Cuando un vecino de tu edificio deja de pagar sus cuotas, la comunidad de propietarios tiene un camino marcado en el artículo 21 de la Ley de Propiedad Horizontal. Esta ley permite que la comunidad pueda reclamar la deuda por vía judicial e incluso llegar al embargo.
Lo que dice el artículo 21. El precepto regula el impago de los gastos comunes, las medidas que puede pactar la comunidad, la reclamación judicial y la mediación o el arbitraje, y buena parte de ese contenido se incorporó con la Ley 10/2022. Y es que fue esa reforma la que permitió a la junta aprobar medidas disuasorias contra los morosos, siempre que no sean abusivas ni afecten a la habitabilidad.
La obligación de pagar está en el artículo 9.1.e de la Ley de Propiedad Horizontal, y para reclamar lo que se debe la comunidad puede tirar del proceso monitorio especial, sin que el artículo 21 fije un importe máximo.
Sin voto mientras haya deuda. ¿Y qué pasa en las juntas? Pues que, según el artículo 15.2, quien no esté al corriente de sus deudas al empezar la reunión puede participar en las deliberaciones, pero no votar, salvo que las haya impugnado judicialmente o haya consignado lo que debe. Además, el artículo 16.2 obliga a que la convocatoria incluya la relación de propietarios que no están al corriente de pago.
Vamos, que dentro de la comunidad sí puede saberse quién debe, aunque con cuidado. También se puede crear una lista de deudores en el tablón de anuncios de la comunidad, aunque la Agencia Española de Protección de Datos lo admite solo cuando se puedan acreditar intentos fallidos de notificar al propietario.
Del burofax al embargo. La reclamación arranca con un acuerdo de la junta que liquida la deuda y que se notifica al vecino por un medio que deje constancia de la recepción, para lo que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recomienda el burofax.
Si el vecino se opone al monitorio, que es el proceso judicial rápido para cobrar deudas claras sin pasar por un juicio completo, la comunidad puede pedir el embargo preventivo de bienes suficientes, que el juzgado acuerda sin exigirle caución, y la misma OCU apunta que puede alcanzar al propio inmueble del moroso. A la deuda se le pueden sumar además intereses, ya que la junta puede fijarlos por encima del interés legal mientras dure el impago.
Foto | Ján Jakub Naništa
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