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Derecho al olvido y datos abiertos

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Uno de los puntos de la Directiva Europea de Retención de Datos es cómo, cuanto y bajo qué premisas se guardan los datos de las comunicaciones electrónicas.

Frente a la retención, hay quien aboga por el olvido de los mismos, como podrían ser víctimas de violencia doméstica, entre otros, que ven cómo una sencilla búsqueda en Google puede hacer aparecer su dirección actual, lo que supone un grave problema y riesgo.

Desde la Agencia de Protección de Datos se ha mandado una petición formal a Google para que se eliminen los datos de al menos 90 personas que lo solicitaron, que se suma a la carta que ya se mandó en 2010, quejándose por el tratamiento que reciben los datos personales. Además de la polémica que suscitó Street View en su momento.

El problema es que el concepto cambia sustancialmente entre Europa y los Estados Unidos, país en el que tiene sede el buscador. El Derecho al Olvido europeo podría llegar a chocar con las sentencias judiciales americanas, que priman el derecho a publicar la verdad sobre el pasado de alguien.

Desde Google ya han dicho, en el caso de la APD, que no lo tendrán en cuenta, ya que el hecho que los buscadores 'ignoren' ciertos datos podría afectar a la libertad de expresión sin ofrecer protección alguna a la privacidad.

La cosa está en el concepto de lanzar los datos a la web. Una vez se lanzan, son públicos y todo el mundo puede trabajar con ellos, por supuesto siempre en el caso que se lancen voluntariamente. Pero, ¿qué pasa con noticias de prensa o similares? Obviamente los interesados pueden pedir a los periódicos que retiren tal o cual noticia, pero ¿estarán las agencias de prensa obligadas a retirarlo?

Otro concepto que podría chocar con el olvido es el de los Datos Abiertos, u Open Data. Por ejemplo, el Boletín Oficial del Estado, que publica desde las leyes aprobadas hasta subastas públicas por impago o los resultados, con nombres y apellidos, de las oposiciones.

Todo lo que sale en el BOE es información pública y debería poder ser tratada libremente por cualquier ciudadano español (tarea actualmente algo difusa, por no decir digna del mismo Sísifo, quien haya usado el buscador online del BOE sabrá a lo que me refiero). Sin embargo, la capacidad de navegar entre las toneladas de información del BOE para extraer lo que uno necesite, pueden usarlo terceros para su propio beneficio.

¿Dónde se marca la línea de separación? ¿Se publican, por ejemplo, nombres de nuevos funcionarios, incluyendo agentes de policía, en abierto? ¿Se omiten los datos personales de la búsqueda inicial, y se ponen a disposición bajo demanda? ¿Quien puede saber dichos nombres, todos los ciudadanos excepto empresas? ¿Y quien nos asegura que no puedo ir yo, trabajador de una empresa de marketing, conseguir los datos y luego llevarlos a mi trabajo?

Transparencia y privacidad, no van de la mano. Ni mucho menos. Y por lo general, los que abogan por una cosa están totalmente en contra de la otra.

No es un tema que se pueda obviar, y hay que hablar mucho, pero mucho, sobre esto, y más ahora que, cada vez más, empiezan a surgir debates, diálogos e iniciativas relacionadas con el Gobierno Abierto... incluso en España...

Vía | New York Times Imagen | Justin Grimes

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