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Nuestros lectores quizás recuerden la noticia del pasado mes de abril en la que les contamos cómo la corte holandesa había declarado ilegal la creación de subtítulos hechos por fans, con castigos que podían ir desde multas, hasta tiempo en la cárcel.

Esta vez ha sido Suecia la nación que sienta otro precedente bastante alarmante para quienes se dedican a subtitular contenido en la web, ahora que el administrador de un sitio de subtítulos del país ha sido condenado a libertad condicional y multado por 27.000 dólares.

Han pasado ya más de tres años desde que el derecho al olvido se hiciese realidad. La Unión Europea sentenció que los usuarios podrían pedir a buscadores como Google eliminar los resultados que vulnerasen su privacidad. Y, ahora es el turno de las redes sociales con el "derecho a la inocencia".

Reino Unido es el primero que se prepara para extender las leyes relacionadas con el derecho al olvido. El gobierno ha anunciado nuevas medidas de protección que buscarán ofrecer más control a los ciudadanos sobre su información personal en la era digital.

En España están de actualidad los requerimientos de pago a particulares que han descargado archivos mediante una red P2P. Se utiliza la dirección IP (como única prueba) para incriminarles, algo que atenta contra la presunción de inocencia.

Los habitantes del Reino Unido tendrán que demostrar que son mayores de 18 para acceder a páginas de contenido pornográfico. Esta ley, que acaba de ser anunciada, entrará en vigor el próximo año.

A mediados de marzo de 2017 hablamos de cómo Alemania seguía en su cruzada contra el discurso de odio, y el país tenía la intención de hacer legalmente responsable a empresas como Facebook o Twitter por no actuar contra el discurso de odio en sus plataformas.

La "Ley Facebook" es el nombre con el que se refieren comunmente a la más reciente legislación que ha aprobado el parlamento alemán y que entrará en efecto el próximo mes de octubre.

La industria del entretenimiento y los gobiernos de algunos países parecen invertir una cantidad descomunal de recursos en perseguir a los sitios de descargas P2P y otras páginas que comparten contenidos con derechos de autor. Y en Suecia, la cuna del ultra popular The Pirate Bay, no descansan en sus esfuerzos para combatir a lo que ellos llaman piratería.

Hace poco hablabamos precisamente de como el caso de The Pirate Bay volvía a la corte en ese país europeo pudiendo establecer un peligroso precedente sobre la responsabilidad de los ISP en las descargas. Ahora el gobierno sueco quiere revisar sus leyes de forma que se pueda calificar como crimen organizado a los sitios que comparten contenido con copyright y así imponer penas mayores.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha determinado que la recolección general e indiscriminada de datos por parte de los gobiernos solo está permitida cuando se utiliza para luchar contra un crimen serio. Esto desafía completamente la reciente ley aprobada en Reino Unido que permite al estado acceder y retener legalmente al historial de navegación de todos sus ciudadanos.

En la decisión emitida hoy la Corte declaró que las leyes de la Unión Europea preceden las legislaciones nacionales que permitirían la retención indiscriminada de datos. Y, que legislaciones como las de Reino Unido exceden los límites de lo que es estrictamente necesario y no puede justificarse dentro de una sociedad democrática.

La compañía de seguros norteamericana Chubb ha lanzado un nuevo tipo de póliza dentro de sus servicios, destinada a proteger a sus clientes de Reino Unido de los efectos del acoso en Internet, tanto a nivel económico como emocional. Este seguro contra trolls cubrirá a todos los nuevos clientes de la compañía a partir de noviembre de este año, y se aplicará también a aquellos que renueven su contrato a partir del 1 de enero.

La póliza de Chubb ofrece hasta 75.000 dólares (más de 68.000 euros), destinados a cubrir diversos gastos derivados de este tipo de situaciones: desde la terapia necesaria para recuperarse del trauma psicológico tras haber sido acosado, o los gastos ocasionados por una mudanza en caso de que las amenazas se reproduzcan en la vida real, hasta la contratación de expertos en relaciones públicas para reconstruir una reputación online dañada, o expertos en seguridad para que rastreen el paradero de los trolls.

Curioso lo que está ocurriendo en Australia: el año pasado, este país vio cómo la industria audiovisual presionaba como jamás había hecho al gobierno para que aprobase leyes que permitiesen bloquear páginas web que compartiesen enlaces de descarga P2P de contenido protegido. Hasta ahí, lo normal.

Sin embargo, después de que el gobierno haya hecho su parte del trabajo y en sólo tres meses convirtiera propuestas en leyes para poder frenar estas descargas, ahora son las distribuidoras las que están tardando más de lo normal en denunciar todos esos sitios web. De hecho, la primera de estas quejas todavía se está estudiando a nivel legal.

Los que estéis hartos de los insultos os puede hacer online ya tenéis un país a donde mudarse: Nueva Zelanda. Las antípodas españolas han aprobado la llamada Harmful Digital Communications Bill, que básicamente criminaliza a todos los trolls de internet. El país creará una agencia que recibirá y gestionará todas las denuncias.

La nueva ley califica como troll a todo aquél que muestra racismo, sexismo, discriminación por orientación sexual o por alguna discapacidad psíquica o física, intolerancia a las religiones... cualquier texto publicado que "pueda causar angustia emocional seria" a otras personas.