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La trama civil [por Josep Jover]

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Josep Jover es el abogado que le ganó el pulso del canon digital a las entidades de gestión españolas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Un infatigable defensor de la sociedad digital abierta que además preside APEMIT (Asociación Española de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías).


Ahora también es colaborador de Nación Red.


Todo golpe de estado que se precie, tiene detrás la llamada trama civil. La tuvo el golpe de estado del 18 de julio del 36, la tuvo el 23F, la tuvo el 11S y la tuvo el 11M.

Esta trama civil, la podemos definir como el conjunto de intereses particulares y económicos que se verían beneficiados si el golpe tuviera éxito. Ellos son los encargados de propiciar la situación crítica y a veces, ni siquiera hace falta que éste tenga éxito. Se crea miedo, se toma buena nota de su poder… y se mira de no molestarle en el futuro. El objetivo de la trama… cambiar las normas actuales por otras que les favorezcan más, a costa, por supuesto, del pobre pagano.

Para conseguir una trama civil como dios manda, se necesita idénticas proporciones de políticos, funcionarios, empresarios, medios de comunicación. Todo ello se adorna con algún catedrático o líder social. Así se viste el santo.

Nada tiene que ver lo relatado con las derechas o las izquierdas. Hablamos de tocar poder, sin motivos personales.

En España, desgraciadamente los golpes de estado siempre han sido involutivos en derechos y libertades. Nuestros abuelos los sufrieron en el 36, nuestros padres el 23F y nosotros en el 11M. Nuestros golpistas y para-golpistas nacionales coinciden en una mentalidad más cercana a la de Torrente que a otra cosa. Le añaden al combinado anterior, la religión, la milicia y la xenofobia contra el que no es “castellano viejo”. Sólo hemos de ver y escuchar algunos medios de comunicación para ver que eso funciona de esta manera.

Curiosamente también, a la trama civil, nunca se la investiga. Tanto si tiene mas o menos éxito como si el golpe fracasa… se corre un tupido velo sobre ella. Nuestra pobre sociedad, aún con tics bananeros, ha sufrido tantos vaivenes que piensa que las “asonadas” sólo pueden ser militares, el archifamoso “ruido de sables”. Pero eso no es cierto; esos golpes, los militares, son la excepción.

Ahora, vivimos tiempos de “microgolpes” donde son los lobbys económicos los que están en perpetuo ensayo de jaque al Estado. La última crisis, que estamos pagando todos y que aún no se ha procesado a nadie por ella, es un buen ejemplo de ese jaque a los poderes públicos.

En el tema de los derechos de autor, no es diferente la situación a la de los otros frentes. Para entender la actual situación, cuyo reflejo podría ser, sin ir más lejos, los modos y actuaciones de nuestra Ministra de Cultura, debemos analizar, confrontados a los ciudadanos, qué lobbys están trabajando para que la situación no sólo se perpetúe, sino que aparezcan nuevos diezmos que paguemos los de siempre.

Las entidades de Gestión de Derechos de Autor son las primeras que a la gente le vienen a la cabeza. Ellas han sido el para-rayos donde se han cebado las últimas tormentas. Ellas son, sin embargo, en esta guerra, las más inocentes. Se conforman con las migajas que caen de la mesa. A cambio de ello, sus socios más notables ponen la cara. Después vienen los profesionales de los diversos sectores, que tratan de salvar, como sea la cuenta de beneficios.

Mucho menos inocentes son los grupos de medios de comunicación. Periódicos, revistas y radios y televisiones, que se han llegado a apropiar de la propiedad intelectual de sus periodistas y que están viendo que pierden, cada día que pasa, poder, influencia y lectores. Nuestros políticos cada vez miran más a twitter y menos las editoriales. Y cada vez se cuestionan más las cuantiosas ayudas públicas que dichos medios reciben para comprar una influencia pasada.

Las editoriales les siguen en fariseísmo a las cadenas de televisión. Éstos son los que han prosperado de forzar a los padres a comprar, cada año, libros nuevos a sus hijos; son los que cobran por anticipado a los autores las ediciones, liquidando verdaderas miserias a los mismos. Son los que han vivido de forzar a que no hubiera otro “conocimiento” que el que ellos gremialmente fabrican. Son los que han obligado a que cada vez que una biblioteca presta un libro, se les pague canon por ello.

A su vera, encontraríamos a una industria musical, tan acomodada que, para evitar el riesgo clásico de cualquier negocio como es la inversión, es capaz de forzar acuerdos internacionales para ampliar los derechos de explotación de las canciones de 50 a 70 años, sólo porque los temas de los Beatles empezarían a entrar en dominio público. O una industria cinematográfica y videográfica que frente a las resoluciones de los jueces españoles… recurre a un fiscal de Nueva York para cerrar páginas web que no interesan que sigan.

Esta trama no estaría servida sin ciertas universidades públicas que han sacado pingues beneficios dando cobertura “honorable” a los intereses del “lobby de la industria cultural”, por definirla de alguna forma. No han tenido vergüenza de usar incluso sellos y marcas de la propia universidad, para servir a los intereses que les pagaban. Ellas han dirigido millonarias investigaciones, financiadas con dinero público, sin más resultado que apoyar unos intereses privados. Ellas han firmado y avalado “estudios a la carta” o peritajes para apoyar los intereses del lobby de turno.

Y finalmente, la pléyade de funcionarios públicos que han sido agraciados por las “atenciones” del lobby cultural. Desde formar a jueces díscolos a los que se les han organizado congresos, a convenios de formación impartida, por supuesto, por personas pertenecientes al lobby o conferencias suculentamente bien pagadas en exóticos lugares, o, finalmente a conveniar las propias estructuras ministeriales en renombrados restaurantes de lujo. Ideológicamente, por lo que se ve, no hemos cambiado mucho desde los tiempos del estraperlo.

Sólo así se entiende que con varias sentencias de altos tribunales en contra… continúen diciendo nuestros cargos políticos y altos funcionarios que hay que continuar pagando “canon digital”. Que éstos mismos, miren para otro lado cuando una potencia extranjera ataca, pistola al cinto, intereses españoles o cuando se fuerza aprobar una ley porque al día siguiente nuestra Ministra de Exteriores debe presentarla a la Secretaria de Estado de una potencia extranjera.

Sólo así se explica que nuestra Ministra de Cultura diga que cuando va al parlamento “hace teatro”.

Foto | Arguez

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