Apenas comenzando noviembre, el gobierno sonó las alarmas en Internet tras el Decretazo del Copyright. Con la aprobación mediante real decreto de la llamada 'Ley Iceta', se han abierto las puertas a la censura algorítmica sin ningún tipo de necesidad de revisión humana o control judicial.
A pesar de seguir en parte lo expuesto en la directiva europea de copyright con sus infames artículos 11 y 13, la 'Ley Iceta' lleva la censura incluso más allá de esta y la aplica también a las retransmisiones en directo. Es una norma que puede cambiar Internet tal y como la conocemos, y en lugar de haberse producido un debate parlamentario, el Gobierno ha aprobado el texto sin haber tenido en cuenta la opinión de las plataformas y de activistas de libertad de expresión y de la propiedad intelectual.
"Hay que frenar la censura algorítmica sin control judicial ni otras garantías"
🏛️ Porque no queremos que en Internet no quepa la creatividad de Youtubers o streamers y para frenar la censura algorítmica sin control judicial ni otras garantías, hoy vamos al @Congreso_Es a pedir a los Grupos Parlamentarios que NO convaliden el #DecretoIceta https://t.co/KxStbz2dxY
— PLI (@PDLI_) November 10, 2021
La PLI (Plataforma por la Libertad de Información), una organización independiente que se dedica a la defensa de los derechos a la libertad de expresión e información, ha presentado hoy en el Congreso un escrito dirigido a los Grupos Parlamentarios en el que se les pide votar en contra de la convalidación en lo referente a la retirada de contenidos de Internet.
La directiva aprobada por el equipo del ministro de Cultura, Miquel Iceta, todavía debe ser convalidada por el Congreso en un plazo de 30 días tras su aparición en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 3 de noviembre. El artículo que provoca las mayores críticas es el número 73, que regula el 'Uso de contenidos protegidos por parte de prestadores de servicios para compartir contenidos en línea'.
La PLI denuncia que el Real Decreto Ley reproduce sin matices la directiva europea, y obliga en la práctica a las plataformas a la censura previa y de forma automatizada de cualquier publicación con tal de evitar ser responsables de posibles infracciones por vulnerar derechos de autor.
Uno de los mayores reproches contra la ley es el hecho de que no se hayan introducido elementos clarificadores y garantistas que eviten un impacto desproporcionado e inaceptable para la libertad de expresión. Además de esto, la previsión incluida en el artículo 73.4 añade la posibilidad de que puedan censurarse las retransmisiones en directo, algo que afectaría directamente a youtubers y streamers.
Esta ley obligará a las plataformas a retirar el contenido protegido de "modo expeditivo" y con los "mayores esfuerzos". Unos requisitos inviables con humanos y que deja la decisión de borrado en manos de algoritmos.
Carlos Sánchez Almeida, director legal de la PLI, señala que “Con este artículo 73.4, el Ministerio de Iceta se ha inventado una censura en directo que no está en la directiva europea. Sin ningún tipo de control humano, ni judicial, ni garantía de ningún tipo”.
Desde Xnet, otra organización de defensa de los derechos digitales, explican que con la normativa "Se ha hecho oído sordos a las recomendaciones de la sociedad civil. Al obligar a los proveedores a poner filtros automatizados que censuren los contenidos a la brocha gorda, socava la libertad de expresión y la cultura digital".
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