El Ministerio de Trabajo ha puesto en marcha una de las reformas laborales más ambiciosas de esta legislatura (una en la que su debilidad parlamentaria le está permitiendo ciertamente pocas ambiciones en materia legislativa): una nueva ley que redefine por completo el régimen jurídico del despido en España, elevando la protección de los trabajadores y limitando al máximo las causas que permiten a las empresas extinguir contratos de manera procedente.

La reforma responde a un objetivo declarado: reforzar la seguridad jurídica y blindar a los empleados frente a represalias y despidos sin causa, especialmente en casos relacionados con denuncias de infracciones o corrupción en las empresas. El anteproyecto ya está en trámite de audiencia pública y permanecerá abierto hasta el 10 de diciembre.

Adiós al despido como facultad empresarial

La ley consta de solo dos artículos y tres disposiciones finales, pero su impacto es profundo. Según fuentes del Ministerio, el nuevo marco busca dotar al sistema laboral de un entorno "estable y predecible", en coherencia con las normativas europeas de protección del informante.

Su rasgo más transformador es claro: se estrechan al máximo las causas que permiten realizar un despido procedente, y se amplían las situaciones en las que dicho despido se considerará nulo, lo que obliga a la empresa a readmitir al trabajador y abonar los salarios de tramitación.

Blindaje total para quienes denuncien irregularidades

Uno de los pilares más destacados del anteproyecto es la protección de los 'informantes' o denunciantes de irregularidades internas. La normativa vigente, aprobada en 2023 como transposición de una directiva europea, ya contemplaba garantías para quienes informan de infracciones, corrupción, amenazas o tratos desfavorables.

En Genbeta

La vicepresidenta del Gobierno exigirá al PSOE sustituir la 'tasa Google' del 3% contra las 'big tech' por una 'tasa Trump' del 15%

Sin embargo, Trabajo considera que esta protección es insuficiente: hasta ahora, cuando una empresa despedía a un denunciante sin causa, la consecuencia habitual era que el despido se calificara como improcedente, con derecho a indemnización.

La nueva ley establece algo más contundente: Todo despido de un trabajador que haya presentado una denuncia interna o externa será considerado nulo.

Esto significa que no basta con compensar económicamente al empleado: la empresa deberá readmitirlo y restituir su puesto. Además, se declaran nulas todas las represalias, explícitas o veladas, incluyendo:

• Cambios de puesto injustificados
• Pérdida de condiciones laborales
• Órdenes empresariales de discriminar
• Cualquier trato desfavorable vinculado a la denuncia

La justificación jurídica se apoya en el principio de 'indemnidad', es decir, la garantía de que nadie pueda sufrir perjuicio por ejercer un derecho.

No sólo los denunciantes quedan amparados

Un aspecto especialmente novedoso es que la protección se amplía más allá del trabajador denunciante. De hecho, la ley protege también a:

• Familiares del empleado (cónyuges, parejas, parientes consanguíneos o por afinidad).
• Personas voluntarias o subcontratadas que trabajen en el entorno empresarial.
• Participantes en procesos de selección, incluso si nunca llegaron a ser contratados.

El Ministerio argumenta que, dado que las represalias pueden extenderse al entorno cercano del denunciante, la protección debe ampliarse para evitar presiones indirectas.

En Genbeta

Los contratos de formación no podrán pagarse por debajo del salario mínimo. La mejor noticia es que el cambio entra en vigor este mes

Más límites a los despidos colectivos

Los despidos colectivos —conocidos como ERE— motivados por causas económicas, técnicas, organizativas, productivas o de fuerza mayor también se ven afectados. La nueva ley permitirá impugnar un ERE cuando existan indicios de que incluye o afecta de manera especialmente intensa a trabajadores que hayan denunciado irregularidades.

Es decir, si se aprecia que el despido colectivo es usado como mecanismo de represalia, podrá ser anulado en su totalidad o parcialmente.

Blindaje del despido durante el periodo de prueba

El periodo de prueba ha sido tradicionalmente un terreno difuso donde las empresas podían extinguir la relación laboral sin necesidad de justificar la decisión. Esto cambia con el anteproyecto. A partir de ahora, serán nulas —no improcedentes— las extinciones en periodo de prueba que afecten a trabajadoras embarazadas o en situación de maternidad, o a cualquier trabajador que haya presentado una denuncia interna o externa.

Imagen | Marcos Merino mediante IA

En Genbeta | Un profesional en Asturias y su despido muestran que en España se puede geolocalizar a un trabajador y despedirlo por su ubicación

El Gobierno ha dado este martes un paso decisivo en la retribución de los más de 3,5 millones de empleados públicos del país al aprobar, en Consejo de Ministros, el real decreto ley que desarrolla el acuerdo firmado con UGT, CSIF y CCOO para elevar sus salarios entre 2025 y 2028.

Se trata de un incremento mínimo del 11% que situará el sueldo medio de la Administración por encima de los 50.800 euros brutos anuales al finalizar el periodo.

Desglose del incremento: de la subida inmediata al salto final en 2028

La hoja de ruta retributiva aprobada se estructura en cuatro tramos principales:

• 2025: subida del 2,5%: La primera parte del acuerdo se ejecuta de inmediato. Los trabajadores del Estado recibirán ya en diciembre la subida del 2,5%, aplicada con carácter retroactivo desde el 1 de enero, lo que incluirá el pago de atrasos en una única nómina adicional. Para un salario medio de 3.300 euros mensuales, esto supone unos 1.140 euros en atrasos.
• 2026: incremento del 1,5% ampliable al 2%: El segundo tramo contempla un 1,5% consolidado desde el 1 de enero de 2026, ampliable en otro 0,5% si la inflación supera el 1,5%. En términos acumulados, entre diciembre de 2025 y enero de 2026 los salarios podrían haber aumentado ya un 4%.
• 2027: la subida más potente, un 4,5%: El mayor salto retributivo llegará en 2027, cuando la retribución media crecerá en 2.145 euros anuales.
• 2028: último tramo del 2%: El ciclo se completará en 2028 con otro incremento del 2%, equivalente a unos 996 euros más al año para el salario medio. En conjunto, los aumentos representarán una mejora acumulada de 5.215 euros anuales para un salario tipo de 45.600 euros.

En el caso del conjunto de la función pública, la retroactividad será aplicada por cada administración (central, autonómica o local) según su propio calendario.

Un acuerdo de amplio alcance: impacto sobre 3,5 millones de empleados

El pacto, que es vinculante para todas las administraciones, beneficiará a alrededor de 3,5 millones de trabajadores públicos, convirtiéndose en una de las medidas laborales más relevantes del Ejecutivo en esta legislatura. 

En Genbeta

La Generación Z en España prefiere ser funcionaria que trabajar en una empresa y tienen razón. En lo público se gana mucho más

Además del componente estrictamente salarial, el acuerdo incluye compromisos estratégicos como:

• Eliminación de las tasas de reposición, facilitando la convocatoria de plazas.
• Reducción de los plazos de resolución de ofertas de empleo público a un máximo de un año.
• Mejoras en movilidad, promoción interna y permisos.
• Refuerzo de plantillas de atención al ciudadano.
• Actualización de complementos de residencia e insularidad.
• Avances en jubilación y en el mutualismo administrativo.

Un giro de guion en la política de personal del Estado

La subida aprobada supone un cambio de rumbo respecto a los años posteriores a la crisis financiera, cuando la imposición de recortes salariales y la limitación de plantillas marcaron la política de empleo público. Ante esta evolución, el Gobierno destaca que entre 2022 y 2028 los salarios públicos habrán crecido 17 puntos, frente a los 3,7 puntos registrados en los siete años previos.

Para los sindicatos, el acuerdo representa una victoria significativa tras años de negociación y reivindicaciones sobre pérdida de poder adquisitivo.

Una medida no exenta de críticas

Otro de los elementos críticos es el recurso sistemático al real decreto ley para medidas de alto impacto. La subida salarial, pese a ser plurianual y afectar a todas las administraciones, se aprueba sin un debate parlamentario previo.

Paralelamente, Moncloa ha lanzado la advertencia de que las autonomías podrían quedarse sin margen fiscal si la senda de gasto es rechazada de nuevo por el Congreso: así, el Gobierno exige disciplina presupuestaria a las comunidades... al mismo tiempo que introduce compromisos económicos de gran envergadura que deberán gestionar esas mismas administraciones.

Imagen | Marcos Merino mediante IA

En Genbeta | Si quieres ganar más en España, estas son las empresas, sectores y regiones que ofrecen los sueldos más altos 

A pocos días de que arranquen las negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que exigirá al PSOE la creación de una nueva figura impositiva que ha bautizado como "tasa Trump", destinada a aumentar la carga fiscal sobre las compañías como Alphabet, Amazon, Apple, Meta y Microsoft. La iniciativa, según la propia Díaz, persigue "hacer que bajen de la 'nube' y pasen por Hacienda".

La incógnita ahora es cómo responderá el PSOE a una propuesta que podría tensionar la relación con Washington y con Bruselas, así como qué impacto real tendría en la economía y en la inversión tecnológica en España.

Un impuesto dirigido a cinco gigantes tecnológicos

Díaz sostiene que las cinco grandes tecnológicas estadounidenses no contribuyen de forma justa al sistema fiscal español ni al europeo. Durante su intervención en el foro Metafuturo, organizado por Atresmedia, afirmó que "no puede ser que cinco 'big tech' no paguen impuestos en nuestro país o en Europa".

Pese a que en España ya existe la conocida "tasa Google", implantada por el propio Gobierno de coalición y que grava con un 3% determinados servicios digitales, Díaz considera que la medida se ha quedado corta y que debe ser reforzada. Según fuentes del Ministerio de Trabajo citadas por El País, la nueva "tasa Trump" no consistiría realmente más que en aumentar la actual tasa digital.

Desde Sumar se ha llegado incluso a cuantificar el impacto recaudatorio: la coordinadora del partido, Lara Hernández, aseguró que el nuevo gravamen del 15% permitiría ingresar alrededor de 1.100 millones de euros, que irían teóricamente destinados a fomentar tecnología propia y reducir la dependencia exterior.

Más allá de un impuesto: algoritmos, condiciones laborales y centros de datos

La ofensiva contra las big tech no es únicamente fiscal. Díaz ha anunciado campañas específicas de la Inspección de Trabajo centradas en el uso de algoritmos en empresas como Uber, Cabify o Amazon. El objetivo, afirma, es combatir los sesgos, evitar condiciones laborales abusivas y garantizar que los procesos automatizados no vulneren derechos básicos.

En Xataka

La gran paradoja de Madrid: la región con el mayor déficit energético de España se está quedando los centros de datos

La ministra apuntó directamente a Amazon tras conocerse el ERE que afectará a unos 1.200 empleados en España, y denunció su supuesto abuso de jornadas laborales excesivas y de dispositivos de control como "pulseras de vigilancia para ver el tiempo que ocupan los empleados cuando van al baño" (la compañía ha negado esas prácticas).

Además, otro de los ejes de su discurso apunta al impacto ambiental de los centros de datos, cuya proliferación —asegura— amenaza con llevar al "colapso ecológico". Díaz denuncia que estas infraestructuras consumen cantidades "insoportables" de energía y agua, mientras en España persiste una pobreza energética "brutal".

El papel de Europa y el halago a Trump

Díaz también emplaza a la Unión Europea a avanzar de manera decidida en la regulación de la inteligencia artificial (IA), criticando que Bruselas atraviesa "un momento de enorme incertidumbre.

"Que la UE mire para otro lado es un riesgo", advirtió en Metafuturo, reclamando que los algoritmos sean completamente transparentes y que la IA se desarrolle en código abierto.

Según Díaz, España y Francia ya trabajan conjuntamente en un modelo regulatorio más ambicioso que limite el impacto laboral y democrático de estas tecnologías.

Díaz sostiene que Europa se encuentra "en un sándwich" entre los dos gigantes geopolíticos (EE.UU. y China) y que pierde soberanía tecnológica frente a modelos económicos que considera incompatibles con los valores europeos. Frente a eso, propone tomar nota del primero de ellos, concretamente en su actual presidente:

"Trump no es tonto y está haciendo lo que tiene que hacer para los intereses de sus cinco grandes Big Tech".

Vía | El País & Libre Mercado

Imagen | Marcos Merino mediante IA

En Genbeta | Hacienda nos vigilará con mayor eficiencia gracias a su plan de inteligencia artificial: quieren cazar nuestros fraudes fiscales

En las últimas semanas, uno de los debates más intensos en materia de política social en España ha girado en torno a las penalizaciones aplicadas a quienes, pese a contar con largas trayectorias de cotización —más de 40 años— deciden jubilarse antes de la edad ordinaria.

El Congreso de los Diputados dio ayer un paso relevante para revisar esta situación, al aprobar una propuesta que insta al Gobierno a eliminar estos recortes.

Aunque no se trata de una ley todavía, la moción ha generado un impacto considerable tanto en el ámbito político como entre el casi millón de personas que podrían verse afectadas.

Pero, para comprender bien el alcance de este cambio, conviene repasar qué ha aprobado exactamente el Congreso, y cómo funcionan hoy por hoy estas penalizaciones.

¿Qué ha aprobado el Congreso?

El Pleno del Congreso respaldó una propuesta de Unidas Podemos que solicita al Gobierno modificar la normativa vigente para que no se apliquen coeficientes reductores a quienes acrediten más de 40 años cotizados, tanto si ya están jubilados de manera anticipada como si piensan hacerlo en el futuro.

La moción, de carácter no vinculante —pues no cambia la ley por sí misma—, fue aprobada con un amplio consenso: además de PSOE y Sumar, votaron a favor ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG, Coalición Canaria, UPN, una diputada de Compromís y el exministro socialista José Luis Ábalos (miembro del Grupo Mixto). No hubo votos en contra.

¿Por qué se penaliza la jubilación anticipada incluso con 40 años cotizados?

El sistema actual establece la edad legal de jubilación en función de los años de cotización. Hoy se necesitan 36 años y seis meses para acceder al 100% de la base reguladora; en 2027 subirán a 37.

El problema es que muchos trabajadores llegan a los 60 o 61 años con más de 40 años cotizados porque comenzaron a trabajar muy jóvenes, pero no pueden jubilarse sin sufrir recortes hasta cumplir la edad ordinaria (65–67 años, según el caso).

En Genbeta

Esta tabla te dicen cuanto te quitarán de pensión si te jubilas anticipadamente según tu edad y años cotizados

Además, muchos de ellos fueron despedidos antes de tiempo, con 60 años o menos, enfrentándose a dos opciones difíciles:

• buscar empleo, algo extremadamente complicado a esa edad;
• o acogerse a la jubilación anticipada involuntaria, igualmente penalizada.

En ambos escenarios, esos últimos años pesan de forma crítica sobre la cuantía final de la pensión.

¿Qué penalizaciones existen actualmente?

En España, las jubilaciones anticipadas —tanto voluntarias como involuntarias— están sujetas a recortes mediante coeficientes reductores, que pueden llegar hasta el 30% de la pensión en función de:

• Los meses que se adelante la jubilación.
• La modalidad (voluntaria o involuntaria).
• Los años cotizados.

Lo llamativo es que incluso quienes han cotizado 40 o más años, y por tanto superan con creces los requisitos para cobrar el 100% (36 años y seis meses en 2024), se ven penalizados si deciden retirarse antes de la edad legal. Para los partidarios de esta medida, esto es una situación de "discriminación".

¿Qué dice el Gobierno?

El PSOE parece haber optado por poner 'una vela a Dios y otra al Diablo' en este tema: pese al voto a favor de esta medida por parte del Grupo Socialista, su propia ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, defendió hace sólo unos días en el Congreso la legislación vigente (aprobada en 2021), y proclamado que ya existen medidas suficientes para corregir situaciones injustas.

Entre esas medidas destaca un complemento económico diseñado para las personas que se jubilaron anticipadamente entre 2002 y 2021, siempre que acrediten:

• 45 años y seis meses de cotización.
• O bien 40 años si su pensión es inferior a 900 euros mensuales (valor de referencia en 2022).

En Genbeta

Cómo solicitar la pensión de jubilación por internet

Según datos aportados por la ministra, ya se han reconocido 104.000 de estos complementos. Sin embargo, Podemos rechaza esta explicación y sostiene que el complemento es claramente insuficiente para compensar las reducciones soportadas por quienes acumulan larguísimas carreras laborales.

¿Qué puede pasar ahora?

La presión política es alta: el PSOE se ha alineado finalmente con la propuesta, la oposición no ha votado en contra y el número de afectados es muy amplio. Ahora, los escenarios posibles son:

• Que el Gobierno acepte la petición del Congreso e impulse una reforma que elimine los coeficientes reductores en estos casos.
• Que se limite la modificación a colectivos específicos.
• O que la moción no prospere en forma legislativa (bien sea porque el Gobierno la posponga o porque se presente y no obtenga apoyos suficientes), como ha ocurrido en otras ocasiones.

Imagen | Marcos Merino mediante IA

En Genbeta | Esta tabla te dice la pensión máxima que cobrarás según tu sueldo y años cotizados

La escena tecnológica estadounidense está experimentando un déjà vu que muchos economistas no querían volver a presenciar. En los últimos meses, los gigantes de la industria de la IA —OpenAI, Anthropic, Google DeepMind o Cohere— han impulsado una fiebre de inversión que recuerda a la de las puntocom de los noventa.

La diferencia es que ahora el combustible no son las conexiones de banda ancha, sino chips de inteligencia artificial, centros de datos y promesas de desarrollar una IA General (AGI) aún distante.

Pero, mientras el sector privado acelera su gasto, la pregunta que sobrevuela los mercados es inquietante: ¿qué pasará si una de estas empresas "demasiado grandes para caer" termina cayendo, como ya pasó durante otra crisis (la del 2008)? La respuesta llegó esta semana desde la Casa Blanca, y no es la que muchos esperaban.

La línea roja del gobierno Trump

David Sacks, empresario de capital riesgo y actual asesor principal de Donald Trump en materia de inteligencia artificial y criptomonedas, fue tajante: "No habrá rescate federal para las empresas de IA". En un mensaje publicado en la red X, Sacks remarcó que

"Estados Unidos tiene al menos cinco compañías de vanguardia en el desarrollo de modelos de IA. Si una falla, otras ocuparán su lugar".

Su declaración, respaldada luego en una comparecencia ante medios económicos, marca una línea roja clara: el Gobierno apoyará el despliegue de infraestructura y energía necesaria para la nueva economía basada en los algoritmos, pero no pondrá dinero público para salvar a ninguna empresa si la burbuja estalla.

En palabras del propio Sacks, la prioridad es "facilitar la construcción, no rescatar" ("Build-out, not bailout").

Detrás de esta afirmación hay una visión pragmática del mercado: si el ecosistema de la IA es tan revolucionario como promete, debería ser capaz de regenerarse sin intervención estatal. Y si no lo es, más vale que el golpe ocurra pronto y no cuando la exposición económica sea sistémica.

En Genbeta

Según Jeff Bezos, es verdad que estamos ante una burbuja de la IA, pero eso es "bueno"… porque patatas

Pero, recientemente, el economista Jason Furman, de Harvard, advertía recientemente que el crecimiento del PIB estadounidense en 2025 depende casi por completo de la construcción de centros de datos. Sin ellos, el crecimiento sería prácticamente nulo.

En otras palabras: el boom de la IA ya sostiene artificialmente la economía, igual que el ladrillo lo hizo en 2007.

La polémica de Sarah Friar

Toda la polémica comenzó con unas declaraciones de Sarah Friar, directora financiera de OpenAI, durante el evento Tech Live del 'Wall Street Journal'. En su intervención, Friar sugirió que la empresa estaba interesada en que "instituciones financieras y quizás el propio gobierno federal" ayudaran a garantizar los préstamos necesarios para financiar sus colosales inversiones en chips de IA y centros de datos.

El término que usó —backstop, traducible como 'respaldo' o 'garantía'— bastó para desatar una tormenta. Muchos interpretaron que OpenAI pedía un salvavidas público ante un eventual colapso financiero. Al día siguiente, Friar tuvo que aclararlo en LinkedIn:

"OpenAI no busca el respaldo del gobierno para nuestros compromisos de infraestructura. Utilicé ese término, y eso sólo confundió lo que quería transmitir".

Según explicó, su intención era defender una cooperación estratégica público-privada que fortaleciera la capacidad industrial estadounidense, no un rescate financiero. Aun así, el tema ya se había puesto sobre la mesa de debate público.

En los foros financieros y tecnológicos se empezó a hablar de un paralelismo incómodo con la crisis de 2008, cuando el concepto "demasiado grande para caer" justificó el rescate multimillonario de bancos y aseguradoras. Que una empresa de IA —sector en pleno auge especulativo— empezara a hablar de supuestas garantías estatales levantó todas las alarmas.

En Xataka

Algo está pasando cuando las empresas IA empiezan a tocar a la puerta de papá estado. Algo nada bueno

OpenAI en la cuerda floja

El propio Sam Altman, CEO de OpenAI, intentó apagar el fuego al publicar una extensa declaración en X:

"Si nos equivocamos y no podemos solucionarlo, deberíamos fracasar. Otras compañías seguirán haciendo un buen trabajo y sirviendo a los clientes".

Altman explicó que su compañía tiene compromisos por valor de 1,4 billones de dólares en los próximos ocho años, centrados en la expansión de centros de datos y en acuerdos con fabricantes de chips. Al cierre de 2025, espera terminar con más de 20.000 millones en ingresos anuales, con la ambición de alcanzar “cientos de miles de millones” en 2030.

Pero detrás de ese optimismo hay una aritmética que inquieta a los analistas. OpenAI sigue quemando dinero a un ritmo vertiginoso: solo en el último trimestre perdió más de 11.500 millones de dólares, mientras competidores como Google, a través de Gemini, batían récords de ingresos. Su modelo de negocio depende de la esperanza de alcanzar la AGI —una promesa aún lejana— y de que los costes de computación no se disparen más rápido que sus ingresos.

Imagen | Marcos Merino mediante IA

En Genbeta | Trump ha dejado claro quién manda en la IA con el 'Proyecto Stargate'. Elon Musk no lo ha aceptado ni estando en el Gobierno

Elon Musk va a recibir un billón de dólares de Tesla (lo que en Estados Unidos, en inglés se denomina como "un trillion" y en Europa se traduce a 865.000 millones de euros) para que no deje su puesto y se quede durante, al menos, 7 años y medio. Los accionistas de Tesla Inc. aprobaron ayer un paquete de compensación de la mencionada cantidad para el director ejecutivo Elon Musk, el mayor pago jamás otorgado a un líder empresarial. 

El paquete salarial, diseñado para garantizar la continuidad de Musk en Tesla mientras la empresa centra su foco en inteligencia artificial y robótica, obtuvo más del 75 % de apoyo de los accionistas, según informó un portavoz de Tesla en la junta anual de la compañía. Musk ya ha agradecido públicamente a quienes apoyaron esa iniciativa. 

En Genbeta

Nvidia adelanta a Apple y ya es la segunda empresa más valiosa del mundo. Una hazaña impulsada por la inteligencia artificial

El sudafricano decía en julio que esta "será, por mucho, la empresa más valiosa del mundo" si logra los avances previstos en conducción autónoma e inteligencia artificial. La aprobación se produjo tres días después de que datos europeos mostraran que las ventas de Tesla se desplomaron el mes pasado, incluyendo un desplome del 50% en Alemania.

En Genbeta

Un milmillonario "al que nadie votó" gestiona la administración de EE.UU: los funcionarios acusan a Elon Musk de amenazas y "terror"

Elon Musk va camino de ser billonario y con esta nueva medida se acerca mucho a ser el primero de la historia. Eso sí, necesita ir cumpliendo ciertos objetivos marcados para ir ingresando estas enormes cantidades de dinero. 

Va de tener billones

Hay que tener en cuenta que el año 2024 marcó un punto de inflexión para las grandes fortunas, con un crecimiento generalizado de los patrimonios de los milmillonarios que ha cambiado las proyecciones a largo plazo. En lugar de anticipar que un solo individuo alcance un patrimonio de un billón de dólares en la próxima década, ahora se espera que hasta cinco personas superen esa barrera.

Hay analistas que recuerda que para que Musk se convierta en el primer billonario del mundo, deberá cumplir con los ambiciosos objetivos operativos y financieros establecidos por la junta directiva, incluyendo multiplicar casi por seis el valor de las acciones de Tesla. Musk también tiene que lanzar al mercado 20 millones de vehículos eléctricos Tesla en 10 años, en un contexto de mayor competencia que cuando la empresa se fundó. 

En Genbeta

Un sorpaso histórico en la cima de la riqueza: Elon Musk llevaba casi un año siendo el hombre más rico del mundo. Acaban de superarle

Como recoge Euronews, también se espera que despliegue un millón de sus robots humanoides, que según él transformarán el trabajo y el hogar —a los que denomina un “ejército de robots”. Según vaya alcanzando objetivos, recibirá también acciones de nueva creación de la compañía. Según la revista Forbes, la fortuna de Musk asciende a 493.000 millones de dólares (426.6 mil millones de euros). 

Musk llama terroristas a los que no lo apoyan

También hubo casi un 30% de inversores que votaron contra esta medida. Fueron lLos principales inversores institucionales quienes se opusieron al plan, entre ellos CalPERS, el mayor fondo de pensiones público de Estados Unidos, y el fondo soberano de Noruega. Las organizaciones de vigilancia corporativa Institutional Shareholder Services y Glass Lewis también recomendaron rechazarlo. 

Con esto, Musk las calificó de "terroristas corporativos" en una reciente reunión con inversores. "Ya tiene cientos de miles de millones de dólares invertidos en la empresa, y decir que no se quedará si no cobra mil millones es ridículo", explicaba el analista Sam Abuelsamid, de la firma de investigación Telemetry, quien ha cubierto información de Tesla durante casi dos décadas. Él considera que "es absurdo que los accionistas piensen que vale tanto". Este miércoles también hubo una protesta frente al Capitolio estatal en Austin, Texas, contra el paquete salarial.

En Genbeta

Elon Musk ha fusionado su empresa de IA y X. Tiene en su poder un arma muy poderosa para entrenar su IA: nosotros

Sus defensores argumentan que el paquete de medidas incentiva al CEO de Tesla a centrarse en transformar la compañía en una potencia de la IA, utilizando software para operar vehículos autónomos y robots Tesla que puedan ser un a revolución en en oficinas, fábricas y hogares. Muchos inversores tienen una gran fe en el CEO, según los medios conocedores de las dinámicas de la empresa.

El presidente de Tesla, Robin Denholm, argumentó que mantener a Musk era esencial para el futuro de la compañía, advirtiendo que las acciones podrían desplomarse si él se marchaba. El consejo de administración ha restado importancia, además, a las críticas que señalan que el acercamiento del multimillonario a figuras políticas controvertidas ha afectado negativamente a las ventas.  

Qué alegan los contrarios al plan

Euronews explica que los críticos argumentan que la junta directiva sigue dependiendo demasiado de Musk, mientras ven un comportamiento imprudente del magnate y una compensación excesiva. 

Hay que tener en cuenta que si Tesla se enfrenta a una caída en ventas y de la cuota de mercado y beneficios, esto se atribuye a la figura de Musk y a su implicación en polémicas varias: teorías conspirativas y sus incursiones políticas en Estados Unidos y Europa. 

Muchos clientes, sobre todo en Europa, han dejado Tesla de lado por estar contra la orientación política de su CEO.  Su acercamiento a la extrema derecha alemana redujo sus ventas en el mercado germano de manera considerable. 

Imagen |  Xataka con Midjourney y publicada previamente en Genbeta 

En Genbeta | Dos amantes de la aviación crearon la web Flightradar para hacer un seguimiento de los vuelos en 2006. Ahora son millonarios

La empresa estadounidense Cloudflare, uno de los mayores proveedores mundiales de infraestructura web y seguridad en la nube, ha decidido llevar al Gobierno de Estados Unidos sus quejas por los bloqueos judiciales que afectan a sus direcciones IP en España.

En un documento remitido a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), la compañía acusa al Gobierno y a los tribunales españoles de permitir prácticas que perjudican a la libre competencia y al comercio digital internacional, señalando que las medidas impuestas para combatir la difusión no autorizada de eventos deportivos están generando graves daños colaterales.

Cada año, la USTR elabora el 'National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers', un informe de referencia que identifica los obstáculos que dificultan las operaciones de las empresas estadounidenses en el extranjero. Su contenido influye en las negociaciones bilaterales de alto nivel y en la presión diplomática que Washington ejerce sobre los países señalados para que eliminen esas barreras.

En esta edición, Cloudflare ha participado por primera vez, alertando de que algunos países europeos —entre ellos España, Italia y Francia— están imponiendo bloqueos que "afectan desproporcionadamente" a las compañías tecnológicas norteamericanas y obstaculizan el comercio digital global.

España en el punto de mira: bloqueos masivos y falta de garantías judiciales

El documento presentado por Cloudflare dedica especial atención al caso español. Según la empresa, los tribunales permiten resoluciones judiciales "excesivamente amplias" que autorizan el bloqueo de direcciones IP enteras con la argumentación de proteger el copyright, una práctica que termina afectando a miles de sitios web legítimos alojados en los mismos servidores.

"Esta práctica provoca la interrupción generalizada y reiterada de decenas de miles de sitios web legítimos no relacionados, así como la interrupción de servicios digitales, sin posibilidad de recurso judicial".

En Genbeta

El fútbol europeo pide exportar los bloqueos de Internet de LaLiga a toda la UE, y que las VPN tengan que vigilar a sus usuarios

La compañía considera que este tipo de bloqueos no cumplen con los estándares internacionales de proporcionalidad y transparencia. En su exposición ante el USTR, acusa al Gobierno español de ser corresponsable por conocer los problemas derivados de estas decisiones y "optar explícitamente por no intervenir" para corregirlos.

En consecuencia, se genera un entorno de inseguridad jurídica que desalienta la inversión y la confianza en el mercado digital español.

LaLiga y los bloqueos: el origen del conflicto

En febrero, la compañía estadounidense presentó un 'recurso de nulidad' ante el tribunal que autorizó estos bloqueos, alegando que se habían vulnerado derechos de terceros. Sin embargo, el tribunal rechazó la petición al considerar que no se había demostrado daño suficiente, permitiendo la continuidad de las medidas.

Cloudflare sostiene ahora ante la administración estadounidense que esta política favorece los intereses comerciales de entidades locales —como LaLiga y sus socios audiovisuales— en detrimento de las empresas extranjeras.

De Madrid a Washington: el conflicto se internacionaliza

Esta protesta no es un detalle menor. Al incluir a España en su escrito ante el USTR, Cloudflare eleva el asunto al nivel de la política comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea. El informe de la USTR, una vez publicado, puede servir como base para futuras presiones diplomáticas o negociaciones bilaterales, en las que Washington podría exigir garantías para las empresas tecnológicas estadounidenses.

En Genbeta

Lo último de LaLiga: amenazar a los usuarios de Cloudflare para que sean ellos quienes denuncien a Cloudflare. No tiene ni pies ni cabeza

En su exposición, Cloudflare advierte que la situación española viola los principios de proporcionalidad, necesidad y adecuación reconocidos en los estándares internacionales y que las medidas de bloqueo "restringen la capacidad de las empresas estadounidenses para operar libremente en el mercado español".

Además, la pérdida de fiabilidad del servicio genera un daño reputacional difícil de reparar: los clientes que ven interrumpidos sus sitios web o servicios pueden perder confianza en las plataformas alojadas a través de Cloudflare, un problema que afecta a miles de negocios legítimos.

Un problema más amplio: Italia, Francia y Corea del Sur

El informe no se limita a España. Cloudflare también advierte de situaciones similares en Italia, donde la nueva ley Piracy Shield obliga a las redes y CDN a bloquear dominios en menos de 30 minutos, con resultados que ya han afectado a Google Drive y a miles de sitios legítimos.

En Francia, la compañía señala que el artículo L.333-10 del Código del Deporte permite órdenes de bloqueo tan amplias que han provocado la salida de varios proveedores estadounidenses del país.

Incluso en Corea del Sur, las autoridades exigen a los proveedores de contenido mantener listas negras con más de 1,5 millones de URLs, una carga administrativa que Cloudflare califica de "inédita" y "desproporcionada".

Imagen | Marcos Merino mediante IA

En Genbeta | Así puedes certificar que tus webs están inaccesibles por culpa de los bloqueos de LaLiga. Y reclamar daños

La Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE) ha presentado una propuesta al Gobierno que, de encontrar respaldo, podría marcar un antes y un después en la estructura contributiva del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

La organización plantea un sistema más progresivo (tanto que el actual como que el que ha puesto sobre la mesa el Gobierno), que incremente las cotizaciones de los autónomos con mayores ingresos —los que superan los 6.000 euros netos mensuales— y utilice esa recaudación para reducir las cuotas de quienes menos ganan.

UATAE argumenta que este grupo de altos ingresos representa aproximadamente el 13% de los afiliados al RETA, pero su aportación proporcional es mucho menor que la de los autónomos con rendimientos bajos. El objetivo declarado es claro: "quien más gana, debe aportar más", con el fin de corregir la desigualdad estructural del sistema actual.

Un sistema regresivo que favorece a los ingresos altos

Hoy en día, un autónomo que declara 6.000 euros mensuales puede cotizar solo 605 euros a la Seguridad Social, prácticamente lo mismo que un asalariado con un sueldo bruto de 1.500 euros. En cambio, un trabajador por cuenta ajena que gana también 6.000 euros paga casi 1.900 euros mensuales en cotizaciones (entre empresa y empleado).

Esta disparidad se explica porque los autónomos aún tienen capacidad de elegir su base de cotización, dentro de unos tramos, lo que les permite cotizar por debajo de sus ingresos reales. De hecho, la gran mayoría —en torno al 85%— sigue optando por la base mínima, pese a la reforma de 2022 que introdujo la cotización por ingresos reales de forma progresiva hasta 2032.

El resultado, según UATAE, es una brecha significativa: un autónomo con 500 euros de beneficio mensual dedica el 41% de su renta a la cuota, mientras que otro con más de 6.000 euros apenas soporta un 5% de esfuerzo real tras las deducciones fiscales.

UATAE denuncia que esta situación perpetúa un sistema regresivo, en el que "el que menos gana aporta proporcionalmente ocho veces más que el que más factura".

En Genbeta

Tener más de un trabajo en España para vivir: se dispara el número trabajadores por cuenta ajena que se hacen autónomos

Una recaudación extra de 3.900 millones para redistribuir

Si los autónomos con ingresos altos cotizaran en proporción a sus ganancias reales, la Seguridad Social podría incrementar su recaudación en unos 3.900 millones de euros al año, según los cálculos de UATAE. Esos fondos deberían destinarse íntegramente a reducir las cuotas de los tramos inferiores, de acuerdo con la propuesta.

El planteamiento, además, acelera la transición hacia un modelo equiparable al Régimen General, donde las cotizaciones están más directamente vinculadas al salario.

El Gobierno mantiene el horizonte de 2032 para culminar esa reforma, pero la organización reclama pasos más decididos y un enfoque que combine sostenibilidad con justicia social.

Reformas paralelas: cese de actividad y jubilación parcial

Sin embargo, más allá de los cambios fiscales y contributivos, la propuesta de UATAE incluye también una batería de medidas orientadas a fortalecer la protección social del colectivo autónomo.

Uno de los puntos más críticos es el cese de actividad, una prestación que la organización califica de "inaccesible". Los datos respaldan su afirmación: entre enero y agosto, el 54% de las solicitudes fueron denegadas y solo el 0,22% de los autónomos la percibía en agosto. En contraste, el 9,5% de los asalariados recibía alguna ayuda por desempleo, con una cobertura superior al 80%.

Por ello, UATAE pide universalizar la cotización por cese de actividad, incluso durante la tarifa plana o cuota reducida, y extender el subsidio para mayores de 52 años a los trabajadores por cuenta propia, actualmente excluidos de ese derecho.

También propone incorporar la jubilación parcial en el trabajo autónomo, permitiendo compatibilizar el 50% de la pensión durante dos años antes de la edad ordinaria, siempre que se produzca un relevo profesional que garantice la continuidad de la actividad.

En Genbeta

Los autónomos y pymes tendrán que facturar con VeriFactu en 2026. Solo hay una excepción para seguir usando Excel o Word

La postura del Gobierno: congelar las cuotas más bajas y subir las altas

El Ejecutivo, por su parte, dice coincidir en la necesidad de avanzar hacia un sistema más equitativo, aunque de forma gradual: primero empezará cobrando más a los que más ganan, pero los autónomos con menos ingresos tendrán que conformarse con ver cómo únicamente se les congela la cuantía de su cotización.

El secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, ha confirmado que el Gobierno estudia congelar las cuotas de los autónomos con ingresos entre 670 y 1.166 euros mensuales y subir ligeramente las del resto, entre 2,91 y 14,75 euros al mes a partir de 2026.

Un colectivo diverso y dividido

La heterogeneidad del colectivo de autónomos complica el consenso. Según la Seguridad Social, 3,7 millones de personas estuvieron de alta como autónomos en algún momento de 2023. De ellas, casi 1,4 millones declararon rendimientos netos por debajo del salario mínimo, mientras que casi medio millón ingresó más de 4.000 euros netos al mes.

Esa diversidad explica la disparidad de opiniones ante cualquier modificación del sistema: los autónomos con ingresos modestos reclaman alivio, mientras que los de tramos altos temen una penalización desproporcionada que, según algunos expertos, podría fomentar la economía sumergida o la deslocalización fiscal.

Imagen | Marcos Merino mediante IA

En Genbeta | El precio del alquiler en España no es sólo un problema para vivir... también una lacra para crear negocios y un motivo de fracaso

Audrey Tang es hacker y lleva diez años ejerciendo como ministra digital de Taiwán. Su objetivo es poder hacer de internet un lugar más seguro en el que los servicios que ofrece estén al servicio de la ciudadanía y no al revés. Esto es algo similar a lo que ha expresado el creador de la WWW, descontento con el devenir de su creación por muchos motivos similares al expresado por Tang. 

La experta en seguridad informática ha afirmado en una entrevista para El País Planeta Futuro pero aún así, ella misma mantiene sus pantallas en escala de grises y evita consumir contenidos compulsivamente. 

También ha tenido algo que decir muy importante sobre la tecnología que más espacio ocupa en estos últimos años: la inteligencia artificial. Según la experta: “La Inteligencia Artificial (IA) es un parásito que está dividiendo a los humanos”.

En Genbeta

"Es un montón de basura": el 'padrino de la IA' habla claro sobre una técnica que están usando OpenAI y otras grandes del sector

Cabe recordar que la ‘hacktivista’ que además es la primera ministra transgénero en la historia de Taiwán, ha sido galardonada con el conocido como Nobel alternativo (concedido por Right Livelihood Award) por emplear la tecnología con un propósito, que es el de fortalecer la transparencia gubernamental y promover la participación ciudadana en los asuntos de interés público.

Las preocupaciones de la experta

Son varias las ocasiones en las que Tang ha hablado de este tema que le preocupa y del que conoce bien como experta en seguridad informática. Ella misma ya advertía hace un año, cuando el panorama geopolítico estaba más tranquilo que ahora, que la inestabilidad económica y de seguridad global está sometiendo a nuestras sociedades libres y abiertas a una presión tremenda. 

"Desde la década de 1930, cuando la Gran Depresión y la agitación civil dominaron una década de oscuridad previa a la Segunda Guerra Mundial, ningún gobierno se había enfrentado a tal incertidumbre".

En Genbeta

Los expertos temían un 'invierno de la inteligencia artificial' hace tan solo un año. La realidad ha destrozado esa teoría

Es consciente de que "el extremismo, el aislamiento, la polarización y el populismo —amplificados por las redes sociales y la información continua— están reconfigurando el panorama geopolítico de manera favorable a los regímenes autoritarios".

En la Cumbre de IA de París de 2025, Tang cofundó ROOST (Herramientas Robustas de Seguridad Online Abiertas) junto con figuras destacadas del ámbito de la seguridad y el software libre. 

Sus soluciones ante la IA imperante

El objetivo, como recuerda la institución sueca que acaba de premiarla, es dar una respuesta descentralizada, centrada en la defensa, frente al material sintético de abuso sexual infantil, con plataformas de tamaño medio como Bluesky, Roblox y Discord aportando herramientas de código abierto.

En Genbeta

Músicos de ABBA, Radiohead y The Cure, contra la inteligencia artificial: miles de artistas famosos denuncian que los están usando

El resultado, según ella, es «un estrecho corredor entre la mentalidad de seguridad y la del software libre», respaldado por una financiación sustancial y que ahora constituye una fundación y un modelo para federar la seguridad sin empoderar a los delincuentes. 

Para ella es importante que no exista una sola superinteligencia artificial vertical, sino que existan infraestructuras de seguridad descentralizadas, transparentes y participativas para ofrecer a las personas inteligencia colectiva horizontal, sistemas de asistencia que potencien la capacidad de acción humana. 

En Genbeta | "La IA nos matará a todos", afirma uno de los mayores expertos del mundo. No firmó la carta de Elon Musk porque se queda muy corta

En Genbeta | Google revolucionó la IA hace ocho años con la tecnología que haría posible ChatGPT. Con 'Titans' quiere volver a cambiarlo todo 

Hace un mes, te contábamos cómo se había puesto en marcha uno de los cambios más relevantes de los últimos años en materia laboral: la modernización del registro de jornada. El Ministerio de Trabajo está sometiendo a audiencia pública el Real Decreto que digitalizará el funcionamiento del mismo.

Durante dicha audiencia, que permanecerá abierta unos días más, ciudadanos, sindicatos y empresas podrán presentar aportaciones al texto. Tras ello, el decreto deberá ser revisado por el Consejo de Estado antes de su aprobación definitiva por el Consejo de Ministros.

En el caso de que finalmente se apruebe (lo que podría ocurrir a principios de 2026), la reforma obligará a detallar pausas, horas extraordinarias, modalidades de trabajo... y la forma en que se compensan los excesos de jornada.

Todas las empresas, sin importar su tamaño, deberán contar con una herramienta que permita registrar la jornada diaria de cada trabajador, correspondiendo sólo a éste realizar las anotaciones "de forma libre, personal, directa e inmediata", sin presión ni condicionamientos por parte de la empresa.

Cada hora extra deberá indicar su compensación

Una de las principales innovaciones del nuevo registro horario es que cada hora extraordinaria deberá quedar claramente justificada y registrada con precisión. Ya no bastará con que el sistema refleje que el trabajador prolongó su jornada: el nuevo modelo exige que se indique expresamente cómo se compensa ese tiempo adicional, si mediante una retribución económica o a través de tiempo de descanso equivalente.

En Genbeta

Éste es el país desarrollado que más horas (2.200) trabaja al año: así es tener 14 semanas de 'curro' más que España

Con el nuevo sistema digital, cada trabajador deberá indicar en el mismo momento de la anotación si la hora extra realizada se compensará con dinero o con descanso, y cuándo se prevé su disfrute. Esta información quedará registrada de forma trazable, permitiendo a la Inspección de Trabajo verificar fácilmente el cumplimiento del límite legal de 80 horas extraordinarias anuales, establecido en el Estatuto de los Trabajadores.

Si las horas no se compensan con descanso dentro de los cuatro meses siguientes, deberán abonarse con su correspondiente cotización a la Seguridad Social. La medida también pretende proteger el derecho al descanso y evitar que la flexibilidad laboral se traduzca en jornadas interminables.

Controlando a las empresas

La Inspección de Trabajo podrá acceder en remoto y en tiempo real a esta información, cruzándola con las nóminas y los resúmenes mensuales que las empresas estarán obligadas a entregar junto con el recibo salarial.

Esta trazabilidad facilitará la detección de incongruencias —por ejemplo, si se registran horas extra sin el correspondiente pago o descanso— y permitirá sancionar de forma más ágil a las compañías que incumplan.

El objetivo, según el Ministerio de Trabajo, es acabar con las horas extra fantasma, aquellas que ni se pagan ni se descansan y que suponen una forma encubierta de prolongar la jornada laboral. Los datos oficiales del INE y la Encuesta de Población Activa estiman que en España se realizan semanalmente más de 2,5 millones de horas extraordinarias no remuneradas, lo que equivale a miles de empleos a tiempo completo.

El lado tecnológico de todo el asunto

El aspecto tecnológico resultará clave: la Inspección de Trabajo y los representantes sindicales podrán acceder en cualquier momento y de manera inmediata al registro, tanto presencial como remotamente. La información deberá almacenarse en formatos "tratables, legibles y compatibles" y cumplir la normativa de protección de datos.

Ante los temores de las patronales por posibles riesgos de seguridad, el Ministerio ha solicitado un informe a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y a los ministerios de Economía y Transformación Digital.

Aunque el Gobierno no impondrá una herramienta única, cada empresa deberá elegir un sistema que cumpla los criterios de digitalización, accesibilidad y trazabilidad. También deberá proporcionar formación específica a los empleados sobre el uso del sistema, un tiempo que se considerará como jornada laboral efectiva. El coste de esta formación no podrá repercutirse en la plantilla.

Imagen | Marcos Merino mediante IA

En Genbeta | A los españoles cada vez les pagan o compensan menos las horas extra. En el teletrabajo es incluso peor