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Las propuestas electorales sobre Sociedad de la Información y Regeneración Democrática de UPyD

Las propuestas electorales sobre Sociedad de la Información y Regeneración Democrática de UPyD
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Comenzamos hoy la publicación de todas las propuestas programáticas sobre “Sociedad de la Información” y Regeneración Democrática de los partidos políticos que se opusieron a la Ley Sinde. Entendemos que su lectura puede ser de interés para aquellos ciudadanos digitales que quieren una red libre y una democracia real. Entendiendo siempre que la credibilidad de las propuestas electorales depende de la valoración que haga cada ciudadano sobre el trabajo realizado por cada formación a lo largo de la legislatura o de otras consideraciones.

Os dejamos, hoy, con las propuestas de UPyD sobre “Sociedad de la Información” y Regeneración Democrática.

Nuevas Tecnologías, Propiedad Intelectual, Cultura, Comunicación y Economía Digital

- Despliegue de redes de telecomunicación con inversión privada y pública, nacional y comunitaria, para el acceso a Internet de muy alta velocidad, tanto fijo como móvil, a fin de que el 20% de los puntos de conexión disponga en el año 2015 de una velocidad de 100Mbps.

- Acceso universal a Internet con cobertura en el 100% del territorio nacional y una velocidad mínima de 10 Mbps antes de 2013, alcanzado 30 Mbps antes de 2020. Con las soluciones tecnológicas más eficientes en función de su coste, y con las políticas oportunas para reducir las tarifas de conexión y los precios de los servicios hasta equipararlos al entorno europeo.

- Las Administraciones Públicas contribuirán al despliegue y sostenibilidad de las redes de alta o muy alta velocidad en las zonas menos rentables para la inversión privada, recurriendo a medios libres de cargas tributarias como: a) compensación al sector de las Telecomunicaciones de retornos obtenidos en las subastas del espectro radioeléctrico (“dividendo digital”), y b) eliminación de la obligación impuesta a las operadoras de telecomunicaciones para la financiación de RTVE, haciéndoles partícipes del coste del despliegue de nuevas redes de manera proporcional y equilibrada.

- Obligatoriedad de la preinstalación de infraestructura de telecomunicación en todas las obras de trazado o mejora viaria interurbana.

- Impulso a la Administración Electrónica favoreciendo la interconexión entre los sistemas de las Administraciones Públicas. Concentración de infraestructuras y recursos para reducir su solapamiento, simplificar los procedimientos y optimizar las plataformas de servicios.

– Despolitizar la designación de los Consejeros del organismo regulador de las Telecomunicaciones (CMT), desarrollando otro que anteponga la profesionalidad, el prestigio y la capacidad de innovación en el sector, a propuesta y con la evaluación de las Reales Academias, los Centros Universitarios de mayor prestigio y los Colegios Profesionales.

- Plan Nacional de dinamización del mundo digital en la sociedad, que incluya a) promoción del comercio electrónico entre los empresarios y los consumidores. b) promoción de las TIC en la enseñanza. c) relaciones con la Administración. d) fomento del teletrabajo.

- Control continuo de la calidad del servicio de telecomunicaciones proporcionado por los operadores mediante: a) evaluación del cumplimiento de los parámetros del servicio; b) publicación de los resultados de manera transparente y accesible a todos los usuarios a través de un enlace oficial en Internet; c) reglamentación para corregir las desviaciones en los indicadores básicos de la calidad; d) habilitación de un punto de acceso ciudadano para informar y recoger peticiones relativas a la calidad de los servicios.

- Garantizar una información transparente, exacta, inteligible, objetiva y completa de los servicios ofertados por las empresas de Telecomunicaciones.

- Promover el voto electrónico en todas las convocatorias electorales una vez garantizada la seguridad y fiabilidad de los procesos de recogida y tratamiento de los datos así como la garantía del ejercicio libre, directo y secreto del sufragio.

- Promover el uso prioritario de software libre en las Administraciones Públicas, especialmente en todos aquellos procesos donde el uso de sistemas bajo copyright suponga un coste al ciudadano en sus tratos con la Administración y el ejercicio de derechos fundamentales.

– Reforzar legalmente la protección del ciudadano y de sus datos privados contra los abusos de las compañías en las políticas agresivas de captación telemática de clientes.

Cultura y Propiedad Intelectual

- Nueva Ley de Propiedad Intelectual adaptada a la era digital que defienda la cultura y su difusión como bien social, y que devuelva el control de sus derechos tanto a los creadores como a los usuarios, dejando de criminalizar el aprovechamiento de nuevas tecnologías y volviendo a priorizar los derechos fundamentales.

- Dominio Público: legitimarlo como espacio para la creación amateur o como opción gratuita de promoción a la creación profesional, priorizando el registro de obras descatalogadas. Potenciará el acceso a los fondos digitales del procomún (como los de RTVE), con empleo prioritario de licencias copyleft y software libre en la eAdmon.

- Derogación de la llamada “Ley Sinde” y de los monopolios de las Sociedades de Gestión Colectiva de derechos de autor. Incentivar y flexibilizar el mercado de patentes y licencias, evitando la concentración industrial excesiva de los derechos en manos de oligopolios y grandes corporaciones.

– Se abrirán nuevas opciones a la gestión del derecho privado de copia (copyright). La compensación por copia privada se hará mediante fiscalidad especial y no mediante canon o cualquier otra tasa gestionada por particulares.

– Creación de dos plataformas de creación: a) – Plataforma de pago para la creación profesional de aquellas obras bajo licencias copyright o copyleft sobre las que se paga por uso, tarifa plana o cualquier otro acuerdo entre agentes; b) – Plataforma de contenidos gratuitos para licencias copyleft para las obras cuyos derechos de autor se hayan extinguido y pasado al procomún, y para obras de autores que deseen incluirlas en el dominio público por cualquier razón.

– Reorganizar las sociedades de gestión de derechos en: a) – Sociedades de gestión colectiva sin ánimo de lucro, financiadas por cuotas de sus socios; b) – Sociedades de gestión colectiva o individual con ánimo de lucro, proveedoras de servicios de gestión, auditoría y promoción; c) – Red de entes dependientes del Ministerio de Cultura, con funciones de gestión y conservación y divulgación de los fondos de Dominio Público, preferentemente digitalizados.

– Eliminar la duplicidad de las subvenciones y ayudas a las industrias culturales ahora concedidas por diversos ministerios para el mismo fin, evitando las duplicidades de procedimientos y el difícil control de la gestión y las cuentas. Tramitar y obtener la financiación necesaria a través del Instituto de Crédito Oficial ICO, creando una línea específica.

- El IVA de los libros electrónicos tendrá el mismo tipo superreducido (4%) que se aplica a los libros en soporte físico, bajo el criterio de neutralidad en la competencia.

Medios de comunicación

– La Ley General Comunicación Audiovisual debe garantizar la viabilidad de RTVE y la racionalización de los medios públicos de comunicación autonómicos y locales, valorando el servicio público que prestan o deben prestar y permitiendo su privatización o cierre por razones económicas de modo acorde con políticas de transparencia, y garantizando la libertad de concurrencia en el mercado audiovisual, impidiendo la concentración de medios en oligopolios de facto.

– Desarrollo de un Consejo Nacional de Medios Audiovisuales (CENA) que supervise el cumplimiento de la Ley General de Comunicación Audiovisual y prevenga las restricciones ilícitas a la competencia garantizando una competencia leal, y vele por el cumplimiento de códigos de buenas prácticas y autorregulación que fomenten los contenidos audiovisuales de calidad.

- Profesionalización de los Consejos de Administración de los medios públicos audiovisuales, impidiendo la presencia de representantes de partidos políticos y sindicatos para garantizar la independencia de la información y la profesionalización de la gestión.

– Fomento de la producción propia de RTVE, y garantía de que los eventos de gran demanda social, como acontecimientos deportivos y similares, no se emitan en exclusiva en medios de pago, en especial aquellos que cuentan con subvenciones o apoyo institucional público.

– Impulso de la producción y difusión de programas televisivos europeos.

– Protección de los consumidores de la publicidad engañosa, el patrocinio encubierto y regulación de la televenta para erradicar prácticas comerciales desleales.

- Establecer un modelo de inversión con retorno para la administración en las producciones audiovisuales y cinematografía, erradicando las prácticas viciadas y corruptas que han convertido la obtención de ayudas públicas en el verdadero objetivo de algunas producciones, con la eliminación de las subvenciones a fondo perdido.

- Digitalización y puesta a disposición de los ciudadanos de todo el fondo bibliográfico (archivos y bibliotecas), fonográfico y audiovisual del Estado a través de Internet y en modalidad de pago por consumo, streamming, o a través de las redes P2

- Defensa de la Neutralidad de la Red, garantizando el derecho de los usuarios de Internet a intercambiar, recibir u ofrecer cualquier flujo de información lícito a través de Internet sin que pueda ser discriminado arbitrariamente por los prestadores de acceso, servicios y contenidos de Internet, reconociendo la legalidad del uso particular de aplicaciones P2P para el intercambio de archivos. Se garantizará que instituciones e industria informen con transparencia sobre los derechos de los usuarios y las características de los servicios.

- Garantía efectiva de la protección de los datos personales en Internet

Ley Electoral, Transparencia y lucha contra la Corrupción

- La actual Ley Orgánica del Régi­men Electoral General (LOREG) antepone la representación provincial a la igualdad del valor del voto. Es un sistema que favorece exageradamente la representación de los partidos mayoritarios y de los regionales concentrados en algunas provincias, perjudicando así la igualdad de oportunidades indispensable para que todos los ciudadanos puedan ser no sólo electores, sino elegibles. La regeneración democrática de la política española exige reformar en profundidad la LOREG para recuperar la igualdad del voto y una representación territorial más equilibrada.

- Modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

- Aumento del número de diputados de 350 a 400 y sustitución de la fórmula electoral D´Hondt por otra fórmula electoral más proporcional, como la fórmula Hare.

- La circunscripción electoral será la provincia, más Ceuta y Melilla, para 198 Diputados; se elegirá un mínimo de un diputado por cada circunscripción, y los demás, hasta 146, se distribuirán en proporción a la población oficial de cada circunscripción.

- Los 200 Diputados restantes se elegirán en una circunscripción única de carácter nacional.

– Hasta que el desarrollo de las herramientas informáticas permita la introducción sencilla de las listas abiertas, el procedimiento de elección de los Diputados seguirá el principio de “listas desbloqueadas”, de modo que el elector tenga la posibilidad de alterar el orden de los candidatos en la lista.

– Reforma posterior del art. 68 de la Constitución para suprimir la provincia como circunscripción electoral, sustituyéndola por la Comunidad Autónoma.

– Eliminación de cualquier obstáculo artificioso al pluralismo político, como la obligación de recoger el 0’1% del censo electoral de las circunscripciones a las que quieran presentarse partidos extraparlamentarios.

Reforma del Senado

- Reforma del Senado para que sea una verdadera cámara de representación territorial y en ella las diversas comunidades y ciudades autónomas puedan defender sus intereses, dejando al Congreso los generales de ámbito nacional. Tendrá una composición mixta: un número fijo de senadores por comunidad, elegidos por los Parlamentos autonómicos, y otra parte de senadores de elección directa, proporcional a la población de las Comunidades Autónomas.

Reformas del Poder Judicial, Tribunal Constitucional y Fiscalía

- Consejo General del Poder Judicial: elección de sus 20 miembros:

- doce jueces y magistrados son elegidos de forma directa en listas abiertas, con voto secreto y personal de los miembros del Poder Judicial.

- cuatro por los propios jueces y magistrados, tres por los secretarios judiciales, tres por los fiscales y dos por los abogados.

- los ocho restantes se eligen: cuatro por el Congreso y cuatro por el Senado. Ninguno podrá ser ex miembro de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, ni haber estado afiliado a un partido político en la legislatura anterior o haber formado parte de sus listas electorales.

- El Tribunal Constitucional pasará de 12 a 15 magistrados para evitar los empates. Para mejorar su despolitización, los 3 nuevos magistrados los elegiría el Consejo General del Poder Judicial entre juristas que no hayan estado afiliados a ningún partido político en la legislatura anterior y con 20 años de experiencia profesional. Se estudiará que los dos magistrados elegidos por el Gobierno sean elegidos por los fiscales en ejercicio mediante votación directa y secreta.

- Para reforzar la independencia y despolitización del cargo, el Fiscal General del Estado será elegido por una mayoría de 3/5 del Parlamento de entre una terna votada, por sufragio secreto y directo, por los fiscales en ejercicio.

Mejora de la participación ciudadana en las decisiones políticas.

- Reforma del artículo 92 de la Constitución que regula el referéndum consultivo al objeto de que las decisiones de especial relevancia se sometan a referéndum popular también a petición de los ciudadanos. Se necesitará presentar al menos 500.000 firmas acreditadas

- Reforma de la normativa constitucional que regula la iniciativa legislativa popular (art. 87-3) para que pueda ejercitarse en materias propias de Ley Orgánica y de modificación constitucional (art. 166). Se exigirá la presentación de al menos 500.000 firmas acreditadas.

Derecho a la información

- Ley de Principios y Medidas contra la Corrupción y por la Transparencia en la Gestión Pública que prevenga la corrupción en las administraciones públicas y en cualquier persona física o jurídica que tengan cualquier relación de interés privado con éstas, e impulse prácticas de transparencia y acceso a la información en todas ellas para mejorar la calidad de las instituciones y favorecer la participación y el control de los ciudadanos sobre la vida política y las actuaciones de las administraciones públicas.

– Desarrollar el derecho fundamental de acceso a la información, siguiendo el Convenio para el Acceso a los Documentos Oficiales del Consejo de Europa, de cualquier persona para solicitar y obtener, de forma sencilla, rápida y gratuita, toda la información en poder de entidades públicas, y también de las privadas que se beneficien de ayudas o fondos públicos o presten servicios públicos, sin más límites que otros derechos fundamentales e intereses legítimos que puedan prevalecer claramente sobre el derecho fundamental a la información.

– Publicidad obligatoria de los presupuestos, la ejecución presupuestaria, los salarios de los funcionarios y de los gestores públicos, los gastos corrientes, los proyectos y su seguimiento, las subvenciones, la contabilidad de las empresas públicas y demás aspectos relacionados con la gestión de los recursos públicos de las administraciones públicas de forma fácil de entender y tratar y con alta periodicidad a través de internet. También serán públicas las cuentas de los partidos políticos, sindicatos, patronales y asociaciones profesionales o de interés público que reciban ayuda pública.

– Creación de una plataforma de “datos abiertos” (open data) que ponga a disposición de ciudadanos y empresas toda la información en poder de la administración que no esté clasificada, mediante una plataforma sencilla y funcional.

- Los imputados por delitos contra las Administraciones Públicas no podrán ser candidatos en procesos electorales. Se aprobará la suspensión cautelar de empleo o cargo público de la persona contra la que existan en la causa motivos bastantes para creer responsable criminalmente del delito. También podrán ser suspendidos provisionalmente por decisión judicial los cargos públicos ya electos.

– Medidas penales contra administradores, directivos o empleados de una empresa mercantil o de una sociedad, asociación, fundación u organización privada con participación pública, o que desempeñe funciones públicas, implicados en actos de corrupción.

- Todos los responsables de órganos, entes y empresas públicas deberán rendir cuentas con carácter anual, públicamente y ante la correspondiente comisión del Parlamento, sobre los principales gastos incurridos, contratos que han superado su coste sobre el inicialmente previsto, deudas y facturas pendientes, etc.

– Nueva Ley de exigencia de responsabilidad civil, y penal para los casos más graves, de aquellos responsables públicos que, tras la finalización de su mandato, se constate hayan ocultado deudas o impagos del órgano o administración de la que fueran responsables.

- Modificación del Código Penal para eliminar la expresa exclusión de los partidos políticos y sindicatos del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas, a fin de que tanto partidos políticos como sindicatos puedan ser penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre y por cuenta de los mismos o en su provecho por sus miembros y cargos.

- Medidas contra la corrupción en la contratación administrativa, limitando la posibilidad de adjudicar contratos directamente a favor de un contratista, la cuantía de los contratos menores y la posibilidad de subdividir contratos, exigiendo la publicidad de la contratación administrativa. Prohibición de contratar al personal de alta dirección, asesores, representantes legales, apoderados o mandatarios de empresas que tengan conflictos de intereses con las administraciones públicas. Modificación de la ley de contratos del sector público para garantizar la libre concurrencia.

- Reforzamiento de las Incompatibilidades modificando las leyes que las regulan para hacerlas más estrictas, previniendo la posibilidad de que el cargo público pueda dar preferencia a sus intereses privados sobre los públicos que representa, e impidiendo beneficiarse de más de una retribución pública total o parcial, con limitación de los mandatos a un máximo de dos legislaturas.

- Incompatibilidad del cargo de alcalde y concejal con la condición de diputado, senador o parlamentario autonómico y parlamentario europeo. Establecer en cualquier caso la incompatibilidad de percibir más de un sueldo por ocupar puestos de carácter político.

- Despolitización del Tribunal de Cuentas, eligiendo sus miembros sin injerencias partidistas. Sus Consejeros serán designados como los miembros de los órganos jurisdiccionales y no por las Cortes Generales. No podrán haber ejercido ningún cargo electo o haber sido miembros de los gobiernos del Estado, Comunidad Autónoma o Local o altos cargos de cualquiera de ellos en los quince años anteriores a su nombramiento.

– Control en exclusiva por el Tribunal de Cuentas de la financiación de los partidos políticos, sindicatos y patronales, que deberán presentar estados financieros consolidados de toda su organización territorial e institucional, incluyendo fundaciones y sociedades participadas. Esta información deberá publicarse íntegramente en la página del partido en Internet para que sea fácilmente accesible para cualquier persona.

– Prohibición de campañas de publicidad institucional de promoción de las Administraciones, y cualquiera que trate de vincularlas al partido o partidos gobernantes y a sus cargos electos, representantes o candidatos. Obligación de realizar un informe anual de todos los anuncios y campañas institucionales realizadas en el año anterior, señalándose su finalidad, importe y adjudicatarios de los contratos celebrados.

Foto | Marea Magenta
Más Información | Programa Electoral UPyD Elecciones Generales 2011 (pdf)

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