La Corte de Justicia Europea ha anunciado una sanción a España por no cumplir “las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva de protección de datos personales en el marco de la prevención y detección de infracciones penales”.
Es decir, el país no adoptó a tiempo la directiva europea de protección de datos personales que busca facilitar el intercambio de datos entre autoridades policiales y judiciales para prevenir, investigar, detectar o castigar delitos.
#ECJ: #Spain ordered to pay a lump sum of € 15 million and a daily penalty of € 89,000 for failing to transpose or communicate transposition measures regarding the Directive on the protection of #PersonalData for the purposes of the prevention and detection of criminal offences
— EU Court of Justice (@EUCourtPress) February 25, 2021
La obligación de adaptar la normativa europea a la ley nacional
La multa asciende a 15 millones de euros y a una sanción de 89.000 euros por cada día de retraso a partir de la fecha del pronunciamiento de la sentencia. En general, los estados miembros de la Unión Europea están obligados a incorporar las normas de la UE al ordenamiento jurídico nacional y comunicar cómo han hecho esta transposición de las directivas. Y en este caso, España se retrasó a la hora de adoptar esta normativa y de comunicar cómo lo hizo.
Esta regulación facilita la cooperación entre policías, fiscales y jueces de todos los países de la Unión Europea por lo que la Bruselas considera que es muy importante que todos los países implementen la normativa para poder compartir datos y lucha de forma conjunta contra el crímen y el terrorismo.
Un constante incumplimiento de las fechas
Hay que recordar que en julio del año 2018 la Comisión Europea abrió un procedimiento de infracción contra España por no haber comunicado la aprobación de la regulación que permite compartir datos en procesos policiales y judiciales ( la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo). Esta debía haber sido adoptada por cada uno de los Estados miembros antes del 6 de mayo de 2018. Un año después, en julio de 2019, la Comisión Europea llevó el caso frente a la Corte de Justicia.
Con todo esto dicho, el gobierno de España, a fecha del 6 de mayo de 2020, no había adoptado ni comunicado las medidas necesarias para garantizar la transposición de esta directiva comunicataria al Derecho español.
El pasado 11 de febrero de 2021, el Gobierno presentó en el Congreso de los Diputados su 'Proyecto de Ley Orgánica de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales. (121/000046)'.
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