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Online Protection & Enforcement of Digital Trade Act, la alternativa a la SOPA

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Al senador Ron Wyden se le considera el referente de los activistas que luchan contra las apisonadoras SOPA y PROTECT-IP, que bajo el paraguas de una presunta protección de la propiedad intelectual, están destinadas a cercenar Internet y convertirla en el paraíso de la vigilancia y el control.

Tras conseguir unos cuantos aliados en ambos lados del espectro político de los Estados Unidos de América, él y el congresista republicano Darrell Issa han presentado un borrador para una nueva ley destinada a ser una alternativa a la SOPA de veneno hollywoodiense.

Estamos hablando de la OPEN Act, Online Protection & ENforcement of Digital Trade Act, o la ley para la Protección y Aplicación del Comercio Digital en traducción libre.

El borrador de la OPEN Act se publicó en abierto, es decir, se admiten comentarios y correcciones por parte de todo el mundo, a diferencia de la SOPA, que se redactó en Hollywood y se está intentando aprobar a golpe de mazo. Tal y como su nombre, o siglas, indica, intenta remendar la SOPA manteniendo la web abierta.

Consta de unas 18 páginas frente al ladrillazo de casi 80 de SOPA, y en esas 18 páginas se contempla, aún, que los titulares de derechos puedan presentar una demanda contra aquellos sitios web susceptibles de infringirlos.

La demanda se presentaría ante la agencia federal de comercio internacional (ITC), agencia que iniciaría un proceso administrativo que determinaría si el sitio web denunciado debe terminar con sus actividades, si además debe ser castigado con multas u otras sanciones y si se debe cortar el grifo económico mediante los proveedores de servicios financieros o de publicidad.

Básicamente es lo mismo, pero en vez de hacerse mediante denuncias sin base y sin intervención judicial, se construye medianamente un proceso legal que puede, o no, terminar igual de mal para la web en cuestión.

La diferencia aquí es que nadie, ni los proveedores de servicios, tienen ninguna obligación legal de actuar hasta que la ITC hable. Pero una vez hable, lo que diga va a misa.

Lo que también queda fuera de escena es el sistema de DNS y los buscadores, ya que OPEN no prevé el secuestro de los dominios, ni la retirada de los resultados en buscador, por lo que se evitaría borrar totalmente del mapa los sitios denunciados y el sistema de DNS, que en definitiva articula la web (que no Internet), quedaría intacto.

El proceso legal que promueve OPEN es mínimo, pero ya es algo. Para que la ITC tome en consideración cualquier denuncia, se deben cumplir tres premisas: que el dominio registrado, el registrador usado y el propietario estén situados fuera de los Estados Unidos, que lleven a cabo actividades comerciales dentro de los Estados Unidos y tengan poco o ningún otro fin que dedicarse a cualquier actividad, a parte de la infracción sistemática.

Es decir, OPEN Act afina un poco más y sitúa el tema en el ámbito del comercio internacional en vez de situarlo en la misma estructura de Internet.

Pero ni todo el monte es orégano ni es oro todo lo que reluce. OPEN Act también tiene algunos puntos equivocados y que resultarán en más mal que bien.

Aunque la OPEN Act se dirige a sitios web fuera de la jurisdicción estadounidense, en lo relativo a proveedores de servicios de pago y de publicidad afectaría solamente a aquellos con base en los USA.

Para evitar que les cortaran el grifo económico, muchos sitios web podrían optar por otras alternativas fuera de los Estados Unidos, lo que podría resultar en lo que muchos avisamos desde hace tiempo: una pérdida sustancial de negocio para la economía que, teóricamente, dichas leyes pretenden defender.

Si además le juntamos la "ofensiva financiera" que tacha de 'paraiso fiscal-digital' cualquier servicio que no pase por el aro de los estándares USA, la cosa está bastante clara.

Por otro lado, los sitios web no americanos pueden elegir evitar que la ITC dictamine, sometiéndose a la jurisdicción y procesos judiciales norteamericanos, comenzando así un proceso legal completo.

Visto en clave yankee, esto queda muy bien. Pero resulta bastante más que un problema, ya que sigue dejando a empresarios y administradores del resto del mundo a elegir entre lo malo, la ITC, y lo peor, el sistema judicial gringo, con sus elevados costes.

Además, a eso súmenle viajes a América para poder ser parte en el proceso, y si se trata de un país de habla no inglesa, traducciones juradas, intérpretes, etc…

En resumen, OPEN Act pretende ser una alternativa viable a la SOPA, pero en realidad es “menos mala” que la SOPA. Sigue siendo mala.

Es menos mala, pero es que leyes como SOPA no pueden enmendarse. Tienen que terminar su proceso, pero no con una enmienda, ni con una ley alternativa pero restrictiva.

Tiene que terminar su proceso en el lugar que le corresponde: el desagüe.

Via | Ars Technica Foto | Rupert Ganzer

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