Google, siendo como es uno de los mayores gigantes tecnológicos del mundo, y ostentando una posición cuasi-monopolística en materia de posicionamiento (Google Maps) y búsquedas web (Google Search), recopila ingentes cantidades de información sobre los usuarios y sus hábitos.
Por ejemplo, mediante el uso de registros de posicionamiento GPS, y de conexiones a redes Wi-Fi y torres de telefonía, Google puede rastrear la ubicación de una persona con una precisión sorprendente. Esto puede ser utilizado por la propia compañía con fines publicitarios… pero también por las fuerzas de seguridad para sus investigaciones.
Los de Mountain View, de hecho, reconocen que ceden en muchos casos esta información cuando se presenta una orden judicial. Esta práctica, sin embargo, está cada vez más envuelta en la controversia a medida en que se convierte en un recurso más habitual por parte de la policía.
'Robert Potts y la radio policial'
Veamos un caso concreto y real. Enero de 2020: Robert Potts, agente de policía en Raleigh, Carolina del Norte, sufrió el robo de su vehículo policial, junto con el equipo sensible que portaba: una pistola de entrenamiento, esposas y una radio portátil. Lo que siguió a este robo fue una serie de eventos que arrojan luz sobre el 'modus operandi' de la policía estadounidense con respecto al uso de datos de Google en investigaciones policiales.
La policía de Raleigh pudo inutilizar su radio a distancia para que las comunicaciones policiales no pudieran ser espiadas, pero no quisieron dar el asunto por zanjado con eso… y, pocos días después del robo, remitieron a Google una orden judicial en la que exigían la entrega de dos tipos de datos:
- Una lista de las personas que se encontraban en el barrio cuando se produjo el robo.
- La identificación a cualquiera que hubiera buscado en Google "Motorola APX 6000" (el modelo de la radio) en los días posteriores.
La compañía, efectivamente, entregó dicha información. Según la policía, esta clase de peticiones pueden ayudar a orientar investigaciones cuando la falta de indicios más 'tradicionales' les impide avanzar… pero para eso se les concede el derecho a hurgar en la información de cientos o miles de personas totalmente ajenas a la comisión del delito.
Otro concepto de 'búsqueda inversa'
Y es que la diferencia entre ambas recopilaciones de datos (la tradicional y la encargada a Google) no se diferencian únicamente en el origen de los datos, sino en su enfoque sobre el papel de la privacidad de los inocentes: en lugar de identificar a un sospechoso y buscar una orden de registro específica, la policía establece parámetros generales, como coordenadas geográficas o términos de búsqueda, y le pide a Google que proporcione resultados, creando así una lista de posibles sospechosos.
Para muchos activistas en los EE.UU. (y en múltiples países con 'estado de derecho') esta práctica supone una inversión clara de la protección constitucional contra registros injustificados. Y, por supuesto, ya ha generado graves errores judiciales, como cuando en 2018 un hombre en Arizona fue arrestado —acusado nada menos que por asesinato— sobre la base de sus datos de ubicación recopilados por Google. Más tarde se demostró que no tenía nada que ver con el caso.
Google, buscador por defecto… también para la policía
Sin embargo, en los EE.UU., este precedente les ha importado poco: en estos años, la policía no ha hecho sino aumentar su uso de las órdenes judiciales de entrega de datos para Google, convirtiéndose en una herramienta tentadora a la que a menudo recurren incluso cuando tienen otras pistas disponibles.
De hecho, en algunos casos, se ha convertido en su 'enfoque por defecto'. Hasta el punto de que, este año, Google ha alcanzado ya un récord de 60.472 solicitudes en los Estados Unidos, más del doble que en 2019.
La policía recurre directamente a Google porque otras compañías que podrían ayudar en la labor de geolocalización, como Apple, afirma no poder, técnicamente hablando, proporcionar el tipo de datos de ubicación que las fuerzas del orden desea. No es que importe mucho, dado que muchos usuarios de iPhone dependen de Google Maps y de otras aplicaciones de Google.
El dilema
Esto plantea el clásico dilema entre la necesidad de resolver crímenes y la protección de la privacidad individual, la misma que se ha planteado con tecnologías como la vigilancia masiva mediante reconocimiento facial. El debate sobre el uso policial de la información recopilada por las compañías tecnológicas no hará sino crecer en los próximos años, y será fundamental definir límites claros y salvaguardias para garantizar que la privacidad de las personas no sea sacrificada en aras de la seguridad pública.
Vía | Bloomberg
Imagen | Marcos Merino mediante IA
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