El Ministerio de Consumo que dirige Alberto Garzón ha presentado un anteproyecto de ley con el que quieren reformar la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y que además valdrá para transponer al ordenamiento español la Directiva 2019/2161 de la Unión Europea, que atañe a la mejora de la aplicación y la modernización de las normas de protección de los consumidores de la Unión.
El Ejecutivo tiene objetivos bastante ambiciosos con este nuevo texto, pues quiere atajar problemas tan graves en Internet como las reseñas falsas o tan desconocidos para el público como los parámetros utilizados para mostrar los resultados por parte de buscadores como Google en lo que respecta a clasificaciones de bienes y servicios.
"Igualmente, la reforma incluye controles a los buscadores online cuando otorguen puntuaciones y valoraciones superiores a bienes o servicios con respecto a los de sus competidores y no informen a los consumidores de que su posicionamiento responde a publicidad pagada. Con la modificación, los motores de búsqueda tendrán que mostrar una descripción de los parámetros utilizados para establecer la clasificación de los resultados. En el caso de que un precio haya sido personalizado para el consumidor, sobre la base de una toma de decisiones automatizada, se deberá informar de este hecho".
Más poder para el Ministerio de Consumo
Lo primero que resaltó el comunicado del Gobierno tras el Consejo de Ministros es que, una vez se apruebe la ley, Consumo ostentará competencia sancionadora cuando existan frauden masivos que atenten contra la unidad del mercado y la competencia.
Como explican, "las sanciones máximas, que a partir de ahora también podrá imponer el Estado, subirán hasta un millón de euros u ocho veces el beneficio ilícito obtenido, en el caso de infracciones cometidas únicamente en España". En el caso de las cometidas en varios Estados Miembros, Consumo podrá exigir "hasta el 4% del volumen de facturación de las compañías" infractoras.
En cuanto a medidas concretas, el ministerio asegura que con la ley entrará en vigor "la prohibición por primera vez de la publicidad encubierta en redes sociales, hasta ahora no regulada expresamente, y la publicación de reseñas y valoraciones falsas o pagadas por el fabricante en los productos a la venta en internet". Lo cierto es que la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico ya regulaba todo esto, y de hecho, muchos influencers se han visto afectados por denuncias en este sentido.
Sí es cierto que ahora se reforzará ese punto concreto, pues, por ejemplo, Consumo advierte de que el empresario deberá garantizar que las reseñas de su web son realizadas por usuarios que de verdad han adquirido el producto. En este sentido "incluir reseñas procedentes de consumidores sin comprobar que han adquirido realmente el bien o la inclusión de reseñas falsas" tendrá consideración de práctica desleal. Así se explica en el Anteproyecto:
"Las prácticas comerciales en las que un empresario facilite el acceso a las reseñas de los consumidores y usuarios sobre bienes y servicios deberán contener información sobre el hecho de que el empresario garantice o no que dichas reseñas publicadas han sido efectuadas por consumidores y usuarios que han utilizado o adquirido realmente el bien o servicio"
Realmente este nunca ha sido el problema de casos como el de Amazon, pues la compañía ya mostraba avisos como "Compra verificada", dando a entender que esa reseña es de alguien que ha comprado el producto.
El problema es que había acuerdos privados entre vendedores y usuarios para, efectivamente comprar el producto a cambio de una reseña positiva, quedándoselo gratis o con descuentos. Esto es algo muy difícil de controlar y ni la propia Amazon ha podido hacerlo más allá de expulsando de su plataforma a marcas como Aukey.
En el anteproyecto también se incluye un nuevo apartado enfocado a evitar la reventa de entradas a espectáculos que se realice mediante bots (medios automatizados) con los que superar límite de entradas por usuario, para luchar contra el hecho de que, más allá del precio, dejen de estar disponibles para los verdaderos interesados. Así se recoge:
"Consistan en la reventa de entradas de espectáculos a los consumidores o usuarios si el empresario las adquirió empleando medios automatizados para sortear cualquier límite impuesto al número de entradas que puede adquirir cada persona o cualquier otra norma aplicable a la compra de entradas".
Consumo y la UE quieren que los buscadores sean más transparentes
Consumo y la Unión Europea (Directiva de la Unión Europea (2019/1150, que se intentará traer a nuestro cuerpo normativo con este anteproyecto) quieren que los buscadores como Google sean más abiertos en todo lo que tiene que ver con mostrar de dónde salen los resultados ofrecidos. Esto es lo que menciona Consumo:
"Con la modificación, los motores de búsqueda tendrán que mostrar una descripción de los parámetros utilizados para establecer la clasificación de los resultados. En el caso de que un precio haya sido personalizado para el consumidor, sobre la base de una toma de decisiones automatizada, se deberá informar de este hecho".
Si en otro sentido Netflix indica que te está recomendando un contenido porque te gustó otro que has visto, Google podría hacer lo propio en un panel de usuario, informando también de factores como la velocidad de carga de la web mostrada, su seguridad, imágenes, reseñas de usuarios, accesibilidad, etc.
Lo que se pide es que los buscadores muestren qué parámetros marcan que muestren los resultados que acaban apareciendo. Lo polémico aquí es que, por ejemplo, Google tenga que mostrar partes de su algoritmo. En unas pautas ofrecidas por la Unión Europea, sin embargo, se explica que lo que los buscadores tienen que detallar son las variables que se tienen en cuenta a la hora de hacer el ranking, pero no el algoritmo en sí.
Desde Genbeta nos hemos puesto en contacto con Google, y esto es lo que nos ha comunicado al respecto un portavoz de la compañía:
"Recientemente finalizamos talleres generales con la Comisión Europea sobre la implementación de la nueva Ley de Consumidores para ver cómo podemos hacer mejoras que sean buenas para nuestros usuarios y brinden aún más transparencia".
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