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Me han censurado. Ayuda.

El anterior gobierno laborista de Gordon Brown, en asociación con los tories, impulsaron, forzaron y aprobaron la Digital Economy Bill, la ley anti-descargas de cierre de webs del Reino Unido, y lo hicieron mal. Muy mal.

Forzaron la votación de dicha ley usando el método “corre corre que nos pillan”, consistente en incluirla en una sesión con muy pocos representantes electos presentes, tan sólo 30, que, a su vez, no sabían ni lo que estaban votando, y ni mucho menos las consecuencias que tenía. Y como lo hicieron mal, tuvo que venir un juez a decirles que la revisaran.

Pero ahora ha salido a la luz otro dato que aún echa más salsa al asunto, y es que parece que la Digital Economy Act se aprobó sin realizar ninguna comprobación de los datos que aportaba la industria de la cultura.

En principio, cuando un grupo de la sociedad reclama algún tipo de legislación, debe aportar pruebas y evidencias de la necesidad de dicha nueva legislación. En el Reino Unido no. Al menos, la industria de la cultura no necesita presentar ningún tipo de pruebas ni estadísticas ni nada de nada. “Oye Gordon, mírame este tema venga…” Y Gordon (con los conservadores) tiró millas.

A la pregunta de la diputada laborista Anne McKechin de por qué cuando desde Open Rights Group pidieron las pruebas de ‘contenido ilegal en Internet’, así como la metodología usada para conseguirlas la respuesta fue que no estaban disponibles, Adrian Brazier, el jefe del equipo responsable de aplicar la DEA respondió

Sería razonable admitir que Open Rights Group tiene razón acerca de las pruebas usadas en el proceso de la Digital Economy Act. Fue algo opaco. El estudio de impacto no se basó en nuevas pruebas o en nuevas investigaciones. No tuvimos una fuente independiente de información.

McKechin también le preguntó si el equipo responsable de la DEA tampoco tuvo acceso a los datos relevantes para desarrollar la ley. Y Brazier dijo que, efectivamente, tampoco pudieron ver nada.

Intentamos hacer lo mejor con lo que teníamos. Aún así, diría que en aquellas circunstancias siempre tuvimos muy claro de dónde provenían los datos que usábamos. Nunca dijimos que eran datos del gobierno. Teníamos muy claro que los números y los datos nos los dieron los titulares de derechos de autor.

Brazier terminó su intervención comentando que tanto él como su equipo no están cómodos en su posición actual… Igual ha descubierto la figura del “tonto útil” al servicio de la farándula…

Datos que no se comprobaron, reuniones a puerta cerrada entre el lobby de la cultura y ministros del gobierno para discutir cómo castigar a los infractores, mediante la creación de un “comité de expertos“ que diría qué páginas web deben ser cerradas…

Trapicheos y manipulaciones típicos de la industria de la farándula. Se recogen datos arbitrarios, se manipulan, se presentan y “no hace falta que te lo mires, hazme caso que se lo que me digo”.

Otra muestra que confirma que las leyes de presunta protección al autor las llevan a cabo directamente los lobbies y gobiernos, a espaldas de los ciudadanos, que no sólo ven cómo se recortan sus derechos, si no que encima pasamos de ser clientes a ser delincuentes.

Señores de la industria, lo están haciendo mal. Muy pero que muy mal.

Vía | ZDNet
Foto | Richard King

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