RSS Unión Europea

Las siguientes horas van a ser decisivas para el futuro de internet en la Unión Europea. Este martes, 24 de abril, la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo (JURI) somete a votación las enmiendas a la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los derechos de autor en el mercado único digital. El resultado determinará el rumbo de la llamada directiva de copyright y, por ende, el de la red en los países miembros.

Ha llegado el momento en el que concluyen las negociaciones sobre una proposición de reforma de los derechos de autor polémica, con dos bandos enfrentados por el sentido de su revisión y las consecuencias que tendrá.

La estrategia del mercado único digital de la Comisión Europea, que el año pasado supuso el fin del roaming, continúa con nuevas normas que afectan a la disponibilidad transfronteriza de los contenidos en línea. Una regulación que aplica completamente desde el pasado 1 de abril y permite a los usuarios de la Unión Europea acceder a su suscripción de servicios como Netflix, Spotify, HBO o Movistar+ en otros países europeos.

Esto significa que los proveedores de estos contenidos deben validar el país de origen de sus suscriptores y, a partir de ahí, permitirles acceder al contenido disponible en su país de origen desde cualquier punto de la Unión Europea como si estuviesen en su hogar. La noticia negativa es que el geobloqueo continúa. Durante dos años, como mínimo, permanecerá.

La Comisión Europea ha propuesto este miércoles la creación de un impuesto sobre ingresos procedentes de actividades digitales que aplicándose con un tipo del 3 %, el mencionado en la documentación, supondría ingresos por valor de 5.000 millones de euros anuales para los países de la Unión Europea.

Según la propuesta difundida por el organismo, se trataría de un gravamen provisional que garantizaría que las actividades que actualmente están completamente exentas de impuestos empezaran a generar ingresos para los Estados miembros de una forma inmediata. La intención, aseguran, es garantizar que las actividades empresariales digitales tributen "de manera equitativa y favorable al crecimiento". Deslizando que en la actualidad no sucede así.

"Sentimos interrumpir tu trabajo, pero los filtros de copyright automáticos son obligatorios según el artículo 13 de la UE". Ese es el mensaje de ejemplo que GitHub muestra podría terminar en su consola cuando un desarrollador intente subir código a su plataforma de aprobarse como ley la última propuesta de la Unión Europea.

La Comisión Europea está considerando una propuesta para una nueva directiva sobre derechos de autor en el mercado digital que podría requerir que las plataformas para compartir código tengan que monitorizar todo el contenido que suben los usuarios por posible violación de copyright.

Coinbase, una de las casas de cambio de criptomonedas más populares y fáciles de usar, ha recibido una licencia de moneda electrónica emitida por el regulador británico Financial Conduct Authority. En un correo electrónico enviado a sus usuarios, aseguran que esta autorización les permitirá "emitir dinero electrónico y proporcionar servicios de pago en toda Europa".

Los acuerdos con el usuario y las políticas de privacidad que rigen la plataforma incluirán está nueva situación a partir de ahora entrando en vigor el próximo 21 de marzo, dentro de una semana exactamente según el anuncio hecho hoy.

A finales del año pasado conocimos la existencia de un informe de la Unión Europea, en el que se alentaba a las compañías tecnológicas a eliminar los contenidos terroristas en un plazo de 1 a 2 horas después de su publicación.

A través de un nuevo comunicado, emitido hace unas horas, piden a plataformas como Twitter, Facebook o YouTube que retiren este tipo de contenido en el plazo de una hora desde que las autoridades hayan alertado de su existencia.

Desde que hace cerca de cuatro años el Tribunal de Justicia de la Unión Europea hiciese realidad el llamado derecho al olvido, la legitimación de los usuarios a pedir a los motores de búsqueda la eliminación de resultados que incluyen su nombre, compañías como Google deben cumplir el dictamen.

Los de Mountain View han publicado esta semana nuevas cifras de su informe de transparencia sobre este asunto en el que se revela quiénes solicitan las eliminaciones, qué clase de información pretenden que se retire del buscador y cuántas de estas peticiones han atendido. Es su resumen en forma de estudio a los primeros tres años de aplicación del derecho a ser olvidado.

Heléne Fritzon, viceministra de Justicia de Suecia, ha recibido recomendaciones sobre la forma en que su país debería castigar a los usuarios de internet que infrinjan derechos de autor o leyes de marcas registradas. La propuesta aboga por la creación de incumplimientos graves con penas de hasta seis años de prisión y la garantía de incautación de los nombres de dominio.

Desde que hace diez años se declarase una ofensiva contra The Pirate Bay en el país escandinavo, voces locales han reclamado medidas más contundentes en los casos de infracciones relacionadas con los derechos de autor. Consideran que sus penas, en comparación con las de otros países, son bajas.

Mientras en Estados Unidos el hombre que acabó con la neutralidad de la red es investigado por corrupción, en Francia, el presidente de ARCEP, el organismo que sería el equivalente a la FCC en el país norteamericano, ya está pensando en cómo expandir las normas de neutralidad más allá de los operadores y proveedores de Internet.

El ARCEP publicó un reporte sobre los dispositivos que usamos para acceder a Internet todos los días, y piensan que las grandes compañías de tecnología como Google, Amazon y Apple necesitan su propia versión de la neutralidad de la red.

El Parlamento Europeo aprobó ayer unas nuevas normas que prohíben el bloqueo geográfico injustificado en internet. Los consumidores europeos podremos comprar en línea en los países de la Unión Europea sin ser bloqueados o redirigidos a otra web por su nacionalidad, lugar de residencia o localización, con los mismos precios y el mismo trato. Aunque existe una importante pega: los contenidos protegidos por derechos de autor quedan excluidos.

Pese a que la cámara esperaba incluir esta clase de servicios entre los que se incluyen plataformas como Netflix, Spotify o YouTube y productos como los libros electrónicos o los videojuegos finalmente no ha sido así. El acuerdo suscrito en noviembre entre el Parlamento Europeo, los 28 Estados miembros y la Comisión Europea dejó fuera esta posibilidad tras presiones de la industria musical según Reuters.