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El gobierno alemán modifica el código penal para proteger a los periodistas que publican secretos de Estado

El gobierno alemán modifica el código penal para proteger a los periodistas que publican secretos de Estado
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Dicen que se lleva muy mal con Berlusconi. Lo que ya sabemos es que tienen una visión muy diferente de la libertad de prensa. Para el gobierno de centro-derecha alemán, dirigido por Angela Merkel, la libertad de prensa es un valor constitutivo de la democracia, y no sólo se debe defender, sino también fortalecer.

Por eso el gobierno federal ha aprobado un proyecto de ley que busca dar mayor protección a los periodistas, especialmente cuando se les exige (o amenazaba con el código penal) para dar a conocer las fuentes de la información confidencial o secreta que hacen pública. Una buena noticia para WikiLeaks.

La nueva ley establece claramente de manera inequívoca que las fuentes que pasan la información confidencial pueden ser enjuiciados, pero no los periodistas. Para ello la ministra de Justicia, la liberal Sabine Leutheusser-Schnarrenberge ha convencido a Merkel para impulsar una modificación del código penal que hará imposible procesar a los periodistas cuando divulguen información, incluso "top-secret".

La ministra de Justicia se ha inspirado en el caso Cicero. En 2005, la revista Cicero, de Postdam (cerca de Berlín), publicó un artículo que contenía información procedente de documentos clasificados del Bundeskriminalamt (BKA), los servicios secretos.

Durante la investigación, el BKA registró la redacción de la revista. Dos años más tarde, la Corte Constitucional estableció que la inspección había sido anticonstitucional y que los periodistas no habían violado ninguna ley.

El nuevo articulado excluye el concepto de competencia en la divulgación de información confidencial. Desde hoy los medios son más libres en Alemania. Quizá Julian Assange tenga que hacer las maletas.

También las fuentes de los periodistas pueden sentirse desde hoy más seguras, ya que los fiscales alemanes no podrán, como hasta ahora, ordenar registros en las redacciones y confiscar ordenadores o documentación para tratar de averiguar quién ha filtrado secretos de Estado a ese medio.

Vía | La Repubblica Foto | Simon Zeimke

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