Redacción de Genbeta
EditorQue un vecino deje de pagar las cuotas de la comunidad o una derrama es un problema para todos. En estos casos, la comunidad de propietarios tiene herramientas más allá de limitarse a reclamarle la deuda, y entre otras cosas puede impedirle utilizar el ascensor mientras no se ponga al día. Esto se desprende de la Ley de Propiedad Horizontal, aunque siempre dentro de lo que marcan dos artículos concretos de la ley.
El papel de los artículos 6 y 21. El artículo 6 es el que ordena la convivencia, porque permite que el conjunto de propietarios fije normas de régimen interior para regular la utilización de los servicios y cosas comunes, unas normas que obligan a todos los titulares mientras no se modifiquen. Como el ascensor es un elemento común, su uso puede ordenarse por esa vía, pero los estatutos no sirven para privar de derechos de forma arbitraria a uno de los vecinos.
La herramienta realmente pensada para la morosidad está en el artículo 21.1, que desde la reforma de junio de 2022 permite a la junta de propietarios acordar medidas disuasorias mientras dure el impago. Tal y como recoge el texto del precepto, esas medidas pueden ir desde fijar intereses superiores al legal hasta la privación temporal del uso de servicios o instalaciones, siempre que no puedan considerarse abusivas o desproporcionadas y no afecten a la habitabilidad de los inmuebles. Además, no pueden tener carácter retroactivo, aunque la comunidad puede incluirlas en sus estatutos.
Vamos, que el artículo 6 sirve para poner reglas al uso del ascensor en el día a día, mientras que el 21 es el que abre la puerta a restringirlo, con límites, cuando un vecino no paga.
El caso del ascensor. La ley no menciona el ascensor por su nombre, y ese es el matiz, ya que dejar a alguien sin él puede chocar con el límite de la habitabilidad. Por eso hay que valorar las circunstancias del edificio y de cada propietario, y según el análisis de algunos expertos sobre un caso que ha llegado a la Audiencia Provincial de Alicante, la deuda por sí sola no convierte en legal la retirada del ascensor. Y esto es así porque se debe tener en cuenta la planta de la vivienda, las vías alternativas y si allí viven personas con discapacidad o mayores de setenta años. Sin embargo, el auto de la Audiencia no decide si la comunidad actuó bien, ya que se limita a la admisión de la demanda.
Eso sí, la medida tiene que ser temporal y estar ligada a la deuda, de modo que no puede convertirse en una sanción permanente. Y tampoco basta con que el presidente o el administrador decidan bloquear el ascensor por su cuenta, porque es la junta la que tiene que adoptar el acuerdo, y conviene dejar constancia de él en lugar de improvisar.
Reclamar la deuda es otra cosa. Pero restringir un servicio no sustituye a la reclamación del dinero. Las derramas aprobadas generan una deuda con la comunidad igual que las cuotas, y la ley permite exigir judicialmente los gastos comunes, ordinarios o extraordinarios, a través del proceso monitorio, sin perjuicio de que se puedan utilizar otros procedimientos judiciales.
El vecino también puede recurrir. Por su parte, el propietario afectado puede llevar el acuerdo a los tribunales si considera que es contrario a la ley o a los estatutos o que le causa un grave perjuicio, según prevé el artículo 18 de la ley. Aunque hay una condición que conviene tener presente si eres tú el que debe dinero, ya que para impugnar hay que estar al corriente de pago de las deudas vencidas con la comunidad o consignarlas judicialmente.
Al final, la comunidad puede reclamar lo que se le debe y, si se cumplen los requisitos, acordar a la vez restricciones mientras dure el impago, porque son dos mecanismos diferentes que no se excluyen.
Foto | Derrick Treadwell
En Xataka | Hay juntas presionando a vecinos morosos negándoles la llave del ascensor
