La tasa Google sigue su curso en España tras la primera luz verde del Congreso de los Diputados. La cámara ha aprobado este jueves la tramitación de este impuesto dirigido a las grandes tecnológicas como proyecto de ley.
La figura impositiva busca gravar el 3 % de los ingresos generados por determinados servicios digitales prestados por compañías digitales con ingresos superiores a los 750 millones de euros a nivel mundial o más de 3 millones de euros en España. En línea con la directiva europea propuesta hace algo más de dos años.
El pleno del Congreso ha tumbado las enmiendas a la totalidad que PP, Vox y Ciudadanos habían presentado al proyecto de ley sobre del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales con los votos de las formaciones que componen el Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, así como de ERC, JxCat, PNV, EH-Bildu, Más País, las CUP, Compromís, Nueva Canarias, Teruel Existe y BNG.
Sin efecto hasta diciembre
Este respaldo parlamentario al texto de la tasa Google, aprobado previamente el pasado mes de enero por el Consejo de Ministros, es el paso previo a las siguientes fases de su tramitación. La próxima parada del proyecto legislativo es la Comisión de Economía.
No obstante, María Jesús Montero, ministra de Hacienda y líder del proyecto, ha reiterado que el impuesto español tendrá un "carácter transitorio hasta que se apruebe una normativa a nivel mundial o al menos europeo". De hecho, pese a que su liquidación se prevé trimestral, de forma excepcional este año no se producirá hasta el 20 de diciembre.
Esta margen, se apunta, pretende dar tiempo a la OCDE, el G20 y/o la Unión Europea a plantear un impuesto a nivel internacional con el que las empresas afectadas se sienten más cómodas. El compromiso era alumbrarlo este año, pero la crisis del coronavirus probablemente vuelva a aplazar un futuro acuerdo algún tiempo más.
Desde el Partido Popular, creen que el impuesto español no es oportuno "porque debe ser acordado en los entrono internacionales". Consideran necesario que se armonice internacionalmente y creen que sería "la puntilla" para la economía española dado que en el ámbito fiscal consideran "muy obvio" que debe rebajarse la presión y no incrementarse. Al conjunto de la oposición al gravamen tampoco le convence la recaudación que estima el Gobierno.
El paso dado hoy por el Congreso de los Diputados se produce, además, días después de que Estados Unidos haya abierto una investigación a España y otros ocho países por este tipo de impuestos. Si se hallaran resultados concluyentes, como sucedió con la investigación a la tasa de Francia, la administración estadounidenses podría imponer aranceles comerciales a los países responsables. El país galo, de hecho, ha paralizado su impuesto por este motivo.
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