Los funcionarios no saben quién les pagará la luz por teletrabajar: las críticas al nuevo plan del Gobierno

Los funcionarios no saben quién les pagará la luz por teletrabajar: las críticas al nuevo plan del Gobierno
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Si echamos la vista atrás, tras la pandemia por el COVID-19, muchas empresas empezaron a usar el teletrabajo, viendo todo el potencial que tiene este método de trabajo. Ahora, el gobierno, a través de un Consejo de Ministros, aprobó su 'Plan de medidas de ahorro y eficiencia energética de la Administración General del Estado' en el que se daba protagonismo al teletrabajo. Pero esto no comenzó a coger forma hasta esta semana, donde se empezó a aplicar con varios días de teletrabajo.

Pero el problema, como ya se esperaba, es que a los funcionarios no están aceptando muy bien este sistema debido a los gastos personales en los que van a tener que incurrir. El resultado ha sido un ataque contra el teletrabajo, pese a que según la administración se escuda en el ahorro energético y en la reducción del consumo de recursos.

A los funcionarios no les interesa el modo de teletrabajar planteado

El principal problema que informan los propios funcionarios es que este plan hace aguas desde el primer día. Esto quiere decir que los propios ministerios no han dado publicidad a este plan y es por ello que todo el mundo se encuentra con un gran desconocimiento al respecto de cómo se va a terminar aplicando el propio teletrabajo.

teletrabajo

Tras cuatro meses de la aprobación de este plan de ahorro energético, casi ningún departamento ha querido darle protagonismo, salvo el ministerio de Agricultura. Pero la gran incógnita que se plantea, y que no se resuelve, es quién debe acarrear con los gastos energéticos en el hogar del trabajador. Es obvio que el gasto de luz que se hace en la oficina para conectar el ordenador o el aire acondicionado. Esta sin duda es la gran protesta de los funcionarios.

Pese a que actualmente la ley que regula el teletrabajo especifica que todos los materiales para realizar el trabajo a distancia debe ser proporcionado por la empresa o en este caso la administración, se queda muy en el aire. No entra de lleno en quién debe acarrear en estos recursos energéticos y el aumento en la factura de la luz.

Igualmente, al personal público le puede llegar a molestar seriamente que este plan busca ahorrar dinero en las facturas de recursos de los edificios públicos, para cargarlas ellos. Lo que se podía llegar a esperar es que se modernizara la administración, pero no ha sido así.

También hay que tener en cuenta que en lo que respecta a la climatización de las habitaciones donde se realice la actividad laboral, en meses neutros como primavera la temperatura no obliga a tener un sistema de climatización. Pero eso cambia, por ejemplo, en invierno, donde los funcionarios (y cualquier teletrabajador) deberá tener calefacción o estufas y con el precio actual de la luz o el gas sin duda es algo que da miedo. No se sabe si van a tener que trabajar con una manta para poder evitar esto si los ministerios no responden a tiempo.

Ahora el funcionariado espera que el propio gobierno publique una orden en la que se puedan aclarar exactamente como se va a terminar desarrollando esta práctica, y sobre todo la facturación de sus recursos. Si no seguramente veremos como los sindicatos deberán aclarar todos estos asuntos en tribunales, como ocurre siempre en estas leyes que requirieren de aclaraciones por parte del poder judicial y que marca jurisprudencia.

Vía | Libre Mercado

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