El Gobierno vuelve a la carga en su pretensión de obligarnos a que la Declaración de la Renta se realice exclusivamente online. Una medida, introducida en el Decreto de Medidas Anticrisis aprobado ayer, que en realidad llega tras una trayectoria de controversias y desafíos legales.
Este mismo año, en julio, el Tribunal Supremo anuló una orden ministerial de 2019 que establecía esta misma obligación, y que fue denunciada por la Asociación Española de Asesores Fiscales. Cuando el Tribunal Supremo falló a favor de ésta, argumentó que la Ley General Tributaria reconoce el uso de medios electrónicos como un derecho, pero no como una obligación.
La sentencia, así mismo, subrayaba que en adelante el Gobierno debería:
- Justificar adecuadamente la eliminación de los métodos tradicionales de entrega de la declaración de la renta.
- Tener en cuenta aspectos como la capacidad económica de los contribuyentes (no todo el mundo se puede permitir un ordenador con conexión a Internet), o su pericia técnica (no todo el mundo sabe o puede ya aprender a usarlo).
La nueva medida
A pesar de la reciente decisión del Supremo, el Gobierno ha incorporado nuevamente esta iniciativa a las medidas aprobadas en el último Consejo de Ministros. Aquí la correspondiente página del BOE:
Alegan que la clave de este nuevo intento radica en la realización de cambios en el texto: pues la nueva redacción asegura que se ofrecerá "atención personalizada" a los contribuyentes que necesiten asistencia para cumplimentar su declaración a través de medios electrónicos.
El Gobierno sostiene que la medida es necesaria y urgente, en vista de lo observado en las campañas de la Renta de la última década. Argumentan que, dada la experiencia acumulada y la asistencia disponible, los contribuyentes ya habrán podido adaptarse exitosamente a los medios electrónicos.
Sin embargo, la medida ha generado opiniones divididas entre los ciudadanos: mientras algunos argumentan que la presentación online de la Declaración es más eficiente y ecológica, otros expresan su preocupación por su falta de accesibilidad y, sobre todo, por la capacidad de las personas mayores para adaptarse a la tecnología.
Igualmente, lo que se entienda por "asistencia personalizada" —extremo que aún no se ha definido— podría seguir sin dar respuesta a la gente que carece de medios económicos. Mucho nos tememos que el debate sobre esta medida se agravará durante los próximos meses, a medida que se acerque la próxima Campaña de Renta.
Imagen | Marcos Merino mediante IA
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