El SEPE o Servicio Público de empleo acaba de presentar un informe en el que afirma que el empleo autónomo desempeña un papel fundamental en la economía y mercado laboral español, generando empleo y tejido empresarial. Este llega unas semanas más tarde de las protestas de los trabajadores del sector que llenaron las calles de las ciudades y las redes sociales de sus quejas y frustraciones. 

El empleo por cuenta propia se consolida como una pieza esencial en la economía española, representando el 14,58 % del total del empleo, por encima de la media europea (13,6 %). Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid concentran más de la mitad de los autónomos.

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De acuerdo con el SEPE, "los autónomos no solo se autoemplean, sino que muchos también generan puestos de trabajo para otras personas; y se estima que contribuyen con una sexta parte al PIB y la riqueza nacional". Y el organismo también reconoce que los trabajadores autónomos se enfrentan a una serie de retos y desafíos significativos de cara al futuro. 

La gente joven pasa 

El Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal muestra datos relevantes en el informe El Empleo autónomo en España como que es un sector donde crece la presencia femenina (un tercio del total), extranjera y con discapacidad en el colectivo. 

En el mes de mayo, la Asociación de Trabajadores Autónomos hizo pública esta cifra: el 96,5% de los nuevos autónomos desde 2021 son personas extranjeras. De esta manera, de los 108.155 nuevos autónomos totales desde 2021, 104.338 han sido emprendedores extranjeros.

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Además, hay un reto: atraer jóvenes para garantizar la sostenibilidad del modelo laboral. Dos de cada tres autónomos superan los 45 años, mientras que solo el 2,3% son menores de 25. Y no es se extrañar que eso suceda si leemos esta otra información: "Predomina el autoempleo sin asalariados, aunque aumenta la combinación de trabajo autónomo y por cuenta ajena para lograr estabilidad". 

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Y no es para menos.  Por un lado, el propio informe afirma que la sostenibilidad del sector, requiere políticas que simplifiquen trámites, faciliten financiación y refuercen la protección social, además de atraer jóvenes emprendedores. Ya hemos visto cómo muchos autónomos están hartos de la diferencia de derechos laborales que existen entre ellos y las personas contratadas por cuenta ajena: la falta de bajas laborales es una lacra. 

Muchos otros estudios muestran que la Generación Z en España prefiere ser funcionaria que trabajar en una empresa y tienen razón, porque en lo público se gana mucho más y hay una estabilidad a largo plazo. 

Tener más de un trabajo, uno por cuenta propia

Este mismo verano vimos que el número de autónomos en España que están en pluriactividad se sitúa en 269.146 personas, 85.937 personas más que en 2020. Según datos que ha compartido ATA, desde 2020, el número de autónomos que están en pluriactividad ha aumentado un 46,9%.

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Es decir, que los trabajadores han encontrado en el trabajo por cuenta propia una alternativa para generar más ingresos que lo que obtienen con sus trabajos contratados en empresas.

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La constante aparición de nuevas tecnologías no deja de generar situaciones legales inéditas. Tanto como para provocar que la Guardia Civil precinte un local dentro de un cuartel del Ejército de Tierra y que un oficial en activo sea sancionado por permitir el uso indebido de instalaciones militares. ¿De qué clase de uso hablamos? Pues, concretamente, de la minería de criptomonedas.

Eso es exactamente lo que ha ocurrido en Zaragoza, en un caso que ha terminado con una resolución firme del Tribunal Militar Central, que avala la sanción disciplinaria impuesta a un capitán.

La sentencia, dictada tras analizar un recurso contencioso-disciplinario militar, confirma una pérdida de ocho días de sueldo al oficial por una falta grave, al considerar probado que permitió el uso de recursos públicos con fines particulares, al margen de que no se haya acreditado un beneficio económico directo para él.

Una alerta interna

Los hechos se remontan a un aviso interno recibido en un acuartelamiento de Zaragoza. Según el expediente disciplinario, se alertó de la existencia de una instalación informática conectada a la red eléctrica del cuartel, ubicada en un almacén de la Unidad de Servicio de Acuartelamiento (USAC) y destinada a usos ajenos al servicio.

El capitán implicado, que tenía responsabilidades en el área de comunicaciones, decidió poner los hechos en conocimiento de la autoridad judicial, ante la sospecha de un posible delito de defraudación de fluido eléctrico.

La investigación no fue asumida por la jurisdicción militar, sino por el Juzgado de Instrucción nº 11 de Zaragoza, que abrió diligencias previas. Fue en el marco de estas actuaciones cuando los agentes de la Guardia Civil se desplazaron al cuartel, accedieron al local señalado y procedieron a su precinto.

Todo por la... cadena de bloques

La denuncia señalaba directamente a un sargento primero, destinado en el centro de comunicaciones del acuartelamiento, como responsable de utilizar el local para minar criptomonedas, una actividad que requiere equipos informáticos funcionando de forma continua y un consumo eléctrico elevado.

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La minería digital, esencial para validar transacciones en redes basadas en blockchain, supone un alto coste energético. De ahí el interés en hacer que pagara el Estado en lugar de asumir el gasto por sí mismo.

Pero el suboficial no actuaba solo. La investigación interna concluyó que el jefe de la unidad CISPOC, un capitán, había autorizado la instalación del material, facilitado el acceso al local y permitido su conexión a la red eléctrica del cuartel.

Autorización, acceso y control eléctrico

El expediente disciplinario es claro: este capitán permitió al sargento instalar material informático particular como un favor personal, motivado por una relación de amistad. El acceso al local se realizaba dentro del horario laboral y el material llevaba meses almacenado allí.

Más allá de la autorización inicial, el tribunal considera especialmente relevante que el capitán controlara el suministro eléctrico, siendo quien manipulaba el diferencial de la luz cuando se producían cortes, lo que evidencia un conocimiento directo y continuado de la instalación.

La inspección policial confirmó una manipulación deliberada de la red eléctrica: derivaciones desde el cuadro general, un diferencial independiente para evitar saltos de seguridad y un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) que protegía los equipos.

Además, se hallaron cajas de madera aisladas y ventiladas para alojar el material informático, así como una tarjeta SIM asociada a un teléfono oficial de la USAC, lo que reforzaba la tesis de un uso irregular de medios públicos.

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El recurso y la respuesta del tribunal

Sancionado por una falta grave tipificada en el artículo 7.37 de la Ley Orgánica 8/2014, el capitán recurrió la decisión alegando defectos formales, vulneración de la presunción de inocencia y uso de pruebas ilícitas.

El Tribunal Militar Central rechazó uno a uno estos argumentos. Consideró que la resolución sancionadora estaba debidamente motivada, que las pruebas eran legítimas y que existían declaraciones testificales suficientes, además del reconocimiento parcial del propio expedientado, quien alegó que se trataba de 'prácticas académicas' relacionadas con tecnologías blockchain.

Una clave jurídica: no hace falta lucro

El aspecto más relevante del fallo es la interpretación del tipo disciplinario. El tribunal subraya que no es necesario acreditar ánimo de lucro ni perjuicio económico para que exista la falta: basta con el uso particular de medios o recursos oficiales.

En palabras de la sentencia, exigir beneficio económico situaría los hechos en un plano distinto, incluso penal. En este caso, el mero consentimiento para usar instalaciones militares con fines privados es suficiente para justificar la sanción.

Vía | El Confidencial Digital

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De nuevo los datos de desempleo en España publicados recientemente por Eurostat vuelven a demostrar cifras alarmantes para la situación de la juventud en España: el país sigue liderando el desempleo y con unas cifras muy altas. Uno de cada cuatro personas menores de 25 años no tiene trabajo. 

El mercado laboral español cerró el mes de octubre de 2025 con un paro del 10,5% (2,6 millones de personas sin empleo), una cifra que duplica la media de la eurozona. En el caso de los menores de 25 años, España también lidera el ranking comunitario con una tasa del 25,3%, diez puntos por encima del promedio europeo.

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Un dato curioso es que, al lado opuesto de la lista se ubica Chequia con una tasa general del 3,2% y un paro juvenil del 10,6%. Y es importante entender por qué puesto que su modelo puede copiarse: las buenas cifras responden a un modelo educativo y de inserción laboral, como recoge Huffingtonpost.

Estudiar y formarse 

Un asunto clave es que en el país centro europeo es esencial la  llamada Formación Profesional (FP) Dual. El 73% de los estudiantes de postsecundaria están matriculados en programas que combinan la teoría con prácticas en empresas. 

En España solo el 34% de las personas están en esa situación. Aunque las cosas han mejorado en este punto: hace unos meses vimos en un informe europeo de nombre Panorama de la Educación de la OCDE, que de cada 100 estudiantes que inician estudios superiores en España, 40 ya eligen un ciclo de FP superior. Hace solo seis años, este porcentaje era del 30%, diez puntos menos. 

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Otro asunto de importancia es que muchas profesiones necesitan mano de obra y no hay profesionales para ello. Más de la mitad de los jóvenes tienen estudios pero muchos son en carreras de humanidades y faltan más profesionales en ingeniería lo que lleva a un desajuste entre las necesidades del mercado y los perfiles profesionales del país. 

Ya hemos analizado ampliamente el problema de sobrecualificación que sufre la generación Z. 

Imagen | Foto de Joao Viegas en Unsplash

En Genbeta | Tener dos empleos a jornada completa aprovechando el teletrabajo para ganar más dinero parece buena idea. Pero no lo es tanto

En los primeros años de la década de los noventa, cuando los ordenadores personales todavía eran territorio casi exclusivo de universidades y centros de investigación, un pequeño virus informático puso en jaque los laboratorios de la entonces joven Politécnica de Málaga.

Apenas 2.610 bytes de código, escritos en lenguaje ensamblador, bastaron para colarse en los PCs de la facultad y sembrar el desconcierto entre estudiantes y profesores.

Lo que nadie podía imaginar entonces es que aquel incidente, aparentemente menor, acabaría influyendo en la trayectoria profesional de uno de esos estudiantes hasta llevarlo, décadas después, a trabajar para Google y a fundar uno de los proyectos más influyentes del mundo en la lucha contra el malware: VirusTotal.

Ni tampoco que, 33 años después, ese mismo estudiante lograría resolver el misterio de quién fue el autor del virus 'Málaga'.

Un reto universitario que lo cambió todo

La historia comienza en los laboratorios de la Universidad de Málaga, cuando un joven alumno de primer curso llamado Bernardo Quintero se enfrenta a un desafío inesperado: el virus se propagaba a través del sector de arranque de los disquetes y dejaba inutilizados los equipos.

Su profesor, lejos de limitarse a buscar una solución rápida, le propuso un trato: si conseguía analizar el virus y desarrollar una herramienta capaz de detectarlo y eliminarlo, le subiría la nota en su asignatura.

Aceptó el reto sin saber que aquel ejercicio académico sería una de las primeras piedras de una carrera dedicada por completo a la ciberseguridad. Con apenas 18 años, se centró en lo esencial: entender cómo se propagaba el virus para poder neutralizarlo. El efecto del malware —su propósito oculto— pasó entonces desapercibido.

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Tres décadas después, una pregunta sin responder

El tiempo pasó. Aquella experiencia universitaria se transformó en vocación, la vocación en profesión y la profesión en proyectos de alcance global. Pero la historia del virus de Málaga quedó incompleta. ¿Quién lo había escrito? ¿Por qué?

Ya entrado el siglo XXI, y con una trayectoria consolidada, Quintero decidió volver sobre sus propios pasos. Aprovechando unas vacaciones, lanzó públicamente un llamamiento a antiguos alumnos y profesores que hubieran estado en la Politécnica de Málaga a principios de los noventa. Buscaba cerrar el círculo: agradecer al autor del virus el reto involuntario que había marcado su vida y, de paso, poner nombre y apellidos a una pequeña leyenda local de la informática.

La respuesta fue masiva. Y mientras no dejaban de llegarle comentarios y teorías, nuestro protagonista volvió a sumergirse en el código original.

El mensaje que estaba ahí desde el principio

El nuevo análisis reveló algo que había pasado completamente inadvertido al Quintero de 18 años: el virus escondía cadenas de texto que parecían simples caracteres sin sentido. Sin embargo, cuando se cumplían ciertas condiciones —año 1992 o posterior y día 1 del mes—, una rutina restaba un valor fijo a esos bytes y los mostraba por pantalla.

El resultado era claro: un mensaje explícito contra la banda terrorista ETA.

Ese era el verdadero payload del virus. No destruía datos ni buscaba causar daños graves; transmitía un mensaje político y servía, sobre todo, como experimento técnico. Y ese hallazgo se convirtió en una prueba fundamental: el auténtico autor debía conocer ese detalle.

Dos bytes como firma

Código hexadecimal del ejecutable del virus (Bernardo Quintero)

Pero la pista decisiva era todavía más sutil. En mitad del código, en un lugar donde no cumplían ninguna función técnica, aparecían dos bytes: 4B 49, que en ASCII corresponden a las letras "KI". Todo indicaba que se trataba de una firma.

Durante años, esas dos letras habían estado ahí, esperando a que alguien las leyera con atención. Más adelante, el análisis de una variante posterior del virus —más pequeña y refinada, conocida como "Málaga II"— reveló algo todavía más explícito: donde antes estaba "KI", ahora aparecía el texto completo "KIKESOYYO".

De la hipótesis al nombre propio

Con esa pista, las historias que llegaban podían contrastarse con precisión. Muchos nombres quedaron descartados. Hasta que un antiguo compañero de estudios aportó un testimonio sólido: había visto al autor trabajar en el virus, versión tras versión, como un desafío personal de programación en ensamblador... e incluso conocía el dato de los mensajes contra ETA, que Quintero no había hecho público.

El nombre que surgió fue el de Antonio Astorga... pero la noticia venía acompañada de un golpe inesperado: Antonio había fallecido años atrás; no habría posibilidad de preguntarle directamente. Aun así, las piezas empezaban a encajar. Pero quedaba una duda clave: si el nombre real del autor era Antonio, ¿qué significaba "Kike"?

El último paso de Quintero fue contactar con la familia. Y ahí llegó la confirmación definitiva. Antonio se llamaba en realidad Antonio Enrique Astorga... y en el ámbito familiar, siempre había sido 'Kike'. Finalmente, tuvo ocasión de conocer a uno de sus hijos, él mismo recién graduado en informática.

La coincidencia

La investigación, por cierto, condujo a descubrir un curioso paralelismo entre ambos: Antonio Astorga había sido profesor de informática en un instituto situado a apenas cuatro kilómetros del domicilio del protagonista de esta historia. Tras su fallecimiento, el centro había puesto su nombre a un aula de informática. Una simetría llamativa: en el colegio de Quintero, también se le había dedicado recientemente un aula.

Vía | LinkedIn

Imagen | Marcos Merino mediante IA

En Genbeta | Han creado el malware definitivo. Tenemos suerte de que lo haya hecho uno de los buenos, o sería una pesadilla 

El Ministerio de Trabajo liderado por Yolanda Díaz ha anunciado nuevas medidas par lograr que Uber Eats contrate a sus repartidores de comida. Por ahora, esta compañía es la única gran empresa de reparto de comida que sigue operando con autónomos en España. No hay que olvidar que Glovo acabó con su modelo de falsos autónomos tras 205 millones de euros en multas y que su fundador fuera a juicio. 

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Uber acumula problemas en su negocio en España: el Supremo reabre el caso de un supuesto ERE falso en Uber Eats para los Riders

El Ministerio está investigando hasta enero. Y, como recoge El País, fuentes del departamento han dicho que si Uber Eats no cambia su modelo en enero, cuando finalizará la investigación, se activará la vía penal contra la empresa como ya hicieron con Glovo, lo que involucrará al máximo responsable de la compañía, horizonte con el que Trabajo amenaza a los dirigentes de Uber Eats. Si la empresa cambiase ya el modelo, se podría desactivar esta amenaza penal. 

Uber Eats afirma que da más peso a los asalariados

Por su parte, los repartidores tienen también el derecho de impulsar esta medida si quisieran. Uber Eats, por su parte, ha declarado que cuentan con personal asalariado y autónomo y que les dan más peso a los primeros. Y que, con esto, el objetivo es acabar con el modelo de las empresas con las que compite en el mercado: Just Eat y Glovo. 

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Si la empresa quiere evitar la vía penal solo tiene que tomar medidas cuanto antes y contratar a sus repartidores antes de que se emita el expediente de la investigación del Ministerio. Aunque los empleados también podrían denunciar y eso dejaría abierta la mencionada vía. 

Problemas pasados

Cabe recordar que en agosto de 2021, desde Riders x Derecho denunciaban en redes sociales que "Uber Eats está cometiendo un ERE encubierto despidiendo a muchos compañeros. Tienen que contratar directamente a los trabajadores, respetar el convenio colectivo, la antigüedad,etc". Esto se denunció frente a los Tribunales. Concretamente, fueron los sindicatos CCOO y UGT los que llevaron a cabo la demanda.

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Sentencia histórica en Barcelona contra Glovo: 3.500 'riders' eran falsos autónomos. Hicieron falta seis años para esta conclusión

En verano de 2022, el Tribunal Supremo reabrió este caso judicial contra Uber Eats, anulando la sentencia de la Audiencia Nacional, que en su día no reconocía la legitimación activa de ambos sindicatos para impugnar el despido colectivo que llevó a cabo Uber Eats en agosto de 2021, para eludir aplicación de la “Ley Ryder” que entró en vigor hace casi un año ahora.

Imagen | Foto de Robert Anasch en Unsplash

En Genbeta | David Blay, experto en teletrabajo: por qué trabajar las mismas horas que nuestros padres si tenemos tecnología para no hacerlo

Desde Genbeta hemos recogido análisis y estudios que presentan cómo es la situación laboral en España para las personas inmigrantes que viven en el país. Es interesante que el 90% del empleo creado entre enero de 2024 a marzo de 2025 en España fue ocupado por inmigrantes y la razón es pura lógica. 

Entre otros asuntos, las personas llegadas de otros países están cubriendo vacantes en sectores que arrastran escasez de mano de obra como la construcción y en muchos casos es porque se ven obligados a ello. 

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El Gobierno afirma que España necesita 300.000 trabajadores extranjeros al año: hay nuevo reglamento de extranjería para lograrlo

Mucha gente de fuera de la Unión Europea, aunque tenga estudios superiores, tienen trabas para la homologación de sus títulos y acaban ejerciendo profesiones para las que están sobrecualificados. 

El Tribunal de Cuentas ha puesto este tema sobre la mesa y recomienda al gobierno que valore permitir a solicitantes extranjeros que trabajen sin haber obtenido la homologación de sus títulos. Los ciudadanos de la Unión Europea no tienen problema con este tema, pero sí las personas llegadas de otras naciones. 

Concretamente, el mencionado organismo propone que no se exija homologar el título si acreditan entre cinco y quince años de experiencia profesional reconocida.

Muchas solicitudes, trámites lentos

Hay que recordar que el Tribunal de Cuentas de España es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado. Lo que han anunciado es que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades acumulaba a 30 de junio de 2025 un total de 80.648 solicitudes pendientes de resolución, con una entrada anual de alrededor de 30.000 solicitudes.

Es decir, muchas personas que están viviendo en España llegadas de otros países tienen títulos universitarios que les permite ejercer profesiones en las que son especialistas pero no pueden hacerlo porque están a la espera de la revisión de sus títulos y la burocracia va lenta. 

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El mencionado organismo ha dicho que las demoras se deben a deficiencias estructurales y operativas que existen en el procedimiento, como falta de regulación en los sistemas de identificación y firma electrónica o la falta de actualización de la lista de profesiones reguladas, como ha recogido Infobae. 

100.000 personas esperando

Hay un colectivo que denuncia activamente otro método más inclusivo, de nombre Homologación Justa Ya que calcula que la mayoría de solicitudes son de personas que proceden de Latinoamérica. 

Además de que calculan que los sanitarios son los más numerosos, principalmente graduados en medicina, odontología y enfermería, mientras en España hacen falta más personas que tengan formación en estos sectores. Denuncian todo "el talento que hay desperdiciado". 

Actualmente, "alrededor de 100.000 profesionales esperan sus homologaciones y equivalencias sin importar si han tramitado la solicitud según el antiguo o el nuevo Real Decreto. Las esperas no son de 6 meses como lo establece el último decreto, en estos momentos esta tardando más de 1 año y medio", afirman desde el mencionado colectivo. 

Imagen | Foto de Mikael Kristenson en Unsplash

En Genbeta | Vivir fuera de las grandes ciudades es ahora más caro que nunca: el teletrabajo tiene mucha culpa de ello

Las 40 mayores empresas españolas "mantienen y amplían brechas salariales extremas", según un nuevo informe de Oxfam Intermón publicado hoy. Dos datos clave para entender las enormes diferencias: 

• El salario más alto en estas compañías es en promedio 111 veces superior a la nómina media. 
• Una persona con un sueldo intermedio tendría que trabajar más de un siglo para igualar lo que gana el máximo ejecutivo en un año.
• Una sola persona, -en este caso, la que más gana de las 40 empresas analizadas en este informe-, gana en un solo año lo mismo que 586 personas que perciben un salario intermedio. 

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El informe 'Las brechas salariales de las grandes empresas', elaborado a partir del análisis de las 40 mayores compañías españolas cotizadas por nivel de ingresos durante 2024, también muestra que, pese al sólido crecimiento económico que llevan años viviendo, esta mejoría no se traslada a la mayoría de las personas trabajadoras. 

"Ganan cantidades estratosféricas"

En su informe, Oxfam Intermón afirma que aunque las empresas con grandes ganancias podrían ser clave para reducir la desigualdad en España, en la práctica, "en el caso de la mayoría de grandes empresas, la realidad es muy diferente". 

"Los altos ejecutivos de las mayores empresas ganan cantidades estratosféricas, mientras que una gran proporción de las personas trabajadoras percibe un salario bastante ajustado, y lo peor es que eso está bastante normalizado en nuestro entorno social", concluyen. 

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Pocas veces se pone en cuestión que haya personas que ganen cantidades con muchos más ceros que la inmensa mayoría de la población, y al mismo tiempo se justifica la contención salarial para garantizar la rentabilidad de las empresas

Empresas con mayor desigualdad

Las empresas con mayor desigualdad entre los salarios de sus altos ejecutivos y el salario medio de sus trabajadores está en Prosegur, Inditex (hace unos días, las trabajadoras anunciaron una huelga pidieron que la empresa volviera a repartir los beneficios extra que logra en las jornadas de Black Friday como hacía hasta 2020) y CIE Automotive. 

RATIO REMUNERACIÓN MÁS ALTA

Explica Intermón que un tercio de las empresas presenta una distancia superior a 100 veces entre la remuneración más alta y la media salarial,en un 35% de las empresas esa distancia está entre 50 y 100, entre 20 y 50 en el 15% de las empresas, mientras que es inferior a 20 veces en el 18% de los casos.

Los salarios de los consejeros

Por otro lado, los miembros del Consejo de Administración de las empresas percibieron 15 veces de media el sueldo promedio de las empresas en las que prestan sus servicios. 

En general, los consejeros y consejeras de las grandes empresas no ganan más de 20 veces la media salarial, "aunque conviene tener en cuenta que para ellos no se trata de un sueldo, sino de una retribución por asistencia y participación en reuniones del Consejo de Administración de las empresas, un promedio de 11 durante todo el 2024".

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Si quieres ganar más en España, estas son las empresas, sectores y regiones que ofrecen los sueldos más altos

El promedio de la remuneración anual de la persona mejor pagada durante 2024 en las empresas analizadas en el presente informe fue de 4,37 millones de euros. En un 37,5% de las empresas el sueldo más alto fue mayor a 5 millones de euros y en el 7,5% superó los 10 millones. 

Los miembros de la alta dirección de estas empresas cobraron de media más de 1 millón de euros anuales en el 32,5% delos casos, y en el 15% de las empresas retribuyeron a los miembros de sus Consejos de Administración por encima del millón anual. La organización concluye que "se trata de cifras estratosféricas que provocan unas brechas salariales colosales". 

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Imagina que tu nombre, tu número de teléfono, tu dirección, tu nivel de ingresos aproximado y hasta tus hábitos de consumo están circulando por Internet en marketplaces clandestinos. No es una distopía futurista, sino la realidad de millones de usuarios de a pie... una realidad tan cercana que, como ha reconocido en declaraciones a El País un agente de policía especializado en ciberdelincuencia, él mismo se ha encontrado ya en seis bases de datos robadas distintas.

Ocurre que, durante años, hemos asociado el robo de datos a sofisticados hackers extranjeros, muchas veces trabajando para potencias extranjeras... y, sin embargo, las investigaciones policiales más recientes desmontan ese mito: buena parte de los datos robados en España los roban jóvenes españoles y los compran, en muchos casos, otros españoles.

El crimen cotidiano: cuando el atacante se parece a tu vecino

Uno de los aspectos más inquietantes del fenómeno es su normalización social: según las investigaciones, muchos de los responsables de estos robos y ventas de datos son adolescentes o jóvenes que empezaron "por curiosidad", compartiendo scripts y vulnerabilidades en foros, compitiendo entre ellos como quien colecciona logros en un videojuego.

Este perfil rompe con la imagen clásica del delincuente profesional. No siempre hay una gran organización criminal detrás, sino individuos que operan los fines de semana, cuando las empresas bajan la guardia, aprovechando sistemas obsoletos o malas prácticas de seguridad.

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El 'nuevo petróleo' no es el dato sino el perfil

Se suele decir que "los datos son el nuevo petróleo", pero esta metáfora se queda corta: el verdadero valor no está en un número de teléfono aislado o en una dirección postal suelta, sino en la capacidad de unir piezas dispersas hasta construir un perfil completo de una persona. Un perfil que permita saber no solo quién eres, sino cómo piensas, qué temes y qué decisiones podrías tomar bajo presión.

De modo que las bases de datos robadas ya no se limitan a listas caóticas de correos electrónicos. Cada vez más, se venden paquetes 'enriquecidos': información cruzada procedente de distintas filtraciones que permite inferir si tienes coche, seguro médico, hipoteca, hijos o una determinada capacidad económica.

Esta agregación convierte la vida de cada usuario en un producto procesado y listo para estafas personalizadas, campañas de manipulación o incluso vigilancia selectiva.

¿Quién compra nuestros datos?

El uso más evidente de estas bases de datos es el fraude: con información personal precisa, los estafadores pueden enviar mensajes o realizar llamadas que parecen legítimas. Así, al conocer el nombre de la víctima, su banco o su compañía de teléfono, el engaño resulta mucho más creíble. 

Pero no todo se reduce a estafas directas. Los datos robados también son utilizados por compañías que operan en una zona 'gris' en la que caben las campañas de marketing agresivo, las ofertas comerciales dirigidas o las prácticas de competencia desleal.

Y finalmente, existen incluso empresas legítimas que compran estas bases de datos con fines defensivos, como comprobar si la información de sus propios clientes se ha visto comprometida: el problema es que este ecosistema es opaco y difícil de controlar, lo que facilita abusos y usos ilegítimos.

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Cada vez es más fácil encontrar a las mejores víctimas para cada timo: 'van a tiro hecho' gracias a la venta de datos personales

Un delito rentable, un castigo limitado

El robo masivo de datos es extremadamente rentable: aunque una sola base de datos no siempre se vende por cifras astronómicas, las investigaciones policiales han encontrado billeteras de criptomonedas con millones de euros acumulados a partir de múltiples ventas pequeñas. Además, los costes para el atacante son relativamente bajos: una vez identificada una vulnerabilidad, el acceso puede repetirse con poco esfuerzo adicional.

Pese a ello, las penas asociadas a estos delitos siguen siendo relativamente bajas, en comparación con el impacto social generado. Esta desproporción plantea un dilema legal y moral: ¿estamos tratando el robo de identidad digital con la gravedad que merece?

Sin embargo, para muchas víctimas, las consecuencias se prolongan durante años, con intentos constantes de estafa, suplantación o acoso, sin que exista una forma real de 'restaurar' su privacidad.

¿Dónde está la solución?

Es tentador pensar que la solución pasa únicamente por más policía o mejor tecnología, pero el problema es también cultural e institucional: seguimos entregando datos personales a empresas (y a la Administración Pública, aunque ahí no tenemos elección) sin preguntarnos por qué los necesitan o cómo los protegen, mientras que muchas brechas de datos se producen por fallos básicos: equipos sin actualizar, sucursales olvidadas, sistemas heredados que nadie se atreve a tocar, etc.

Hay que vivir dando por supuesto que tus datos ya se han filtrado

Quizá la lección más dura que tenemos que aprender es que hay que asumir que la filtración de nuestros datos puede haberse dado ya; si bien eso no implica resignarse, sino actuar con mayor conciencia: saber que tus datos pueden estar ahí fuera obliga a extremar la cautela, a desconfiar de mensajes "demasiado bien informados" (¿cuántas veces hemos oído eso de 'No podía ser una estafa: conocían todos mis datos'?) y a exigir responsabilidades a quienes custodian nuestra información.

Vía | El País

Imagen | Marcos Merino mediante IA

En Genbeta | Recibo spam relacionado con cómo uso mis tarjetas de crédito. Quizá tenga algo que ver con que MasterCard venda datos de transacciones

El Ministerio de Consumo, dirigido por Pablo Bustinduy, acaba de anunciar esta mañana una multa de 64 millones de euros a la plataforma Airbnb por permitir que haya alquileres vacacionales anunciados en su portal sin que tengan la licencia obligatoria, tal y como marca la normativa. 

Como publica el propio Ministerio, ese dinero equivale a seis veces el beneficio ilícito que se calcula que ha obtenido la compañía gracias a mantener esos anuncios publicados. Hay que tener en cuenta que, cuando un usuario hacer una reserva por Airbnb, la empresa se lleva una comisión de esa transacción y, claramente, también recibe el beneficio por casas y pisos que son ilegales. 

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Además, no acaban aquí las medidas: el expediente sancionador se mantiene abierto y es que el Ministerio ha comprobado que hay anuncios sin licencia que están publicados o también hay propietarios que han metido números de registro falsos y la empresa no cuenta con medidas eficientes para impedir esto. 

El Ministerio de Consumo recoge que la resolución implica, además, dos sanciones accesorias que "obligan a la plataforma a rectificar los incumplimientos identificados, eliminando los contenidos ilícitos publicados, y a hacer pública la multa impuesta". 

Más de 65.000 anuncios ilícitos

Las infracciones de la normativa de consumo se han identificado en un total de 65.122 anuncios en Airbnb.  En la práctica, esto se traduce a prácticas comerciales desleales con personas consumidoras y usuarias, lo que es una infracción. 

En España, la mayoría de normativas autonómicas exigen indicar el número de registro que ha pasado a ser obligatorio este año. Y, según esta sanción, Airbnb mantenía publicados anuncios de alojamientos turísticos sin licencia, contraviniendo así las obligaciones legales. 

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También permitió que hubiera propietarios metiendo números de registro que no se corresponden con la numeración utilizada por los registros. Otra infracción fue publicar anuncios sin información veraz sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones y esto es una práctica de publicidad engañosa. 

En esta decisión hay otras sanciones de menor cuantía como que el Ministerio acusa a Airbnb de obstrucción o negativa a suministrar datos o a facilitar las funciones de información, vigilancia o inspección. Y es que la empresa no dio respuesta a los requerimientos de Consumo durante la instrucción de este expediente. Esta es una infracción leve sancionada con 10.000 euros.

Una regulación a nivel nacional en 2025

Hay que recordar que desde el pasado uno de julio es obligatorio es España lo que se ha bautizado como "ventanilla única". Esto se traduce a que quienes tengan pisos de alquiler de corta estancia necesitan un número identificador que facilitan los Registradores de la Propiedad para ayudar a las autoridades a llevar más control sobre este tipo de alojamientos y esta vez es una medida a nivel nacional (la regulación de los alojamientos temporales en su mayoría viene dictada por cada Comunidad Autónoma). 

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Con esta novedad, se pudo saber que muchos son los alojamientos que estaban publicados en webs como Airbnb y Booking no pueden acceder a este nuevo número, porque están funcionando sin los requisitos necesarios. En mayo de este año, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 anunció que le había impuesto a Airbnb el bloqueo de más de 65.000 anuncios "ilegales" de viviendas turísticas alojados en su plataforma.

Esto no suponía en la práctica un cierre de esas viviendas como alquiler temporal, sino que Airbnb no puede anunciar esos lugares por no cumplir con ciertas normas existentes desde el Ministerio de Consumo. 

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Ya en el momento en el que se instó al bloqueo de los anuncios, Bustinduy alegaba que muchos alojamientos tampoco muestran información veraz de quién es el propietario de los alojamientos y eso es publicidad engañosa o que muchos estaban publicitados con números de registro claramente falsos. 

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En los últimos años, Barcelona se ha consolidado como la ciudad de referencia para los nómadas digitales en España. Según los últimos datos del Observatorio Permanente de las Migraciones, más del 30% de los permisos de residencia para teletrabajo concedidos en España en 2024 se emitieron para gente que se asentó en el área de Barcelona. 

Aquí hay que recordar que solo hablamos de gente que pidió este visado pero que también se calcula que muchos ciudadanos y ciudadanas de países de la Unión Europea se mudan a España a vivir, aunque ellos tienen libertad de entrada y salida y, por ello, no entran dentro de estas cifras. 

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En concreto, se solicitaron 6.401 permisos para Barcelona, ​​casi el doble de los 3.514 solicitados para Madrid. Los países de origen más comunes de los nómadas digitales que se mudan a España son el Reino Unido, México, Estados Unidos y Colombia.

En general, los permisos de residencia para nómadas digitales en España se duplicaron el año pasado en comparación con 2023, pasando de 9.537 a 19.771, según el Observatorio y como recoge Catalan News. 

El interés por Barcelona

Ya en el mes de julio en Genbeta publicamos que según datos de Homeclub, la empresa ha registrado un aumento del 42% en solicitudes vinculadas al teletrabajo o a estancias motivadas por el trabajo remoto en Barcelona durante los últimos dos años. “Esta tendencia refleja el posicionamiento de la ciudad como uno de los principales hubs tecnológicos de Europa", afirman desde la empresa.

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Como explicaba Idealista, la gente considera que Barcelona ofrece calidad de vida y seguirá al alza en los próximos años. "El teletrabajo ha venido para quedarse, y con él, un nuevo perfil de comprador internacional que ve en España una oportunidad para conciliar trabajo y bienestar”, son las palabras de la empresa Sonneil.

De acuerdo con estas empresas que ayudan a gente extranjera en la búsqueda de alquileres temporales, Barcelona es eje central de demanda de los teletrabajadores extranjeros que necesitan alquilar o comprar casa cuando vienen a vivir a la comunidad. Y se concentran en unos pocos barrios: Eixample, Gràcia y Sant Antoni, además de zonas costeras como Sitges o Castelldefels.

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Cabe recordar que en 2024 España fue seleccionado, una vez más, como el país preferido por los nómadas digitales. En esta ocasión, fue Global Citizen Solutions, quien concluyó que España es el mejor lugar del mundo para los nómadas digitales y destaca la ley española de startups, que "fomenta un ecosistema emprendedor, la vida asequible, el internet de alta velocidad y un entorno propicio para la tecnología y la innovación".

Imagen | Foto de Erwan Hesry en Unsplash

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