de servicio de la empresa.

Una muestra más de que los últimos pasos del magnate con su red social, acusada ampliamente por promover la desinformación, ya lleva tiempo con estos problemas y no es algo nuevo de estos meses.

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Twitter era mi red social favorita y X me parece un desastre para informarme. Cinco cosas que ha hecho Elon Musk este año para mal

Cabe decir que esto es algo que choca con el discurso del magnate de tener una red social donde la libertad es lo más importante, según él (de todos modos, ya bloqueó a periodistas que cubrían información sobre su gestión al aterrizar en X, por lo que la libertad es y ha sido de acuerdo a sus intereses).

El tema es que tras la "caótica adquisición" (palabras litarales del medio TechCrunch) de la plataforma por parte de Elon Musk, Travis Brown hizo una investigación sobre X, anteriormente Twitter, que dio muy malas referencias sobre esta red social.

Este desarrollador conocía Twitter

Brown había trabajado en proyectos de código abierto en Twitter durante un año mucho antes del mandato de Musk. Después de la compra, Musk comenzó a investigar el discurso de odio y las suspensiones de cuentas en la plataforma.

Para analizar esto, recopilaba datos a través de una herramienta de software que creó junto con la Open Knowledge Foundation, una organización sin fines de lucro para la transparencia de datos.

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La publicidad se ha desplomado en X. La solución de la red social de Elon Musk ha sido denunciar al grupo de anunciantes

Cabe decir que, tras el veto, Brown anunció planes de luchar para restaurar su cuenta con el apoyo de HateAid, una organización alemana que lucha contra la violencia digital. Esto fue el pasado año y, con la ayuda del grupo, Brown ganó una orden judicial y recuperó su cuenta. Según palabras de Brown: "las acciones de X son un intento de silenciar a los investigadores que monitorean el extremismo y la desinformación en la plataforma".

"Sin embargo, no seremos silenciados y continuaremos recopilando y compartiendo datos, porque todos tenemos derecho a comprender los efectos que estas plataformas tienen en nuestro mundo".

Muchas son las voces que han hablado del crecimiento del discurso de odio y la desinformación en X y también intimidación.

Suspensión y cambio en los términos de uso

Como informaba Wired, Brown fue suspendido sin previo aviso por parte de X a principios de julio del pasado año 2023. Su cuenta volvió a desbloquearse, tras una orden judicial en septiembre, pero luego fue desactivada nuevamente.

Lo más curioso es que la compañía cambió sus términos de servicio el mismo mes para agregar una advertencia para investigadores: "rastrear o raspar los Servicios de cualquier forma, para cualquier propósito sin nuestro consentimiento previo por escrito está expresamente prohibido".

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Tras el último cambio de X, mucha gente se está yendo a Bluesky. Así puedes hacerlo fácilmente

La investigación de Brown ocupó varios titulares cuando Musk fue recortando la fuerza laboral de la empresa en 2022 y 2023, entre una larga serie de medidas como permitir cuentas que habían estado prohibidas de gente que fue vetada por difundir mensajes de odio.

Los datos de Brown también consiguieron recopilar información sobre el número de suscriptores pagos de X, que la compañía no revela abiertamente. No se ha sabido más sobre esta demanda desde el pasado año.

Imagen | Foto de BoliviaInteligente en Unsplash

En Genbeta |Elon Musk quiere que X sea tu banco y da un plazo de un año a sus trabajadores para conseguirlo

Google erigió su imperio bajo la promesa de "organizar la información mundial y hacerla accesible y útil", pero para mantenerlo a salvo de demandas antimonopolio, ha pasado más de una década perfeccionando un sistema interno destinado a hacer lo contrario: ocultar y destruir información relevante.

Así lo demuestran los datos revelados en múltiples investigaciones antimonopolio en Estados Unidos y recopilados por el New York Times, donde los jueces han descrito estas prácticas como un "ataque frontal a la administración justa de la justicia".

Los orígenes de una cultura del secretismo

En 2008, Google se enfrentaba el escrutinio de los organismos reguladores debido a un acuerdo publicitario con Yahoo (su principal rival en el mercado de la publicidad online en ese momento) y a múltiples demandas relacionadas con patentes, marcas y derechos de autor.

Ese año, la empresa emitió un memorando confidencial en el que instruía a sus empleados a "pensárselo dos veces" antes de escribir sobre "temas candentes" y evitar especulaciones o comentarios que pudieran ser malinterpretados en el futuro (y ser la base de futuros litigios).

Y eso fue sólo el comienzo de una política corporativa diseñada para borrar el rastro de sus comunicaciones internas...

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Estrategias para borrar el rastro

La estrategia de Google para minimizar su huella documental se construyó sobre varias tácticas específicas:

1. Mensajes efímeros: Desde 2008, Google configuró sus herramientas de mensajería, como Google Chat, para que las conversaciones fueran eliminadas automáticamente después de cierto tiempo, salvo que los empleados activaran manualmente el historial.
2. Abuso del privilegio abogado-cliente: Los trabajadores eran instruidos para incluir a abogados en correos electrónicos, aunque no hubiera cuestiones legales implicadas, con el fin de proteger las comunicaciones bajo el pretexto de confidencialidad.
3. Creación de listas de palabras 'prohibidas': Se prohibió el uso de términos como 'predominio de mercado' o 'cuota de mercado', incluso en contextos internos, para evitar interpretaciones comprometedoras relacionadas con prácticas monopolísticas.
4. Fomento del secretismo: Los empleados fueron entrenados para discutir temas sensibles fuera del ámbito digital, recurriendo incluso a tecnologías obsoletas como el fax para evitar el rastro electrónico.

Críticas judiciales y consecuencias legales

Pero estas prácticas no pasaron desapercibidas para las autoridades: durante las investigaciones antimonopolio iniciadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) y otras entidades, se revelaron decenas de miles de documentos eliminados o retenidos bajo dudosos pretextos legales. Tres jueces federales condenaron duramente las políticas de Google:

• James Donato, del Distrito Norte de California, calificó estas acciones como "una cultura sistemática de supresión de evidencia relevante" y prometió investigar quién permitió tales prácticas dentro de la compañía.
• Leonie Brinkema, de Virginia Oriental, afirmó que "una cantidad terrible de pruebas probablemente fue destruida" debido a las políticas de retención de documentos de la empresa.
• Amit P. Mehta, del Distrito de Columbia, criticó a Google por evitar deliberadamente crear un rastro documental, lo que calificó como un aprendizaje de las lecciones del caso antimonopolio contra Microsoft en los años 90.

Finalmente, en agosto de 2023, este último magistrado determinó que Google era un monopolio en el mercado de búsquedas online. Aunque la empresa evitó sanciones por la destrucción de pruebas en este caso, Mehta advirtió que estas políticas podrían perjudicarla en futuros litigios.

Julia Tarver Wood, abogada del DOJ, afirmó en una audiencia reciente que los empleados de Google "se refirieron a sus chats extraoficiales como 'Vegas', [por la frase] 'Lo que sucede en Las Vegas se queda en Vegas'".

También en 2023, el DOJ y la Comisión Federal de Comercio (FTC) dejaron claro que las comunicaciones en aplicaciones de mensajería son documentos legales y deben ser preservados en caso de litigios.

Aceptada la ley, practicada la trampa. Por todo ello, ese mismo año, Google cambió su política y configuró sus herramientas para que todas las comunicaciones se guardaran por defecto. Sin embargo, los empleados rápidamente encontraron nuevas formas de evadir estas medidas... y empezaron a recurrir a canales de mensajería como los grupos de WhatsApp con borrado automático de mensajes.

¿Una estrategia legal o un encubrimiento?

Google, por su parte, ha defendido sus acciones como un esfuerzo para gestionar la avalancha de datos generada por sus empleados: "Nos tomamos muy en serio nuestras obligaciones de conservar y producir documentos relevantes", afirmó la empresa en un comunicado, añadiendo que ha aportado millones de documentos en respuesta a las demandas del DOJ.

Imagen | Marcos Merino mediante IA

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Elon Musk tiene un frente legal abierto con OpenAI y su jefe Sam Altman. Ahora, el magnate, dueño de X,  ha decidido ampliar el procedimiento judicial que tiene en marcha contra la empresa de inteligencia artificial incluyendo a Microsoft en el proceso.

Paralelamente a esta elección, han surgido nuevos detalles sobre la relación entre los dos hombres. Ayer publicamos información novedosa al respecto y hoy vamos con otra parte de la acusación.

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"Si no podemos parar la IA, al menos que Google no sean los primeros": Este mail a Elon Musk fue el primer paso para fundar OpenAI

Hace unos meses, Elon Musk se embarcó en una batalla legal contra OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT que ayudó a fundar con Sam Altman y Greg Brockman. En 2015, el trío se unió para crear inteligencia artificial “en beneficio de la humanidad”, y OpenAI tuvo que seguir siendo una entidad sin fines de lucro para ello. Pero esta no es la dirección que está tomando OpenAI, y Elon Musk no lo acepta, aunque renunció a su junta directiva en 2018.

La demanda se ha ampliado para incluir al cofundador de LinkedIn y miembro de la junta directiva de Microsoft, Reid Hoffman, en las demandas. El documento que detalla el asunto tiene ahora 107 páginas y contiene informaciones interesantes sobre la forma en que Sam Altman supuestamente movió los hilos para manipular a Elon Musk.

Cómo Altman consiguió el dinero de Musk

Se dice que Sam Altman presentó el proyecto inicial como una organización sin fines de lucro a Elon Musk, para motivarlo a invertir millones de dólares en él.  “Para convencer a Musk de su sinceridad, Altman prometió invertir personalmente y contribuir financieramente de manera significativa a la organización sin fines de lucro. Sin embargo, más tarde se reveló que Altman había sobrestimado significativamente sus contribuciones financieras reales, que eran muy inferiores a lo que había prometido inicialmente”, detalla el documento. Es decir, que Musk dio menos dinero del que Altman esperaba.

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Empleados de OpenAI denuncian en una carta que la compañía silencia las críticas internas en su "carrera imprudente" por liderar la IA

Según la información filtrada, para motivar definitivamente a Elon Musk a invertir masivamente, en junio de 2015 habría formulado la famosa promesa de "crear la primera IA general y utilizarla para el empoderamiento" de las personas. "La tecnología sería propiedad de la fundación y se utilizaría “para el bien del mundo".

Cabe recordar que OpenAI se presentó públicamente el 11 de diciembre de 2015. En ese momento, Elon Musk era copresidente de su junta directiva junto a Sam Altman, mientras que Greg Brockman era su director técnico. El nombre de Elon Musk, al ser el más conocido, fue  ampliamente destacado para darle peso al proyecto.

Durante los primeros años de OpenAI, el documento estipula que el multimillonario contribuyó en gran medida a financiar “el alquiler y los costes operativos” de la organización, además de aportar su experiencia técnica y trabajar para reclutar expertos en el campo de la IA. En total, serían un total de 44 millones de dólares los que Elon Musk habría invertido para que OpenAI pudiera competir con DeepMind, el proyecto de Google".

Lo marginaron deliberadamente para transformar OpenAI

El multimillonario afirma que los ejecutivos de OpenAI lo marginaron deliberadamente para transformar la organización sin fines de lucro en un negocio lucrativo con el fin de atraer miles de millones de dólares en inversiones, incluso de Microsoft. Elon Musk denuncia una traición al espíritu inicial del proyecto, todo realizado en secreto, sin consultar a los donantes como él.

La denuncia de Elon Musk continúa diciendo que Sam Altman y Greg Brockman comenzaron a trabajar para transformar OpenAI en una empresa lucrativa a partir de 2017, mientras seguían haciendo creer al multimillonario que tenían la intención de continuar con el estatus sin ánimo de lucro.

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Una ex-directiva explica por qué despidieron a Sam Altman de OpenAI. Se enteraron de que ChatGPT existía por Twitter

A principios de 2019, Sam Altman se convirtió en director ejecutivo de OpenAI.  Las acusaciones de Elon Musk van aún más lejos, ya que el multimillonario acusa a Microsoft de haber formado una alianza con OpenAI para monopolizar el mercado de la inteligencia artificial. Microsoft habría concedido a OpenAI acceso exclusivo a sus infraestructuras informáticas, creando así un desequilibrio competitivo en detrimento de otros actores del sector. Una estrategia que, según el jefe de Tesla, va en contra de la competencia leal.  “Como resultado de sus acciones ilegales, los acusados ​​se enriquecieron injustamente con cientos de miles de millones de dólares, mientras que Elon Musk fue estafado, junto con el público”, resume el documento judicial.

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