El Senado aprobó en la madrugada del sábado el proyecto de ley de seguridad (Loppsi 2), endureciendo considerablemente todos los capítulos del texto que fue apoyado finalmente, cuando Francia ya dormía, por 177 senadores contra 153. Una ley que confirma que un boomerang australiano sobrevuela la República que tenemos por vecina y modelo en lo digital para el PP europeo y el PSOE con S de Sinde y E de erradicar.
Euforia desatada del ministro del Interior vecino, Brice Hortefeux, que se felicitaba exultante por el resultado de madrugada, hasta el punto de ver una holgada mayoría y un triunfo por goleada, en lo que fue una noche – del viernes al sábado – difícil y casi preludio de nueva escisión centrista en la mayoría presidencial. Pero al final el ministro se podía expresar con alegría:
Sin duda es uno de los resultados más amplios y claros que hemos obtenidos desde el inicio de la legislatura.
Ya aprobada en primera lectura en febrero por la Asamblea Nacional, el proyecto de ley de orientación y programación para la Seguridad Nacional (Loppsi 2) establece las directrices generales para hacer cumplir la ley durante cinco años (2009 – 2013). Es el principal vehículo legislativo para convertir la seguridad en el principio sobre el que establecer el concepto de autoridad del actual Presidente de la República.
El gobierno presentaba treinta enmiendas para endurecer su política de represión de los delitos y faltas. Al margen de los capítulos, artículos o enmiendas que no hacen referencia directa a la red, se aprobaron otras que aprovechan los avances tecnológicos y posibilidades de la informática para ejercer un mayor control social e individual. Es el caso del “marcado electrónico” – de por vida – de los delincuentes condenados a más de cinco años de prisión y el almacenamiento de las imágenes de la cámaras de vigilancia en un ordenador central. Ya no habrá trabas, por cierto, para su instalación, cuando un alcalde decida que es la mejor opción. Interesante legislación en manos de los cachorros de Le Pen.
El Partido Socialista, los ecológistas y los comunistas intentaron frenar, sin éxito, la Loppsi 2 en el Senado, también una minoría de disidentes del centro-derecha, que denunciaron en la madrugada del sábado presiones ante la posibilidad de que alguna enmienda de hierro promovida por El Elíseo, que pretende establecer progresivamente un ciberestado policial, no fuese aprobada.
Todo acabó bien para Sarkozy. Vía libre al bloqueo de webs sin interenvención judicial, en nombre de la lucha contra la pornografía infantil según el modelo, ya abandonado, de filtro censor australiano.
Esta medida puede socavar el principio fundamental de neutralidad de la red, explica Giuseppe de Martino, una de las voces más respetadas y mesuradas del internet francés. Presidente de la poderosa ASIC, que agrupa a AOL, Dailymotion (de la que es alto ejecutivo), Microsoft, Google, PriceMinister y Yahoo!, y que ha escrito:
Hay que recordar que los poderes conferidos a una autoridad administrativa (y no una autoridad judicial) puede llevar a restringir el ejercicio de cualquier persona de su derecho a hablar y comunicarse libremente, sobre todo desde su casa, que en estas circunstancias, dada la naturaleza de la libertad garantizada por el artículo 11 de la Declaración de 1789, el legislador no puede, cualesquiera que sean las garantías que rigen la imposición de sanciones encomendar tales poderes a una autoridad administrativa con el fin de proteger los derechos de los titulares del derecho de autor y derechos conexos.
“Al elegir el ángulo de la “protección de nuestros hijitos”, también se establecen las bases del filtro que vendrá en el futuro para evitar la falsificación de juegos o la música o de obras audiovisuales mediante el bloqueo de los sitios más diversos … inquietante intrusión en nuestras vidas digitales. ¿Quién decidirá lo que puede filtrarse mañana?
Sarkozy se saca al juez de encima, alarma a las asociaciones empresariales a las que pertenecen Microsoft y los operadores (Orange, SFR y Bouygues Telecom). Hace de la OCLCTIC (Oficina Central de Lucha contra la delincuencia), que depende de la Dirección Central de Policía Judicial, garante de la aplicación de la norma que decidirá lo que se puede bloquear y lo que ¿no?.
Foto | Grufnik
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