Los trabajadores de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) y el personal de los grupos políticos – la noticia no dice nada de los diputados – sólo pueden acceder a determinadas webs de carácter administrativo o institucional. La medida se ha justificado porque el 80% del uso que se hace de las conexiones a internet es de carácter lúdico o particular, según un comunicado interno de la institución.
La medida fue anunciada el pasado 24 de agosto mediante un escrito firmado por el vicepresidente segundo de la institución, el socialista Juan Antonio Sánchez Quero. El comunicado, remitido a los responsables de área de la Diputación para que lo difundan entre sus trabajadores, decía textualmente:
Debido al uso que actualmente se está dando del acceso corporativo a internet, en el cual el 80% del ancho de banda es usado en accesos a páginas de entretenimiento, redes sociales, correos privados, prensa de carácter lúdico, etc., a partir del próximo 1 de septiembre dicho acceso a internet se limitará y únicamente estarán disponibles páginas web de carácter administrativo o institucional.
El texto también informaba de que, si los responsables de área consideran necesario el acceso a otro tipo de páginas por parte de sus trabajadores, tendrán que dirigir un escrito a Presidencia en el que indiquen qué empleados deberían disponer de acceso a ellas, la dirección web de los sitios en cuestión y “la justificación” de dicho acceso.
CC.OO ha calificado de “tercermundista” que les corten la red cuando se busca una mayor cercanía con los ciudadanos. Para el sindicato, el firmante del comunicado y vicepresidente segundo de la institución, Sánchez Quero, “ha faltado al respeto a los trabajadores y tiene un desconocimiento absoluto de las nuevas tecnologías”, materia de la que, por cierto, es el responsable.
A partir de ahora el área de Presidencia de la DPZ tendrá conocimiento y poder de decisión sobre qué páginas web desean visitar los distintos grupos políticos. Del comunicado también se desprende que la Diputación de Zaragoza controla la navegación por internet de su personal, algo que la ley permite siempre que no atente contra los derechos de los trabajadores -en especial, el que protege la intimidad.
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