Con mucha tensión y críticas por parte de varios grupos parlamentarios, el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez ha conseguido convalidar en la Diputación Permanente el Real Decreto-ley 14/2019, del que ya hablamos cuando fue publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado cinco de noviembre. Días antes de su publicación en el BOE, Pedro Sánchez anunció un decreto para acabar con la "independencia online" de Cataluña.
Pese a lo duro del debate, el Gobierno ha logrado recabar apoyos, es decir, votos a favor, por parte de dos grupos que previsiblemente no harán lo mismo en la investidura: el Partido Popular y Ciudadanos. Podemos, con quien Pedro Sánchez tiene un acuerdo de Gobierno, se ha abstenido, mientras que Vox y los y grupos independentistas y nacionalistas han votado en contra. Es especialmente relevante el no de Esquerra Republicana, pues el Partido Socialista está buscando su apoyo en la investidura.
El independentismo busca lagunas legales en el mundo digital, pero el Estado de Derecho será igual de contundente en este ámbito.
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 31, 2019
Ni independencia offline, ni online. Aprobaremos un RDL para que el Estado garantice el desarrollo de la administración digital. #SánchezEnOndaCero pic.twitter.com/ZeLqklu2lY
Así han defendido la aprobación de la "Ley Mordaza digital"
Una de las grandes críticas que se han hecho en el día de hoy al Decreto-Ley del pasado cinco de noviembre es su carácter electoralista, pues tan solo cinco días después se celebraban las elecciones generales del 10-N. Es algo que han señalado incluso los partidos que han votado a favor.
Como ya sabemos, con él, el Gobierno amplía los supuestos donde, con carácter excepcional, puede intervenir redes y cortar comunicaciones eléctrónicas sin que un juez lo autorice. Decimos ampliar, pues con anterioridad ya existían casos donde el Ejecutivo podía llevar a cabo lo que regula el Decreto. Lo que cambia es que se ha añadido el supuesto de "amenaza inmediata y grave para el orden público".
Llama la atención que en palabras de Nadia Calviño, la ministra de Economía y encargada de defender el Decreto-Ley en la sesión de hoy, no se ha mencionado en el día de hoy la "república digital catalana", que fue el argumento principal con el que Sánchez defendió la medida en una entrevista. En la defensa se ha hablado de favorecer la privacidad y los derechos digitales, con términos como "seguridad de los datos", que hacen referencia a que los datos de las administraciones españolas que contengan información de salud, censales y de padrón no podrán estar en servidores de fuera de la Unión Europea.
El Partido Popular, por su parte, de boca de Ana Belén Vázquez, ha apoyado el decreto para "parar la república digital catalana", defendiendo la urgencia de legislar en este sentido a la vez que acusaba al Gobierno porque "sus socios van a abrir una república digital".
La postura de Ciudadanos ha sido ambigua. Ha acabado apoyando la convalidación del Decreto-Ley, pese a que lo ha tildado de "chapuza legislativa". El sí ha llegado porque consideran que resulta válido en ciberseguridad: "Sí pueden contar con nosotros para la ciberseguridad, pero no para mantener las intenciones sediciosas que nos están robando datos", ha señalado Miguel Gutiérrez.
Una vez convalidado, así se va a intentar frenar el #DecretazoDigital
Desde asociaciones de Internet como la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), Internautas y la Asociación de Usuarios de Internet se ha expresado el rechazo frontal al Decreto-Ley convalidado en el día de hoy. Además, prometen que la cosa no va a quedar así. En el día de ayer anunciaron que en caso de que se convalidara el decreto, pedirían al Defensor del Pueblo que presente un recurso de inconstitucionalidad.
Si el @Congreso_Es convalida hoy el #DecretazoDigital, desde la @PDLI_ promoveremos, junto con @internautas, @usuariosdeinter y quien se quiera sumar, su anulación con el T. Constitucional https://t.co/jN0AXAW7UY
— PDLI (@PDLI_) November 27, 2019
A nivel de partidos, eso es algo que solamente pueden hacer los que sumen 50 diputados, un número que entre los que han votado “no” solamente alcanza Vox por sí mismo. El Defensor del Pueblo también puede hacerlo, y de hecho hay un caso reciente donde una petición de este organismo se tornó positiva a los intereses de la PDLI y de juristas expertos en Derecho Digital.
Fue cuando el Defensor del Pueblo presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales por cómo permitía recopilar datos personales de opiniones políticas, lo que permitía realizar perfiles ideológicos. Finalmente, el Tribunal Constitucional consideró contrario a la Constitución española lo recogido en su polémico artículo 58 Bis.
En este caso, habrá que esperar a ver si el Defensor del Pueblo tramita el recurso, y en caso afirmativo, a la respuesta del Tribunal Constitucional, que puede demorarse un plazo muy prolongado a la hora de fallar. Lo que está claro es que
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