En una operación conjunta entre la Guardia Civil y la Unidad Central Operativa de la Policía Nacional (UCO), se ha logrado desmantelar una red delictiva que estafó cerca de ocho millones de euros durante la pandemia del Covid-19. Esta organización, compuesta por individuos en Madrid, Valdemoro y Valladolid, publicó páginas web fraudulentas que simulaban ofrecer servicios administrativos oficiales, y las usó para cobrar entre 19 y 89 euros por trámites que en realidad son gratuitos.
Lo más ruin del asunto es que esta estafa había empezado a operar justo cuando el confinamiento obligó a que multitud de personas sin conocimientos técnicos se vieran forzadas a recurrir a los trámites online.
Según datos del Ministerio del Interior, en 2021 se registraron más de 350.000 delitos cibernéticos en España (un 20% más que el año anterior) siendo el fraude el delito más común y representando el 85% del total.
Cómo actuaba esta trama
El modus operandi de la banda consistía en emular la apariencia de portales gubernamentales legítimos, utilizando diseño, tipografía y logos similares, lo que inducía a las víctimas a confiar en la legitimidad del servicio que se les ofrecía.
La trama ofrecía una amplia gama de trámites, desde la expedición de certificados de empadronamiento y delitos penales hasta la obtención de la tarjeta sanitaria europea y números de identificación para extranjeros, todos con su coste correspondiente asociado.
La investigación se inició en Baeza (Jaén) después de que un ciudadano denunciase que había sido estafado al intentar obtener un certificado de empadronamiento a través de una de estas páginas fraudulentas. A partir de ahí, la Guardia Civil emprendió una investigación exhaustiva que condujo a la identificación y detención de tres individuos presuntamente implicados en la organización criminal.
Uno de los aspectos más notables de esta operación delictiva es el entramado financiero utilizado para blanquear el dinero: habían creado un entramado de 35 empresas pantalla para blanquear los millones de euros obtenidos de manera ilícita.
Además, se ha procedido a la intervención y bloqueo de un millón de euros en cuentas bancarias vinculadas a la organización, 111 bienes inmuebles y 13 vehículos. La operación reveló la utilización de más de 400 cuentas bancarias de 18 entidades diferentes, nacionales e internacionales, a través de las cuales se evadieron 1,5 millones de euros hacia cuentas en Estados Unidos.
Imagen | Marcos Merino mediante IA
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